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– I.- FISCALES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.-

1陋.- Designaci贸n de Fiscal de Vigilancia Penitenciaria.- Desaparecidas las circunstancias expresadas en las reglas 1 a 4 de la Consulta 2/1981, de 22 de octubre, sobre ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal en los Juzgados de vigilancia penitenciaria, el sistema de designaci贸n de los Fiscales se encuentra articulado en el criterio de designaci贸n por el Fiscal Jefe de la Fiscal铆a correspondiente al territorio donde tiene su sede el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en los t茅rminos establecidos en el art. 22.5.a) EOMF, con las matizaciones que para los casos de Juzgados de Vigilancia penitenciaria de 谩mbito pluriprovincial conlleva el inciso final del art. 21.3-I EOMF.

Los Fiscales Jefes deben comunicar la identidad y relevos de las personas designadas como Fiscales coordinadores de Vigilancia penitenciaria al Excmo Sr. Fiscal de Sala coordinador de Vigilancia Penitenciaria, para la necesaria toma de conocimiento de su identidad a los efectos pertinentes.

2陋.- Posibilidad de realizaci贸n de visitas conjuntas con el Juez de Vigilancia a todos los Centros dependientes de la jurisdicci贸n del Juzgado.- Sin perjuicio de la facultad de los Fiscales de Vigilancia Penitenciaria de desarrollar el programa de visitas aut贸nomo de la Fiscal铆a, conforme al art. 526 LECrim, Disposici贸n Transitoria 1陋 LOGP y regla 8陋 de la Consulta 2/1981, podr谩n realizar visitas a los establecimientos penitenciarios ubicados en el 谩mbito competencial del Juzgado de Vigilancia correspondiente en compa帽铆a del Juez de Vigilancia penitenciaria y del Secretario del Juzgado.

3陋.- Necesidad de documentar las actuaciones realizadas concernientes a las visitas.- Las actuaciones concernientes al desarrollo de una visita deber谩n ser documentadas en unas Diligencias de Investigaci贸n pre-procesales conforme al art. 5 EOMF, lo que abarcar谩:

  • En primer lugar, incorporar a dichas Diligencias copia de la comunicaci贸n a la Direcci贸n del Centro Penitenciario a visitar de la fecha y hora prevista de la visita, con expresa advertencia de que se ponga a disposici贸n de los Fiscales visitantes en las dependencias destinadas a las entrevistas los expedientes penitenciarios de los internos solicitantes de audiencia. Si por razones urgentes o excepcionales la visita no se comunicase a la Direcci贸n, deber谩 documentarse las razones excepcionales que motivan la falta de tal comunicaci贸n.
  • En segundo lugar, incorporar a las Diligencias acta del desarrollo de las audiencias, las actividades de inspecci贸n desplegadas y cuestiones que se susciten.
  • En tercer lugar, documentar las gestiones desplegadas para resolver las cuestiones, sin perjuicio de diligenciar su realizaci贸n en expediente separado precisando su registro. Y finalmente, en su caso, copia de oficio remisorio de copia del acta al Excmo Sr. Fiscal de Sala para su constancia si hubiere razones especiales que lo justificase.

4陋.- Realizaci贸n de las visitas: n煤mero de Fiscales visitantes, periodicidad de las visitas y objeto.- Conforme a criterios de tradici贸n y de utilidad, las visitas se realizar谩n por dos Fiscales, uno de ellos necesariamente de Vigilancia penitenciaria, salvo razones excepcionales impeditivas que deber谩n documentarse en acta. En las visitas a Hospitales Psiqui谩tricos es conveniente que el segundo Fiscal sea de personas con discapacidad; en las de Unidades de Madres, el Fiscal de Protecci贸n de Menores, sin perjuicio de las que procedan a cualquier Centro penitenciario con el Fiscal Antidrogas en el marco de las visitas que el mismo pueda llegar a realizar.

5陋.- Periodicidad de las visitas y su objeto.- Conforme al principio de flexibilidad y partiendo de la doctrina sentada en Circulares y Consultas, el n煤mero de visitas debe ser mensual, sin perjuicio de lo que las necesidades del servicio en cada Fiscal铆a determinen. El objeto de la visita vendr谩 determinado por la audiencia de los internos que lo soliciten, por la comprobaci贸n del estado de las infraestructuras e inspecci贸n de los distintos servicios, a fin de constatar que la actividad penitenciarias se acomoda a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y resoluciones judiciales.

6陋.- Minuta de cada audiencia y acta

.- Las audiencias de cada interno se minutar谩n precisando situaci贸n procesal, fechas de c谩lculo de condenas si se trata de penados, y registro de causa y autoridad de la que dependan si estuviere presos, concretando la cuesti贸n suscitada e informaci贸n facilitada, para lo que ser谩 conveniente llevar a la visita el expediente personal del interno obrante en la Fiscal铆a y acceder al expediente penitenciario personal del Centro, a fin de facilitar al recluso la informaci贸n que precise.

Dicha minuta se incorporar谩 al expediente personal del interno en aquellas Fiscal铆as que utilicen archivos documentales.

Todo ello sin perjuicio de reducir su desarrollo en el acta de manera m谩s sucinta. Igualmente deber谩n indicarse las actividades de inspecci贸n de servicios e instalaciones; es especialmente conveniente examinar departamento especial y celdas de aislamiento.

Convendr谩 adem谩s precisar en el acta el contenido de las gestiones desplegadas por los Fiscales con los Mandos penitenciarios en orden a resolver y aclarar en su caso las cuestiones suscitadas por los internos cuando procedieran.

7陋.- Posibilidad de audiencia mediante videoconferencia.- Los Fiscales de Vigilancia adem谩s podr谩n mantener entrevistas con reclusos mediante sistema de videoconferencia.

8陋.- Modalidades de visita de los Fiscales en caso de Juzgados con 谩mbito competencial pluriprovincial.- En los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria cuyo 谩mbito competencial sea pluriprovincial, los Fiscales de Vigilancia podr谩n desarrollar dos modalidades de visitas a los Centros Penitenciarios de las diversas provincias de su marco competencial, inclusive las diferentes de su sede:

  • en primer lugar, como integrante de la Comisi贸n Judicial, en compa帽铆a del Juez de Vigilancia y del Secretario del Juzgado;
  • y en segundo lugar, como visita aut贸noma de Fiscal铆a, sea acompa帽ado de un Fiscal de Vigilancia, o conforme al principio de flexibilidad que debe inspirar el funcionamiento del Ministerio Fiscal, acompa帽ado de un Fiscal de la Fiscal铆a correspondiente al lugar donde se ubica el Centro visitado, previamente concertados al efecto.

9陋.- Competencia de Fiscales de Vigilancia en materia de control de terceros grados, coordinado en su caso con Fiscales de otras especialidades

.- Corresponde a los Fiscales de Vigilancia el conocimiento y dictamen de control de la clasificaci贸n en tercer grado de condenados con independencia de la tipolog铆a delictiva por la que hubieran sido condenados, fuere por notificaci贸n de clasificaci贸n o progresi贸n al tercer grado, o fuere en el dictamen de recurso interpuesto por el propio condenado, sin perjuicio de la adecuada coordinaci贸n si fuere aconsejable con los Fiscales de Extranjer铆a cuando se trate de extranjeros progresados a efectos del art. 89 CP, o con el Fiscal anticorrupci贸n en caso de condenados por delitos vinculados a este fen贸meno criminal, o a cualquier otro Fiscal especialista caso de condenas impuestas por delitos relacionados con la respectiva especialidad de que se trate.

Ausencia de competencia del Fiscal para recurrir la aplicaci贸n del r茅gimen cerrado

.- El Ministerio Fiscal carece de competencia para recurrir la aplicaci贸n del r茅gimen cerrado por la Instituci贸n Penitenciaria, pues dicha legitimaci贸n carece de cobertura legal habilitante, y por otro lado el art. 76.2.j) LOGP atribuye a los Jueces de Vigilancia penitenciaria el conocimiento del pase de los reclusos a centros de r茅gimen cerrado, lo que conlleva que toda decisi贸n de aplicaci贸n sea objeto de daci贸n de cuenta al Juzgado de Vigilancia.

11陋.- Denuncias al Fiscal por malos tratos a un interno.- Si se realiza denuncia de malos tratos en el curso de una entrevista, debe determinarse fecha aproximada de comisi贸n de los hechos y en su caso horas o turnos; el Fiscal debe concretar a trav茅s del propio interno y a trav茅s del expediente penitenciario si consta denuncia previa dirigida a Juzgado de Guardia o de Vigilancia penitenciaria. Caso de no constar reclamar谩 copia de expediente de medios coercitivos 鈥搗erificando posteriormente pronunciamiento del Juzgado de Vigilancia, si hubiere reca铆do resoluci贸n-, as铆 como partes m茅dicos de asistencia, al efecto de incoar en su caso Diligencias de Investigaci贸n.

12陋.- Anomal铆as y deficiencias ps铆quicas, y aplicaci贸n del art. 60 CP.- Aunque el art. 60 CP no ha derogado la intervenci贸n administrativa contemplada en el art. 991 LECrim y el deber de la Administraci贸n de comunicar las posibles situaciones de enajenaci贸n mental de los penados se refiere al Juzgado de Vigilancia y no al Juez o Tribunal sentenciador, siempre que el Fiscal de Vigilancia tenga noticia de la presencia de personas con anomal铆as o deficiencias ps铆quicas graves y duraderas que pudieran impedirles conocer el sentido de la pena, de conformidad con lo establecido en el arts. 3.1 y 5 EOMF incoar谩 Diligencias preprocesales en orden a verificar los presupuestos contemplados en el art. 60 CP e instar en su caso la suspensi贸n de la pena si hubiere razones legales al efecto, dando adem谩s traslado de los antecedentes a la Secci贸n de Personas con discapacidad a los efectos procedentes.

13陋.- Excarcelaci贸n de penados con enfermedades mentales.- Al margen de lo dispuesto en la Disposici贸n Adicional Primera del C贸digo Penal aprobado por LO 10/1995 y en el art. 219.4 RP -cuando el liberado definitivo sea un enfermo mental, se comunicar谩 al Ministerio Fiscal a los efectos procedentes-, resultar铆a procedente articular un sistema de comunicaciones en cuya virtud tres meses antes del cumplimiento de la medida penal, trat谩ndose de internados judiciales y de penados con anomal铆as o deficiencias ps铆quicas, su pr贸xima excarcelaci贸n fuera puesta en conocimiento por la Direcci贸n del Centro penitenciario a los Fiscales de personas con discapacidad.

II.- MARCO COMPETENCIAL DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

.- Alcance de la competencia del JVP en materia de asignaci贸n de principio de flexibilidad a un penado, conforme al art. 100.2 RP. El auto del Juzgado de Vigilancia que estimado un recurso del penado acuerda la asignaci贸n al mismo del principio de flexibilidad es directamente ejecutable en cuanto al r茅gimen de vida que lo justifica siempre que concrete con precisi贸n los aspectos del modelo regimental que se superpone al correspondiente grado de clasificaci贸n, con independencia de la definici贸n posterior del programa individualizado de tratamiento; pero si hay aspectos que no han sido definidos en el auto en cuanto a los mismos para su ejecuci贸n se requerir谩 su definici贸n en el programa de tratamiento, diferenciando objetivos, m茅todos y actividades, sin perjuicio de su daci贸n de cuenta al Juzgado de Vigilancia penitenciaria.

.- Competencia para resolver recurso de apelaci贸n si el auto recurrido versa exclusivamente sobre vigencia del art. 100.2 RP. Corresponde a la Audiencia Provincial del Centro Penitenciario de destino por tratarse de materia diferenciada de la clasificaci贸n, ya que no se recurre un grado; se controla la legalidad de la actividad penitenciaria en materia de r茅gimen y tratamiento. Rige en definitiva la DA 5陋, ap. 3 LOPJ.

El acuerdo fue adoptado por mayor铆a; pero un grupo significativo defendi贸 la tesis de la competencia del Juez o Tribunal sentenciador por entender que la combinaci贸n de modelos regimentales afecta al modo de ejecutarse la pena. Se consigna motivaci贸n de este criterio minoritario disidente emitido por la Fiscal Coordinadora de Vigilancia de M谩laga, D陋 V铆ctoria G脕MEZ y por el Fiscal Coordinador de Sevilla, D. Luis FERN脕NDEZ AR脡VALO.

Conceptualmente la clasificaci贸n supone la asignaci贸n a un penado de un grado, determinando el modelo regimental m谩s adecuado a las exigencias de su tratamiento 鈥揳rt. 63 LOGP-; la clasificaci贸n a su vez define el modo de ejecutarse las penas privativas de libertad en nuestro sistema penitenciario 鈥揳rt. 72.1 LOGP-; y finalmente, el principio de flexibilidad establecido en el art. 100.2 RP conlleva la asignaci贸n de aspectos regimentales correspondientes a grados diferentes por ser imprescindible para la ejecuci贸n de un programa individualizado de tratamiento. Sentado todo lo anterior debe concluirse que el principio de flexibilidad entra帽a -conforme a la naturaleza de las cosas- una modalidad especializada de clasificaci贸n, y por esa raz贸n sistem谩ticamente el RP lo regul贸 encabezando el cap铆tulo II del T铆tulo IV bajo la r煤brica 鈥渃lasificaci贸n鈥, y en un apartado 鈥揺l 2 del art. 100 RP- inmediatamente posterior al de la enunciaci贸n del principio de correlaci贸n de grados y reg铆menes 鈥揳partado 1 del art. 100 RP-.

Por consiguiente, al constituir el principio de flexibilidad en definitiva una modalidad especial de clasificaci贸n, debe encuadrarse como materia de ejecuci贸n de penas, del mismo modo y manera que la clasificaci贸n misma, a los efectos de la Disposici贸n transitoria聽quinta de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, en su apartado 2.

Por esta raz贸n entendemos que los recursos de apelaci贸n contra las resoluciones de los JVP en materia de principio de flexibilidad deben ser conocidos por el Juez o Tribunal sentenciador.

.- Segunda instancia en materia de ejecuci贸n de penas, tales como clasificaci贸n y libertad condicional.

La competencia para resolver recursos de apelaci贸n en materia de clasificaci贸n y de libertad condicional corresponde al Juez o Tribunal sentenciador que impuso la pena m谩s grave, con independencia de su condici贸n de Juzgado o Tribunal colegiado. Motivaci贸n: Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Criterio avalado por ATS 2/2/2011, que declara la competencia del Juzgado de Ejecutorias de San Sebasti谩n contra la Secci贸n 1陋 de la AP de Valencia, invocando DA 5陋, ap. 2, pfo 2, frente a criterios alternativos expresados en Autos del Tribunal Supremo de 14/6/05 y 23/6/2010, 17

陋.- Licenciamiento definitivo: puede un Juzgado o Tribunal desconocer una refundici贸n acordando el licenciamiento conforme a su propia liquidaci贸n de condena? Cuando caso de refundici贸n de condenas aprobada por un Juzgado de Vigilancia penitenciaria conforme al art. 193 RP un juez o tribunal sentenciador acordara el licenciamiento de la pena impuesta en su sentencia con desconocimiento de la refundici贸n practicada, con independencia de la procedencia del oportuno recurso a interponer por el Fiscal en la ejecutoria de su raz贸n 鈥損ues los arts. 75 y 133 CP deben ser reinterpretados en funci贸n del posible acceso a la libertad condicional de conformidad con el art. 90 CP- el Juzgado de Vigilancia podr谩 ordenar al Centro mantener el c贸mputo nominal de la pena licenciada dentro de la refundici贸n.

Motivaci贸n: al margen de la reinterpretaci贸n del art. 75 y 133 CP en funci贸n del art. 90 CP, lo que se articula a trav茅s del art. 193 RP por el Juzgado de Vigilancia en los t茅rminos del art. 76.1 y .2.a) LOGP dentro del desenvolvimiento de sus funciones de ejecuci贸n indebidamente desconocidas por el Juez o Tribunal que acuerda el licenciamiento parcial, ser铆a aplicable anal贸gicamente la jurisprudencia afirmada por el TS en materia de fijaci贸n de m谩ximos de cumplimiento que permite acordarlos en relaci贸n con penas licenciadas.

.- Recursos contra resoluciones de JVP en materia de abonos de preventivas, ex art. 58.2 CP. Rigen las reglas generales, correspondiendo la competencia en materia de apelaci贸n al Juez o Tribunal sentenciador que impuso la pena en la que se aplica el abono; caso de pluralidad, el que impuso la pena m谩s grave a la que pueda abonarse y caso de pluralidad de tribunales que impusieron la misma pena, el 煤ltimo.

.- Competencia territorial del JVP para conocer los recursos contra resoluciones clasificatorias que llevan aparejadas el cambio de centro de destino.- Frente al criterio asumido en algunas resoluciones del Tribunal Supremo de que los recursos contra resoluciones administrativas de clasificaci贸n con cambio de destino deben interponerse ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en cuya demarcaci贸n se encuentra el CP al que el recluso vaya a ser trasladado, dichos recursos deben sustanciarse ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en cuya demarcaci贸n se localiza el CP que hizo la propuesta.

Motivaci贸n:

1) La decisi贸n de traslado es conceptualmente diferente de la de clasificaci贸n aunque por econom铆a procedimental se concentre en una misma resoluci贸n;

2) las resoluciones sin cambio de destino mantienen la competencia del Juzgado de Vigilancia penitenciaria correspondiente al Centro de destino, y no parece razonable que si se resuelve otro centro de destino cambie la competencia resolutoria, haciendo en definitiva depender la competencia de una decisi贸n de la Secretar铆a General de Instituciones Penitenciarias, otorg谩ndole en funci贸n de ello un fuero electivo en funci贸n de la decisi贸n de asignaci贸n de Centro de destino;

3) la clasificaci贸n es un procedimiento complejo, y los estudios de especialistas en que se funda la propuesta y la resoluci贸n final han sido elaborados en un Centro Penitenciario determinado, debiendo ser 茅stos los que deben determinar la competencia;

4) contra lo que se argumenta de que desde la resoluci贸n clasificatoria el penado depende de su nuevo Centro, la realidad es que mientras no es trasladado no depende de un nuevo Centro de destino, y conforme al principio tempus y locus regit actum, la decisi贸n clasificatoria debe ser revisada por el Juzgado correspondiente al Centro proponente que es el centro de destino del penado, con independencia de que por razones de diligencias u otras eventuales pudiera estar en otro diferente.

Criterio por otro lado avalados por la mayor parte de los Juzgados de Vigilancia, as铆 como por la propia Secretar铆a General de Instituciones Penitenciarias a trav茅s de la notificaci贸n de la resoluci贸n de tercer grado que se dirige a la Fiscal铆a Provincial con competencia territorial en el centro de origen.

.- Alcance de la competencia de conocimiento de aplicaci贸n de r茅gimen cerrado por los Juzgados de Vigilancia.- La daci贸n de cuenta de la aplicaci贸n de r茅gimen cerrado a los Juzgados de Vigilancia debe articularse no solo mediante remisi贸n de la resoluci贸n que acuerda el art. 10 LOGP, sino que debe complementarse con remisi贸n de la propuesta del Centro Penitenciario y de los informes que la sustentan, al efecto de que por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria pueda adoptarse una resoluci贸n fundada, declarando ajustada o no a derecho la decisi贸n adoptada.

.- Alcance de las daciones de cuenta por las Administraciones Penitenciarias.- Las puestas en conocimiento o daciones de cuenta por las Administraciones Penitenciarias de sus propias decisiones vienen determinadas por la afectaci贸n de derechos fundamentales o por la aplicaci贸n de modelos de actividad penitenciaria que se apartan del est谩ndar.

En estos casos los Juzgados de Vigilancia deben resolver -y el Fiscal dictaminar- si la decisi贸n se ajusta a derecho o no; si no se ajusta a derecho, a decidir el inmediato cese de la medida si estuviera vigente, y en su caso a apercibir a la Direcci贸n para que se abstenga en el futuro de adoptar medidas en situaciones similares, y si hubiere razones para ello, a dar traslado de lo actuado a la Inspecci贸n Penitenciaria y en su caso al Juzgado de Guardia.

Motivaci贸n: la STC 129/1995 鈥揊J. 4潞- se帽ala textualmente: 鈥減or consiguiente, es el conocimiento por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la utilizaci贸n de una medida coercitiva y de los motivos de su adopci贸n, en virtud de una comunicaci贸n del Director del Centro -y, en su caso, por la queja del recluso afectado- lo que permitir谩 el control de esta actuaci贸n de la Administraci贸n por parte del 贸rgano jurisdiccional.

Y basta reparar en que el mencionado art. 123 RP se refiere al cumplimiento de las dem谩s exigencias que establece el art. 45 LOGP para comprender que el mencionado Juez ha de salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento del r茅gimen penitenciario puedan producirse -art. 76.1 LOGP en relaci贸n con el art. 94.1 LOPJ.鈥

En definitiva, y proyectado a cualquier daci贸n de cuenta, es el conocimiento por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la aplicaci贸n de una medida y de los motivos de su aplicaci贸n, sea virtud de una comunicaci贸n del Director del Centro o sea en su caso por la queja del recluso afectado, lo que permitir谩 el control de esta actuaci贸n de la Administraci贸n por parte de dicho Juzgado, que de esta manera puede salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento del r茅gimen penitenciario puedan producirse -art. 76.1 LOGP en relaci贸n con el art. 94.1 LOPJ.

22陋.- Actuaciones de oficio del Juzgado de Vigilancia y denuncias de irregularidades por Abogados y terceras personas.- Las denuncias de irregularidades que afecten a los derechos de los internos formuladas por abogados y familiares o amigos de los reclusos permiten al Juez actuar de oficio en la tutela de los derechos de los internos, conforme al art. 76.1 LOGP, sin necesidad de aguardar la queja del interno en los t茅rminos del art. 76.2.g) LOGP, con independencia de que la resoluci贸n que se adopte no podr谩 ser recurrida por el denunciante, al constre帽irse de lege lata la legitimaci贸n 鈥揳partado 9 de la DA Quinta LOPJ- para recurrir a internos, liberados y Ministerio Fiscal.

III.- COMUNICACIONES.-

.- Comunicaciones vis a vis con pareja de hecho sin acreditar mediante certificaci贸n oficial de la misma y aplicaci贸n de la Instrucci贸n 4/2005.- La condici贸n de pareja de hecho no solo puede acreditarse mediante certificado de inscripci贸n en Registros de Parejas de hecho, sino tambi茅n por otros cauces que se reputen suficientes; solo en su defecto o cuando el interno o la interna haya celebrado comunicaciones vis a vis con otra persona distinta a la solicitada se requerir谩 una relaci贸n de estabilidad de 6 meses de duraci贸n.

.- Restricci贸n de comunicaciones por materias organizativas.- Cuando el Juzgado de Vigilancia conoce de una queja contra una decisi贸n denegatoria de una comunicaci贸n por razones organizativas, si estima que el recluso tiene derecho a la comunicaci贸n denegada puede estimar la queja por el cauce del art. 76.1 y 76.2.g) LOGP requiriendo que se remuevan los obst谩culos impeditivos.

.- Amistad y condici贸n de exrecluso.-

La mera condici贸n de ex recluso no constituye una raz贸n de seguridad ni de convivencia ordenada que posibilite la denegaci贸n de la comunicaci贸n de una persona con un interno, si no concurren indicios racionales de vinculaci贸n a grupos u organizaciones de crimen organizado u otra circunstancia complementaria de la que se desprendan razones impeditivas de seguridad, convivencia ordenada o de tratamiento.

.- Restricci贸n de las comunicaciones en delitos relacionados con la violencia de g茅nero o dom茅stica.- Atendido que la actividad penitenciaria debe desarrollarse en los t茅rminos establecidos por la ley y las resoluciones judiciales, la denegaci贸n y la restricci贸n de comunicaciones -orales, familiares y especiales del interno- con c贸nyuge y con familiares dentro de los establecimientos penitenciarios solo se justifica durante la vigencia temporal de la liquidaci贸n de la prohibici贸n de comunicaci贸n contenida en el fallo condenatorio, y por razones de seguridad y convivencia ordenada en los t茅rminos de los arts. 51.1-II LOGP, y 43 y 44 RP, sin que la simple constataci贸n de un delito de violencia de g茅nero o de violencia dom茅stica impida la comunicaci贸n si no consta la existencia de un prohibici贸n judicial activa y vigente, o riesgos para la seguridad y la convivencia debidamente justificados, temporalizados, y puestos en conocimiento del Juzgado de Vigilancia penitenciaria.

IV.- CUESTIONES CONTROVERTIDAS REGIMENTALES.-

.- Resoluciones sobre cacheo con desnudo integral y necesidad de motivaci贸n.- Es insuficiente la invocaci贸n por la Jefatura de Servicios de meras sospechas gen茅ricas de introducci贸n de drogas u otros efectos prohibidos para motivar la realizaci贸n del cacheo con desnudo integral de un interno, debiendo el parte del Jefe de Servicios detallar individualizadamente los indicios concretos y espec铆ficos que justifican la aplicaci贸n de la medida aqu铆 y ahora.

MOTIVACION.- Las exigencias del art. 68.2 trascienden la formalidad de una mera disposici贸n reglamentaria, trasponiendo las exigencias de motivaci贸n de la medida acordadas por la doctrina constitucional contemplada a partir de la STC 57/1994. Juzgados y Fiscales deben ser exigentes en la cumplimentaci贸n de tales requisitos, dada la grave afectaci贸n del derecho a la intimidad que la medida conlleva.

.- Placas radiogr谩ficas e intervenci贸n judicial.-

En caso de negativa tras consentimiento informado y documentado por parte del interno, la aplicaci贸n de placas radiogr谩ficas a reclusos en el 谩mbito de las Instituciones Penitenciarias por parte de las mismas, para la determinaci贸n de existencia de objetos prohibidos 鈥揹rogas t贸xicas, sustancias estupefacientes, o bien armas o medios peligrosos- ocultos en el interior del cuerpo deber铆a contar con una habilitaci贸n legal en la LOGP, con previsi贸n de daci贸n de cuenta al Juzgado de Vigilancia penitenciaria actualmente inexistente.

Ante esta situaci贸n la regulaci贸n del art. 68.4 RP debe ser interpretada a favor de la necesidad de una autorizaci贸n preceptiva del Juzgado de Instrucci贸n de Guardia en aquellos casos en los que existan indicios de delito contra la salud p煤blica o de tenencia il铆cita de armas.

Pero no existiendo indicios de delito, y de entenderse que se trate de objetos o medios peligrosos, o de posesi贸n de drogas para al propio consumo, la previsi贸n facultativa del art. 68.4 RP 鈥撯減odr谩鈥- habilita a la Administraci贸n para prescindir de la solicitud de dicha autorizaci贸n, pero no de la daci贸n de cuenta posterior del acuerdo motivado al Juzgado de Vigilancia. Motivaci贸n: La soluci贸n de la STC 35/1996 permite considerar amparada la decisi贸n penitenciaria de injerencia en un derecho fundamental; conforme a los principios generales, esa decisi贸n debe estar habilitada expresamente en una norma con rango de Ley Org谩nica, lo que justificar铆a una modificaci贸n de la LOGP que regulara esta decisi贸n en los t茅rminos del art. 68.4 RP con ulterior daci贸n de cuenta al Juzgado de Vigilancia penitenciaria en defecto de consentimiento informado del interno.

En tanto dicha regulaci贸n por LO no se desarrolle, y ante la eventualidad de que los hechos sean constitutivos de delito contra la salud p煤blica, el Director debe denunciar los hechos ante el Juzgado de Instrucci贸n de Guardia y obtener la expresa autorizaci贸n del mismo, en defecto de tal consentimiento informado y documentado.

Pero si la indiciaria posesi贸n lo fuera de medios peligrosos -que no sean armas punibles- o de drogas, no asistimos a indicios de delitos sino a comportamientos atentatorios contra los valores seguridad y convivencia ordenada, y en estos casos la doctrina constitucional habilita la injerencia sin previa autorizaci贸n judicial, pero deber谩 realizarse posterior daci贸n de cuenta al Juzgado de Vigilancia, en la medida en que asistimos a un acto que afecta a un derecho fundamental y que supone un modelo de actuaci贸n penitenciaria que se aparte del est谩ndar.

V.- CLASIFICACI脫N Y MODELOS REGIMENTALES.-

聽Principio de flexibilidad art. 100.2 RP.-

Los acuerdos de aplicaci贸n del principio de flexibilidad deben concretar los presupuestos materiales de su aplicaci贸n, precisando informe de situaci贸n penal y penitenciaria 鈥揳 fin de confirmar causas penadas y c谩lculos de condenas-, modelo de ejecuci贸n que se propone determinando los aspectos regimentales que se combinan con el correspondiente al grado de clasificaci贸n, y objetivos tratamentales 鈥揻amiliares, educativos, formativos, laborales, etc鈥- que los justifican.

– Competencia de las Administraciones Penitenciarias para modificar reglas impuestas.- Autorizadas judicialmente las condiciones configuradoras del principio de flexibilidad, la modificaci贸n de las mismas si son sustanciales 鈥搗.gr, actividad desplegada-, requiere un nuevo acuerdo de la Junta de Tratamiento que deber谩 ser puesta en conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

.- Alcance de la aprobaci贸n del principio de flexibilidad.- La aprobaci贸n se constri帽e al principio de flexibilidad, y no al grado de clasificaci贸n b谩sico, pudiendo el penado interponer recurso contra el mismo con independencia de la eventual aprobaci贸n judicial. Motivaci贸n: el JVP no aprueba el grado, sino la combinaci贸n de aspectos regimentales por razones tratamentales, lo que deja abierta la eventual controversia sobre el grado por v铆a de recurso.

.- Derivaci贸n a Comunidad Terap茅utica ex art. 182 y plazos de materializaci贸n.- Siendo uno de los requisitos de aplicaci贸n del art. 182 RP la existencia de un programa de deshabituaci贸n aprobado por la instituci贸n de acogida, que deber谩 contener el compromiso expresado de la instituci贸n de acoger al interno y de comunicar al Centro penitenciario las incidencias que surjan en el tratamiento, deben evitarse dilaciones excesivas en la materializaci贸n de la derivaci贸n. Mientras no se materialice la derivaci贸n es conveniente adoptar un acuerdo de limitaciones regimentales temporalizado a un plazo m谩ximo prudencial 鈥搗.gr, 30 d铆as- renovable con daci贸n de cuenta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

.- Art. 182 y fase inicial de cumplimiento de largas condenas.- La opci贸n de la aplicaci贸n del art. 182 RP a condenados a penas de prisi贸n de larga duraci贸n en fase de cumplimiento inicial debe ser objeto de especial motivaci贸n, ya que conforme al art. 63 LOGP la magnitud de la pena y de las medidas penales es una variable de clasificaci贸n relevante, debiendo tenerse en consideraci贸n en caso de no haberse cumplido la cuarta parte de la condena lo dispuesto en el art. 104.3 RP. Para esos casos se har铆a aconsejable la inclusi贸n en un modulo terap茅utico (UTE) a fin de recibir tratamiento intrapenitenciario.

.- Control del seguimiento del programa de tratamiento seguido ex art. 182 RP.- No es necesario que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria reclame la remisi贸n de informes peri贸dicos de seguimiento a fin de valorar la evoluci贸n y adherencia al tratamiento del interno, ya que dicha medida se atribuye a la Junta de Tratamiento correspondiente.

35陋- Tercer grado en caso de delitos bagatela y de penas de corta duraci贸n.- En el caso de condenas privativas de libertad de corta duraci贸n impuestas por la comisi贸n de los llamados delitos bagatela y de imposici贸n de responsabilidades personales derivadas de impagos de multa puede ser de aplicaci贸n la concesi贸n de un tercer grado inicial al penado, valorando siempre el conjunto de las variables de clasificaci贸n, como paliativo para evitar los efectos negativos inherentes a dicho tipo de condenas, que debido a su escasa duraci贸n restringen el acceso a tratamientos o beneficios penitenciarios.

.- Uso de los Centros de Inserci贸n Social como centro de destino de personas con anomal铆as o deficiencias ps铆quicas en desenvolvimiento de Programas Puente. La utilizaci贸n de los Centros de Inserci贸n Social en aplicaci贸n de denominado Programa Puente aplicado a personas con anomal铆as y deficiencias ps铆quicas est谩 perfectamente amparada en casos de clasificaci贸n de terceros grados por raz贸n de su clasificaci贸n; y en caso de internados judiciales, aunque requiere una correcci贸n del art. 163.1 RP se justifica por lo dispuesto en los arts. 163.2 y 164 RP, en relaci贸n con el buen 茅xito del programa individual de rehabilitaci贸n, si as铆 se contemplara, conforme a los arts. 189 y 190 RP. VI.-

PRESTACIONES ASISTENCIALES SANITARIAS.

.- Cumplimiento del mandato de transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los servicios auton贸micos de salud en aquellas CC.AA donde no se haya materializado.

Para el cumplimiento efectivo del principio b谩sico de que a todos los internos sin excepci贸n se les garantizar谩 una atenci贸n m茅dico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la poblaci贸n 鈥揳rt. 208 RP-, se considera acuciante e imprescindible que se de cumplimiento al mandato de transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los servicios auton贸micos de salud en aquellas CC.AA donde no se ha materializado.

Motivaci贸n: Para que la prestaci贸n sanitaria se desarrolle de un modo eficaz e integral, se d茅 cumplimiento por parte de los Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas -a excepci贸n de Catalu帽a y Pa铆s Vasco- a la Disposici贸n Adicional Sexta de la Ley 16/2003 del 28 mayo, de Cohesi贸n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, conforme a la cual 鈥渓os servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias ser谩n transferidos a las comunidades aut贸nomas para su plena integraci贸n en los correspondientes servicios auton贸micos de salud.

A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente Real Decreto, se proceder谩 a la integraci贸n de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonom铆a.鈥

Dada la decisiva importancia que el cumplimiento de dicha precisi贸n legal tiene en el marco estructural de la actual prestaci贸n sanitaria en las comunidades donde no se ha realizado la transferencia, afirmamos que desde la Fiscal铆a General del Estado debe instarse el urgente cumplimiento de la disposici贸n legal para la misma sea efectiva con las acciones legales y presupuestarias que correspondan a los Ministerios de Interior y Sanidad, con los respectivos gobiernos de las comunidades auton贸micas, con las debidas cautelas inform谩ticas, de tal modo que el acceso confidencial y reservado de los profesionales m茅dicos, impida que p煤blicamente se pueda conocer por tercera persona que un determinado ciudadano cumple o ha cumplido alguna pena privativa de libertad.

Los facultativos y profesionales sanitarios de los centros penitenciarios vienen reclamando insistentemente desde el a帽o 2003 el cumplimiento de la disposici贸n adicional se est谩 de la ley de cohesi贸n y calidad del sistema nacional de salud, ya que son conscientes de las grandes limitaciones profesionales con las que realizan su trabajo respecto de los facultativos integrados en los servicios auton贸micos de salud. Pueden consultarse los Archivos de la SESP 鈥 Sociedad Espa帽ola de Sanidad Penitenciaria.

A dichos m茅dicos y personal sanitario de los centros penitenciarios les est谩 vedado el acceso inform谩tico a las historias cl铆nicas que muchos casos tienen ya abiertas los internos en hospitales y centros de salud antes o durante el cumplimiento de las penas privativas de libertad.

Ello es decisivo en las pruebas radio diagn贸sticas, anal铆ticas e informes de evoluci贸n sanitaria y de alta que han presentado los internos en diferentes momentos de la evoluci贸n de su enfermedad.

El requerimiento desde el centro penitenciario de dichas historias cl铆nicas y de las pruebas m茅dicas realizadas al interno proporciona un escenario de inseguridad constante, y que la atenci贸n sanitaria no se realice de modo integral, adoleciendo en muchas ocasiones de la calidad suficiente, originando disfunciones al no tener acceso el profesional m茅dico al expediente cl铆nico completo del enfermo, a la vez que en numerosos casos se origina un retraso absolutamente injustificable para poder dispensar una atenci贸n m茅dica completa, ya que hay que esperar la recepci贸n del historial m茅dico y diagn贸stico cuando se produzca la remisi贸n por los centros sanitarios del servicio auton贸mico de salud, lo que provoca un perjuicio innegable perjuicio en la salud y atenci贸n sanitaria del interno.

Esta situaci贸n real en todo el Estado -con las excepciones territoriales antes citadas- es incompatible con la cl谩usula de igualdad constitucional y con el principio de igualdad de todos los ciudadanos como valor superior del ordenamiento jur铆dico espa帽ol.

Por ello, por las Autoridades competentes, se deben remover los obst谩culos que impiden la integraci贸n profesional.

.- Potenciaci贸n de la coordinaci贸n penitenciaria con los Centros de Atenci贸n a Drogodependientes comunitarios.- Para dotar de la mayor eficacia la prestaci贸n asistencial que la administraci贸n penitenciaria proporciona en relaci贸n con drogodependencias a los internos, resulta esencial potenciar la coordinaci贸n de los servicios penitenciarios con los comunitarios 鈥搒ean p煤blicos o privados- que hayan dado asistencia al interno con anterioridad, a fin de que por los profesionales penitenciarios encargados de las terapias puedan acceder a los informes y documentaci贸n necesarias del historial personal del interno obrante en los servicios comunitarios.

Motivaci贸n.- Son frecuentes las alegaciones de internos expresando que en que en los servicios penitenciarios no constan antecedentes de tratamientos recibidos en centros comunitarios -p煤blicos o privados-, donde muchas veces consta indicaci贸n de medicaci贸n adecuada o inadecuada para su salud. La coordinaci贸n de los servicios penitenciarios con los comunitarios obviar铆an tales inconveniencias, facilitando el m谩s adecuado tratamiento.

.- Reiteraci贸n de afirmaci贸n de necesidad de creaci贸n de unidades psiqui谩tricas penitenciarias en establecimientos polivalentes.- Se reitera las conclusiones de a帽os anteriores de que es necesaria la creaci贸n formal de unidades psiqui谩tricas penitenciarias en Centros polivalentes para atender las necesidades asistenciales de sentenciados a medidas de seguridad, y constituyen un imperativo de legalizaci贸n de la situaci贸n penitenciaria de dichas personas, con independencia de la eventual autorizaci贸n de juzgados y tribunales sentenciadores.

VII.- REFORMAS LEGALES.-

.- Necesidad de reforma de LOGP, RP y DA 5陋 LOPJ.-
La entrada en vigor de las reformas introducidas por Ley 23/2014, Ley Org谩nica 1/2015, y de la LO 4/2015 determinan la urgente necesidad de una modificaci贸n de la LOGP, RP y DA 5陋 LOPJ.

.- Necesidad de unas Jornadas especializadas en 2016 sobre el alcance de la aplicaci贸n pr谩ctica de las reformas del bienio 2014/2015. Las importantes reformas en el sistema de ejecuci贸n derivadas de la entrada en vigor de la Ley 23/2014, y de las Leyes Org谩nicas 1/2015 y 4/2015 hacen imprescindible una Jornada especial que analice la aplicaci贸n real de tales normas, y su efectiva interpretaci贸n, prefentemente en el segundo semestre.

VIII.- OTRAS CONCLUSIONES.-

.- Habilitaci贸n a Coordinadores de Mesa de las tres 煤ltimas jornadas para sistematizaci贸n de conclusiones alcanzadas.- Se habilita a los Fiscales Coordinadores de Mesas de las Jornadas de los a帽os 2011, 2013 y 2015 para fijar unos criterios sistematizados que, sin suprimir la identidad de los acuerdos de tales jornadas, unifiquen los criterios que se reputan vigentes, atendido que especialmente algunos de los mismos, referidos a normas transitorias, actualmente han quedado obsoletos.

Fuente: CGA

Written by Jos茅 Mart铆n Garc铆a

Jos茅 Mart铆n Garc铆a es abogado penalista. Ha colaborado e intervenido entre otras con: Televi贸n espa帽ola, La Sexta, Telemadrid. Ha participado en numerosos cursos y ponencias.

Website: https://abogadomartin.es/

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