PROCEDIMIENTO PENAL

COMO SE INICIA EL PROCEDIMIENTO PENAL

El procedimiento penal, de conformidad con lo previsto en los artículos 269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez formalizada una determinada denuncia se procederá o, en otro caso, se mandará proceder inmediatamente por el juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito o que la denuncia fuere manifiestamente falsa.

Asimismo, todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por un determinado delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de la Ley de referida Ley de Enjuiciamiento, de igual forma que los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 de dicha Ley.

Por su parte, los miembros del Ministerio Fiscal pueden ejercitar también, en forma de querella, las acciones penales en los casos en que estuvieren obligados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 de la misma Ley Procesal.

La querella se interpondrá ante el Juez de Instrucción competente y en ella se expresará:

  • La expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho.
  • La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecute.
  • El nombre, apellidos y vecindad del querellado.
  • El nombre, apellidos y vecindad del querellante.
  • El Juez o Tribunal ante quien se presente.
  • La petición de que se admita la querella, se practiquen las diligencias oportunas, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o a exigirle la fianza de libertad provisional, y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda.
  • Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igualo superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de una previa condena penal por la comisión de un delito de carácter doloso.
  • La firma del querellante, cuando el Procurador no tuviere poder especial para formular la querella.

QUE ES EL SUMARIO

El sumario viene constituido por el conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio y a averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.

detenido en procedimiento penal

Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella, así como cuando de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados.

EL DETENIDO Y LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL

Inmediatamente después serán remitidas estas diligencias y la persona del detenido a disposición del Juez o Tribunal que conociese de la causa.

Si el detenido lo fuese por estar comprendido en los números 1 y 2 del artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento y en e 4 del 492 de la propia Ley, el Juez de Instrucción a quien se entregue practicará las primeras diligencias y elevará la detención a prisión o decretará la libertad del detenido, según proceda, en el término señalado en el artículo 497 de la referida Ley Procesal.

Podrá decretar la prisión provisional el Juez o Magistrado instructor, el Juez que forme las primeras diligencias, así como el Juez de lo Penal o Tribunal que conozca de la causa.

Dicha prisión provisional sólo se doptará cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.

El Juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta.

No se adoptará en ningún caso la prisión provisional cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación. En este sentido, la mencionada prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

  • Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.
  • Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:
  • Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
  • Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

Cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en los apartados a) o c), que se han indicado anteriormente, su duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años.

No obstante, cuando concurrieren circunstancias que hicieran prever que la causa no podrá ser juzgada en aquellos plazos, el Juez o Tribunal podrá, en los términos previstos en el artículo 505 de la Ley Procesal Penal, acordar mediante auto una sola prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta seis meses si el delito tuviera señalada pena igualo inferior a tres años.

Y si el imputado fuere condenado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida.

Durante la instrucción de la causa, el Juez instructor podrá mandar comparecer a cuantas personas convenga oír por resultar contra ellas algunas indicaciones fundadas de culpabilidad. Además, el particular, autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma. Y si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.

LA PRISIÓN PROVISIONAL

Para evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

Evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer. Y únicamente podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. En todo caso, la prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines anteriormente señalados y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción.

LA LIBERTAD PROVISIONAL

En los casos en que el detenido fuere puesto a disposición del Juez de Instrucción o Tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza.

En los supuestos del procedimiento regulado en el Título III del Libro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este trámite se sustanciará con arreglo a lo establecido en si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa, y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1, 2 Y 6, y caso referente al procesado del 7 del artículo 490 de la Ley Procesal Penal, y 2,3, y 4 del el artículo 798, salvo que la audiencia se hubiera celebrado con anterioridad.

Dicha audiencia deberá celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las setenta y dos horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial y a ella se citará al imputado, que deberá estar asistido de letrado por él elegido o designado de oficio, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. La audiencia habrá de celebrarse también para solicitar y decretar, en su caso, la prisión provisional del imputado no detenido o su libertad provisional con fianza.

Las resoluciones que se dicten sobre la situación personal del imputado adoptarán la forma de auto.

El auto que acuerde la prisión provisional o disponga su prolongación expresará los motivos por los que la medida se considera necesaria y proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción.

Contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional o acuerden la libertad del imputado podrá ejercitarse el recurso de apelación en los términos previstos en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una vez practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el Juez instructor, si éste considerase terminado el sumario, de conformidad con lo establecido en los artículos 622 y siguientes de la Ley Procesal, lo declarará así concluido, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal competente para conocer del delito.

Cuando no haya acusador privado y el Ministerio Fiscal considere que en el sumario se han reunido los suficientes elementos para hacer la calificación de los hechos y poder entrar en el trámite del juicio oral, lo hará presente al Juez de instrucción para que, sin más dilaciones, se remita lo actuado al Tribunal competente.

La sustanciación de los recursos de apelación admitidos sólo en un efecto no impedirá nunca la terminación del sumario, después de haber el Juez instructor cumplido lo que preceptúa el artículo 227 de la citada Ley de Enjuiciamiento, y habérsele participado por el Tribunal superior el recibo del testimonio correspondiente.

En el auto en que el Tribunal acuerde la apertura de juicio oral se dispondrá el traslado a que se refiere el artículo 649 de la misma Ley Procesal.

.- Procedimientos Penales Especiales

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