TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

QUE ES EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

El Tribunal Penal Internacional (o Corte Penal Internacional) con sede en La Haya (Pa铆ses Bajos), constituye una Organizaci贸n Internacional con personalidad jur铆dica internacional y capacidad jur铆dica necesaria para el desempe帽o de sus funciones y la realizaci贸n de sus prop贸sitos (art铆culo 4 del Estatuto de Roma).Si necesita un abogado penalista en La Haya, no dude en contactarnos.

Es una Organizaci贸n de car谩cter permanente, independiente y aut贸noma, aunque vinculada con el sistema de las Naciones Unidas mediante un Acuerdo de relaci贸n, y a la que se atribuye competencia sobre los cr铆menes m谩s graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.

La naturaleza jur铆dica de este Tribunal es, pues, la de una organizaci贸n internacional eminentemente judicial en el 谩mbito de la responsabilidad penal internacional.

Su funci贸n fundamental consiste en el ejercicio de la jurisdicci贸n penal, con alcance potencialmente universal, sobre personas por la comisi贸n de los cr铆menes de mayor gravedad y de trascendencia internacional, en la idea de que una justicia internacional respetada y puesta en pr谩ctica en forma duradera, llegue a eliminar el fen贸meno de la impunidad y prevenga nuevos cr铆menes de naturaleza internacional.

HISTORIA DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Aunque con antecedentes en los Tribunales militares internacionales de N眉remberg (1945) y Tokio (1946), consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, e incluso expresamente previsto en el art铆culo VI del Convenio para la prevenci贸n y la sanci贸n del delito de genocidio aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de Diciembre de 1948 (“Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados ser谩n juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes Contratantes que hayan reconocido su Jurisdicci贸n”), que adem谩s estableci贸 un Comit茅 especial para la elaboraci贸n del estatuto de una jurisdicci贸n penal internacional de car谩cter permanente, el Tribunal Penal Internacional forma parte del fen贸meno consistente en la aparici贸n de jurisdicciones penales internacionales situado a finales del siglo XX, en relaci贸n con la actividad de Naciones Unidas.

En concreto el Consejo de Seguridad, para la represi贸n de los cr铆menes de guerra de lesa humanidad al tratarse de situaciones que ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales, que pasa por la determinaci贸n de la responsabilidad internacional de los individuos que crea el Tribunal Penal Internacional.

聽El Estatuto entr贸 en vigor el 1 de julio de 2002, tras cumplir el requisito del dep贸sito de sesenta instrumentos de ratificaci贸n aceptaci贸n, aprobaci贸n o adhesi贸n a trav茅s del que se manifieste el consentimiento o autorizaci贸n de los dem谩s Estados Partes.

聽Las Naciones Unidas; puede el Consejo de Seguridad presentar asuntos ante el Tribunal Penal Internacional articulo 13 del Estatuto, mediante la comunicaci贸n del Fiscal, poniendo de manifiesto una situaci贸n en que aparezca haberse cometido uno o varios cr铆menes de la competencia del Tribunal, lo que le permite entrar a conocer del asunto con independencia de que haya ratificado o no el Estatuto de Roma el Estado interesado en cuyo territorio cuyos nacionales cometieron los hechos.

聽Mediante la prestaci贸n del consentimiento, el Estado, adem谩s de incorporarse a un nuevo sujeto internacional, reconoce autom谩ticamente la jurisdicci贸n del Tribunal para enjuiciar los cr铆menes internacionales cometidos en su territorio o por sus nacionales.

聽En el primer per铆odo de sesiones de la Asamblea de Estados Partes, celebrado en septiembre de 2002, se aprob贸 un conjunto de instrumentos complementarios, como las Reglas de Procedimiento y Prueba, los Elementos de los Cr铆menes, el Reglamento de la Asamblea de Estados Partes el Reglamento Financiero y Reglamentaci贸n Financiera Detallada, el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Tribunal Penal Internacional, los Principios b谩sicos del acuerdo relativo a la sede del Tribunal que han de negociar el Tribunal y el pa铆s anfitri贸n, y el Proyecto de Acuerdo de Relaci贸n entre el Tribunal y las Naciones Unidas.

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL MIEMBROS

Ciento seis pa铆ses son Estados Partes en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, de los que 30 son los Estados africanos, 13 Estados de Asia, 16 de Europa del Este, 22 de Am茅rica Latina y el Caribe, y 25 de Europa Occidental y otros Estados.
En el ejercicio de esta facultad, el Consejo de Seguridad decidi贸, en la Resoluci贸n 1593 (2005), remitir al Fiscal del Tribunal Penal Internacional la situaci贸n de Darfur (Sud谩n) desde el 1 de julio de 2002.
Espa帽a fue uno de los Estados signatarios y ratific贸 el Estatuto de Roma mediante Instrumento de 24 de octubre de 2000 (Bolet铆n Oficial del Estado n煤mero 126, de 27 de mayo de 2002), en virtud de autorizaci贸n concedida por la Ley Org谩nica 6/2000, de 4 de octubre (Bolet铆n Oficial del Estado n煤mero 239, de 5 de octubre de 2000), de conformidad con lo previsto en el art铆culo 93 de la Constituci贸n y por otro lado, el Consejo de Seguridad puede suspender temporalmente durante doce meses renovables las investigaciones o enjuiciamiento del Tribunal Penal Internacional (art铆culo 16 del Estatuto), en aquellos casos en que ante una situaci贸n calificada de amenaza para la paz y la seguridad internacionales, el Consejo lo considere aconsejable en aras de lograr el objetivo de consecuci贸n de la paz. La invocaci贸n de este precepto ha dado lugar a las Resoluciones 1422 (2002) Y 1478 (2003), adoptadas para garantizar la inmunidad ante el Tribunal de los miembros de operaciones de mantenimiento de la paz.

RELACIONES CON LA ORGANIZACI脫N DE LAS NACIONES UNIDAS

As铆, en el 谩mbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se crearon ad hoc y ex post Jacto los respectivos Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia (Resoluciones 808 (1993) de 22 de febrero, y 827 (1993), de 25 de mayo) y para Ruanda (Resoluci贸n 955 (1994), de 8 de noviembre).
El art铆culo 2 del Estatuto de Roma previene el Tribunal Penal Internacional estar谩 vinculado con las Naciones Unidas mediante un Acuerdo, el cual ya se encuentra, en vigor tras ser elaborado por la Comisi贸n Preparatoria del Tribunal y ser aprobado en 2004 por la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto y por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Adem谩s de la participaci贸n de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la financiaci贸n del Tribunal y de la funci贸n de depositario que el art铆culo 125.2 del Estatuto de Roma confiere al Secretario General de las Naciones Unidas, hay que destacar el estatuto jur铆dico propio del que, goza el Consejo de Seguridad en relaci贸n con el Tribunal.

ESTRUCTURA聽 DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Pueden distinguirse 贸rganos de naturaleza judicial y un 贸rgano de car谩cter pol铆tico (la Asamblea de Estados Partes).

REGULACI脫N

Partiendo de sendos proyectos de Estatuto de la Corte Penal Internacional y de C贸digo de Cr铆menes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, proyectos presentados por la Comisi贸n de Derecho Internacional en 1994 y 1996 por encargo del a帽o 1989 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Conferencia Diplom谩tica de Plenipotenciarios convocada al efecto por las Naciones Unidas aprob贸 el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998.

MIEMBROS

Forman parte de los primeros la Presidencia, las Secciones judiciales, la Fiscal铆a y la Secretar铆a (art铆culo 34).
La adquisici贸n de Estado Parte en el Estatuto de Roma es materia de las disposiciones relativas a la prestaci贸n del consentimiento.

Estas disposiciones permiten la incorporaci贸n de cualquier Estado mediante el dep贸sito de un instrumento de ratificaci贸n, aceptaci贸n, aprobaci贸n o adhesi贸n (art铆culo 125).

1.- La Presidencia
La Presidencia, con funciones principalmente administrativas, est谩 integrada por un Presidente y dos Vicepresidentes, que tendr谩n la condici贸n de magistrados y cuya elecci贸n por tres a帽os corresponde por una parte y de conformidad con lo dispuesto en el Cap铆tulo VII de la Carta de por mayor铆a absoluta a los magistrados del Tribunal.

2.- Las Secciones judiciales Estas Secciones son los 贸rganos jurisd铆centes del Tribunal y en ellas se integran los dieciocho magistrados del Tribunal. Se prev茅 la existencia de tres secciones:
La Secci贸n de Cuestiones Preliminares.
La Secci贸n de Primera Instancia.
La Secci贸n de Apelaciones.

La primera de ellas puede constituirse en Sala o a trav茅s de un magistrado que act煤e como 贸rgano unipersonal, mientras que las otras dos Secciones siempre se constituyen en Sala.

Los magistrados son elegidos por un per铆odo de nueve a帽os sin posibilidad de reelecci贸n (art铆culo 39.9) por la Asamblea de los Estados Partes, atendiendo al principio de reparto equitativo entre los principales sistemas jur铆dicos del mundo de entre dos listas de candidatos presentadas por los Estados, debiendo ser juristas de alto nivel moral y reconocido prestigio, que re煤nan las condiciones para el ejercicio de las m谩s altas funciones judiciales en sus respectivos pa铆ses y gocen de reconocida competencia en alguno de estos dos sectores:
Derecho y procedimientos penales y experiencia en causas penales en condici贸n de Magistrado, Fiscal, Abogado u otra similar; Materias de Derecho internacional como el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos, as铆 como gran experiencia en funciones jur铆dicas profesionales que tengan relaci贸n con la labor judicial del Tribunal (art铆culo 36.3).

3.- La Fiscal铆a
Es 茅sta un 贸rgano separado del Tribunal (art铆culo 42), que act煤a con independencia en el ejercicio de las siguientes funciones:

  • Recibir informaci贸n sobre los hechos que sean competencia del Tribunal.
  • Llevar a cabo investigaciones para el procesamiento de una persona.
  • Ejercer la acci贸n penal.

La Fiscal铆a est谩 dirigida por un Fiscal que es quien nombra al personal que integra la Fiscal铆a y, en su caso, por dos Fiscales adjuntos, todos ellos elegidos por la Asamblea de Estados Partes por un per铆odo de nueve a帽os, sin posibilidad de reelecci贸n.

Los candidatos han de gozar de una elevada consideraci贸n moral y tener amplia experiencia en el ejercicio de la acci贸n penal o en la sustanciaci贸n de causas penales.

4.- La Secretar铆a
Por lo que se refiere a la Secretar铆a (art铆culo 43), es el 贸rgano responsable, bajo la autoridad del Presidente, de los aspectos no judiciales de la administraci贸n del Tribunal. La dirige un Secretario elegido por un per铆odo de cinco a帽os por mayor铆a absoluta de los Magistrados, en consideraci贸n a las recomendaciones formuladas por la Asamblea de Estados Partes.

5.- La Asamblea de Estados partes Junto al Tribunal Penal Internacional el Estatuto de Roma crea como principal 贸rgano de car谩cter pol铆tico la Asamblea de Estados Partes (art铆culo 112), integrada por un representante de cada uno de lo Estados que hayan ratificado o se hayan adherido al Estatuto. A t铆tulo de observadores podr谩n participar los Estados que simplemente hayan firmado el Estatuto o el Acta Final de la Conferencia de Roma.

聽Las decisiones han de ser adoptadas preferentemente por consenso y, cuando no sea posible, mediante un sistema de votaci贸n en el que cada Estado Parte dispone de un voto y en el que la mayor铆a requerida depender谩 del tipo de decisi贸n de que se trate.

聽A la Asamblea se le asigna, entre otras, las funciones relativas a la composici贸n de la Tribunal elecci贸n de los Magistrados (art铆culo 36.6), del Fiscal y sus adjuntos (art铆culo 42.4), y la recomendaci贸n para la elecci贸n del Secretario (art铆culo 43.4)-; supervisi贸n del funcionamiento administrativo creaci贸n del “Mecanismo de supervisi贸n independiente” encargado de la inspecci贸n, evaluaci贸n e investigaci贸n de la Tribunal a fin de mejorar su eficiencia y econom铆a, aunque sin poder intervenir en la fiscalizaci贸n de su actividad jurisdiccional (art铆culos 112.2.b) y 112.4)-; supervisi贸n a instancia del Tribunal del cumplimiento por los Estados de la obligaci贸n de cooperar con el mismo (art铆culos 112.2.f), 87.5 y 87.7); aprobaci贸n del presupuesto (art铆culo 112.2.d禄; arreglo de controversias surgidas entre los Estados Partes con ocasi贸n de la interpretaci贸n o aplicaci贸n del Estatuto (art铆culo 119.2) y aprobaci贸n de las propuestas de enmienda del Estatuto (art铆culos 121 y 122).
En la Asamblea de Estados Partes de febrero de 2003 se procedi贸 a la elecci贸n de los Magistrados del Tribunal y en la de abril de 2003 a la del Fiscal.

COMPETENCIA聽 DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Respecto al 谩mbito objetivo, el Tribunal ejercer谩 su competencia sobre cuatro tipos de delitos: crimen de genocidio, tribunal penal internacionalcr铆menes de lesa humanidad, cr铆menes de guerra y crimen de agresi贸n (art铆culo 5).
La competencia se extiende al enjuiciamiento no de hechos aislados, sino de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas de manera extensa o continuada en una situaci贸n dada. Las tres primeras categor铆as de delitos son objeto de desarrollo pormenorizado en los art铆culos 6, 7 Y 8 del Estatuto, respectivamente, mientras que el tipo penal del crimen de agresi贸n no es definido en el Estatuto, por lo que hasta que se produzca la tipificaci贸n por la Conferencia de Revisi贸n mediante el mecanismo previsto en los art铆culos 121 y 123, el Tribunal no podr谩 ejercer su jurisdicci贸n respecto a esta clase de delito.
Como complemento a las normas competenciales y procesales, el Estatuto recoge en su articulado una serie de principios y disposiciones generales del Derecho Penal que han de presidir la actuaci贸n del Tribunal: nullum crimen sine lege nulla poena sine lege, retroactividad ratione personae, responsabilidad penal individual, exclusi贸n de los menores de dieciocho a帽os, improcedencia de toda distinci贸n basada en el cargo oficial, responsabilidad de los jefes y otros superiores, imprescriptibilidad de los cr铆menes, elemento de intencionalidad (principio de culpabilidad), circunstancias eximentes de responsabilidad penal, error de hecho y de derecho, y cumplimiento de 贸rdenes superiores y disposiciones legales (obediencia debida) (art铆culos 22 a 33).

聽En cuanto a las penas, el Estatuto establece que el Tribunal podr谩 imponer penas de reclusi贸n de hasta treinta a帽os o, en casos excepcionales, la reclusi贸n a perpetuidad. Las penas privativas de libertad se cumplir谩n en un Estado designado por la Tribunal en cada caso, sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a aqu茅lla su disposici贸n a recibir condenados en sus establecimientos penitenciarios, disponibilidad que puede estar sometida a cierras condiciones. La Ley Org谩nica 6/2000, de 4 de octubre, incluye como disposici贸n adicional 煤nica una declaraci贸n manifestando la disposici贸n de Espa帽a a recibir personas condenadas por el Tribunal en los establecimientos penitenciarios de nuestro pa铆s, siempre que la duraci贸n de la pena de prisi贸n impuesta no exceda de la m谩xima admitida por nuestra legislaci贸n.
Otras penas que podr谩n imponerse son la de multa y de decomiso del producto y bienes procedentes del delito.
La competencia del Tribunal est谩 condicionada a una serie de presupuestos:
Respecto al 谩mbito temporal de la competencia, el Estatuto establece expresamente que no tendr谩 efectos retroactivos, por lo que s贸lo puede enjuiciar los cr铆menes cometidos con posterioridad a su entrada en vigor.
El Estado del que sea nacional el imputado o en cuyo territorio se haya cometido el delito, ha de ser parte en el Estatuto de Roma, requisito que, sin embargo, no opera cuando el Consejo de Seguridad ha presentado el asunto ante la Tribunal Penal Internacional (art铆culo 13.b) del Estatuto).
La competencia se presenta como complementaria de las jurisdicciones penales nacionales (art铆culo 1), por lo que el Tribunal intervendr谩 subsidiariamente cuando las jurisdicciones nacionales competentes no ejerzan su jurisdicci贸n, bien porque no puedan o bien porque no quieran hacerla, supuesto al que se asimila aquel en que se ejerza la jurisdicci贸n inadecuadamente con la finalidad de sustraer fraudulentamente a la persona procesada de su responsabilidad penal o de no hacerla comparecer ante la justicia.
En defensa de su jurisdicci贸n prioritaria, se prev茅 que el Estado afectado pueda impugnar la competencia del Tribunal o alegar causas de inadmisibilidad del asunto (art铆culos 17 a 19) -con la 煤nica excepci贸n de los casos en que el asunto haya sido remitido al Tribunal por el Consejo de Seguridad-, lo que no merma la primac铆a del Tribunal a la hora de pronunciarse sobre su propia competencia en caso de duda y de privar de efecto negativo de cosa juzgada material a las sentencias nacionales, dando lugar a que de nuevo pueda ser juzgado un asunto cuando aprecie que la jurisdicci贸n nacional no ha actuado conforme al inter茅s de la justicia (art铆culo 20).

LEGITIMACI脫N

La iniciativa de la acci贸n penal corresponde en exclusiva al Fiscal, una vez que se haya puesto en marcha el mecanismo de activaci贸n del Tribunal por alguna de estas tres v铆as (art铆culo 13):

  1. Impulso de un Estado parte, que remitir谩 la Fiscal una situaci贸n en que parezca haberse cometido uno o varios de estos cr铆menes, como ya ha ocurrido ante situaciones planteadas en Uganda, la Rep煤blica Democr谩tica del Congo y la Rep煤blica Centroafricana.
  2. Impulso del Consejo de Seguridad, a cuya intervenci贸n ya se ha hecho menci贸n.
  3. Iniciativa del Fiscal, quien en el momento de disponer de informaci贸n suficiente para afirmar que se est谩 ante unos hechos de la competencia del Tribunal, podr谩 iniciar un estudio preliminar de la situaci贸n y, en su caso, solicitar autorizaci贸n de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal para llevar a cabo una investigaci贸n plena. Esta autorizaci贸n confiere jurisdicci贸n al Tribunal como si la iniciativa hubiere procedido de un Estado.
  4. El Tribunal, por tanto, no puede ejercer su jurisdicci贸n de oficio. Los particulares carecen de legitimaci贸n activa para promover el proceso, aunque pueden remitir comunicaciones a la Fiscal铆a para su consideraci贸n.

En cuanto a la legitimaci贸n pasiva, el Tribunal no es competente para enjuiciar a Estados, sino a personas, respecto a las cuales la legitimaci贸n se extiende con amplitud, comprendiendo a cualquier individuo mayor de dieciocho a帽os, sin distinci贸n alguna basada en el cargo oficial y sin que sean obst谩culo para que el Tribunal ejerza su competencia sobre una persona las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, conlleve el cargo oficial que ostente (art铆culo 27).

聽PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

En la estructura y el desarrollo del proceso se combinan t茅cnicas del derecho anglosaj贸n y de los derechos continentales, aprovechando tambi茅n las experiencias de los Tribunales internacionales ad hoc ya existentes. El Estatuto prev茅 una fase de instrucci贸n y un sistema de doble instancia.
En los art铆culos 66 y 67 se reconocen a los acusados los siguientes derechos: a la presunci贸n de inocencia, a ser o铆do p煤blicamente, a una audiencia justa e imparcial, a ser informado de los cargos que se le imputan, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci贸n de su defensa ya comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elecci贸n, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia e interrogatorio de descargo, a ser asistido gratuitamente por un int茅rprete competente y a todas las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, a no ser obligado a declarar contra s铆 mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, a declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento, y a que no se invierta la carga de la prueba.

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