Denuncia y Querella

QUERELLA Y DENUNCIA

audiencia provincial de Madrid

Con carácter general, el procedimiento de investigación de los delitos por un Juzgado Instructor, pueden iniciarse por una triple vía:

LA DENUNCIA

 La denuncia es el acto por el que se da conocimiento a la autoridad competente de la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción criminal.

La investigación de los delitos públicos podrá comenzar por cualquiera de las tres vías que anteriormente he citado.

Los denominados delitos semipúblicos requieren denuncia o querella de la parte ofendida, pudiendo en determinados delitos iniciarse el procedimiento a instancia del Ministerio Fiscal (generalmente cuando los perjudicados son menores, incapaces, personas desvalidas o cuando el delito afecte a una pluralidad de personas).

LA DENUNCIA EN LAS INJURIAS Y CALUMNIAS

En el caso de los delitos privados (injuria y calumnia contra particulares) se exige la querella del ofendido (artículo 215.1 Código Penal).

EL DENUNCIANTE

denuncia y querella1. Deber de denunciar

Nuestro ordenamiento establece, como principio, el deber de todo ciudadano que tiene conocimiento de la perpetración de un delito de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente o de sus agentes.

Así, de forma taxativa manifiesta el artículo 259 Ley Enjuiciamiento Criminal que:

El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento deL juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare.”

DENUNCIANTE

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2001 desarrolla el concepto de denunciante:

Por denunciante, ha de entenderse quien cumpliendo la obligación, -que para los perjudicados por el delito es también derecho, especialmente si de delitos semipúblicos se trata-, que impone a todos los que presenciasen la comisión de un delito el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en especial a los que por su profesión u oficio tuviesen noticia de la existencia de un delito público, lo que refuerza el artículo 262 de dicha ley, de participar a la autoridad judicial o policial más próxima la “noticia criminis” -Sentencia de febrero 1993-“.

 El artículo 262 Ley Enjuiciamiento Criminal prevé una obligación específica de denunciar a: “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público”.

2. Quienes no están obligadas a denunciar

La Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye a determinadas personas de la obligación de denunciar, por razón de su capacidad, relación con el presunto sujeto activo del delito o profesión.

a) Los impúberes o los que no gozaren de pleno uso de razón

El término impúber es ciertamente impreciso. Habitualmente se entiende por tal la persona menor de catorce años. Así, se viene entendiendo por los Tribunales con relación al artículo 433 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligación del impúber de declarar como testigo en el plenario, pero sin requerirle para que preste juramento.

Esta opción se acepta en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 febrero 2001:

Es de resaltar que los artículos 259 y 260 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligan a quien presenciaré un hecho delictivo, a ponerlo en conocimiento de la Autoridad, salvo que fuera impúber pudiendo entenderse como tal a los menores de 14 años”.

También resulta muy imprecisa la referencia a las personas que “no gozaren de pleno uso de razón”. Creo que lo más lógico es integrar dicho concepto con el contenido del artículo 25 del Código Penal:

A los efectos de este Código se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma”.denuncia ante la policía

b) Determinados familiares del presunto autor del hecho denunciado

En concreto el artículo 261 de la Ley Enjuiciamiento Criminal exime de la obligación general de denunciar a:

.- El cónyuge del delincuente.

En este ámbito debe equipararse al matrimonio la unión estable no matrimonial (homosexual o heterosexual) con convivencia y vocación de permanencia.

El Tribunal Constitucional ha admitido el tratamiento distinto del matrimonio y la unión extramatrimonial, especialmente en el ámbito del Derecho Civil, sobre la base de que quien se casa adquiere una serie de derechos y obligaciones que, en principio, no se asumen en su integridad por quien ha optado por una relación estable al margen de la institución matrimonial.

Ahora bien, este tratamiento diferente nunca puede constituir una violación del principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución Española, o, en otras palabras, no puede amparar una privación de derechos sin causa justificada (Esta doctrina aparece especialmente elaborada en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 11 de diciembre de 1992, reiteradamente citada en las posteriores).

  1. .- Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delincuente y sus colaterales consanguíneos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive.
  2. .- Los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, así como la madre y el padre en iguales casos.
    Tanto la posibilidad de no denunciar como de no testificar en el plenario determinados parientes del presunto responsable (artículo 416.1 Ley Enjuiciamiento Criminal), constituyen un derecho reconocido a determinadas personas por su especial vínculo con el acusado, teniendo por objeto el intentar no perturbar la “paz familiar”.

Se trata de un derecho (exención de la obligación de denunciar) que supone al mismo tiempo una ventaja para el acusado.

Cuando comparezca una persona a presentar una denuncia, en su caso, debe ser informada de esa posibilidad.

En su defecto, posteriormente se puede invocar la nulidad de las declaraciones efectuadas sin esa prevención.

Una corriente Jurisprudencial, estima que quien renuncia a ese derecho e interpone denuncia contra un familiar, luego no puede negarse a declarar invocando la relación familiar que le une al acusado (artículo 416.1 Ley Enjuiciamiento Criminal), ya que la “paz familiar” que se pretende proteger ya se ha visto alterada por la presentación de la denuncia.

Esta posición se está extendiendo con relación a los delitos de violencia familiar.

En ese sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2007:

 La Sala estima que cuando la propia denuncia en forma espontánea y para obtener protección personal no es aplicable el articulo 4161° LECr, que contiene una causa de justificación para aquellos que nieguen su testimonio respecto de hechos que se imputan a personas con las que está vinculados paralelamente, pero de cuyos hechos no son víctimas. Dicho de otra manera: el artículo 4161° establece un derecho renunciable en beneficio de los testigos, pero no de los denunciantes espontáneos respecto de hechos que los han perjudicado y que acuden a la Policía en busca de protección”.

 La Jurisprudencia también ha declarado que en determinados supuestos este derecho a no denunciar cede ante intereses prevalentes, como puede ser el deber de evitar determinados delitos, precisamente por los vínculos familiares con la víctima (deber de garante que determina la autoría del delito por comisión por omisión).

 Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2005 condenó a una madre por consentir los delitos cometidos por su esposo contra la hija común, en concepto de autora por comisión por omisión (artículo 11 Código penal) manifestando:

En el caso presente, el articulo 154.1° C. C. impone a los padres el deber de velar por sus hijos, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Había una obligación legal para la madre de impedir lo que el padre estaba haciendo.

No puede servir de excusa para esta obligación lo dispuesto en el artículo  261,1° LECr que excluye del deber genérico de denunciar al cónyuge del delincuente, pues por encima de esta norma procesal se encuentra esa obligación legal de velar por sus hijos, educándolos y procurándoles una formación adecuada, máxime cuando se halla en juego la continuación de una actividad delictiva en perjuicio de una hija menor y, como tal, sometida a la patria potestad de la madre, que tiene un deber positivo de actuar para impedir la repetición de esta clase de comportamientos criminales”.

3, Determinadas personas por razón de su profesión u oficio El artículo 263 Ley Enjuiciamiento Criminal contempla dos excepciones a la obligación de declarar por razón de la actividad desarrollada:

 

Los Abogados y los Procuradores con respecto a las instrucciones o explicaciones que recibieran de sus clientes.

Con relación a estos profesionales más que un derecho se trata de una obligación de no desvelar los secretos comunicados por el cliente, cuya infracción puede tener trascendencia penal (artículos 199.2 y 466 Código Penal).

Los eclesiásticos o ministros de cultos disidentes (hoy debe integrarse este concepto con las religiones reconocidas) respecto a las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de sus ministerios.

LA QUERELLA

Por su parte la querella supone desde su presentación la pretensión por parte del querellante de ser parte acusadora.

La querella debe ser presentada con firma de abogado y representación a través de procurador.

La querella puede ser inadmitida por el órgano jurisdiccional por:

  • Falta de alguno de sus requisitos formales, por ejemplo la ausencia de firma de abogado y representación a través de procurador.
  • Falta de legitimación activa por parte del querellante.
  • Por cuestiones de fondo; por ejemplo se denuncian hechos no persegibles por el Código Penal.
  • Por falta de competencia del Juzgado ante el que se presenta para conocer del asunto, ya sea por cuestión del territorio o por no ser el órgano apropiado.

Ver modelo de querella

Written by José Martín García

José Martín García es abogado penalista. Ha colaborado e intervenido entre otras con: Televión española, La Sexta, Telemadrid. Ha participado en numerosos cursos y ponencias.

2 comments
  1. Mi padre tuvo una sentencia de precario que definía el objeto de litis como una finca actual de 1,09ha sin edificacion.
    Al fallecer le sustituí y me recayó dicha sentencia.
    Posteriormente encontré una puerta de la vivienda de mi domicilio rota, puse una denuncia -genérica- y la arreglé.
    Pues bien, la fiscalía me acusa de usurpación y desobediencia.
    Por lo visto se ejecutó esa sentencia con mi lanzamiento de mi casa que publicaron en el tablón del juzgado.
    La ejecutante no tenía el título judicial declarativo de esa casa, y no hizo ninguna disposición sobre la misma, ni la ocupó- motivo por el que no les puedo denunciar por nada- es decir, sin poder acreditar el derecho alguno a la posesión por estos hechos de la ejecutante, en base a la sentencia firme, ni que yo me haya resistido al desalojo, en base al propio acta de desalojo del juzgado de que no estuve presente, de dónde se pueden sacar estor cargos por los citados hechos declarados enjuicialbes, la fiscalía.
    Pues va y se reafirma en al acusación en el juicio y todavía se reafirma en la usurpación después del juicio mi pregunta es si puedo denunciar a la fiscalía por prevaricación o por tratar de sostenerme artificialmente procedimientos penales, y tratar de causarme antecedentes penales.
    Porque evidentemente retrasado mental no es, y estos delitos de estos hechos enjuiciables no son posibles conceptualmente.

    • Hola, seguramente para la acusación de usurpación la Fiscalía se funde en hechos no aparecen en tu escrito. Si puedes buscar en que se bas ala Fiscalía, te puedo ayudar mejor.
      Un saludo.

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