Penitenciario

Derecho Penitenciario

La vida que desarrolla el interno en prisión y la relación de sujeción especial que mantiene con la administración penitenciaria, hace que puedan surgir diversos conflictos o situaciones en las que se sienta perjudicado en sus derechos, y frente a ellas el interno tiene la capacidad de usar los recursos que prevén tanto la normativa penitenciaria como la ley de procedimiento administrativo y aquellas otras normas que le puedan asistir.

Según el problema que plantee el interno y la materia de la que se trate, la jurisdicción a la que acudir, la competencia y el procedimiento en general será diferente, y ese estudio es el que aquí nos ocupa.

CUANDO RECURRIR

Artículo 50 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP):

  • 50.1 Capacidad de los internos para interponer recursos administrativos o quejas ante la propia administración.
  • 50.2 sobre la posibilidad de presentar los recursos previstos en la ley ante la autoridad judicial competente.

Por su parte el artículo 4 j) del Reglamento Penitenciario derecho de los internos a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, judiciales, defensor del pueblo y Ministerio Fiscal, dirigirse a las autoridades competentes.

CÓMO SE PRESENTA EL RECURSO PENITENCIARIO

Los artículos 53 y 54 del RP detallan estos derechos, estableciendo el procedimiento de presentación, copia sellada etc, el primero en cuanto a las peticiones y quejas ante la administración penitenciaria y en segundo en lo referente a las dirigidas al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

QUIÉN PUEDE PRESENTARLO

La legitimación es por tanto de los internos, en alguna ocasión se ha planteado la posibilidad de acudir como representación o asociación ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en defensa de un preso o colectivo.

En Pamplona se intentó por el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria interponer una queja en defensa de un colectivo de internos pero se inadmitió.

Por tanto, tras la lectura de estos artículos, podríamos hacer una primera distinción ante aquellas demandas que nos van a realizar los internos:

RECURSOS  ADMINISTRATIVOS PENITENCIARIOS

Se trata de las quejas o peticiones dirigidas al propio centro penitenciario por aquellos aspectos de organización, régimen interior, peculio, comunicaciones, alegaciones el procedimientos sancionadores…

Este tipo de recursos seguirá una tramitación administrativa ante la Dirección del Centro o la Junta de Tratamiento, o en su caso ante el órgano que corresponda como puede ser la Dirección General de Madrid.

Tendrá sus posteriores recursos administrativos como los que se pueden poner contra cualquier resolución administrativa, es decir siguiendo la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo o incluso recurso Contencioso Administrativo si la resolución pone fin a la vía administrativa.

RECURSO ANTE EL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

Entre las competencias de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, artículo 76 LOGP, las que ahora nos ocupan serían:

.- 76.1 Hacer cumplir la pena impuesta y resolver sobre las modificaciones que pueda experimentar, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.

Este artículo que es más genérico nos va a servir para intentar encauzar aquellas quejas que no vengan especificadas en el artículo siguiente.

Especialmente artículo 76.2:

  •  e) resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.
  •  f) resolver los recursos frente a clasificación inicial y progresiones y regresiones de grado.
  • g) acordar lo que proceda sobre las peticiones y quejas en relación con las cuestiones de régimen y tratamiento cuando afecte a derechos fundamentales o a los derechos o beneficios penitenciarios (permisos como parte del tratamiento, adelantamiento e indulto particular como beneficios, comunicaciones, trabajo entre otros derechos….)

En el Reglamento Penitenciario, dentro de cada una de estas materias vamos a encontrar la concordancia legal de la posibilidad de interponer cada uno de estos recursos, Recurso de Queja, Reposición ante su desestimación y en los casos que proceda Apelación.

Para estudiar los plazos, el procedimiento y el tipo de Recursos tanto administrativos como judiciales a plantear, vamos a seguir un esquema de las materias y recursos más habituales que se plantean detallando en cada uno de ellos sus especialidades.

PERMISOS Y SALIDAS

El interno recibe la comunicación de la denegación de un permiso o la estimación por menos días… El trámite a realizar es interponer Recurso de Queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

 El artículo 76.2.g) de la LOGP habilita al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario.

Los permisos forman parte del tratamiento penitenciario como medio para la reinserción y no pérdida del contacto con el exterior.

El artículo 162 del Reglamento Penitenciario nos dice que cuando la Junta de Tratamiento acuerde denegar el permiso solicitado por el interno, se notificará a este la decisión motivada con indicación expresa de su derecho a acudir en vía de queja al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

No existe una ley de procesal penitenciaria. Por este motivo, los plazos y el propio procedimiento se adoptan, en el caso del Recurso de Queja, del Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

La Queja se tiene que interponer en el plazo de un mes desde la notificación. Este plazo viene de la Ley 30/1992 LRJ-PAC, el mismo plazo que existe para el recurso de alzada, ya que es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el que revisa la resolución administrativa.

 El que no exista una ley procesal penitenciario en algunas ocasiones deja muchos aspectos desprotegidos o con la sensación de inseguridad jurídica pero este elemento puede servir para intentar una mayor flexibilidad a la hora de la aplicación por el Juzgado del procedimiento administrativo o por lo menos la interpretación más favorable, si el Juzgado nos lo permite.

 Interposición del Recurso de Queja penitenciario

Se puede hacer a nombre del propio interno o el abogado como mandatario verbal o con apoderamiento. Por ley de Justicia Gratuita no se considera preceptiva la intervención de letrado en las quejas salvo requerimiento judicial.

Como en Pamplona el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no requiere la designación de abogado para la defensa en estos casos, y no se admite que las interpongamos como mandatarios verbales, la solución adoptada fue que el interno nombrara al abogado del SOJP como apoderado a efectos de notificaciones y prueba para que así el abogado pudiera tener seguimiento del asunto desde el principio.

Si se desestima el Recurso de Queja, el siguiente paso sería

EL RECURSO PENITENCIARIO DE REFORMA.

 La Disposición Adicional 5ª.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el recurso de reforma se podrá interponer contra todos los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

El plazo para interponer la reforma son 3 días ante el propio Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, este plazo es el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 Este recurso puede parecer de escaso interés por ser difícil que el propio Juez cambie de opinión salvo nuevos hechos o argumentaciones que se puedan aportar, pero últimamente la práctica le ha venido a dar una importancia mayor por lo siguiente:
En primer lugar el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (en el caso de Pamplona) considera que en la Reforma ya es preceptiva la intervención de letrado.

Por tanto si no hemos podido estar designados en la Queja, es interesante tener esta posibilidad de actuación en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

La segunda ventaja es que en muchas ocasiones se interpone la queja con muy poca información, que es la que nos ha dado el interno, o la que hemos podido ver de su expediente de régimen.

Pero al expediente de tratamiento no podemos acceder, ni tampoco vemos los informes que emite prisión hasta que no se resuelve la queja. Una forma de solucionar esto es, interponer la queja de forma mínima pidiendo que nos den traslado para ampliar a la vista de los informes que solicitamos como prueba.

Si no hemos hecho esto y vemos en los informes cosas no valoradas en el auto o que nos favorecen y no habíamos hecho hincapié, utilizar con esta finalidad el Recurso de Reforma.

Frente a la desestimación del recurso de reforma, cabe recurso de APELACIÓN  en el plazo de 5 días (este plazo también de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) ante, en este caso de los permisos, la AUDIENCIA PROVINCIAL. Artículo 82.1.3º del la Ley Orgánica del Poder Judicial y disposición adicional 5ª.3 de esta ley.

Se interpone ante el Juzgado de Vigilancia para su tramitación ante la Audiencia Provincial y se tramita por el procedimiento abreviado.

La resolución de este recurso puede ser larga y no suele contradecir salvo contados casos el criterio del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La utilidad o efectividad de este recurso puede depender del nivel del juzgado de cada lugar y de los criterios u orientación de la sección de la audiencia que corresponda.
Ante la inadmisión del recurso de apelación la misma disposición adicional 5ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé un Recurso de Queja ante la Audiencia.

Es preceptiva la intervención de abogado y si no se designa procurador estará habilitado legalmente el abogado para representar al interno.

Requisitos mínimos necesarios para que se admita la Queja frente a la denegación de permisos: hay que alegar y justificar el cumplimiento de la cuarta parte de la condena y no tener sanciones pendientes de cancelación, además de todos los argumentos favorables que justifiquen la necesidad y conveniencia de las salidas.

Permisos por motivos extraordinarios: si es un tema urgente y el Centro Penitenciario desestima o no contesta al interno, conviene interponer la solicitud como una queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para instar su concesión, y en el caso de internos preventivos es al Juzgado que ha decretado la prisión al que hay que solicitar la aprobación.

QUEJAS DE TEMAS VARIOS: COMUNICACIONES, SEGURIDAD, ORGANIZACIÓN DEL CENTRO y SANIDAD

Estos otros temas, tienen una tramitación similar a las quejas por denegación de permisos. Se inician también con una resolución que deniega o limita uno de estos derechos de los internos y se interpone frente a la misma Queja en el plazo de un mes ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y posteriormente todo el procedimiento expuesto para los permisos.

 En todo caso, para que haya un pronunciamiento de la administración primero tendrá que haber una petición del interno, sobre realizar una comunicación, una cita médica, la comida, el peculio, economato, un reconocimiento de mérito o recompensa…. la casuística es muy grande, y ante la desestimación o no reconocimiento o silencio, es ante lo que se interpone la Queja.

 En estos casos si el interno dispone de ella, hay que aportar junto con la queja la instancia de solicitud presentada, en la que el Centro Penitenciario suele poner escrita a mano la contestación, o en su caso si es un acuerdo o resolución que ha recibido el interno por ejemplo de la Junta de Tratamiento, es la propia comunicación notificada la que se adjunta.

 Competencia territorial. Siempre tiene que conocer el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del lugar del Centro Penitenciario que ha dictado la resolución, o en el que se ha producido el problema.
Las redenciones del antiguo código penal. En el antiguo código penal existía un sistema de redenciones de condena por trabajo con un sistema de altas y bajas en la redención en el caso de tener mala conducta, sanciones etc.

No vamos a explicar ahora este sistema pero si a alguien le toca un interno que le plantee un problema de redenciones no aplicadas o no contabilizadas hay que saber que cada redención habrá de conocerla el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del lugar del Centro Penitenciario en que se produjo el alta o baja en redención.

Sin embargo existe algún auto en el que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del centro de cumplimiento actual se hace cargo del estudio de todas las redenciones por ser muy costoso el dirigirse a todos, y haber pasado mucho tiempo suponiendo un esfuerzo para el interno,  así que se podría intentar en lugar de dirigirse al correspondiente.

MANTENIMIENTO O REGRESIÓN DE GRADO

El artículo 105.2 del RP

Cuando la Junta de Tratamiento no considere oportuno proponer al Centro Directivo cambio en el grado asignado, se notificará la decisión motivada al interno, que podrá solicitar la remisión del correspondiente informe al Centro Directivo para que resuelva lo procedente sobre el mantenimiento o el cambio de grado. La resolución del Centro Directivo se notificará al interno con indicación del derecho de acudir en vía de recurso ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria”

La clasificación inicial en algunos casos va a tener especialidades en cuanto a la tramitación de los recursos frente a la misma.

A.- PROCEDIMIENTO GENERAL:

1.- Tramite administrativo previo

Cuando un interno nos traslada una resolución en la que se le mantiene en segundo grado, se le regresa, o en definitiva no se le clasifica como él desea y quiere recurrirlo, hay que tener en cuenta que tipo de documento se le ha notificado.

Si se le ha notificado el acuerdo de la Junta de Tratamiento: se trata de una proposición que ha de confirmar el Centro Directivo. Por tanto en primer lugar se ha de hacer un recurso o petición de pronunciamiento, a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en Madrid.

Este escrito se hace a nombre del interno y se registra o bien en el Centro Penitenciario, o en la Delegación del Gobierno o en registro válido para su envío a laDirección General de Instituciones Penitenciarias .

El Órgano competente es la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, por delegación efectuada en la Orden Interior 1127/2010.
Se puede hacer muy breve exponiendo simplemente la petición de clasificación en un determinado grado porque ya la propia administración es quien va a estudiar el expediente del interno y sus contestaciones suelen ser totalmente genéricas y formulistas.

Es un mero trámite para poder acudir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria con la resolución definitiva.
Si se le notifica la Resolución del Centro Directivo. Ahora se está siguiendo la práctica de que es la propia Junta de Tratamiento quien manda a Madrid sus acuerdos y al interno ya le notifican la resolución de la DGIIPP directamente.

Habremos por tanto de estar atentos a si lo que nos presenta es el acuerdo de la Junta o la resolución para saber si tenemos que hacer el paso previo a Madrid o si ya podemos acudir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

En teoría en la propia resolución ha de poner que recursos se pueden interponer frente a la misma pero hay que fijarse porque no siempre lo hacen correctamente.

2.- Recursos en vía judicial.

El plazo para interponer la Queja en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es de un mes desde la notificación. Si se produce una desestimación se podría interponer Reforma en tres días desde la notificación del auto y Apelación en cinco, tanto si no se presenta reforma, como contra el auto que resuelva la misma.

La tramitación sería la misma que para las quejas generales salvo que el recurso de Apelación lo resuelve el Tribunal Sentenciador.

Disposición adicional 5ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, apartado 5.

Esto planteo en su día muchos problemas competenciales, pero al final quedaron resueltos a favor de que estos recursos de apelación los resuelve el Sentenciador en lugar de la Audiencia Provincial.

Será el sentenciador que haya impuesto la pena más grave, y si coinciden el que la hubiera impuesto en último lugar. En caso de que no sepamos cual es, como el recurso se interpone en el Juzgado de Vigilancia, será el propio Juzgado quien deba dirigirlo al Tribunal que corresponda.

CLASIFICACIÓN INICIAL, artículo 103 del Reglamento Penitenciario

En las clasificaciones de penados con condenas de hasta un año con acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento se notifica al interno y tiene carácter de resolución de clasificación inicial a todos los efectos pudiéndose recurrir directamente ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

No necesita ratificarse por el Centro Directivo. Si no es unánime o si es de condenados a más de un año deberá remitirse al Centro Directivo y será la resolución que emita el mismo, la que podrá recurrirse al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Sobre estos procedimientos de clasificación inicial, y sobre las modalidades de acuerdo y desde cuando surten efecto las clasificaciones en tercer grado, es muy interesante la Instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 9/2007, que además puede dar muchas pistas en cuanto a los argumentos de fondo para instar la clasificación.
El procedimiento a continuación sería el mismo de Queja, Reforma y Apelación que hemos visto anteriormente.

 En el caso de clasificaciones se considera que la intervención letrada es preceptiva desde el principio, por lo que no surgen los problemas expuestos en los recursos frente a permisos u otras quejas.

 En las resoluciones de clasificación suele acordarse también el centro de cumplimiento. El centro de cumplimiento siempre lo va a acordar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a propuesta de la Junta de Tratamiento.

Incluso en las clasificaciones iniciales mencionadas, en caso de que se proponga un cambio de destino, no se incluiría en el acuerdo de la Junta que tiene ya carácter de resolución, sino que en todo caso lo decide el Centro Directivo e implicará una resolución por su parte.

DELEGACIONES DE LA ORDEN INTERIOR 1127/2010 DE 19 DE ABRIL

El 4 de mayo de 2010, con efecto retroactivo, entró en vigor esta Orden que aprueba una serie de delegaciones de competencias, que nos afectan en lo siguiente:

El texto íntegro de la Orden Interior 1127/2010, se acompaña como documentación anexa.

 En los casos 2º y 3º en los que lo que se ha delegado al Director del Centro es la resolución de la impugnación, hay que tener especial cuidado con el transcurso de los plazos de contestación (3 meses si consideramos que estamos ante un recurso de alzada) para invocar en su caso el silencio administrativo.

TRASLADOS Y DESTINOS

El artículo 31 del RP y el 79 de la LOGP establecen que el Centro Directivo es el que tiene competencia exclusiva para decidir la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en materia de clasificación por vía de recurso.

 Por tanto vemos que el propio artículo limita las atribuciones vía recurso del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a la clasificación, dejando fuera el destino o traslado.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no lo tiene atribuido entre sus competencias, y a pesar de múltiples intentos, el Juez de Pamplona incluso acudió a la Sala de Resolución de Conflictos del Tribunal Supremo, el tema ya parece que ha quedado zanjado y en los únicos casos en que se van a poder plantear quejas en esta cuestión en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria va a ser en aquellas en las que los encaucemos como una violación de derechos fundamentales o desviación de poder o intentando demostrar una sanción encubierta.

Estas posibilidades son difíciles ya que el cumplir en el lugar de residencia de la familia, o cercano al domicilio no se considera un derecho fundamental, las sanciones encubiertas son difíciles de demostrar.

Los únicos casos en que se ha podido conseguir que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se pronuncie anulando el traslado ha sido en casos en que la resolución adolecía de una falta total de motivación, y eso teniendo en cuenta que incluso bastaría con una argumentación in alliunde.

 Es decir, este tipo de recursos contra los acuerdos de traslado o de destino, solo se van a poder recurrir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria si los argumentamos como una violación derechos fundamentales, falta absoluta de motivación de la resolución, desviación de poder o sanción encubierta.

En ocasiones se ha admitido la paralización con informe del médico de prisión por posible empeoramiento de enfermedad, visitas médicas pendientes etc.

Si no utilizamos esta vía, la que nos queda, es decir la que establece la ley, es el recurso al Centro Directivo y en su caso continuar con el procedimiento Contencioso Administrativo.

Si el interno tiene ya la resolución del Centro Directivo se debe interponer en el plazo de dos meses, Recurso Contencioso Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Se debería pedir como medida cautelarísima la suspensión de la ejecución, pero todo esto es un trámite muy largo y desde luego nada efectivo para un traslado que es algo inmediato.

No hemos visto conceder suspensiones y las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se dictan después de más de una año y tampoco son favorables salvo contados casos.

Por tanto, esta es la vía que hay establecida, pero no es nada eficaz, se pueden intentar cosas como enviar a la DGIIPP recurso de reposición por fax, o algunas más efectivas como paralizar el traslado por orden del médico en caso de enfermedad.

INFRACCIONES Y SANCIONES A PRESOS

El artículo 76.2.e) de la LOGP ya hemos visto que señalaba como competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria resolver vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.

Hay que tener en cuenta también muy importante el artículo 44 de la LOGP que nos dice en el número 2 que ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuya y sin que se le haya permitido presentar su defensa, verbal o escrita.

 En el número 3, la interposición de recurso contra resoluciones sancionadoras suspenderá la efectividad de la sanción, salvo cuando por tratarse de un acto de indisciplina grave la corrección no pueda demorarse.

Los recursos contra resoluciones que impongan la sanción de aislamiento en celda serán de tramitación urgente y preferente.

 En el procedimiento sancionador y respecto a lo que nos ocupa, que son los posibles recursos a interponer, tenemos que distinguir las dos fases de las que venimos hablando desde el principio.

En primer lugar estaría el expediente administrativo hasta el acuerdo sancionador. Y posteriormente la vía de recurso judicial en este caso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por las competencias que tiene atribuidas de control.

1. Expediente Administrativo Sancionador.

El Director del Centro Penitenciario adopta un acuerdo iniciando el expediente sancionador ante una denuncia, parte funcionarial, hechos o indicios susceptibles de ser infracción, nombrando como instructor a un funcionario.

 El instructor formula el pliego de cargos y en él se va a indicar que el interno tiene un plazo de tres días hábiles para presentar pliego de descargos por escrito o comparecer y alegar verbalmente, sin perjuicio de que pueda presentar alegaciones y aportar documentos y otros elementos de juicio en cualquier momento de procedimiento anterior al trámite de audiencia y proponer las pruebas que estime para su defensa.

 En esta fase puede ser asesorado por abogado pero no permiten que se le represente ni se le asista en la comparecencia, fue un tema que se planteó y ya quedó resulto por el TC.

Una vez instruido el procedimiento, practicadas las pruebas y antes de dictar la propuesta de resolución se da al interesado un plazo de 10 días como tramite de audiencia por si quiere presentar alegaciones, documentos u otras justificaciones.
Tras eso el instructor formula una propuesta que también se debe notificar al interno que tiene de nuevo derecho a alegar verbalmente ante la Comisión.
La Comisión Disciplinaria adopta el acuerdo sancionador que se notifica al interno.

Cuando se trata de las faltas leves, este procedimiento se acorta en plazos y se reducen trámites. El interno solo va a disponer desde el parte que sirve como pliego de cargos de un único plazo de 10 días para alegar, proponer prueba y aportar lo que estime conveniente, tras lo cual se toma el acuerdo sancionador.

 En el acuerdo sancionador, según el artículo 248 del Reglamento Penitenciario, se indicará que contra el mismo puede interponer recurso el interno ante el Juez de Vigilancia, señalando que lo puede hacer verbalmente en el mismo acto de la notificación o por escrito en el plazo de 5 días hábiles.

Se puede interponer en el propio Juzgado o en el Centro Penitenciario que lo tendrán que enviar inmediatamente al Juzgado junto con el expediente.

2. Recurso vía judicial

Plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la notificación para interponer Queja ante el Juzgado de Vigilancia y ante la posible desestimación recurso de reforma en tres días. No cabe recurso de apelación.

Esta interpretación de que no cabe recurso de apelación viene de la Disposición Adicional 5ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta disposición establece apelación para temas de clasificación, asuntos de tratamiento y habla de “otros temas”… pero excluye los dictados en resolución de apelaciones de resoluciones administrativas, y esto se entiende referido a las sanciones.

En los encuentros penitenciarios estatales del año pasado se planteó que algunas Audiencias Provinciales habían admitido recursos de apelación frente a autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria referidos a sanciones y se instó a los abogados en las conclusiones para interponer este tipo de recursos y explorar esta nueva posibilidad.

 Importante en estos recursos, revisar el expediente administrativo por si hubiera algo que provocara indefensión y pedir las pruebas que no hayan sido practicadas por el Centro Penitenciario.

Medidas cautelares

Cuando en el pliego de cargos se han adoptado medidas cautelares deberán notificarse al interno y comunicarse al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

El artículo 243 del RP establece que tales medidas han de ser necesarias, proporcionales y mediante acuerdo motivado.

El Centro Penitenciario las debe comunicar al Juzgado, y el interno podrá dirigirse al Juez como protector de sus derechos si estimase que no se han acordado correctamente, aunque a veces la inmediatez de la medida hace que esto no sea posible antes de su cumplimiento.

Si el interno cumple estas medidas, en caso de ser después sancionado definitivamente, hay que revisar que se le aplique lo cumplido si son de la misma naturaleza, como el aislamiento en celda.
Recurrir el acuerdo de ejecución inmediata.

Y por último en cuanto a las sanciones, la posibilidad de recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que nos plantea el artículo 252.3.

Hemos hablado que ante el recurso la sanción se suspende, o en todo caso no se ejecuta hasta pasado el plazo de recurrir, salvo en el supuesto que se acuerde su ejecución inmediata si se trata de una indisciplina grave y la Comisión Disciplinaria estima que no puede demorarse.

Ese acuerdo es recurrible en queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria con independencia de la tramitación del recurso interpuesto.

LIBERTAD CONDICIONAL

Si bien el expediente de libertad condicional lo tiene que iniciar el Centro y será la Junta de Tratamiento la que eleve la propuesta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, si que se van a dar varias situaciones en las que plantear recurso al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

 Si se ha cumplido el tiempo y no se ha iniciado el expediente, si el interno ha hecho una solicitud al Centro porque considera que deben iniciarlo o pidiendo el adelantamiento y se lo han desestimado, o si no es clasificado en tercer grado y pide la clasificación en tercer grado con efectos de condicional, en los casos de septuagenarios o enfermos graves

En estos casos habrá que seguir el procedimiento del recurso de queja, reforma y apelación en su caso con los mismos plazos que hemos visto.
Importante en este tema es el efecto suspensivo de la apelación en el caso que contempla la Disposición Adicional 5ª.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Excepciona la regla general del efecto no suspensivo del recurso de apelación, diciendo que en el caso en que la resolución recurrida en apelación suponga la excarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del interno hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional en su caso se pronuncie sobre la suspensión.

BENEFICIOS PENITENCIARIOS. INDULTO PARTICULAR Y ADELANTAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Al igual que en la libertad condicional, el Reglamento Penitenciario señala que es la Junta de Tratamiento la que debe proponer su aprobación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Pero dado que una de las funciones de este es resolver las peticiones y quejas de los internos sobre los beneficios penitenciarios, el interno tendría capacidad de solicitarlo al Juzgado o recurrir sobre su no concesión una vez solicitados a la Junta de Tratamiento y sobre esta legitimación hay una muy interesante sentencia del TS 163/2002. Sobre el indulto particular Instrucción 17/2007 de la DGIP.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS.

Dos especialidades en esta materia, por una parte la posibilidad de acudir en Recurso de Amparo ante el TC, con la ventaja que esta protección entraña y con el riesgo también de la jurisprudencia que ocasiona.

 Y por otra parte apuntar que en casos de violación de derechos fundamentales se podría seguir alternativamente a la vía del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona de los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El plazo para interponer la demanda son diez días ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. El resto de plazos son muy breves, la ley busca conseguir celeridad y habría que valorar que este recurso encajase con las necesidades del interno.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PRESO

La relación laboral penitenciaria es de carácter especial y no se le aplica el Estatuto de los Trabajadores salvo cuando así lo dice expresamente el Reglamento Penitenciario.

 Como entre las causas de extinción de la relación laboral el Reglamento Penitenciario no contempla el despido y tampoco se remite en esta materia al Estatuto del Trabajador nos encontramos con que no se admiten en los Juzgados de lo Social demandas por despido de internos.

 Si que se podrían admitir otra serie de reclamaciones como ante infracciones o sanciones al interno trabajador, remuneración, temas de seguridad social, derechos que reconoce el Reglamento Penitenciario.

En estos casos el Reglamento Penitenciario establece que dichos conflictos de la relación laboral se seguirán por la Ley de Procedimiento Laboral.

 Se debería interponer Reclamación Previa Administrativa al Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias o el autonómico que corresponda y después acudir a la vía judicial laboral. Art. 143.5 del R.P.

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