Procesos especiales

PROCESOS ESPECIALES

Como procesos especiales, la Ley de Enjuiciamiento Criminal alude a los siguientes:

  • El modo de proceder cuando sea procesado un Senador o Diputado a Cortes.
  • El procedimiento abreviado.
  • El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.
  • El procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares.
  • El procedimiento para los delitos cometidos por medio de imprenta u otro medio mecánico de publicación.
  • El procedimiento de extradición.
  • El procedimiento contra reos ausentes. Y con un carácter diferenciado de los anteriores, los artículos 962 y siguientes contemplan el procedimiento para los juicios por delitos leves.
  • José Martín es abogado penalista experto en procedimientos especiales.

Vamos a comentar seguidamente algunos de los referidos procedimientos especiales.

AFORADOS

El Juez o Tribunal que encuentre méritos para procesar a un Senador o Diputado a Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes estuvieran abiertas, hasta obtener la correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador a que pertenezca.

Si el Senador o Diputado a Cortes fuere delincuente in fraganti podrá ser detenido y procesado sin la autorización a que se refiere el artículo anterior; pero en las veinticuatro horas siguientes a la detención o procesamiento deberá ponerse lo hecho en conocimiento del Cuerpo Colegislador a que corresponda.

Si el Senado o el Congreso negasen la autorización pedida, se sobreseerá respecto al Senador o Diputado a Cortes; pero continuará la causa contra los demás procesados.

La autorización se pedirá en forma de suplicatorio, que se remitirá por conducto del Ministro de Justicia.

EL PROCESO ABREVIADO

Curiosamente el procedimiento ordinario tiene la consideración de especial siendo el más común, y el que se conoce como procedimiento ordinario, se da en mucha menor medida (las penas son muy elevadas: más de nueve años)

El procedimiento abreviado se aplica al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.

Los Jueces y Tribunales observarán en la tramitación de las causas correspondientes al procedimiento abreviado las siguientes reglas:

  • El Juez o Tribunal que ordene la práctica de cualquier diligencia se entenderá directamente con el juez, Tribunal, autoridad o funcionario encargado de su realización aunque el mismo no le esté inmediatamente subordinado ni sea superior inmediato de aquéllos.
  • Para cursar los despachos que se expidan se utilizará siempre el medio más rápido, acreditando por diligencia las peticiones de auxilio que no se hayan solicitado por escrito.
  • Si el que hubiere de ser citado no tuviere domicilio conocido o no fuere encontrado por la Policía Judicial en el plazo señalado a ésta, el Juez o Tribunal mandará publicar la correspondiente cédula por el medio que estime más idóneo para que pueda llegar a conocimiento del interesado, y sólo cuando lo considere indispensable acordará su divulgación por los medios de comunicación social.
  • A todo escrito y a los documentos que se presenten en la causa se acompañarán tantas copias literales de los mismos, realizadas por cualquier medio de reproducción, cuantas sean las otras partes y el Fiscal, a quienes se entregarán al notificarles la resolución que haya recaída en el escrito respectivo.
  • Para enjuiciar los delitos conexos, cuando existan elementos para hacerla con independencia, y para juzgar a cada uno de los imputados, cuando sean varios, podrá acordar el Juez la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento.
  • En las declaraciones se reseñará el documento nacional de identidad de las personas que las presten, salvo que se tratara de agentes de la autoridad, en cuyo caso bastará la reseña del número de carné profesional.
  • La información prevenida en el artículo 364 de la Ley Procesal Penal sólo se verificará cuando a juicio del instructor hubiere duda acerca de la preexistencia de la cosa objeto de la sustracción o defraudación.
  • Los informes y declaraciones a que se refieren los artículos 377 y 378 de la expresada Ley procesal únicamente se pedirán y recibirán cuando el Juez los considerase imprescindibles.
  • Cuando los hechos enjuiciados deriven del uso y circulación de vehículos de motor, se reseñará también, en la primera declaración que presten los conductores, los permisos de conducir de éstos y de circulación de aquéllos y el certificado del seguro obligatorio, así como el documento acreditativo de su vigencia.

JUICIOS RÁPIDOS

El procedimiento especial para el en enjuiciamiento rápido de determinados delitos se aplica a la instrucción y al conocimiento de hechos delictivos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial.

EXTRADICIÓN

Miembros del Ministerio Fiscal pueden solicitar que el Juez o Tribunal proponga al Gobierno que solicite la extradición de los procesados o condenados por sentencia firme, cuando sea procedente con arreglo a Derecho.

Para que pueda pedirse o proponerse la extradición, será requisito necesario que se haya dictado auto motivado de prisión o recaída sentencia firme contra los acusados a que se refiera.

Según el artículo 826 de la Ley Procesal Penal, únicamente podrá pedirse o proponerse la extradición de los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero, de los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto de aquel en que delinquieron y, en fin, de los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.

Además, la procedencia de la petición de extradición se refiere a los siguientes supuestos:

  1. Que se trate de delitos flagrantes, esto es, los que se estuviesen cometiendo o se acabaren de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto.
  2. En los casos que se determinen en los Tratados vigentes con la potencia en cuyo territorio se hallare el individuo reclamado.
  3. En defecto de Tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho escrito o consuetudinario vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición.
  4. En defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad.
  5. Que se trate de alguno de los siguientes delitos: delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, delitos de hurto, delitos de robo, delitos de hurto y robo de uso de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico, delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal, y delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274  y 275 del  Código Penal.

El Juez o Tribunal que conozca de la causa en que estuviese procesado el reo ausente en territorio extranjero, será el competente para pedir su extradición.

Contra el auto acordando o denegando pedir la extradición podrá interponerse el recurso de apelación, si lo Por último, en cuanto al procedimiento de extradición cabe destacar que los hubiese dictado un Juez de Instrucción.

VISTO EN:
La Sexta Telemadrid y rtrve europa press
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