La falsedad contable en la Administración pública es el delito que comete la autoridad o funcionario que falsea la contabilidad de la entidad pública de la que depende, o los documentos que reflejan su situación económica, de forma idónea para causarle un perjuicio. Lo regula el artículo 433 bis del Código Penal, dentro del capítulo dedicado a la malversación, y no exige que nadie se haya apropiado de fondos públicos.
En esta página analizamos el delito desde la contabilidad pública: qué documentos pueden falsearse, cómo se distingue de la falsedad documental del artículo 390 y de la malversación, qué papel tiene el Tribunal de Cuentas y cómo se prueba y se defiende un caso de este tipo.
Qué castiga el artículo 433 bis CP
El precepto contiene tres supuestos:
- Falsear la contabilidad, los documentos que deban reflejar la situación económica de la entidad o la información contenida en ellos (apartado 1).
- Facilitar a terceros información mendaz sobre la situación económica de la entidad o sobre esos documentos (apartado 2).
- Causar efectivamente el perjuicio económico a la entidad, que agrava la pena (apartado 3).
En los dos primeros supuestos no hace falta que la entidad pierda dinero: basta con que la falsedad sea idónea para causar un perjuicio económico. Además, el artículo 433 bis se aplica fuera de los supuestos del artículo 390: si la conducta encaja en la falsedad documental cometida por funcionario, se castiga por esta, que tiene pena de prisión.
El autor debe ser autoridad o funcionario público. A efectos penales, es funcionario todo el que, por disposición de la ley, por elección o por nombramiento, participa en el ejercicio de funciones públicas (art. 24 CP). Por estar en el capítulo de la malversación, el delito alcanza también a quienes estén encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas y a los demás supuestos del artículo 435 CP.
Qué documentos contables públicos pueden falsearse
El Código Penal considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica (art. 26 CP). En la contabilidad pública, eso incluye tanto el papel como los registros informáticos. Entre otros:
- Los registros contables de la entidad y los estados que se obtienen de ellos.
- El presupuesto, su liquidación y los estados de ejecución.
- La cuenta general y la información económica que se rinde o se remite a otros organismos.
- Los documentos de reconocimiento de obligaciones y órdenes de pago, y el registro de facturas.
- Las certificaciones de obra y las actas de recepción.
- La documentación de justificación de subvenciones.
- Los informes y certificados de Intervención o Tesorería, por ejemplo sobre existencia de crédito o sobre el estado de la deuda.
Ejemplos de falsedad contable en un ayuntamiento
Estos son supuestos hipotéticos, para entender cómo funciona el delito:
- Facturas sin contabilizar: gastos ya realizados que se dejan fuera de la contabilidad para que la liquidación muestre una situación económica mejor que la real.
- Imputación a una partida que no corresponde: registrar un gasto en otra aplicación presupuestaria para ocultar que no había crédito suficiente.
- Certificaciones de obra infladas: certificar unidades de obra no ejecutadas para justificar un pago.
- Justificación de una subvención con gastos que no se han producido o que corresponden a otra actividad.
- Información falsa a terceros: comunicar a una entidad financiera, a un licitador o a otro organismo datos falsos sobre la deuda o la situación de tesorería de la entidad.
Según el caso, la conducta puede encajar en el artículo 433 bis, en la falsedad documental del funcionario (art. 390) o concurrir con la malversación. Esa calificación es lo primero que hay que analizar en la defensa.
Falsedad contable, falsedad documental y malversación: cómo se distinguen
Artículo 390 CP: falsedad documental de la autoridad o funcionario
Castiga al funcionario que, en el ejercicio de sus funciones, altera un documento en un elemento esencial, lo simula, supone la intervención de personas que no la tuvieron o falta a la verdad en la narración de los hechos. Su pena es de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años. Si la falsedad contable encaja aquí, se aplica este artículo y no el 433 bis.
Malversación: artículos 432 y 433 CP
La malversación castiga apropiarse del patrimonio público o consentir que otro lo haga (art. 432) y dar al patrimonio público una aplicación pública distinta de su destino (art. 433). La falsedad contable no exige apropiación: castiga falsear la información económica. Cuando la contabilidad se manipula para ocultar una malversación, pueden imputarse los dos delitos.
Falsedad de cuentas en una sociedad: artículo 290 CP
Si quien falsea las cuentas anuales u otros documentos es el administrador de una sociedad, el precepto aplicable es el artículo 290 CP, con prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Explicamos los delitos en el ámbito de las empresas en delitos entre socios de empresa.
Otros delitos que suelen investigarse junto a estos son el cohecho y la prevaricación.
Responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas
Además del proceso penal, puede abrirse un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas. Según su Ley Orgánica 2/1982, quien por acción u omisión contraria a la ley origina el menoscabo de caudales o efectos públicos queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados (art. 38), y esa responsabilidad puede ser directa o subsidiaria.
La jurisdicción contable es compatible con la penal y con la potestad disciplinaria respecto de los mismos hechos, y cuando estos son delito, la responsabilidad civil la determina la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia (art. 18). En la práctica, un mismo funcionario puede tener abiertos a la vez un proceso penal, uno contable y un expediente disciplinario, y la estrategia debe coordinar los tres.
Cómo se prueba una falsedad contable
Son casos muy técnicos, que se deciden sobre todo con prueba documental y pericial:
- Los informes de la Intervención y de los órganos de control externo, como el Tribunal de Cuentas o las cámaras de cuentas autonómicas.
- La pericial contable, que compara lo registrado con el tratamiento contable que correspondía.
- La trazabilidad informática: quién introdujo cada asiento, con qué permisos y cuándo.
- El expediente completo de cada gasto: propuesta, retención de crédito, aprobación, reconocimiento de la obligación y pago.
La defensa desde la contabilidad
Una buena defensa no se limita a negar los hechos: revisa la contabilidad con el mismo detalle que la acusación. Las líneas habituales son:
- Error contable, no falsedad: el 433 bis exige dolo. Un error, una estimación discutible o un criterio técnico razonable no son delito.
- Falta de idoneidad para perjudicar: si la información incorrecta no podía afectar a las decisiones económicas de la entidad, falta un elemento del tipo.
- Soporte económico real: demostrar que las operaciones existieron y estaban documentadas.
- Autoría individual: en una Administración intervienen muchas personas; hay que acreditar quién hizo cada asiento y quién sabía qué.
- Revisar la pericial de cargo: que no confunda obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto con gastos inexistentes, derechos reconocidos con ingresos recaudados o un problema de imputación temporal con una ocultación.
- Calificación jurídica: comprobar si los hechos son 433 bis, 390, 391 o ninguno de ellos, y si hay prescripción.
Penas de la falsedad contable y delitos relacionados
| Conducta | Artículo | Pena |
|---|---|---|
| Falsear la contabilidad o facilitar información económica mendaz, sin perjuicio efectivo | 433 bis.1 y 2 CP | Inhabilitación especial de 1 a 10 años y multa de 12 a 24 meses |
| Lo anterior, causando el perjuicio económico | 433 bis.3 CP | Prisión de 1 a 4 años, inhabilitación especial de 3 a 10 años y multa de 12 a 24 meses |
| Falsedad documental de autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones | 390.1 CP | Prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años |
| La misma falsedad por imprudencia grave | 391 CP | Multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo de 6 meses a 1 año |
| Certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico (no aplica a Seguridad Social ni Hacienda) | 398 CP | Suspensión de 6 meses a 2 años |
| Malversación por apropiación | 432.1 CP | Prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 6 a 10 años |
| Aplicación pública diferente del patrimonio público | 433 CP | Con daño grave: prisión de 1 a 4 años e inhabilitación de 2 a 6 años. Sin él: inhabilitación de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses |
Derecho europeo y derecho comparado
La falsedad contable en la Administración no es solo una cuestión de derecho español. La Unión Europea exige contabilidades públicas fiables y obliga a castigar penalmente determinadas falsedades cuando afectan a fondos europeos, y los países de nuestro entorno castigan con dureza la falsedad del funcionario en documentos públicos.
Qué exige la Unión Europea
- Contabilidad pública fiable. La Directiva 2011/85/UE, sobre los marcos presupuestarios, obliga a los Estados a contar con sistemas de contabilidad pública que cubran todos los subsectores de las administraciones públicas y que estén sometidos a control interno y a auditorías independientes (art. 3.1). No es una norma penal, pero explica por qué la información contable pública tiene tanta relevancia jurídica.
- Fraude con fondos europeos. La Directiva (UE) 2017/1371 obliga a castigar penalmente el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, incluido el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos (art. 3.2), y la malversación del funcionario encargado de gestionar fondos o bienes de la Unión que los compromete o utiliza de forma contraria a su finalidad (art. 4.3).
- Fiscalía Europea. El Reglamento (UE) 2017/1939 le atribuye la investigación de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión previstos en esa directiva (art. 22). Si la falsedad contable afecta a un expediente financiado con fondos europeos, puede investigarla la Fiscalía Europea, cuyos fiscales tienen en España la consideración de autoridad a efectos penales (art. 24 CP).
- Nueva directiva anticorrupción. La Directiva (UE) 2026/1021, publicada en el Diario Oficial de la UE el 11 de mayo de 2026, armoniza delitos como el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias. No tipifica de forma específica la falsedad contable, y los Estados tienen, con carácter general, 24 meses para incorporarla a su derecho.
Cómo lo castigan otros países europeos
| País | Norma | Qué castiga y con qué pena |
|---|---|---|
| Francia | Code pénal, art. 441-4 | Falsedad en escritura pública o auténtica: 10 años de prisión y 150.000 € de multa; si la comete quien es depositario de la autoridad pública o está encargado de una misión de servicio público en el ejercicio de sus funciones, 15 años de reclusión criminal y 225.000 € |
| Francia | Code pénal, art. 432-15 | Desvío de fondos públicos (détournement de fonds publics): 10 años de prisión y 1.000.000 € de multa, que puede elevarse al doble del producto del delito |
| Alemania | StGB, § 348 | Funcionario competente que documenta falsamente un hecho jurídicamente relevante o introduce datos falsos en registros, libros o ficheros públicos: hasta 5 años de prisión o multa; la tentativa es punible |
| Alemania | StGB, § 266 | Administración desleal (Untreue), que se aplica también al perjuicio de fondos públicos: hasta 5 años de prisión o multa |
| Italia | Codice penale, arts. 476 y 479 | Falsedad material o ideológica del funcionario público en actos públicos: de 1 a 6 años de reclusión; de 3 a 10 años si el acto hace fe hasta querella de falsedad |
Además de la falsedad documental del funcionario, común a estos sistemas, el Código Penal español cuenta con un delito específico de falsedad contable pública, el artículo 433 bis, que castiga falsear la contabilidad aunque no llegue a producirse el perjuicio y reserva la prisión para cuando este se causa.
Abogado para delitos de falsedad contable
Si eres funcionario, interventor, tesorero o cargo público y te investigan por la contabilidad de tu entidad, conviene revisar el expediente y la pericial antes de declarar. Si representas a una entidad que cree haber sido perjudicada, también podemos estudiar la acusación. Nuestro despacho está en Collado Villalba y atendemos la Sierra de Madrid, Madrid capital y el resto de España. Primera consulta gratuita.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la falsedad contable en la Administración pública?
Es el delito del artículo 433 bis del Código Penal: la autoridad o funcionario público que falsea la contabilidad de su entidad, los documentos que deben reflejar su situación económica o la información contenida en ellos, de forma idónea para causarle un perjuicio económico. También castiga facilitar a terceros información mendaz sobre la situación económica de la entidad.
¿Hace falta que la Administración pierda dinero para que haya delito?
No. Basta con que la falsedad sea idónea para causar un perjuicio económico a la entidad: la pena es entonces de inhabilitación especial de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses. Si el perjuicio llega a producirse, se añade prisión de uno a cuatro años y la inhabilitación pasa a ser de tres a diez años (art. 433 bis.3 CP).
¿Qué diferencia hay entre falsedad contable y malversación?
La malversación castiga apropiarse del patrimonio público o consentir que otro se lo apropie (art. 432 CP), o darle una aplicación pública distinta de la prevista (art. 433 CP). La falsedad contable castiga falsear la información económica de la entidad, aunque nadie se haya quedado con dinero. Cuando la contabilidad se manipula para ocultar una malversación, pueden imputarse ambos delitos.
¿Un error en la contabilidad pública es delito?
El artículo 433 bis solo castiga la conducta dolosa: un error contable, una estimación discutible o un criterio técnico razonable no lo son. Distinto es el artículo 391 CP, que sí castiga a la autoridad o funcionario que, por imprudencia grave, comete alguna de las falsedades documentales del artículo 390, con multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo de seis meses a un año.
¿Puede cometer este delito alguien que no es funcionario?
Como autor directo, solo la autoridad o funcionario público, en el sentido del artículo 24 CP. Las disposiciones del capítulo de la malversación, en el que está el artículo 433 bis, se extienden además a quienes estén encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas y a otros supuestos del artículo 435 CP. Un particular puede responder como inductor, cooperador necesario o cómplice (arts. 28 y 29 CP); en los dos primeros casos el tribunal puede imponerle la pena inferior en grado (art. 65.3 CP).
¿Se puede ir a la vez a un juicio penal y al Tribunal de Cuentas?
Sí. La Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas establece que la jurisdicción contable es compatible, respecto de los mismos hechos, con la jurisdicción penal y con la potestad disciplinaria (art. 18). Quien por acción u omisión contraria a la ley origina el menoscabo de caudales o efectos públicos queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios (art. 38).
¿Cuándo prescribe la falsedad contable en la Administración?
A los diez años. El artículo 131 CP fija ese plazo cuando la pena máxima es prisión o inhabilitación de más de cinco años sin exceder de diez, y el artículo 433 bis prevé inhabilitación de hasta diez años. La falsedad documental del funcionario del artículo 390, con prisión de hasta seis años, también prescribe a los diez años.
¿Qué pena tiene un funcionario que falsifica un documento oficial?
Si lo hace en el ejercicio de sus funciones, prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años (art. 390.1 CP). La falsedad contable del artículo 433 bis se aplica precisamente fuera de los supuestos del artículo 390.
¿Qué dice el derecho europeo sobre la falsedad contable pública?
La Directiva 2011/85/UE obliga a los Estados a tener contabilidades públicas sometidas a control interno y auditorías independientes, y la Directiva (UE) 2017/1371 obliga a castigar penalmente el uso de documentos falsos que perjudica a los fondos de la Unión y la malversación de esos fondos. Cuando hay fondos europeos en juego, puede investigar la Fiscalía Europea (Reglamento (UE) 2017/1939, art. 22).
