Delito fiscal básico

FRAUDE FISCAL, DELITO FISCAL BÁSICO

Este delito de fraude fiscal, también denominado de defraudación tributaría, se recoge en el artículo

305 del Código Penal y protege a la Hacienda Pública en cuanto a la dimensión recaudatoria (ingresos de la Hacienda Pública), castigando el fraude en el pago de los tributos.

QUIENES PUEDEN COMETER DELITO FISCAL

En el delito puede incurrir, como sujeto activo:

  • El obligado tributario o sujeto pasivo principal, que es el contribuyente.
  • El retenedor, que es la persona jurídica (sociedades) o física (individuos) que por sus funciones intervenga en actos u operaciones en los cuales debe, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.
  • El sustituto del contribuyente es el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en el lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria, sin perjuicio de que pueda repercutir al contribuyente el importe del gravamen.

El sujeto pasivo del delito es la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local.

fraude fiscal
Se castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local:

Fraude fiscal eludiendo:

  • El pago de tributos.
  • El pago de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener.
  • El pago de ingresos a cuenta de retribuciones en especie.

Fraude fiscal obteniendo:

  • Devoluciones indebidamente.
  • Beneficios fiscales indebidamente (bonificaciones, reducciones, deducciones, desgravaciones o exenciones).

La conducta es defraudar por acción (haciendo fraudulentamente la declaración o gestión tributaria) y por omisión (no realizando la declaración obligatoria en caso de ser exigida por la normativa tributaria), es decir, causar un daño patrimonial a la Hacienda Pública mediante engaño.
La conducta se refiere a un tributo, entendido como concepto genérico que comprende impuestos, tasas y contribuciones especiales.  No abarca intereses, recargos, costas de ejecución o sanciones tributarias.

El resultado es defraudar efectivamente al fisco, pero sólo será delito si la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, excede de 120.000 euros.

Para determinar esa cantidad hay que tener en cuenta dos reglas:

  1. Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural.
  2. En los demás supuestos la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

Sólo se castiga la comisión dolosa de los hechos, es decir, la actuación u omisión intencional y a sabiendas de la defraudación realizada.

No se castiga penalmente el descuido o la negligencia, aunque fuera grave, que tendrán consecuencias sancionadoras administrativas, pero no el castigo criminal. La pena es de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales durante el período de tres a seis años.

Excusa absolutoria en el delito fiscal

El apartado 4° del artículo 305 definido, con la finalidad de promover el pago voluntario de las cantidades defraudadas, establece que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaría la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarías objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, la regularización sea antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, solamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, pudieran haberse cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaría. Si necesita un abogado penalista especializado en derecho penal económico, contacte con nosotros.

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