Retardo malicioso

Retraso y Retardo malicioso en el procedimiento

retardo malicioso

El artículo 449 considera punible la conducta del Juez, Magistrado o Letrado del la Administración del Justicia (Secretario Judicial) culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia, dicho precepto entiende por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima (ojo no confundir con las dilaciones indebidas en la Administración de Justicia )

Este tipo sanciona un tipo de prevaricación que ha sido calificado por la doctrina como “de recogida” respecto a las figuras prevaricadoras de los artículos 446 a 448 del Código; y viene a completar la protección del derecho a la tutela judicial efectiva a través del correcto ejercicio de la potestad jurisdiccional, bien jurídico protegido en la prevaricación judicial (sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 19/2001 de 15 de noviembre)

Dentro de los delitos contra la administración pública que tratan de proteger la correcta administración de justicia, incardinado como una forma de prevaricación, se encuentra el retardo malicioso.

Los jueces y letrados de La Administración de Justicia tienen la obligación de resolver las causas los procesos que están a su cargo en cualquier fuero civil penal contencioso administrativo laboral etcétera.

Prevaricación por retrasar el procedimiento, el juicio o la sentencia.

Como consecuencia de esta obligación de resolver las causas entonces el código penal prevé un delito en caso de incumplimiento.

Tienen los jueces magistrados y letrados de la Administración de Justicia la obligación de mediante una decisión razonablemente fundada a resolver las causas que tienen a su cargo.

Si hay una persona imputada tiene que continuar ese proceso penal, hasta terminar con una sentencia condenatoria eventualmente o con una sentencia absolutoria, no puede estar indefinidamente abierto un proceso penal ni un proceso en ninguno de los fueros.

La obligación que recae sobre los jueces de continuar con la tramitación de los procesos y llegar a una culminación está vinculado también esto con la garantía a ser juzgado en un plazo razonable que tiene reconocimiento en el
Artículo 24 de la Constitución Española:
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Así la STS Explica el Tribunal Supremo (Sala 2ª), entre otras, en su sentencia de 20 diciembre 2013, que: 

 » …mediante la redacción de esta circunstancia, el legislador ha acogido de forma expresa la jurisprudencia de esta misma Sala y del Tribunal Constitucional acerca de los efectos del transcurso del tiempo en el proceso penal y de modo singular, su incidencia en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 Constitución Española).  La apreciación de la atenuante exige precisar en qué momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas.
Hemos dicho que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama «.

Como vemos en el primer párrafo transcrito el Tribunal Supremo se refiere a las dilaciones indebidas, del artículo 21. del Código Penal, pero en el segundo párrafo directamente se refiere a la obligación de los órganos jurisdiccionales.

Para que se de este tipo de delito, se requiere acreditar la “malicia” de parte del juez y este es un elemento muy importante. Es decir no se configura el delito en cualquier caso en que el juez y no se haya dado cuenta por ejemplo del transcurso del tiempo de que no estaba cumpliendo dentro de los plazos etcétera sino que tiene que darse eso que se entiende como dolo.

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