delitos

QUE SON LOS DELITOS

delitos Etimológicamente, delitos proviene del latín delictum, que significa apartarse del camino señalado por la ley (delinquere). Expresiones que recuerdan a “derecho” (dirito, directum), lo recto o contrario a torcido y qué sea lo recto,

  va a depender de lo que señale la ley, la cual va a calificar de delito, determinadas acciones en cada momento.

En un sociedad democrática, delito es lo que así considera el legislador, y que desde la codificación napoleónica, se encierra en códigos penales y leyes especiales penales.

Pero considerar lo que es delito, la acción más grave contra la ley pues lleva aparejada las más graves sanciones: pena de muerte, prisión, inhabilitación de derechos, multas elevadas, es cuestión relacionada con su fundamento.

El estudio del delito, origina la disciplina científica “Derecho penal”, que forma parte del curriculo de la carrera de Derecho y se imparte en las Facultades de Derecho, en dos años: en el primero, la Parte General que se refiere al estudio teórico del delito, y en el segundo, la Parte especial donde se examinan los distintos delitos existentes en ese momento en una determinada sociedad.

FUNDAMENTO DEL CASTIGO DE LOS DELITOS

Con el delito se sancionan los más graves ataques a los derechos y bienes jurídicos de una sociedad. Y así, el homicidio, el asesinato, el aborto son ataques al derecho a la vida, en los dos primeros casos a la vida humanad independiente, en el último a la dependiente de su madre.

El delito de lesiones, castiga la vulneración del derecho a la salud e integridad física de toda persona, La detención ilegal o el secuestro, la privación ilegal del derecho a la libertad personal ambulatoria, etc, etc.

Los autores clásicos, fundamentaron el delito en ser “una acción insoportable … a causa de su reprobabilidad ético-social” (Welzel), llegándose a distinguir entre “delitos naturales”, con una base moral, por ejemplo los que derivan del decálogo mosaico, homicidio, parricidio, robo, herejía, delitos sexuales, propios de todas las civilizaciones y de todas las épocas, y “delitos artificiales”, los elaborados por el moderno legislador, propio de nuestra época (delito fiscal, delito ecológico o delito informático … ).

Modernamente, entre otras construcciones, destaca la teoría de la política criminal, de Roxin, según la cual, delito es lo que el legislador, por razones de política criminal decide establecer en cada momento.

Lo cual supone que algunas conductas dejen de ser delito (delito contra la prestación del servicio militar) o que se introduzcan otras (delito de conducción a velocidad excesiva), endureciendo o reduciendo penas, según sean las condiciones sociales y la política que se estime necesario establecer.

CONCEPTO DE DELITO

Desde el punto de vista formal, delito es toda acción castigada por la ley con una pena.

Desde el punto de vista material, toda acción típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena.

Es decir, delito es toda acción que la ley considera así, por suponer una vulneración a los bienes jurídicos estimados más importantes y dignos de protección por una sociedad.

CAUSAS O PORQUÉ DE LOS DELITOS

Corresponde a la criminología el estudio de las causas del hecho delictivo, una constatación tan antigua y universal como la propia existencia del ser humano y que éste realiza determinados comportamientos que la sociedad desaprueba y considera dignos de reproche, se suelen dividir en:

  • Delitos contra la salud e integridad corporal
  • Delitos contra la libertad
  • Delitos contra la integridad moral
  • Delitos contra la libertad e indemnidad sexual
  • Delitos contra la intimidad y contra el honor
  • Delitos contra la seguridad vial
  • Delitos contra las personas
  • Delitos contra el patrimonio
  • Delitos contra la Administración de Justicia
  • Delitos contra la colectividad
  • Delitos contra la Constituciún y el Estado

 

Ya tal efecto, como principales, se han establecido las siguientes teorías:

  • Teoría de la elección racional: determinados individuos poseen una mentalidad criminal que les hace escoger el delito, en clave de utilidad, porque les compensa en relación a los riesgos que asumen (Wilson, Hunstein, Clark).
  • Teorías de las influencias sociales: la Escuela de Chicago subrayó la importancia del medio social en el que uno se desenvuelve y del contagio que este produce para generar el delito (Park, Burgess, Mackenzíe, Sutherland).
  • Teoría del control social: el delito se explica por la influencia de los controles sociales, mucha los negativos y poca los positivos, así como por el nivel de vínculos sociales que se mantengan, si son pocos se favorece el delito y viceversa (Reckles y Hirschi, respectivamente) .
  • Teoría de la tensión: la vida es una tensión entre necesidades y medios, cuando ésta no discurre de modo equilibrado y se produce una rebelión contra la realidad que a uno le toca vivir, se dan las bases para la aparición del delito (Roben Merton).
  • Teoría de las predisposiciones agresivas: la delincuencia se explica por la biología y la sicología de las personas, unida a la influencia genética: el delincuente nace más que se hace (Lombroso, Garofalo, Goring).
  • Teoría de las diferencias individuales: existen una serie de características que diferencian a los individuos, tales como edad, género, educación, inteligencia y control de las emociones, que explican el delito, como algo mayoritariamente propio de hombres, jóvenes, con un nivel de educación, inteligencia y autocontrol, bajos (PoIlak, Goleman).
  • Teoría del aprendizaje: la delincuencia se aprende, y se imita (Sutherland, Akers).
  • Teoría del etiquetado social: la sociedad produce las causas de la “desviación social”, y una vez que falla el control social, el delincuente aparece, se mantiene en el delito y se le estigmatiza, haciendo casi imposible que salga de ese mundo (Lemert, Laing).
    Pudiendo concluirse, que las “teorías integradoras”, las más modernas, recogen elementos de todas las teorías expuestas y nos permiten concluir en la conjunción de diversos factores, por un lado, el ambiente social cuando se erige en factor negativo y, de otro, factores asociados a la personalidad individual, derivados del nivel de afectividad, educación, habilidades sociales, recursos de todo tipo y transmisión de valores de que disponga el individuo para hacer frente a su vida en sociedad.

ELEMENTOS DEL DELITO

La construcción del concepto “delito” se ha hecho a golpe de esfuerzos doctrinales, interviniendo diversas escuelas que han alumbrado sistemas penales distintos, en función de los elementos que consideraban concurrentes para hablar de delito y del valor que les atribuían.

De forma muy sintética, podemos referirnos, como principales, a: la escuela clásica (Von Liszt, Beling, basado en el causalismo de la acción, que entendían fundamentalmente en sentido positivo y en la idea de tipicidad); el sistema finalista (representado por Welzel, que parte del control de toda acción por el hombre y sostiene que la imprudencia es un acto contrario a la norma, más que un problema subjetivo) y el sistema funcionalista (Roxin, y sus construcciones sobre la imputación derivado de la voluntad del legislador).

Al final del proceso, hay consenso en que los elementos integrantes del delito son: la acción, la antijuridicidad, la tipicídad, la culpabilidad y la punibilidad, que han quedado configurados, como se examinan, seguidamente:

1. Acción

Acción es toda conducta humana con trascendencia exterior. No necesita que implique una transformación material del mundo externo -un resultado, concreto-
pero sí supone que se opera sobre él, de algún modo, porque lo que no se exterioriza, no interesa al derecho (el mero pensamiento).

La acción penal, en sentido jurídico, requiere que provenga de un ser humano pero esto último, puede hacerse directamente o a través de objetos o animales – un vehículo, un perro, utilizados como instrumentos- pero, en todo caso, lo decisivo es que suponga una actividad realizada bajo el control o dominio de una persona.

El concepto jurídico-penal de acción incluye la comisión o acción positiva normal, la omisión simple, o no hacer y la comisión por misión, no hacer algo de lo que deriva un resultado dañoso, atribuible a una persona de la que era responsable un hacer, por ser garante del no resultado dañoso.

No existe acción, en el sentido de que no cabe atribuir responsabilidad al autor, en los casos de actuar ante una fuerza irresistible, movimiento reflejo o inconsciencia plena.

Por último, para que el resultado que deriva de la acción sea imputable a su autor, debe haber una relación de causalidad, causa a efecto, entre el hacer o no hacer y la consecuencia. Si existen varias posibles causas del hecho, habrá que identificarlas, valorarlas y decidir si existe una causa más relevante o eficiente, a efectos de atribuirle la plena responsabilidad o si son equivalentes en cuyo caso habrá que atribuir posibles responsabilidades a más de un factor o  agentes intervinientes, y obrar en consecuencia, para lo cual hay que recurrir a las reglas de participación (coautoría, complicidad, etc) ya la atribución de responsabilidades penales (jefe, organizador, miembro, simple partícipe o colaborador, etc) y reparto de responsabilidades civiles o idemnizatorias (responsable directo, subsidiario, solidario, al 50 por ciento o uno al 70 por 100 y el otro al 30 por ciento, etc). Modernamente, se ha abierto paso, de modo dominante, la teoría de la imputación objetiva, que sirve para comprobar si una causa natural es suficiente para atribuir responsabilidad penal (causalidad jurídica), así en los casos en que se genera un riesgo en los que hay que decidir si el hecho es imputable a alguien en concreto.

2. Antijuridicidad

Significa “contrario a derecho”, en nuestro caso, contrario al derecho penal, en cuanto las normas, los delitos, recogidos en el Código Penal y leyes especiales penales, suponen el catálogo de conductas prohibidas que, en caso de cometerse, llevan aparejadas una pena.

Sucede que hay conductas, prohibidas en principio por el derecho, pero que pueden resultar impunes si la víctima lo consiente (lesiones que produce el cirujano) o cuando la ley permite, en determinados casos, vulnerar la norma penal sin consecuencias penales (así, cuando se ejerce de modo legítimo un derecho, oficio o cargo o se actúa en legitima defensa).

Como se verá, en el elemento siguiente, para comprobar si la antijuridicidad es punible, habrá que ver si está típicamente prevista, es decir si existe una concreta norma que albergue la conducta realizada.

Por eso la antijuridicidad no es identificable con la reprochabilidad sin más, ya que la moral y la ética son planos distintos de lo jurídico, no porque se refieran, como se dice a veces de modo incorrecto, a la conciencia, sino porque su real trascendencia, es previa e informadora de lo que está bien o mal, pero no supone más sanción que la interna o la que deriva de ello. Pero para que un acto inmoral sea ilegal, debe, además, estar previsto en al ley.

Normalmente, sin embargo, detrás de toda norma penal hay una reprochabilidad ético-social que lleva al legislador a precisarla de modo concreto. Pues si se defendiera una ley penal ajena a toda idea de repulsa moral, la norma penal caería en el mero voluntarismo legislativo, siendo de obligado cumplimiento pero carente de apoyo social. Las leyes deben convencer, no sólo imponerse, pues deben contener una racionalidad que como dijera Platón en “Las Leyes”, son las razones que justifican la obligación de su cumplimiento, que debe basarse, antes en la persuasión que en la fuerza.

En una sociedad democrática, el principio de legalidad es el fundamento de la obligatoriedad de las decisiones políticas, y las normas penales no son sino la expresión más clara de la exigencia de respeto y obediencia al derecho, en los casos más graves.

Consiste en la existencia de una acción humana, antijurídica, descrita en la ley penal de modo idéntico. Existe, por tanto, delito fiscal si se dejan de pagar, voluntariamente, impuestos por valor superior a 120.000 euros, no bastando 115.000.

Una consecuencia de este elemento, es que en derecho penal no cabe la analogía, en cuanto pudiera perjudicar al acusado pues ello supondría una interpretación “contra reo”, prohibida por la ley. En cambio, si se aceptan atenuantes analógicas a las recogidas en el Código Penal, en su artículo 21, cuando guardaran similitud con alguna de ellas.

La tipicidad supone el encaje o subsunción de un hecho en una norma jurídico-penal, haciendo realidad el principio “nuilum crimen sine previa lege”, lo cual significa que sólo se castigará penalmente la conducta que esté expresamente contenida en un tipo o artículo penal determinado. Por eso, la expresión “la conducta -aunque se estime reprochable- no es típica”, supone la falta del elemento tipicidad, consecuencia del principio de legalidad, e impide la condena penal.

La tipicidad, no es más que la concreción de la antijuridicidad, por lo que podemos considerarla una antijuridicidad específica, al no bastar en derecho penal, por exigencias del principio de legalidad, la antijuridicidad general. La ley penal debe ser cierta (precisa) y previa (predeterminada al hecho), para poder ser aplicada a un caso.

Cuando un hecho, encaja aparentemente en varios tipos posibles, hay que aplicar las denominadas reglas del concurso de normas, previstas en el artículo 8 del Código penal, que suponen aplicar el delito que contenga todos los elementos de otro, la norma especial en vez de la general, el tipo básico sino se prueba la concurrencia de todos los elementos del subtipo especial y el castigado con pena mayor, en defecto de las reglas anteriores.

3. Culpabilidad

Para poder responsabilizar a alguien de un hecho delictivo, tiene que ser imputable. La imputabilidad, pues, es la capacidad de atribuir a alguien un hecho. Por eso, si no se es imputable, no cabe proseguir examinando si la acción es culpable. Es decir, si se es un enajenado no cabe culpabilizar porque falta la esencia de este elemento, que es la comprensión de la ilicitud de un acto y la posibilidad de poder evitar dicha acción.

Por otro lado, la ley penal sanciona los actos a título de dolo o culpa, pero esto último sólo cuando se establezca expresamente lo cual sucede en los casos más graves'(homicidio culposo, por ejemplo).
En otros casos, la conducta no es técnicamente posible realizada de modo culposo (una violación, un robo o una estafa imprudentes constituye una contradicción en los términos).

Lo normal, es castigar un hecho delictivo cuando se comete de modo doloso, es decir, con conocimiento y voluntad de realizarlo. Lo cual supone conocer su antijuridicidad y el deseo de hacerla ya directamente, dolo directo, ya representándose sus consecuencias, y no haciendo nada por evitar que suceda, esto es, aceptando el resultado previsible de la acción emprendida, dolo eventual.

Si existe error, puede faltar el elemento intelectual del dolo -el conocimiento de la antijuridicidad de la acción- lo cual puede llevar a eximir de responsabilidad penal, si fuera invencible y sólo atenuarse si fuera vencible, valoración que depende de la cultura del autor y del tipo de conducta de que se trate.
Para que pueda sancionarse a título de culpa, además de estar prevista expresamente tal posibilidad, el sujeto debe haber actuado de modo descuidado. No es que quiera desobedecer la norma, es que ha omitido la diligencia exigible, que suele ser la que nadie, ni siquiera la persona más despistada, omite. Se castigan penalmente, como delito, los actos imprudentes graves (así, la impericia del médico consistente en dejarse olvidadas una gasa unas tijeras en el cuerpo del paciente, o saltarse un stop por ir leyendo o haciendo algo incompatible con la atención indispensable que requiere la conducción).

4. Punibilidad

Este elemento representa la nota distintiva entre la infracción administrativa y la penal, con una consecuencia doble: la pena, por suponer una restricción a un derecho fundamental como es el derecho a la libertad, requiere ley orgánica; y, de otro lado, implica el monopolio de los jueces para su imposición, ya que “la administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad’ (artículo 25.3 de la Constitución Española).

El delito, requiere, por tanto, la posibilidad de imponer una pena, la cual ha de guardar proporción con la gravedad del hecho cometido. Pero eso no significa que se imponga, en todo caso, a pesar de probarse la autoría de un sujeto. Y es que tanto razones procesales como sustantivas, pueden impedido.
En el primer caso, una acción delictiva puede saldarse sin pena, si los hechos han prescrito, es decir, ha transcurrido el tiempo que previene la ley y no ha sido perseguido o juzgado (el plazo prescriptivo va de 6 meses a 20 años, en función de la gravedad de la pena prevista para el delito).
Igual sucede cuando se cometieron errores procesales como no acusar por el delito que se acaba probando se produjo o, presentar pruebas que se califiquen como ”prueba ilícita“, esto es, la que vulnera derechos y libertades fundamentales (entrar en un domicilio sin autorización judicial). Tampoco hay pena aunque sí delito, cuando el Gobierno indulta a un condenado.

Por razones sustantivas, derivadas de que no se dieron todos los elementos teóricos necesarios “para que exista delito:
falta de culpabilidad, derivada de condiciones personales del autor -enajenado, menor de catorce años- caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de acción, en sentido jurídico, como sucede cuando se actúa bajo la sugestión de la hipnosis; carencia de objeto, como sucede en el delito de aborto cuando la supuesta madre no está embarazada, salvo que se produzcan otras lesiones, etc.

Finalmente, la propia ley penal admite lo que se denomina “excusas absolutorias”, es decir, supuestos en que hay delito pero el legislador no lo castiga, por razones de política criminal, que actúan a modo de absolución. Así sucede con los delitos patrimoniales entre parientes, siempre que no medie violencia (artículo 268 Código Penal), la regularización tributaria y con la Seguridad Social (artículos 305 y 307), denunciar un cohecho en el que se hubiera participado (artículo 427), evitar la propagación de incendio provocado (artículo 354),retractación del falso testimonio (artículo 462) o cometer aborto en cualquiera de los tres supuestos admitidos por la Ley Orgánica 5 de julio de 1985, en el artículo 417,bis.2 del Código Penal de 1973, precepto actualmente vigente,

REGULACIÓN DE LOS DELITOS EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL

Su regulación se halla en el Código Penal, el actual se aprobó por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con las modificaciones que periódicamente se producen (la última en el año 2015), y en la legislación complementaria, llamada “leyes penales especiales”

La legislación penal especial, se compone de una serie de leyes que aconsejaron un tratamiento independiente a una serie de materias muy técnicas, pero que tienen naturaleza penal, en todo o en parte de su articulado, es decir, contienen conductas delictivas y asignan penas a los que cometieran dichos delitos.

Entre ellas, tenemos:

Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea de 24 diciembre de 1964.

Ley Orgánica de Represión del Contrabando, de 12 de diciembre de 1995,

Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales de 4 de julio de 2003.

Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985.

CLASES DE DELITOS

Pueden establecerse distintas clasificaciones de los delitos. Entre ellas tenemos las siguientes:

1. Por sus consecuencias: delitos de resultado, exigen una consecuencia efectiva y material (homicidio) y delitos de mera actividad, una acción que no requiere un determinado resultado (falso testimonio).

2. Por el modo de manifestarse la voluntad: delitos de acción, consiste en la realización de un acto positivo (robo);
de omisión, suponen un no hacer (omisión de socorro) y de comisión por omisión, inactividad cuando era exigible al autor una acción que evitara el resultado (bebé que cae por la ventana por descuido del cuidador, homicidio imprudente).

3. Por la afectación al bien jurídico protegido por el delito: delitos de peligro, ponen en riesgo el bien jurídico (delitos contra la seguridad vial) y delitos de lesión, dañan el bien jurídico (delitos contra las personas, sexuales, etc). Dentro de los delitos de peligro, se distingue, delitos de peligro concreto, suponen una puesta en riesgo particular del bien jurídico, como el delito de incendio o algunos contra la seguridad vial y delitos de peligro abstracto, causan un riesgo general (tráfico de drogas).

4, Por la duración de la acción delictiva delitos instantáneos, se consuman en un momento (asesinato) delitos permanentes, se prolongan a lo largo de un espacio de tiempo (detención ilegal).

5. Por la clase y duración de las penas:
delitos graves, los de duración superior a cinco años, inhabilitación absoluta y privación del permiso de conducir o de la licencia para portar armas superior a ocho años; delitos menos graves, los de duración hasta cinco años, privación del permiso de conducir o de la licencia para portar armas entre uno y ocho años, trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 180 días, y las multas proporcionales, cualquiera que fuere su cuantía y las de duración superior a dos meses cuota día y delitos leves, los sancionados con el resto de penas establecidas (en el artículo 33 del Código penal).
6. Por el grado de perfeccionamiento: delitos consumados, los que alcanzan el propósito del autor; delitos en tentativa, aquéllos que se ponen en marcha pero no concluyen y delitos imposibles, que no cabe cometer por in idoneidad del medio empleado o por carencia de objeto.

7, Por el bien jurídico afectado: delitos únicos, vulneran un solo bien jurídico (el homicidio, el derecho a la vida), delitos plurales, infringen varios bienes jurídicos (terrorismo, que puede afectar la vida, libertad, integridad física, paz pública, orden constitucional…).

8. Por la valoración de la repetición de actos: delito habitual, supone la realización de una conducta delictiva durante un espacio de tiempo (violencia habitual familiar) delito continuado, el que se unifica por responder a un propósito criminal único o realizarse de un modo similar, aunque se individualice en diversos hechos concretos (estafa, hurto).

8. Por la condición del autor: delitos comunes, lo puede realizar cualquiera y delitos especiales requiere una determinada condición en el autor (malversación pública, requiere ser funcionario).

Written by José Martín García

José Martín es abogado

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