La malversación de caudales públicos es el delito que comete la autoridad o funcionario público que se apropia del patrimonio público que tiene a su cargo, lo destina a usos privados o le da una finalidad pública distinta de la prevista. Lo regulan los artículos 432 a 435 bis del Código Penal, en la redacción que les dio la Ley Orgánica 14/2022, en vigor desde el 12 de enero de 2023.
En resumen: somos abogados penalistas especialistas en delitos cometidos por funcionarios públicos. Defendemos a investigados y acusados por malversación desde la instrucción hasta el juicio ante el Tribunal del Jurado y los recursos. Despacho en Collado Villalba, con asuntos en Madrid y en toda España. Primera consulta gratuita o llame al 697 982 344.
En esta página explicamos las tres modalidades del delito, sus penas según la cuantía, quién puede cometerlo, qué efecto tiene devolver el dinero y cómo se plantea la defensa.
Las tres modalidades de malversación tras la reforma de 2022
- Apropiación (art. 432 CP): la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropia o consiente que un tercero se apropie del patrimonio público que tiene a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de ellas.
- Uso privado sin ánimo de apropiación (art. 432 bis CP): destinar a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo, sin intención de quedárselo.
- Aplicación pública diferente (art. 433 CP): dar al patrimonio público que se administra un destino público distinto de aquel al que estaba asignado.
La diferencia entre una y otra modalidad cambia por completo la pena, por lo que suele ser el primer punto de discusión en el procedimiento.
Penas del delito de malversación
| Supuesto | Artículo | Pena |
|---|---|---|
| Apropiación (tipo básico) | 432.1 CP | Prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para cargo o empleo público y sufragio pasivo de 6 a 10 años |
| Apropiación agravada: daño o entorpecimiento graves del servicio público, perjuicio superior a 50.000 €, bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico, o efectos destinados a aliviar una calamidad pública | 432.2 CP | Prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años |
| Perjuicio superior a 250.000 € | 432.2 CP | Prisión en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado |
| Perjuicio inferior a 4.000 € | 432.3 CP | Prisión de 1 a 2 años, multa de 3 meses y un día a 12 meses e inhabilitación especial de 1 a 5 años |
| Uso privado sin ánimo de apropiación | 432 bis CP | Prisión de 6 meses a 3 años y suspensión de empleo o cargo de 1 a 4 años (penas del art. 432 si no se reintegra en 10 días) |
| Aplicación pública diferente con daño o entorpecimiento graves del servicio | 433 CP | Prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 2 a 6 años |
| Aplicación pública diferente sin ese daño | 433 CP | Inhabilitación de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses |
Qué se considera patrimonio público
Desde 2023 el Código Penal ya no habla solo de «caudales» o «efectos», sino de patrimonio público: todo el conjunto de bienes y derechos de contenido económico-patrimonial que pertenecen a las Administraciones públicas (art. 433 ter CP). Entran, por tanto, el dinero, pero también inmuebles, vehículos, material, servicios o derechos de cobro de la Administración.
Quién puede cometer el delito
El autor principal es la autoridad o funcionario público, en el sentido de los artículos 24 y 427 del Código Penal (art. 435 bis CP). Además, el artículo 435 extiende el delito a:
- Quienes estén encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas.
- Los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos.
- Los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
- Los administradores concursales, respecto de la masa concursal o los intereses de los acreedores.
- Las personas jurídicas responsables según el artículo 31 bis, con penas de multa.
Devolver el dinero: reintegro y reparación del daño
La ley premia la reparación. En el uso privado del artículo 432 bis, reintegrar los mismos bienes en los diez días siguientes a la incoación del proceso evita que se apliquen las penas de la apropiación. Y en todas las modalidades, reparar de forma efectiva e íntegra el perjuicio antes del juicio oral, o colaborar activa y eficazmente con las autoridades para obtener pruebas decisivas, obliga a rebajar la pena en uno o dos grados (art. 434 CP). Por eso conviene valorar esta vía cuanto antes, con asesoramiento, y no después del juicio.
Cómo se juzga: el Tribunal del Jurado
La malversación (arts. 432 a 434 CP) es uno de los delitos atribuidos al Tribunal del Jurado (art. 1.2.h de la Ley Orgánica 5/1995). El juicio se celebra en la Audiencia Provincial, salvo que el acusado esté aforado ante otro tribunal; quedan excluidos los asuntos de la Audiencia Nacional y los que asuma la Fiscalía Europea. La fase de instrucción la dirige el Tribunal de Instancia del lugar de los hechos.
Cómo planteamos la defensa
- La modalidad: discutir si hubo ánimo de lucro y apropiación (art. 432) o un uso o destino distinto (arts. 432 bis y 433), con penas muy diferentes.
- La cuantía: revisar el perjuicio que se atribuye, porque los umbrales de 4.000, 50.000 y 250.000 euros cambian la pena.
- La condición del investigado: comprobar si realmente tenía a su cargo esos bienes por razón de sus funciones o si encaja en alguno de los supuestos del artículo 435.
- La prueba documental: contratos, facturas, justificantes, informes de intervención y fiscalización, y el expediente administrativo completo.
- La reparación: estudiar si procede el reintegro o la reparación del perjuicio y en qué momento, por sus efectos en la pena.
Cada asunto depende de sus pruebas, por lo que no podemos anticipar el resultado, pero sí estudiar el expediente y explicarle con claridad sus opciones. La malversación aparece a menudo junto a otros delitos de funcionarios, como el cohecho o la falsedad contable en la Administración pública del artículo 433 bis, y la falsedad documental.
Si le han citado como investigado o ha recibido una notificación del juzgado por un asunto de fondos públicos, contacte con nosotros antes de declarar: 697 982 344 o formulario de contacto. Primera consulta gratuita.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la malversación de caudales públicos?
Es el delito que comete la autoridad o funcionario público que se apropia, o deja que otro se apropie, con ánimo de lucro, del patrimonio público que tiene a su cargo (art. 432 CP); que lo destina a usos privados sin ánimo de apropiárselo (art. 432 bis CP), o que le da una aplicación pública distinta de aquella a la que estaba destinado (art. 433 CP).
¿Qué pena tiene la malversación?
En la modalidad básica de apropiación, prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de seis a diez años. Si hay daño grave al servicio público, el perjuicio supera los 50.000 euros o se trata de bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico, prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de diez a veinte años; por encima de 250.000 euros, la pena se impone en su mitad superior. Si el perjuicio es inferior a 4.000 euros, prisión de uno a dos años, multa e inhabilitación de uno a cinco años.
¿Qué diferencia hay entre apropiarse de fondos públicos y usarlos temporalmente?
La apropiación (art. 432 CP) exige ánimo de lucro y que los bienes salgan definitivamente del patrimonio público. El uso privado sin ánimo de apropiárselos (art. 432 bis CP) se castiga con prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo de uno a cuatro años, pero si no se reintegran los mismos bienes en los diez días siguientes a la incoación del proceso se aplican las penas de la apropiación.
¿Puede cometer malversación una persona que no es funcionario?
Sí. El artículo 435 CP extiende el delito a quienes estén encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas, a los particulares designados como depositarios de caudales públicos, a los administradores o depositarios de bienes embargados o depositados por autoridad pública, a los administradores concursales y a las personas jurídicas.
¿Se reduce la pena si se devuelve el dinero?
Sí. Si el acusado repara de modo efectivo e íntegro el perjuicio al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, o colabora activa y eficazmente con las autoridades para obtener pruebas decisivas, el tribunal impone la pena inferior en uno o dos grados (art. 434 CP).
¿Quién juzga un delito de malversación?
La malversación (arts. 432 a 434 CP) es competencia del Tribunal del Jurado, que se celebra en la Audiencia Provincial (art. 1.2 de la Ley Orgánica 5/1995). Quedan fuera los asuntos atribuidos a la Audiencia Nacional y los asumidos por la Fiscalía Europea.
Sobre el autor
Página elaborada por José Martín García, abogado penalista con despacho en Collado Villalba y ejercicio habitual ante los tribunales de la Sierra de Madrid y de Madrid capital. Puede contactar con el despacho para consultar su caso.