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IMPUGNAR TESTAMENTO MODELO

IMPUGNAR TESTAMENTO MODELO

IMPUGNACIÓN DE TESTAMENTO POR DESHEREDACIÓN

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE _ _ _ _ _ _ _ _

QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA

DON LUCIANO VIDAL FRANCO, Procurador de los tribunales, en nombre de _ _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _ , con DNI número _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  y domicilio a efectos del presente en Collado Villalba (Madrid), plaza de Los Belgas nº11 representación que se acredita con el poder que se acompaña como documento número 1 y que el Letrado que suscribe y dirige este procedimiento D. José Martín García colegiado número 81344 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con despacho profesional en Collado Villalba (Madrid), ante el Juzgado como mejor en derecho proceda comparezco y DIGO:

Que por medio del presente escrito y en nombre de mis representados formulo DEMANDA que habrá de sustanciarse por los trámites del procedimiento DECLARATIVO ORDINARIO, contra Doña _ _ _ _    _ _ _ _ mayor de edad, con domicilio en c/ _ _ _ _    _ _ _ _ prevista de DNI número _ _ _ _    _ _ _ _ (Madrid), contra Don _ _ _ _    _ _ _ _, mayor de edad, con domicilio en la calle _ _ _ _    _ _ _ _ (Madrid) y contra Don _ _ _ _    _ _ _ _, mayor de edad, con domicilio en c/ _ _ _ _    _ _ _ _ (Madrid), en ejercicio de ACCIÓN DE NULIDAD DE TESTAMENTOS, Sirven de base a la presente demanda los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

HECHOS

Primero.- Los causantes, Don _ _ _ _    _ _ _ _  y Doña  _ _ _ _    _ _ _ _ con fecha 05 de enero de 2024, firmaron escritura de testamento abierto en la cual desheredaba plenamente a Doña _ _ _ _    _ _ _ _ e hijos de su esposo premuerto _ _ _ _    _ _ _ _, llamados _ _ _ _    _ _ _ _  y  _ _ _ _    _ _ _ _, en favor de Doña _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _, _ _ _ _    _ _ _ _ y _ _ _ _    _ _ _ _, los cuales, a fecha de fallecimiento de ambos progenitores, _ _ _ _    _ _ _ _ y Doña _ _ _ _    _ _ _ _, se presumen dueños de pleno dominio del total del patrimonio de los causantes con carácter privativo.

El mismo está compuesto por una vivienda ubicada en _ _ _ _    _ _ _ _ (Madrid), calle _ _ _ _    _ _ _ _ con referencia catastral_ _ _ _    _ _ _ _  la vivienda, construida en 1989, cuenta con una superficie de 210 metros dividida en dos plantas de 105 metros2 cada una, ajuar doméstico, cuentas bancarias cuyo montante era de 864.987.452,86 a fecha del fallecimiento de _ _ _ _    _ _ _ _ y un vehículo marca Bentley marca Continental GT.

El testamento a que se hace mención se llevó a cabo mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Las Rozas de Madrid, Don _ _ _ _ _ _ _ _ , el día 05 de enero de 2024, protocolo nº _ _ _ _ _ _ . Se acompañan certificados de defunción de Don _ _ _ _    _ _ _ _ y Doña _ _ _ _    _ _ _ _ como documentos adjuntos números 2 y 3.

Igualmente se adjuntan certificados de últimas voluntades de los mismos como documentos número 4 y 5. Se adjunta copia de cuenta bancaria propiedad de los fallecidos en la cual se refleja la cantidad habida a fecha del primer óbito como documento número 6.

Se adjunta a la presente copia del testamento objeto de la demanda de fecha 24 de agosto de 2023 firmada por Don _ _ _ _    _ _ _ _ en favor de los demandados como documento número 7.

A la fecha del presente y debido a la cercana ausencia de Doña _ _ _ _    _ _ _ _ no es todavía posible adjuntar copia del testamento por ella firmado en la misma fecha.

Finalmente se adjunta, como documento número 8, nota simple de la vivienda objeto principal de la presente demanda.

Segundo.- La mencionada transmisión efectuada por los fallecidos a los supuestos herederos, ha causado a mis representadas un grave perjuicio, al provocar la enajenación una disminución tal del patrimonio del referido causante que lo deja insuficiente para atender a las futuras obligaciones con esta parte como heredero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Es competente para conocer de esta demanda el Juzgado de Primera Instancia ante el que comparecemos por ser el lugar donde radica el bien objeto de este proceso de acuerdo con lo dispuesto en la regla 1a del art. 52 de la Ley de Enjuiciamiento civil .

II.- El procedimiento habrá de sustanciarse por los trámites del Juicio Declarativo Ordinario, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del art. 249 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

III.- Está legitimado activamente mis representadas y los demandados se encuentran pasivamente legitimados, al amparo de lo establecido en el art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil según el cual «serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso».

Las pretensiones que se formulan en la presente demanda tienen por objeto la rescisión por fraude de la enajenación relacionada en el hecho primero de esta demanda, efectuada entre los demandados, por considerar que con la misma se ha producido un fraude en perjuicio de los derechos que le corresponden a mi mandante como acreedor de los codemandados.

Por ello, esta parte, en cuanto acreedores de Don _ _ _ _    _ _ _ _ y Doña _ _ _ _    _ _ _ _, goza de legitimación activa para el ejercicio de la acción que se formula en la presente demanda.

Simultáneamente, en cuanto que se persigue la rescisión de la indicada escritura de testamento, la legitimación pasiva corresponde a quienes han sido partes en el mismo, esto es, el deudor que enajena y la persona que adquiere la cosa, constituyendo un litisconsorcio pasivo necesario, en los términos señalados en el artículo 12.2 LEC , al decir que «Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa».

IV.- La cuantía de esta demanda se fija en la cantidad de 1.880.730,00 euros que es el valor catastral del bien objeto de este procedimiento, más la cantidad habida en las cuentas bancarias a fecha del primer fallecimiento y el valor del vehículo furgoneta, ambas cantidades aún por determinar, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 251, regla 2a.

V.- El actor está debidamente representado por Procurador e interviene Abogado en el presente procedimiento de acuerdo con lo previsto en los arts. 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

VI.- Dado que mi representado no podrá de otro modo cobrar lo que se le debe, resulta procedente el remedio que se ejercita, la acción rescisoria en fraude de acreedores, revocatoria o pauliana. Es el ejercicio de la acción rescisoria el único medio del que dispone mi mandante para hacer efectivo su futuro crédito, en la medida en que el patrimonio del causante le es negado a sus herederos forzosos sin causa real, y al haberse constituido herederos solo a la mitad de los forzosos, se hacen ilusorios los derechos del actor. En definitiva, mis mandantes, los acreedores, se hallan imposibilitados para obtener la satisfacción de su crédito si no se produce la rescisión de la acción efectuada.

Es de aplicación el art. 1295 del CC , que dispone que «la rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses». Esta norma precisa que la rescisión «sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obligado» y que «tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe». En este caso, podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.

Conforme a la doctrina jurisprudencial, los actos de disposición realizados por el deudor :

«perderán su eficacia en un caso como el debatido, en que totalmente fueron destinadas a defraudar a un acreedor de los otorgantes, y desde luego probado este fraude, como lo ha sido en la instancia, ha de acordarse su rescisión por esta causa, y la consiguiente ineficacia de unos contratos que habiendo reunido en su origen los requisitos esenciales para su validez y, por tanto, no siendo susceptibles de nulidad o anulabilidad, sin embargo se probó una lesión o perjuicio para los acreedores, dando así lugar a su rescisión por fraude; sin que quepa hablar de rescisión parcial, porque como un todo los contratos objeto de rescisión tuvieran una finalidad unívoca que impide una ineficacia parcial»

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1986

Respecto al fraude (« consilium fraudis »), presupuesto indispensable para que la enajenación llevada a cabo por el deudor pueda ser rescindida (arts. 1291.3º, 1297 CC), el Tribunal Supremo tiene declarado lo siguiente: «Constituye un requisito subjetivo, cuya subjetividad, sin embargo, ha sido notablemente atenuada por la doctrina y la jurisprudencia para hacer factible en la práctica la operatividad de la acción revocatoria.

Frente a la concepción rigurosa que configuraba la exigencia como la intención o propósito de perjudicar al acreedor, y por contra de quienes mantienen un criterio objetivista neto en el sentido de que habrá de estarse al resultado producido con total abstracción del ánimo o intención del deudor, la doctrina predominante y la jurisprudencia siguen una orientación intermedia consistente en que basta demostrar el resultado producido y que éste fue conocido o debido conocer por el deudor «scientia fraudis »(intención fraudulenta).

En esta línea se manifiestan entre otras las SS de 13 de febrero de 1992 y 6 de abril de 1992, 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998, 25 de enero de 2000, 20 de febrero de 2001, 11 de octubre de 2001, y 15 de marzo de 2002, con arreglo a las que no es preciso la existencia de un «animus nocendi » y sí únicamente la «scientia fraudis », esto es, una conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio, por lo que aunque puede concurrir una actividad intencionada y directamente dolosa, sin embargo basta una simple conciencia de causarlo,

«llegando a alcanzar cotas de cuasi-objetividad si el perjuicio se ocasiona por simple culpa civil o impremeditación»».

VII.- Es aplicable igualmente el artículo 1297 del CC que establece unas presunciones de fraude « iuris et de iure ». Conforme a este precepto, «se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito».

VIII.- Las costas deberán ser impuestas a la parte demandada de acuerdo con lo dispuesto en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que habiéndose tenido por presentado este escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, acuerde admitirlo y tener por formulada DEMANDA EN JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO a instancias de Doña _ _ _ _    _ _ _ _, y en su día y previos los demás trámites legales y el recibimiento a prueba que desde ahora y para su momento procesal oportuno se deja interesado, se digne dictar Sentencia por la que estimando la demanda formulada en nombre de quien comparezco, se declare la nulidad de la escritura de herencia celebrada entre Don _ _ _ _    _ _ _ _ y Doña _ _ _ _    _ _ _ _, Don _ _ _ _    _ _ _ _  en relación con la vivienda sita en Las Matas (Madrid), calle _ _ _ _    _ _ _ _, el dinero habido en las cuentas a fecha del fallecimiento y el valor del vehículo, con expresa imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada de forma solidaria entre ambas demandadas.

OTROSI DIGO: que de acuerdo con lo previsto en la ley, sea aceptada la declaración el día de juicio oral del testigo DON _ _ _ _    _ _ _ _  con DNI número _ _ _ _    _ _ _ _ y domicilio a efecto de notificaciones en Las Rozas de Madrid, _ _ _ _    _ _ _ _  el cual es conocido de la familia y trabaja en la zona de la vivienda objeto del presente procedimiento.

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hecha la anterior manifestación y por propuesta la prueba pericial para su práctica en el acto del juicio oral.

Es justicia que pido en Majadahonda (Madrid) a 20 de febrero de 2024.

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