Con arreglo a lo estipulado en el artículo 20 del Código Penal, están exentos de responsabilidad criminal aquellas personas que actúen en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que exista una agresión ilegítima previa, necesidad racional del medio empleado para repelerla y falta de provocación suficiente por parte de la persona que se defiende.

Debe ser frente a una agresión ilícita. Es por ello que nuestro Tribunal Supremo se pronunció en sus sentencias de 26 de febrero de 2004 y 9 de diciembre de 1999, confirmando la necesidad de la defensa ya que la revocación de la agresión ilícita es un requisito básico para que podamos referirnos a la defensa legal.

Por otro lado, por el carácter de «inminente», la legítima defensa debe llevarse a cabo frente a la agresión actual, de modo que si ha sido completada y agotada, entonces la respuesta posterior no se considerará legítima defensa si no es una represalia.

El Supremo así lo tuvo en cuenta en la sentencia de 20 de mayo de 1998. En este caso, el agresor abandonó el lugar luego de culminada la agresión y la víctima decidió dispararle por la espalda.

Además, de acuerdo con el precedente reiterado por el Tribunal Supremo en sentencias como las de 25 de septiembre de 2002 y 10 de octubre de 1998, se determinó que en el caso de disturbios o riñas grupales, los ataques mutuos y los ataques voluntarios ocurrieron al mismo tiempo. 

Aceptar batallas y desafíos como para eliminar la idea de agresión ilegal, producir una defensa legal y convertir a los contendientes en agresores recíprocos. Del mismo modo, no será una agresión ilegal que nadie ejerza sus derechos, como cuando la policía o los ciudadanos realicen detenciones en las circunstancias previstas por la ley.

Por tanto, además, es necesario considerar la posibilidad real de una adecuada defensa frente a la entidad agresora, la gravedad de los derechos jurídicos amenazados, y la propia naturaleza humana, por lo que «el peso que requiere esta herramienta de defensa» debe ser entendido en el entorno de la conducta en su conjunto.

Entonces, en este sentido, la ley ahora dice que los métodos que deben usarse deben ser «racionales». Por lo tanto, es comprensible que haya una flexibilidad y clasificación que no pueda obedecer reglas predeterminadas, es decir, es imposible exigir los que actúan bajo presión Las personas deben defenderse, reflexionar y pensar en las defensas adecuadas para proteger su vida en ese momento.

Por tanto, podemos tener la certeza de que, ante los procedimientos de agresión injusta, la defensa debe situarse en un plano suficiente, buscando la proporcionalidad, es decir, invocando un peligro o riesgo inminente, manteniéndolo dentro de límites y no provocando excesos.