EL DERECHO DE DEFENSA LO PROTEGE LA CONSTITUCI脫N

De modo que cuando se produce una imputaci贸n policial que acarrea la privaci贸n de libertad debe garantizarse la defensa a trav茅s de Abogado, y as铆 se reconoce en el art铆culo 520.2.c Lecrim como un derecho del detenido.

El derecho de defensa nace con la imputaci贸n y finaliza con la producci贸n de una decisi贸n firme de extinci贸n del proceso penal.

Esto es lo que nos viene a indicar con meridiana claridad el art铆culo 24.2 de la Constituci贸n espa帽ola cuando dispone -hay que saber que en el marco de las diligencias realizadas ante los Tribunales de justicia- que todos tienen 芦derecho a la defensa禄.

Sin embargo, antes de ese momento en que se abre un proceso penal, el derecho a defenderse en una de sus m谩s caracter铆sticas manifestaciones, como es el derecho a la protecci贸n de Abogado, aparece reconocido y garantizado en la propia Constituci贸n cuando un 贸rgano p煤blico como es la polic铆a hubiera imputado a una persona aceptaci贸n penal y, por esa raz贸n, le hubiera detenido preventivamente, incluso cuando la notitia criminis no haya llegado todav铆a a conocimiento del Juez instructor.

La Constituci贸n garantiza as铆 la 芦asistencia de Abogado al detenido en las diligencias policiales, en los t茅rminos que la ley establezca禄 (art. 17.3).

ABSOLUCI脫N POR NO ESTAR PRESENTE EL LETRADO EN LA PRIMERA DECLARACI脫N

A continuaci贸n reproducimos una sentencia en la que se absuelve a un imputado por violencia de g茅nero, porque en su primera declaraci贸n en fase judicial, no se observaron todas las garant铆as.

PRIMERO: Formula el Ministerio Fiscal sendas acusaciones dirigidas respectivamente contra UNO y OTRA聽 con fundamento en la prueba practicada, singularmente e informe forense de ELLA obrante en las actuaciones y en la declaraci贸n prestada por la misma, en su condici贸n de perjudicada, en sede de instrucci贸n, y ello al amparo del art铆culo 730 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A este respecto, conviene recordar que el art铆culo 24 de la Constituci贸n Espa帽ola establece el principio de presunci贸n de inocencia, exigiendo la existencia de una suficiente prueba de cargo para desvirtuar la presunci贸n iuris tantum que supone el manifestaba as铆 como del estado en el que se encontraba y las lesiones que a simple vista se le apreciaban.

Tan solo se cuenta con la lectura interesada por el Ministerio Fiscal al amparo del art铆culo 730 Ley de Enjuiciamiento Criminal y ante su incomparecencia, de la declaraci贸n que ELLA prest贸 en sede de instrucci贸n en calidad de perjudicada (puesto que posteriormente, como acusada, se acogi贸 a su derecho a no declarar).

Ahora bien, a los fines pretendidos de considerar acreditados los hechos por los que se acusa, dicha declaraci贸n no puede ser tomada en consideraci贸n y ello debido a que la misma no se prest贸 debidamente sometida al principio de contradicci贸n.

As铆, debe recordarse que la Sala Segunda del Tribunal Supremo en relaci贸n a dicha cuesti贸n, siendo de una especial trascendencia la Sentencia del Tribunal Supremo 806/2012, se帽ala lo siguiente: 鈥 Como dijimos en Sentencia del Tribunal Supremo 383/2010, de 5 de mayo, entre las garant铆as que comprende el art铆culo 24 CE para todo proceso penal destaca, por ser principios consustanciales del mismo, los de contradicci贸n e igualdad.

El principio de contradicci贸n en el proceso penal hace posible el enfrentamiento dial茅ctico entre las partes, permitiendo as铆 el conocimiento de los argumentos de la contraria y la manifestaci贸n ante el Juez o Tribunal de los propios, constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso p煤blico con todas las garant铆as, para cuya observancia se requiere el deber de los 贸rganos judiciales de posibilitarlo.

Y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art铆culo 24.1 de la Constituci贸n Espa帽ola, produciendo indefensi贸n, cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar sus derechos en el proceso, los ve finalmente afectados por las resoluciones reca铆das en el mismo.

Del principio de igualdad de armas, l贸gico corolario del principio de contradicci贸n, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e id茅nticas posibilidades y cargas de alegaci贸n, prueba e impugnaci贸n, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales, ni que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en fase de instrucci贸n (o sumarial) por raz贸n de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla encaminada a asegurar el 茅xito de la investigaci贸n y en definitiva聽 la protecci贸n del valor constitucional de la justicia.

En el mismo sentido las Sentencias del Tribunal Supremo 1238/2009, de 11 de diciembre y 1080/2006, de 2 de noviembre, en la que hemos destacado que la vigencia efectiva del principio de contradicci贸n tiene directa relaci贸n con el derecho a un proceso equitativo, o a un proceso con todas las garant铆as en t茅rminos del art铆culo 24.2 de la Constituci贸n.

El debate contradictorio sobre las pruebas permite a las partes intervenir activamente en la pr谩ctica, y en lo que se refiere concretamente a la defensa le facilita la oportunidad de actuar poniendo de relieve los aspectos que a un juicio anulan, alteran o debilitan su valor probatorio, lo que contribuye a su valoraci贸n por parte del tribunal.

Cuando el citado derecho, prueba que debe realizarse con todas las garant铆as y ser practicada ante el juez, con contradicci贸n de las partes y publicidad, habi茅ndose conseguido adem谩s los medios probatorios llevados al proceso sin lesionar derechos o libertades fundamentales. Conforme reiterada doctrina del

Tribunal Constitucional, la presunci贸n de inocencia consagrada en el art铆culo 24.2 de la CE se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el principio de libre valoraci贸n de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuarla a los Jueces y Tribunales por imperativo del art. 117.3 Y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en aut茅nticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla, Para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible, como en todo a lo atinente a la participaci贸n y responsabilidad que en el mismo tuvo el acusado.

Por lo que respecta a la segunda de las exigencias apuntadas, 茅sto es, a los actos o medios de prueba, es doctrina consolidada de dicho Tribunal, desde la Sentencia 31/81, que 煤nicamente pueden considerarse aut茅nticas pruebas que vinculen a los 贸rganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el acto del juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicci贸n de 茅ste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los medios aportados a tal fin por las partes.

As铆, no basta tampoco que se haya practicado prueba o incluso que se haya practicado con gran amplitud, sino que el resultado de la misma ha de ser tal que racionalmente pueda determinarse de cargo, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la comisi贸n del hecho imputado y la culpabilidad del acusado.

SEGUNDO.鈥 Pues bien, partiendo de lo expuesto en el fundamento jur铆dico anterior, y por lo que se refiere a los hechos imputados a EL, lo cierto es que no puede sino dictarse respecto del acusado una sentencia de contenido absolutorio y ello por considerar que no se ha practicado prueba bastante para enervar la presunci贸n de inocencia.

As铆 聽aun cuando se tuviera por reproducida la prueba documental obrante en las actuaciones, fundamentalmente el informe de sanidad forense que refleja las lesiones que la facultativa apreci贸 a聽 ELLA 聽en su exploraci贸n, as铆 como el informe de la asistencia inicial, y la diligencia de exposici贸n de hechos de la Polic铆a Local de Las Rozas que acudi贸 al Centro de Salud, lo cierto es que en el acto del juicio oral no se ha practicado ninguna prueba que desvirt煤e el principio de presunci贸n de inocencia del acusado.

As铆, no se ha interesado la declaraci贸n testifical de los citados agentes de Polic铆a Local ni tampoco del m茅dico que asisti贸 a ELLA en el Centro de Salud, quienes podr铆an haber dado cuenta, como testigos de referencia.

EL DERECHO DE DEFENSA EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

No obstante, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha ofrecido un paso m谩s y ya se garantiza el derecho de defensa, incluso por medio de la designaci贸n de defensor, desde que se produce la imputaci贸n de una persona por cualquier 贸rgano p煤blico de b煤squeda penal, sea por la polic铆a, por el Ministerio Fiscal o por el Juez una vez iniciado el proceso penal, con independencia de la posici贸n personal del imputado, y pero no se encuentre detenido.

La m谩s reciente legislaci贸n constitucional ha reconocido que el derecho a la asistencia de Abogado debe garantizarse adem谩s en los procedimientos en que no es preceptiva siempre que el imputado lo solicite.

DERECHO DE DEFENSA EN LOS JUICIOS POR DELITOS LEVES

La doctrina constitucional ha consolidado la extensi贸n del derecho a la asistencia de Abogado inclusive en los procedimientos en que no resulta obligatoria, -considerando que 芦el hecho de que la intervenci贸n de Letrado no sea preceptiva en un proceso determinado, con arreglo a las reglas procesales, no priva al justiciable del derecho a la protecci贸n y asistencia letrada que le reconoce el art铆culo 24.2 Ce, ya que el car谩cter no preceptivo o preciso de la intervenci贸n del Abogado en ciertos聽 procedimientos, no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa regla, no obstante permaneciendo, en consecuencia, el derecho de concurrencia letrada inc贸lume en comparables hechos, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes, lo cual conlleva, en empiece, el derecho del demandante que carece de recursos econ贸micos para sufragar un Letrado de su selecci贸n, a que se le provea de Abogado de puesto, si as铆 lo considera conveniente a la mejor defensa de sus derechos, siendo procedente el nombramiento de Abogado de oficio cuando se solicite y resulte necesario禄

Nuestro Tribunal Constitucional consolid贸 la extensi贸n del derecho a la asistencia de Letrado de hecho en los casos en los que no resulta obligatoria, como por ejemplo los juicios por delito leve聽 聽pues entiende que aunque en este tipo de procedimientos聽 la intervenci贸n de Letrado no sea preceptiva, tampoco se puede privar al justiciable del derecho a la protecci贸n y asistencia letrada que le reconoce el art铆culo 24.2 de la Constituci贸n.