Delito contable

Delito contable

delito contable En el artículo 310 del Código Penal castiga una serie de conductas cuya cabida en el derecho penal sólo se justifica en ser actuaciones que sirven para preparar el delito de defraudación tributaria, de modo que para prevenir con más eficacia el delito fiscal se adelanta el Derecho Penal a castigar estos actos preparatorios.
La acción es la del que estando obligado por ley tributaría a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, cometa alguna de las siguientes conductas:

  • Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias. Absolutamente quiere decir que no exista ningún tipo de contabilidad, lo que reduce la aplicación del precepto pues es fácil que algún tipo de contabilidad pueda existir, aunque rudimentaria y normativamente insuficiente. La no llevanza tiene que referirse a todo el período impositivo.
    Está excluido el sujeto pasivo tributario sometido al régimen de estimación objetiva singular.
  • Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
  • En este caso la acción sólo la puede cometer un empresario en el que, además, concurra una finalidad específica de ocultación de la situación real de la empresa.
  • No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas, o hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. Se trata pues de conductas de omisión (las primeras) y de acción (las segundas).
  • En los dos últimos casos, para que los hechos sean delito es necesario que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más menos, de los cargos o abonos omitidos falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.
    La pena es de prisión de cinco a siete meses.

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