Malversación de caudales públicos (arts. 432-435 CP): penas y defensa

La malversación de caudales públicos es el delito que comete la autoridad o funcionario público que se apropia del patrimonio público que tiene a su cargo, lo destina a usos privados o le da una finalidad pública distinta de la prevista. Lo regulan los artículos 432 a 435 bis del Código Penal, en la redacción que les dio la Ley Orgánica 14/2022, en vigor desde el 12 de enero de 2023.

En resumen: somos abogados penalistas especialistas en delitos cometidos por funcionarios públicos. Defendemos a investigados y acusados por malversación desde la instrucción hasta el juicio ante el Tribunal del Jurado y los recursos. Despacho en Collado Villalba, con asuntos en Madrid y en toda España. Primera consulta gratuita o llame al 697 982 344.

En esta página explicamos las tres modalidades del delito, sus penas según la cuantía, quién puede cometerlo, qué efecto tiene devolver el dinero y cómo se plantea la defensa.

Las tres modalidades de malversación tras la reforma de 2022

  • Apropiación (art. 432 CP): la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropia o consiente que un tercero se apropie del patrimonio público que tiene a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de ellas.
  • Uso privado sin ánimo de apropiación (art. 432 bis CP): destinar a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo, sin intención de quedárselo.
  • Aplicación pública diferente (art. 433 CP): dar al patrimonio público que se administra un destino público distinto de aquel al que estaba asignado.

La diferencia entre una y otra modalidad cambia por completo la pena, por lo que suele ser el primer punto de discusión en el procedimiento.

Penas del delito de malversación

SupuestoArtículoPena
Apropiación (tipo básico)432.1 CPPrisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para cargo o empleo público y sufragio pasivo de 6 a 10 años
Apropiación agravada: daño o entorpecimiento graves del servicio público, perjuicio superior a 50.000 €, bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico, o efectos destinados a aliviar una calamidad pública432.2 CPPrisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años
Perjuicio superior a 250.000 €432.2 CPPrisión en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado
Perjuicio inferior a 4.000 €432.3 CPPrisión de 1 a 2 años, multa de 3 meses y un día a 12 meses e inhabilitación especial de 1 a 5 años
Uso privado sin ánimo de apropiación432 bis CPPrisión de 6 meses a 3 años y suspensión de empleo o cargo de 1 a 4 años (penas del art. 432 si no se reintegra en 10 días)
Aplicación pública diferente con daño o entorpecimiento graves del servicio433 CPPrisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 2 a 6 años
Aplicación pública diferente sin ese daño433 CPInhabilitación de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses

Qué se considera patrimonio público

Desde 2023 el Código Penal ya no habla solo de «caudales» o «efectos», sino de patrimonio público: todo el conjunto de bienes y derechos de contenido económico-patrimonial que pertenecen a las Administraciones públicas (art. 433 ter CP). Entran, por tanto, el dinero, pero también inmuebles, vehículos, material, servicios o derechos de cobro de la Administración.

Quién puede cometer el delito

El autor principal es la autoridad o funcionario público, en el sentido de los artículos 24 y 427 del Código Penal (art. 435 bis CP). Además, el artículo 435 extiende el delito a:

  • Quienes estén encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas.
  • Los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos.
  • Los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
  • Los administradores concursales, respecto de la masa concursal o los intereses de los acreedores.
  • Las personas jurídicas responsables según el artículo 31 bis, con penas de multa.

Devolver el dinero: reintegro y reparación del daño

La ley premia la reparación. En el uso privado del artículo 432 bis, reintegrar los mismos bienes en los diez días siguientes a la incoación del proceso evita que se apliquen las penas de la apropiación. Y en todas las modalidades, reparar de forma efectiva e íntegra el perjuicio antes del juicio oral, o colaborar activa y eficazmente con las autoridades para obtener pruebas decisivas, obliga a rebajar la pena en uno o dos grados (art. 434 CP). Por eso conviene valorar esta vía cuanto antes, con asesoramiento, y no después del juicio.

Cómo se juzga: el Tribunal del Jurado

La malversación (arts. 432 a 434 CP) es uno de los delitos atribuidos al Tribunal del Jurado (art. 1.2.h de la Ley Orgánica 5/1995). El juicio se celebra en la Audiencia Provincial, salvo que el acusado esté aforado ante otro tribunal; quedan excluidos los asuntos de la Audiencia Nacional y los que asuma la Fiscalía Europea. La fase de instrucción la dirige el Tribunal de Instancia del lugar de los hechos.

Cómo planteamos la defensa

  • La modalidad: discutir si hubo ánimo de lucro y apropiación (art. 432) o un uso o destino distinto (arts. 432 bis y 433), con penas muy diferentes.
  • La cuantía: revisar el perjuicio que se atribuye, porque los umbrales de 4.000, 50.000 y 250.000 euros cambian la pena.
  • La condición del investigado: comprobar si realmente tenía a su cargo esos bienes por razón de sus funciones o si encaja en alguno de los supuestos del artículo 435.
  • La prueba documental: contratos, facturas, justificantes, informes de intervención y fiscalización, y el expediente administrativo completo.
  • La reparación: estudiar si procede el reintegro o la reparación del perjuicio y en qué momento, por sus efectos en la pena.

Cada asunto depende de sus pruebas, por lo que no podemos anticipar el resultado, pero sí estudiar el expediente y explicarle con claridad sus opciones. La malversación aparece a menudo junto a otros delitos de funcionarios, como el cohecho o la falsedad contable en la Administración pública del artículo 433 bis, y la falsedad documental.

Si le han citado como investigado o ha recibido una notificación del juzgado por un asunto de fondos públicos, contacte con nosotros antes de declarar: 697 982 344 o formulario de contacto. Primera consulta gratuita.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la malversación de caudales públicos?

Es el delito que comete la autoridad o funcionario público que se apropia, o deja que otro se apropie, con ánimo de lucro, del patrimonio público que tiene a su cargo (art. 432 CP); que lo destina a usos privados sin ánimo de apropiárselo (art. 432 bis CP), o que le da una aplicación pública distinta de aquella a la que estaba destinado (art. 433 CP).

¿Qué pena tiene la malversación?

En la modalidad básica de apropiación, prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de seis a diez años. Si hay daño grave al servicio público, el perjuicio supera los 50.000 euros o se trata de bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico, prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de diez a veinte años; por encima de 250.000 euros, la pena se impone en su mitad superior. Si el perjuicio es inferior a 4.000 euros, prisión de uno a dos años, multa e inhabilitación de uno a cinco años.

¿Qué diferencia hay entre apropiarse de fondos públicos y usarlos temporalmente?

La apropiación (art. 432 CP) exige ánimo de lucro y que los bienes salgan definitivamente del patrimonio público. El uso privado sin ánimo de apropiárselos (art. 432 bis CP) se castiga con prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo de uno a cuatro años, pero si no se reintegran los mismos bienes en los diez días siguientes a la incoación del proceso se aplican las penas de la apropiación.

¿Puede cometer malversación una persona que no es funcionario?

Sí. El artículo 435 CP extiende el delito a quienes estén encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas, a los particulares designados como depositarios de caudales públicos, a los administradores o depositarios de bienes embargados o depositados por autoridad pública, a los administradores concursales y a las personas jurídicas.

¿Se reduce la pena si se devuelve el dinero?

Sí. Si el acusado repara de modo efectivo e íntegro el perjuicio al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, o colabora activa y eficazmente con las autoridades para obtener pruebas decisivas, el tribunal impone la pena inferior en uno o dos grados (art. 434 CP).

¿Quién juzga un delito de malversación?

La malversación (arts. 432 a 434 CP) es competencia del Tribunal del Jurado, que se celebra en la Audiencia Provincial (art. 1.2 de la Ley Orgánica 5/1995). Quedan fuera los asuntos atribuidos a la Audiencia Nacional y los asumidos por la Fiscalía Europea.

Sobre el autor

Página elaborada por José Martín García, abogado penalista con despacho en Collado Villalba y ejercicio habitual ante los tribunales de la Sierra de Madrid y de Madrid capital. Puede contactar con el despacho para consultar su caso.

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