Juzgados de lo Penal: qué asuntos resuelven y cómo funciona el procedimiento

La expresión «Juzgado de lo Penal» sigue siendo utilizada habitualmente por abogados y ciudadanos. Sin embargo, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, estos órganos se integran en las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia.

El cambio afecta principalmente a la organización y a la denominación del órgano. La función esencial se mantiene: celebrar el juicio y dictar sentencia en una parte importante de los procedimientos por delito. En Madrid, el directorio judicial ya utiliza oficialmente la denominación Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, diferenciando sus distintas plazas.

Qué diferencia existe entre instrucción y enjuiciamiento

En un procedimiento penal ordinario intervienen normalmente órganos diferentes.

La Sección de Instrucción investiga los hechos. Puede recibir la denuncia o el atestado, tomar declaración al investigado, acordar diligencias, solicitar informes periciales y decidir si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento.

La Sección de lo Penal no realiza, como regla general, esa investigación. Recibe la causa cuando la fase de instrucción ha terminado, celebra el juicio oral, valora las pruebas y dicta sentencia.

El juez que investiga no debe ser el mismo que decide finalmente si el acusado es culpable. Esta separación protege la imparcialidad del órgano encargado del enjuiciamiento.

Recorrido habitual de un procedimiento penal

El esquema más frecuente es el siguiente:

Denuncia o atestado policial
↓
Investigación ante la Sección de Instrucción
↓
Escritos de acusación y defensa
↓
Apertura del juicio oral
↓
Envío de la causa a la Sección de lo Penal
↓
Celebración del juicio
↓
Sentencia
↓
Posible recurso de apelación ante la Audiencia Provincial

No todos los asuntos siguen exactamente este recorrido. Existen procedimientos especiales, juicios rápidos, delitos leves, causas atribuidas al Tribunal del Jurado y delitos cuyo enjuiciamiento corresponde directamente a la Audiencia Provincial o a la Audiencia Nacional.

Qué delitos juzga la Sección de lo Penal

La competencia se determina principalmente por la pena que la ley asigna al delito, no por la pena concreta que finalmente solicite la acusación en cada caso.

Con carácter general, la Sección de lo Penal conoce del enjuiciamiento de los delitos castigados con:

Pena de prisión que no exceda de cinco años.
Pena de multa, cualquiera que sea su cuantía.
Otras penas de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años.

También puede resolver sobre delitos leves relacionados con el delito principal cuando su comisión o su prueba estén vinculadas. Estas reglas se recogen en el artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Entre los asuntos que habitualmente pueden llegar a una Sección de lo Penal se encuentran:

Lesiones.
Amenazas y coacciones.
Violencia de género o doméstica.
Hurtos, robos y apropiaciones indebidas.
Estafas.
Daños.
Delitos contra la seguridad vial.
Quebrantamientos de condena o de medidas cautelares.
Determinados delitos contra la salud pública.
Falsedades.
Alzamiento de bienes y otros delitos patrimoniales.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.

La competencia debe examinarse en cada supuesto. La denominación del delito por sí sola no siempre permite saber qué órgano celebrará el juicio, porque pueden influir la pena prevista, las circunstancias agravantes, la conexión con otros delitos y las reglas especiales de atribución.

Cuándo juzga la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial conoce, en primera instancia, de las causas por delitos más graves que exceden de la competencia de la Sección de lo Penal.

También resuelve numerosos recursos de apelación contra resoluciones dictadas durante la instrucción y contra sentencias pronunciadas por las Secciones de lo Penal.

Por tanto, la Audiencia Provincial puede intervenir en dos posiciones diferentes:

Como tribunal que celebra directamente el juicio por un delito grave.
Como órgano superior que revisa una resolución dictada por un órgano inferior.

No debe confundirse la Audiencia Provincial con la Audiencia Nacional. La primera tiene ámbito provincial; la segunda conoce únicamente de determinadas materias atribuidas expresamente por la ley, como ciertos delitos de terrorismo, delincuencia económica de especial trascendencia, narcotráfico organizado a gran escala o delitos cometidos fuera de España en los supuestos legalmente previstos.

Qué ocurre cuando la investigación termina

Una vez concluidas las diligencias de investigación, el órgano instructor debe decidir si procede continuar el procedimiento o archivarlo.

Cuando aprecia indicios suficientes y el Ministerio Fiscal o la acusación particular presentan escrito de acusación, se da traslado a la defensa para que formule sus conclusiones provisionales.

En el escrito de defensa pueden plantearse, entre otras cuestiones:

La absolución del acusado.
Una calificación jurídica distinta.
La aplicación de circunstancias atenuantes.
La impugnación de la responsabilidad civil.
La proposición de testigos, peritos y documentos.
La alegación de cuestiones procesales.
La solicitud de pruebas necesarias para el juicio.

Después se dicta el auto de apertura de juicio oral y la causa se remite al órgano competente para enjuiciarla.

Qué sucede al recibir la causa la Sección de lo Penal

Una vez recibido el procedimiento, se examina si las pruebas han sido propuestas correctamente y se fija la fecha del juicio.

La citación debe indicar el órgano judicial, la plaza que conoce del asunto, el número de procedimiento, la fecha y la hora de la vista.

No debe esperarse al día del juicio para comprobar el contenido de la causa. Antes de la vista, la defensa debe revisar:

El escrito de acusación.
Las penas solicitadas.
La responsabilidad civil reclamada.
Las declaraciones prestadas durante la instrucción.
Los informes médicos, policiales y periciales.
Las grabaciones y documentos incorporados.
Las pruebas admitidas.
La situación personal del acusado.
La posible existencia de una oferta de conformidad.

Cómo se desarrolla el juicio penal

El juicio comienza con las cuestiones previas. En ese momento pueden plantearse determinadas vulneraciones de derechos, nulidades, problemas de competencia, impugnaciones de pruebas o causas que impidan la continuación del procedimiento.

Después se practica la prueba, normalmente en este orden:

Declaración del acusado.
Declaración de testigos.
Intervención de peritos.
Examen de documentos, grabaciones y demás pruebas.
Conclusiones definitivas.
Informes del Ministerio Fiscal, las acusaciones y las defensas.
Derecho del acusado a la última palabra.

El orden puede adaptarse a las necesidades del procedimiento. Además, el acusado puede ejercer su derecho a no declarar, a no responder a alguna de las partes o a contestar únicamente a las preguntas de su abogado.

La condena solo puede fundarse en prueba practicada válidamente en el juicio, con respeto a los principios de contradicción y defensa, sin perjuicio de los supuestos excepcionales en los que la ley permite incorporar pruebas anticipadas o preconstituidas.

La conformidad antes o durante el juicio

En determinados procedimientos, el acusado puede reconocer los hechos y aceptar la pena solicitada, evitando la celebración completa del juicio.

La conformidad puede resultar beneficiosa cuando permite reducir la pena, alcanzar una calificación menos grave o limitar determinadas consecuencias de la condena. Sin embargo, no debe aceptarse de forma automática.

Antes de prestar conformidad deben comprobarse:

Los hechos que el acusado reconoce.
El delito por el que será condenado.
La duración y naturaleza de la pena.
La posibilidad de suspensión de la prisión.
Los antecedentes penales.
La responsabilidad civil.
Las prohibiciones de aproximación o comunicación.
Las inhabilitaciones.
La pérdida del permiso de conducir.
Los efectos sobre la residencia o nacionalidad.
La posible expulsión del territorio nacional.
Las consecuencias profesionales o administrativas.

Una conformidad produce una sentencia condenatoria. Por eso, el acusado debe comprender exactamente lo que acepta y las consecuencias que pueden derivarse.

Qué debe probar la acusación

Corresponde a la acusación acreditar los hechos y la participación del acusado.

La defensa no tiene la obligación de demostrar la inocencia. La condena exige prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia.

La existencia de una denuncia, un atestado policial o una acusación no equivale por sí misma a la prueba del delito. El tribunal debe valorar lo que realmente se ha acreditado en el juicio.

Según el caso, la defensa puede cuestionar:

La credibilidad de los testimonios.
La legalidad de una entrada o registro.
La cadena de custodia.
La identificación del acusado.
La autenticidad de documentos o mensajes.
La fiabilidad de una prueba pericial.
La relación entre una conducta y el resultado.
La existencia de dolo.
La suficiencia de los indicios.
La concurrencia de una causa de justificación.
La prescripción del delito.

La sentencia

La sentencia puede ser absolutoria o condenatoria.

Cuando es condenatoria debe especificar:

Los hechos que se consideran probados.
El delito cometido.
La forma de participación.
Las circunstancias agravantes o atenuantes.
La pena principal.
Las penas accesorias.
La responsabilidad civil.
Las costas procesales.
El destino de los objetos intervenidos.
Las medidas de protección o prohibiciones que correspondan.

La resolución debe explicar qué pruebas sustentan la condena y por qué se rechazan las principales alegaciones de la defensa.

Recurso contra la sentencia

Las sentencias de las Secciones de lo Penal pueden recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial.

El recurso puede fundarse en:

Vulneración de derechos fundamentales.
Quebrantamiento de normas procesales.
Falta de prueba de cargo.
Error en la valoración de la prueba.
Incorrecta aplicación del Código Penal.
Rechazo indebido de una atenuante.
Aplicación improcedente de una agravante.
Error en el cálculo de la pena.
Responsabilidad civil incorrectamente determinada.

El recurso no debe limitarse a repetir lo manifestado durante el juicio. Es necesario identificar los errores concretos de la sentencia y relacionarlos con la grabación, las pruebas y las normas aplicables.

Mientras la sentencia no sea firme, no puede ejecutarse definitivamente la pena, aunque pueden mantenerse medidas cautelares previamente acordadas. El Código Penal dispone que ninguna pena o medida de seguridad puede ejecutarse sin sentencia firme.

Sección de lo Penal y plaza judicial

Con la nueva organización existe un Tribunal de Instancia por partido judicial, dividido en secciones según las materias.

Cada antiguo juzgado se transforma, con carácter general, en una plaza de la sección correspondiente. Por ello, una resolución puede aparecer encabezada de este modo:

Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid. Plaza número 8.

La plaza identifica al juez o unidad jurisdiccional que conoce concretamente del asunto dentro de la Sección.

El nuevo sistema no convierte el juicio en una decisión colectiva adoptada por todos los jueces del Tribunal de Instancia. Cada plaza continúa ejerciendo la función jurisdiccional en los asuntos que le son repartidos, aunque forme parte de una organización común. La Ley Orgánica 1/2025 sustituyó progresivamente los anteriores juzgados unipersonales por este modelo de Tribunal de Instancia y secciones especializadas.

Dónde se celebran los juicios penales en Madrid

La sede concreta depende de la plaza a la que se haya repartido el procedimiento.

No es aconsejable acudir al edificio basándose únicamente en información antigua publicada en internet. La distribución de órganos, plantas y salas puede modificarse.

Antes de acudir debe comprobarse:

La dirección que aparece en la citación.
La denominación exacta de la sección.
El número de plaza.
La planta o sala indicada.
La fecha y hora del juicio.
La posible existencia de una modificación del señalamiento.

El directorio oficial del Consejo General del Poder Judicial permite consultar las denominaciones, direcciones y teléfonos actualizados de los órganos judiciales de Madrid.

Qué hacer al recibir una citación para juicio penal

La primera cuestión es comprobar en qué condición se cita a la persona:

Acusado.
Testigo.
Perito.
Víctima o perjudicado.
Responsable civil.

Si la citación es como acusado, debe entregarse inmediatamente a un abogado penalista junto con la documentación disponible. El plazo hasta el juicio puede ser necesario para acceder a la causa, estudiar las pruebas, preparar interrogatorios y valorar una posible conformidad.

El acusado debe comunicar cualquier cambio de domicilio y acudir puntualmente, salvo que el tribunal haya autorizado expresamente otra forma de comparecencia.

La incomparecencia injustificada puede provocar la suspensión, una orden de detención o, en determinados supuestos, la celebración del juicio en ausencia.

La importancia de preparar el juicio

Un procedimiento penal no se decide únicamente por lo que sucedió. También depende de lo que pueda probarse y de la forma en que esa prueba sea presentada y discutida.

La defensa debe llegar al juicio con una estrategia definida:

Qué hechos se admiten y cuáles se niegan.
Qué elementos del delito no concurren.
Qué testigos deben ser interrogados.
Qué contradicciones deben ponerse de manifiesto.
Qué documentos favorecen al acusado.
Qué objeciones procesales deben formularse.
Qué petición principal y subsidiaria se mantendrá.
Qué consecuencias tendría una posible condena.

La preparación previa resulta especialmente importante porque muchas incidencias deben plantearse en el propio juicio. Guardar silencio ante una irregularidad puede dificultar su posterior alegación en un recurso.

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