SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CONFLICTOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CONFLICTOS EN MATERIA PENITENCIARIA

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicci贸n constituido por su Presidente y los Excmos. Sres. Vocales anteriormente citados, dotados de la potestad jurisdiccional reconocida en la Constituci贸n, dicta la siguiente:

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a trece de Octubre de dos mil cuatro.

Visto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicci贸n, compuesto por los Se帽ores indicados al margen el conflicto de jurisdicci贸n suscitado entre la Delegaci贸n del Gobierno en la Ciudad Aut贸noma de Ceuta y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n潞 1 de Ceuta que, en expediente 247/04, requiere a la Administraci贸n Penitenciaria para que de inmediato disponga lo necesario para el traslado del penado Jose Ram贸n del Centro Penitenciario de Albolote (Granada) al Centro Penitenciario de Ceuta, versando sobre competencia para acordar destinos y traslados de los internos, siendo Ponente el Excmo. Sr. FERNANDO MART脥N GONZ脕LEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO

PRIMERO.- La Direcci贸n General de Instituciones Penitenciarias por resoluci贸n de 3 de Marzo de 2004 acord贸 la continuidad en segundo grado del interno Jose Ram贸n , sobre la base de la propuesta razonada de la Junta de Tratamiento, en sesi贸n de 15 de Enero de 2004 del Establecimiento Penitenciario de Ceuta, donde cumpl铆a condena, acordando tambi茅n su traslado al Centro Penitenciario de Albolote, explicando que de la conducta global del interno no se desprende una evoluci贸n suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un r茅gimen de vida de semilibertad, as铆 como por considerar adecuado el cambio de Centro Penitenciario de destino atendiendo a las razones alegadas por la Junta de Tratamiento, todo ello con cita del art. 31,1 del Reglamento Penitenciario y constando el Informe Social sobre situaci贸n familiar, vinculaci贸n familiar, datos ambientales, situaci贸n econ贸mica y Areas Formativa y Laboral y de Salud, con la Propuesta de que se entiende que el cumplimiento de la condena debiera producirse en segundo grado, y de que, en cuanto al centro de cumplimiento, el de Ceuta no har铆a m谩s que reforzar todos los factores de inadaptaci贸n, y considerando prioritario otro Centro Penitenciario ubicado cerca de Ceuta.

SEGUNDO.- Por Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ceuta de 27 de Abril de 2004 , en resoluci贸n de una queja o recurso interpuesto por el mencionado interno, se acord贸 estimar dicho recurso y revocar el Acuerdo de la Direcci贸n General de Instituciones Penitenciarias de 3 de Marzo de 2004 en el solo sentido de mantener el 2潞 grado de clasificaci贸n de aqu茅l, pero designando como Centro Penitenciario el de Ceuta.

TERCERO.- El Fiscal emiti贸 su informe y dicho Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por Auto de 24 de Junio de 2004 acord贸 requerir a la Administraci贸n Penitenciaria para el traslado del penado del Centro de Albolote (Granada) al Centro Penitenciario de Ceuta.

CUARTO.- El Delegado del Gobierno en Ceuta, con fecha de 30 de Julio de 2004, plante贸 conflicto de Jurisdicci贸n en relaci贸n con el contenido de dichos Autos del Juzgado, con cita del art. 79 de la Ley Centro de Documentaci贸n Judicial 1 Org谩nica 1/79, de 26 de Diciembre , de los arts. 31 y 273, e) del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/96, de 9 de Febrero y de los arts. 76 y 77 de la citada Ley Org谩nica General Penitenciaria , y requiri贸 de inhibici贸n al mencionado Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, o que remitiera las actuaciones al Tribunal de Conflictos.

QUINTO.- El Fiscal interes贸 la confirmaci贸n de dichos Autos del Juzgado por entender que no hab铆a lugar a declinar la competencia del Juzgado de Vigilancia de Ceuta a favor de la Administraci贸n General del Estado.

SEXTO.- Por Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de 25 de Agosto de 2004 , acord贸 este Juzgado mantener su jurisdicci贸n sobre el cambio de destino del penado, rechazar el requerimiento de inhibici贸n, y remitir a este Tribunal de Conflictos de Jurisdicci贸n las actuaciones pertinentes.

SEPTIMO.- Recibidas las actuaciones judiciales y administrativas, este Tribunal de Conflictos de Jurisdicci贸n acord贸 o铆r al Fiscal y al Abogado del Estado, quienes alegaron que proced铆a declarar que la competencia para el traslado del recluso corresponde al Centro Penitenciario de Ceuta, y que procede declarar la competencia de la Administraci贸n Penitenciaria para decidir en exclusiva sobre dicho traslado.

OCTAVO.- Por providencia de este Tribunal se se帽al贸 para la decisi贸n del conflicto el d铆a 13 de Octubre de 2004, a las 10 horas, convoc谩ndose a los componentes del Tribunal, lo que en efecto tuvo lugar, habi茅ndose observado las prescripciones legales. Siendo Ponente el Excmo. Sr. FERNANDO MART脥N GONZ脕LEZ, quien expresa el parecer del Tribunal de Conflictos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO

.- En definitiva lo que se cuestiona en el conflicto de Jurisdicci贸n planteado entre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ceuta y la Delegaci贸n del Gobierno en Ceuta es, muy en concreto, si corresponde a aqu茅l o a 茅sta la decisi贸n judicial por la que se design贸 como Centro de Cumplimiento de la condena impuesta a un penado el de Ceuta, como 茅ste pretend铆a, o el de Albolote (Granada), que era el se帽alado por la Direcci贸n General de Instituciones Penitenciarias en su resoluci贸n de 3 de Marzo de 2004, puesto que no se discute la continuidad en el segundo grado, tambi茅n decretada en esta resoluci贸n y que se manten铆a en el Auto del Juzgado de 27 de Abril de 2004 al resolverse un recurso interpuesto por el propio penado, y tambi茅n en el del mismo Juzgado de 25 de Agosto de 2004 , basando este de Vigilancia Penitenciaria el mantenimiento de su jurisdicci贸n (en concreto sobre tal extremo, 煤nico discutido a los efectos de a quien corresponde su decisi贸n) y el rechazo del requerimiento de inhibici贸n formulado por la Delegaci贸n del Gobierno en Ceuta en que lo que considera “cambio de destino” es “un supuesto claro de lesi贸n de derechos del interno correspondientes al r茅gimen penitenciario”, as铆 como que el cambio de destino origina un da帽o grave e irreparable al penado y a sus familiares, cual es el desarraigo provocado por el Acuerdo de la Administraci贸n, de 铆ndole econ贸mico (gastos de traslado y de transporte) y de 铆ndole moral (incomodidades y riesgos para lograr una visita o una convivencia) insistiendo el Juzgado en a que se trata de una Sanci贸n encubierta, con abuso de poder o arbitrariedad, y que falta motivaci贸n, todo lo cual lo apoya dicho Juzgado en los arts. 26, 94 y 95 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial , 76 de la Ley Org谩nica 2/79, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria , en el art. 31 del Real Decreto 190/96, de su Reglamento , y en otros preceptos que menciona para sostener su competencia al respecto, entendiendo tambi茅n que “no puede admitirse el cambio de destino acordado cuando el penado hab铆a sido ya destinado el Centro Penitenciario de Ceuta”.

SEGUNDO.- Por su parte la Administraci贸n Penitenciaria ha apoyado su requerimiento de inhibici贸n a dicho Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en los arts. 79 de la Ley Org谩nica 1/79, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria, 31 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/96, de 9 de Febrero , sobre que le corresponde la competencia exclusiva para decidir la clasificaci贸n y destino de los reclusos y sobre que “ordenar谩 los traslados”, sobre la competencia de la Junta de Tratamiento para proponer, entre otros, los traslados cuando existan razones de tratamiento, con cita de sentencias del Tribunal de Conflictos.

TERCERO.- Queda as铆, pues, reducido el 谩mbito del conflicto jurisdiccional al destino del penado, que se hallaba en el Centro Penitenciario de Ceuta, al Centro Penitenciario de Albolote (Granada) puesto que en el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de 27 de Abril de 2004 se mantiene el segundo grado de clasificaci贸n del penado y s贸lo se estima el recurso interpuesto en cuanto a la designaci贸n como centro de Cumplimiento el Centro Penitenciario de Ceuta frente al se帽alado, en Albolote, por la Administraci贸n Penitenciaria. Centro de Documentaci贸n Judicial.

CUARTO.- En varias sentencias de este mismo Tribunal de Conflictos de Jurisdicci贸n, como en las de 8 de Julio de 1991 (2/91) 7 de Julio de 1995 (4/95) y 25 de Junio de 1998 (18/98 ), se ha venido a declarar la competencia de la Administraci贸n en conflictos planteados entre 茅sta y un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en materia de traslados de internos a otros Centros Penitenciarios o sobre otros extremos como el referido a la aplicaci贸n del grado correspondiente aunque, incluso, alguna de ellas se ha referido al “destino de los reclusos”, y todas a que el proceso conflictual es marcadamente formal ce帽ido a definir a quien corresponde la competencia, mas, muy en concreto, la sentencia del mismo Tribunal de Conflictos de Jurisdicci贸n de 15 de Octubre de 2002 (3/2002 ) aborda y resuelve, desde dicha perspectiva, tambi茅n en favor de la competencia de la Direcci贸n General de Instituciones Penitenciarias, la cuesti贸n relacionada con el traslado de un interno a un determinado Centro Penitenciario que cumpl铆a condena en otro Centro, por lo que no cabe aqu铆 sino seguir los razonamientos y pronunciamientos de dicha sentencia.

QUINTO.- Conforme al art. 79 de la Ley Org谩nica 1/79, de 26 de Diciembre , General Penitenciaria, corresponde a la Direcci贸n General de Instituciones Penitenciarias la direcci贸n, organizaci贸n e inspecci贸n de las Instituciones que la propia Ley regula, con la salvedad de las Comunidades Aut贸nomas que hayan asumido en sus respectivos Estatutos la ejecuci贸n de la legislaci贸n penitenciaria y consiguiente gesti贸n de la actividad penitenciaria, y el art. 31 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/96, de 9 de Febrero con invocaci贸n del citado art铆culo de aquella Ley Org谩nica dispone que aquella Direcci贸n General tiene competencia exclusiva para decidir, con car谩cter ordinario o extraordinario, la clasificaci贸n y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en materia de clasificaci贸n por v铆a de recurso.

SEXTO.- En el caso contemplado se orden贸 el traslado del interno de referencia de un Centro Penitenciario a otro en la resoluci贸n de referencia, que se adopt贸 conforme a la Propuesta de la Junta de Tratamiento, con cita del art. 31 del Reglamento Penitenciario , aunque el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ceuta, estimando un recurso del penado, dej贸 sin efecto la designaci贸n del referido cambio de destino y design贸 como Centro de cumplimiento el Centro Penitenciario de Ceuta por entender que el traslado carece de motivaci贸n de tratamiento y puede estar encubriendo un traslado sanci贸n, mientras que la Administraci贸n sostiene su competencia exclusiva, en materia de destinos y traslados, todo ello en los t茅rminos ya rese帽ados, y niega la del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

SEPTIMO.- Para la adecuada soluci贸n de tal 煤nica cuesti贸n –la del traslado– ha de tomarse en cuenta que el art. 76 de la Ley Org谩nica General Penitenciaria dispone, ciertamente, que el Juez de Vigilancia Penitenciaria tiene atribuciones para salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del r茅gimen penitenciario puedan producirse, a cuyo efecto le corresponde, entre otras funciones, la de resolver los recursos referentes a clasificaci贸n inicial y a progresiones y regresiones de grado, as铆 como acordar lo que proceda sobre las peticiones y quejas de los internos en cuanto afecten a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de aqu茅llos, de modo que aqu铆 –se insiste– la resoluci贸n administrativa contiene dos decisiones, una sobre el grado, que es materia de clasificaci贸n, y otra sobre traslado de centro, y mientras que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es competente para resolver sobre el grado, como en efecto realiza, tras asumir dicha competencia, s贸lo ser谩 competente para conocer de la queja o recurso del interno, en cuanto al traslado, si afecta a los derechos fundamentales de 茅ste o a sus derechos y beneficios penitenciarios o si el traslado supone abuso o desviaci贸n en la aplicaci贸n en la aplicaci贸n de los preceptos reglamentarios.

OCTAVO.- Ha de advertirse, en todo caso, que el car谩cter instrumental de la jurisdicci贸n de este Tribunal de Conflictos de Jurisdicci贸n y la configuraci贸n legal le impide cualquier pronunciamiento sobre el fondo de la cuesti贸n acerca de cuyo conocimiento est谩 formalizada la controversia que le ha sido sometida y que es la que ha de resolver, lo que implica que a este Tribunal no le corresponde enjuiciar si la decisi贸n de traslado est谩 ajustada a Derecho, en el fondo y en la forma, o si, por el contrario, es una decisi贸n arbitraria o abusiva, o incluso si supone una sanci贸n encubierta, como apunta el Juzgado, de modo que solo corresponde a este Tribunal discernir si la decisi贸n de traslado –competencia exclusiva de la Administraci贸n– est谩 o no sujeta al control del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y los t茅rminos en que puede estarlo, pero este control para comprobar la presencia de la motivaci贸n, en su caso, es indiscutible pero limitado y aqu铆 el Juzgado no parece pretender que sea competente para decidir si el interno ha de ser trasladado o puede no serlo, aunque s铆 se considera competente para controlar s铆 la decisi贸n de la Administraci贸n, en ejercicio de una competencia exclusiva, ha sido adoptado con legitimidad y ha expresado en t茅rminos suficientes la necesaria motivaci贸n, insistiendo en que la utilizaci贸n del mecanismo de traslado puede constituir una sanci贸n encubierta con abuso de poder o arbitrariedad.

NOVENO.- Todas las anteriores consideraciones recogidas en la sentencia de este Tribunal de 15 de Centro de Documentaci贸n Judicial 3 Octubre de 2002, son aplicables al caso en cuesti贸n, porque adem谩s, el propio art铆culo 76 de la LOGP , tras la determinaci贸n gen茅rica –y antes rese帽ada– de las atribuciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria dice en su apartado 2 que le corresponde especialmente –en lo que al caso del expediente concierne–

(“f) Resolver en base a los estudios de los Equipos de Observaci贸n y de Tratamiento y, en su caso, de la Central de Observaci贸n los recursos referentes a clasificaci贸n inicial y a progresiones y regresiones de grado” y “j) conocer del paso a los establecimientos de r茅gimen cerrado de los reclusos a propuesta del Director del Establecimiento”) la forma en que tales funciones se enuncian revela la diferencia material de los supuestos configurados pues el del p谩rrafo j) se refiere a los destinos a establecimientos de r茅gimen cerrado a propuesta del Director del Centro, mientras que el p谩rrafo f) formula con precisi贸n el de resoluci贸n de los recursos referentes a la clasificaci贸n inicial y a progresiones y regresiones de grado, lo que evidencia que el ingreso o el traslado de un penado a un establecimiento cerrado, no a propuesta de Director del Centro sino de la Junta de Tratamiento por la clasificaci贸n asignada o por el acuerdo de regresi贸n de grado adoptado, est谩 sujeto a control del Juez de Vigilancia Penitenciaria en virtud del p谩rrafo f) y no del j) del art铆culo 76.2 de la LOGP , y as铆 lo ha entendido el RP en su art铆culo 95 al disponer en su apartado 1 que “el traslado de un penado desde un establecimiento de r茅gimen ordinario o abierto a un establecimiento de r茅gimen cerrado … competer谩 al Centro Directivo mediante resoluci贸n motivada, previa propuesta razonada de la Junta de Tratamiento contenida en el ejemplar de clasificaci贸n o, en su caso, en el de regresi贸n de grado …”, debiendo dar cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria; y el apartado 2 del propio art铆culo 95 a帽ade que “se notificar谩 al penado dicha resoluci贸n … con expresi贸n del recurso que puede interponer ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 76.2.f)” de la LOGP .

DECIMO.- De lo expuesto se infiere que el traslado de un penado a un establecimiento a propuesta de la Junta de Tratamiento compete a la Direcci贸n General de Instituciones Penitenciarias en exclusiva, siendo atribuci贸n del Juez de Vigilancia Penitenciaria preservada por el art铆culo 31 del RP la de controlar la correcci贸n del acuerdo de regresi贸n de grado (materia de clasificaci贸n, seg煤n el art铆culo 31) en v铆a del recurso a que se refiere el art铆culo 76.2.f) de la LOGP y se alcanza con ello la conclusi贸n inicialmente apuntada: el traslado es competencia exclusiva de la Administraci贸n, sin perjuicio de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pueda conocer y resolver sobre la decisi贸n administrativa en materia de clasificaci贸n (sobre la regresi贸n de grado en el caso), con los naturales efectos que, sobre la decisi贸n de traslado o destino a un establecimiento pudiera tener la eventual revisi贸n jurisdiccional del acuerdo de clasificaci贸n por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

UNDECIMO.- En el caso considerado, confirmada por el Juez la clasificaci贸n de grado, lo est谩 la procedencia de que el penado pase a otro establecimiento, sin que competa al Juez determinar cu谩l es el establecimiento a que debe ser destinado pues 茅sta es la competencia exclusiva de la Administraci贸n porque, como se dijo en la Sentencia de este Tribunal de 5 de diciembre de 1986 (conflicto 16/86), los 贸rganos administrativos “son los que tiene cabal conocimiento … de la verdadera situaci贸n de los centros y de la posibilidad de internamiento que 茅stos ofrecen con arreglo a los medios materiales y personales disponibles, advirtiendo finalmente que el fomento de la vinculaci贸n familiar, programado dentro del tratamiento, no puede alterar la distribuci贸n de competencias establecidas” (en el caso de que se trata, por lo dem谩s, el factor positivo de adaptaci贸n consistente en hallarse en Ceuta el entorno familiar del interno se invoca junto al factor negativo de que en dicho Centro no har铆a m谩s que reforzar todos los factores de inadaptaci贸n).

DUODECIMO.- El eslab贸n final de la argumentaci贸n seguida es consecuencia de la falta de constancia –y hasta de indicio– de que el traslado del interno a un determinado Centro, haya sido una decisi贸n arbitraria, abusiva o desviada (el Juez llega a mencionar la “desviaci贸n de poder”), cuando figuran consignados los factores que la determinan y de todo ello se sigue que no aparece en las actuaciones remitidas soporte legislador de una competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria para dejar sin efecto la resoluci贸n de traslado adoptada por la Direcci贸n General de Instituciones Penitenciarias, al no haber indicio alguno de arbitrariedad ni sospecha de traslado sanci贸n. En consecuencia:

FALLAMOS

Que compete a la Direcci贸n General de Instituciones Penitenciarias decidir sobre el traslado del interno聽XXXXXXXXXXX a otro centro penitenciario al haber sido acordada –y confirmada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria– la continuidad en el grado correspondiente.

Publ铆quese en el Bolet铆n Oficial del Estado Centro de Documentaci贸n Judicial.

As铆 por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

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Written by Jos茅 Mart铆n Garc铆a

Jos茅 Mart铆n Garc铆a es abogado penalista. Ha colaborado e intervenido entre otras con: Televi贸n espa帽ola, La Sexta, Telemadrid. Ha participado en numerosos cursos y ponencias.

Website: https://abogadomartin.es/

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