Más de un año para ADN

El CGPJ constata que se tardó más de un año en hacer la prueba de ADN a un menor acusado, que no pudo ser juzgado al alcanzar la mayoría de edad.

Más de un año tardó el Instituto Anatómico Forense de Valencia en realizar una prueba de ADN a un menor acusado de agredir sexualmente a a una joven que presentaba un síndrome de West, una forma de epilepsia. Pero la responsabilidad también es achacable al juzgado, que esperó nueve meses para recordar que estaba pendiente la citada prueba. La causa fue, directamente, sobreseída porque el acusado alcanzó la mayoría de edad.

Francisco José Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Los hechos se remontan al 10 de mayo de 1999. Ese día, la menor C. P. G., quien tenía entonces 12 años y presentaba un síndrome de West –que sufre también en la actualidad–, jugaba en un parque de la localidad de Carcaixent.

Dos menores, José Tomás C. y Raúl G. G., se acercaron a ella y la trasladaron «hasta un campo» con el fin de «satisfacer sus deseos libidinosos». Como consecuencia de lo ocurrido, la menor sufrió diversas erosiones en la zona genital y hematomas en el glúteo izquierdo.

La Fiscalía de Menores abrió las correspondientes diligencias respecto a los dos menores denunciados. Las mismas acabaron el 14 de noviembre de 2002, tres años y medio después de iniciarlas, cuando la propia fiscalía tuvo que solicitar al juzgado correspondiente el archivo al haber alcanzado los dos implicados la mayoría de edad.

En noviembre del pasado año 1999, la fiscalía había solicitado la apertura de la Audiencia –equivalente a vista oral– correspondiente para los dos menores e interesó que se adoptara la medida de un año de libertad vigilada para ellos. La defensa, por su parte, se mostró disconforme y reclamó la práctica de diversas pruebas, entre ellas que se contrastara el ADN de los menores con las muestras de semen halladas en la víctima.

El Juzgado de Menores número 2 admitió el 2 de diciembre la práctica de dicha prueba y señaló para su realización el 19 de enero de 2000, remitiéndose el oficio correspondiente al Instituto Anatómico Forense de Valencia.

Ese mismo día, 19 de enero, estaba previsto que se celebrase la Audiencia correspondiente en el juzgado respecto a los menores. Sin embargo, al no disponerse de las pruebas de ADN del menor, ese acto tuvo que suspenderse.

Hasta el 1 de septiembre no se recordó por el juzgado el «urgente cumplimiento de la prueba», contestando el Instituto Anatómico Forense que no había podido concluir con los análisis debido «al volumen de muestras judiciales pendientes de estudio».

Se fijó entonces el 19 de diciembre de 2001 como nueva fecha para la Audiencia, que tampoco se puedo llevar a cabo «ante la incomparecencia de la forense que reconoció a la víctima, al encontrarse de baja por enfermedad».

Tuvo que ser el abogado defensor quien informase, en julio de 2002, que la forense ya estaba reincorporada a su trabajo.

Se establece la Audiencia, por cuarta vez, para el 13 de noviembre de ese año. En ese acto, el fiscal se vio en la obligación de solicitar el archivo de las actuaciones porque el menor había alcanzado la mayoría de edad –cumplió los 18 años en octubre de 2001–.

El 15 de noviembre, el juzgado dicta un auto por el que acuerda el sobreseimiento libre archivo de las actuaciones. Ante estas circunstancias, al padre de la víctima no le quedó otra opción que presentar ante el Ministerio de Justicia una reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

El Consejo General del Poder Judicial, en un informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN, le da la razón. El CGPJ es concluyente en su dictamen:

Ha existido una dilación indebida en la tramitación del procedimiento, debido a causas estructurales, pero que supone un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, pues no es admisible el que se tarde en llevar a cabo una prueba de ADN más de un año, siendo sólo recordada su urgente práctica por el juzgado nueve meses después de ser acordada»

La paralización de las actuaciones por incomparecencia de la forense, aunque fuese debido a baja por enfermedad, «constituye un nuevo caso de dilación indebida, habiendo prolongado la tramitación un año más».

Written by José Martín García

José Martín García es abogado penalista. Ha colaborado e intervenido entre otras con: Televión española, La Sexta, Telemadrid. Ha participado en numerosos cursos y ponencias.

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