Defraudación a la UE

Defraudación a la Hacienda de la Comunidad Europea

delito fiscal en europaEl Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 (que entró en vigor en España el día 17 de octubre de 2002), obliga a los estados miembros a tomar medidas para castigar de forma eficaz los fraudes de fondos comunitarios. En cumplimiento del convenio, la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre ha llevado al Código Penal de 1995 los artículos 306 y 309 conteniendo varios tipos delictivos que castigan fraudes comunitarios en las dos versiones de ingreso y gasto de la Hacienda Comunitaria.

Delitos de fraude contra  la Hacienda de la UE.

Tipos de protección de los ingresos comunitarios. En el artículo 306, se castiga al que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Comunidad Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a 50.000 euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar. La pena es de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

Tipos de protección de los gastos o aplicaciones de los presupuestos comunitarios. Se encuentran en el mismo artículo 306 y en el artículo 309, castigándose las siguientes modalidades:

  • Al que diera a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados.
  • Al que obtenga indebidamente fondos de los presupuestos generales de la Comunidad Europea u otros administrados por ésta, falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido.

Las penas en estas segundas modalidades son de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, pero los hechos sólo son delito si la cuantía defraudada es superior a 50.000 euros.

Los comportamientos criminalizados en relación con la Seguridad Social se contienen en el artículo 307 del Código Penal, cuyo análisis es el siguiente: En el delito puede incurrir, como sujeto activo, aquel que es responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar a la Seguridad Social.

Esto excluye como sujeto activo del delito al trabajador, pues si bien en el Régimen General de la Seguridad Social, y conforme al artículo 103 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, está obligado a cotizar (junto con el empresario), no es, sin embargo, responsable de hacerla, pues sólo el empresario lo es, por disposición del artículo 104 de dicha norma.

En cambio en los regímenes especiales sí existen supuestos en que el trabajador es responsable de la cotización y puede ser sujeto activo del delito, lo que hará necesario tener en cuenta en cada caso concreto la normativa del concreto régimen de Seguridad Social en que se concitan los hechos.
El sujeto pasivo es la Tesorería General de la Seguridad “Social, como organismo que, conforme al artículo 18, del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio indicado, y bajo el principio de caja única del sistema de la Seguridad Social, llevará a efecto la gestión recaudatoria de los recursos de ésta, tanto voluntaria como ejecutiva, bajo la dirección, vigilancia y tutela del Estado.

Se castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 120.000 euros.

La conducta castigada tiene dos grandes modalidades:

I.- La conducta de defraudar por acción

(realizando una gestión fraudulenta) o por omisión (no realizando el pago correspondiente), es decir, causar un daño patrimonial a la Seguridad Social mediante engaño en la recaudación de cuotas o conceptos de recaudación conjunta. Comprende, pues, dos objetos:

  • 1. Las cuotas, que incluye tanto las que, en el Régimen General de la Seguridad Social, tiene que pagar el empresario como las que corren a cargo del trabajador, y también comprende las primas de accidentes de trabajo y las primas de enfermedad profesional.
  • 2. Los conceptos de recaudación conjunta son otros conceptos como las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial, a formación profesional, cotizaciones durante la situación de desempleo y otros que puedan establecerse en el futuro.

II.- La obtención indebida de devoluciones.

Se refiere a las devoluciones el artículo 23.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio indicado, estableciendo que las personas obligadas a cotizar o al pago de otras deudas con la Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria por la Administración de la Seguridad Social, tendrán derecho, en los términos y supuestos que reglamentariamente se fijen, a la devolución total o parcial del importe de los ingresos que por error se hubiesen realizado.

III.-  El disfrute indebido de deducciones.

Habrá que estar a la normativa específica que regula la deducción de que se trate (por ejemplo el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social) y que establecerá los requisitos de acceso a la mismas, conseguidas en este caso de forma fraudulenta.

El resultado es defraudar efectivamente a la Seguridad Social, pero sólo será delito si la cuantía defraudada excede de 120.000 euros.

Para determinar esta cuantía se estará a lo defraudado en cada liquidación, devolución o deducción, refiriéndose al año natural el importe de lo defraudado cuando aquéllas correspondan a un período inferior a doce meses.

Sólo se castiga la comisión dolosa de los hechos, es decir, la realizada de forma intencional y a sabiendas, como por otro lado es lógico al tratarse de una defraudación que es esencialmente maliciosa.

No se castiga penal mente el descuido o la negligencia, aunque fuera grave, que tendrá consecuencias sancionadoras administrativas.

La pena es de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

 Excusa absolutoria.

Conforme al artículo 307 apartado 3°, y con la finalidad de favorecer la restitución voluntaria del quebranto económico a la Seguridad Social, se prevé que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación ante la Seguridad Social antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interpongan querella o denuncia por los hechos.

 La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

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