Derecho de defensa

DERECHO DE DEFENSA

El Derecho de defensa parte de la previsi贸n constitucional

De modo que cuando se produce una imputaci贸n policial que acarrea la privaci贸n de libertad debe garantizarse la defensa a trav茅s de Abogado, y as铆 se reconoce en el art铆culo 520.2.c) Lecrim como un derecho del detenido.

El derecho de defensa nace con la imputaci贸n y finaliza con la producci贸n de una decisi贸n firme de extinci贸n del proceso penal.

Esto es lo que nos viene a indicar con meridiana claridad el art铆culo 24.2 de la Constituci贸n espa帽ola cuando dispone -hay que saber que en el marco de las diligencias realizadas ante los Tribunales de justicia- que todos tienen 芦derecho a la defensa禄.

Sin embargo, antes de ese momento en que se abre un proceso penal, el derecho a defenderse en una de sus m谩s caracter铆sticas manifestaciones, como es el derecho a la protecci贸n de Abogado, aparece reconocido y garantizado en la propia Constituci贸n cuando un 贸rgano p煤blico como es la polic铆a hubiera imputado a una persona aceptaci贸n penal y, por esa raz贸n, le hubiera detenido preventivamente, incluso cuando la notitia criminis no haya llegado todav铆a a conocimiento del Juez instructor.

La Constituci贸n garantiza as铆 la 芦asistencia de Abogado al detenido en las diligencias policiales, en los t茅rminos que la ley establezca禄 (art. 17.3).

No obstante, en la Lecrim se ha ofrecido un paso m谩s y ya se garantiza el derecho de defensa, incluso por medio de la designaci贸n de defensor, desde que se produce la imputaci贸n de una persona por cualquier 贸rgano p煤blico de b煤squeda penal, sea por la polic铆a, por el Ministerio Fiscal o por el Juez una vez iniciado el proceso penal, con independencia de la posici贸n personal del imputado, y pero no se encuentre detenido.

La m谩s reciente legislaci贸n constitucional ha reconocido que el derecho a la asistencia de Abogado debe garantizarse adem谩s en los procedimientos en que no es preceptiva siempre que el imputado lo solicite.

La doctrina constitucional ha consolidado la extensi贸n del derecho a la asistencia de Abogado inclusive en los procedimientos en que no resulta obligatoria, -considerando que 芦el hecho de que la intervenci贸n de Letrado no sea preceptiva en un proceso determinado, con arreglo a las reglas聽procesales, no priva al justiciable del derecho a la protecci贸n y asistencia letrada que le reconoce el art铆culo 24.2 Ce, ya que el car谩cter no preceptivo o preciso de la intervenci贸n del Abogado en ciertos聽 procedimientos, no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa regla, no obstante permaneciendo, en consecuencia, el derecho de concurrencia letrada inc贸lume en comparables hechos, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes, lo cual conlleva, en empiece, el derecho del demandante que carece de recursos econ贸micos para sufragar un Letrado de su selecci贸n, a que se le provea de Abogado de puesto, si as铆 lo considera conveniente a la mejor defensa de sus derechos, siendo procedente el nombramiento de Abogado de oficio cuando se solicite y resulte necesario禄 (Sentencias 130/2003, de 30 de junio, 215/2002, de 25 de noviembre, 145/2002, de 15 de julio, 22/2001, de 29 de enero y 92/1996, 27 de mayo).

La reforma de 1978

La reforma del art铆culo 118 de la Lecrim por la Ley 53/1978, de 4 de diciembre, produjo un cambio radical en la concepci贸n del proceso penal, y bastante especialmente de la instrucci贸n, al reconocer a todo aquel a quien se imputara un acto punible el derecho de defensa desde el preciso t茅rmino en que en el intervalo de un expediente penal apareciera una imputaci贸n pudiendo desde entonces intervenir en 茅l.

La norma, que se hab铆a tramitado en paralelo con la discusi贸n parlamentaria de la propia Constituci贸n, supuso un revulsivo en el trabajo de los instructores e hizo desaparecer la anterior concepci贸n, proveniente del 芦code de Proc茅dure P茅nale禄 napole贸nico de 1808, seg煤n la cual la defensa penal aparec铆a en tres estadios: la defensa restringida en la detenci贸n, consentida en la instrucci贸n judicial desde un determinado tiempo y obligatoria a partir de la apertura del juicio oral.

Sin embargo, este reconocimiento a la defensa y a la asistencia de Abogado, que se extiende desde las diligencias policiales hasta el procedimiento judicial, resultaba en veces cuestionada en sede policial, exactamente cuando por causa de la detenci贸n el ejercicio del derecho de defensa aparec铆a m谩s perentorio.

Ello dio sitio a incriminaciones de coacciones a los detenidos para que renunciaran a su derecho (acusaci贸n que hizo p煤blica en su d铆a el Colegio de Abogados de Madrid), lo que determin贸 finalmente la reforma de los arts. 520 y 527 de la Lecrim en 1983, en el sentido de convertir en obligatoria siempre la asistencia del Abogado cuando se hubiera practicado una detenci贸n, estableciendo para ello el correspondiente turno de oficio en los Colegios de Abogados.

Aparecieron entonces varias defensas de oficio: la de la detenci贸n, la del juicio vocal y las dem谩s solicitudes, con Abogados diferentes en cada una de ellas.

Luego, con la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal de 1992, y el art. 31 de la Ley 1/l996, de Asistencia Jur铆dica Gratuita (donde se establece que los Abogados y procuradores designados desempe帽ar谩n sus actuaciones de presencia y representaci贸n de manera real y efectiva hasta la extinci贸n del proceso en la instancia judicial de que se trate), han terminado con todos los antiguos turnos de oficio y se han refundido en uno solo, de pr谩ctica que el Abogado asignado al detenido ha de encargarse su protecci贸n, no tan solo en la detenci贸n, sino a lo largo de todo el pleito inclusive la producci贸n de un auto de archivo, de sobreseimiento o una resoluci贸n firme.

As铆 dado que, aun la entrada en vigor de la Ley 38/2002, el 28 de abril de 2003, el r茅gimen del derecho de defensa en nuestro proceso penal ha sustentado una primordial diferencia seg煤n la sede en que se encontraba el imputado, partiendo siempre del escrupuloso respeto y de la garant铆a del derecho a defenderse e intervenir en las actuaciones -generalmente mediante Abogado

En efecto, el art. 118. de la Lecrim conecta el nacimiento del derecho de defensa con la imputaci贸n, al decretar que 芦toda persona a quien se impute un acto punible podr谩 ejercer el derecho de defensa禄, pasando a definir, a continuaci贸n, c贸mo se manifiesta la inculpaci贸n: admisiblemente desde el primer hecho de apertura del enjuiciamiento en el que se determine al imputado (p贸ngase en relaci贸n la expresi贸n

desde que se le comunique su existencia禄

del art. 118.1 con el n煤mero 2 del mismo precepto que obliga a alcanzar traslado inmediato al imputado de la denuncia o querella), aceptablemente desde la detenci贸n o admisi贸n de cualquier otra medida cautelar (las cuales siempre tienen como 芦fumus boni iuris禄 la efectividad de una imputaci贸n), acertadamente desde su procesamiento.

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