LIBERTAD Y PRISIÓN PROVISIONAL

FORMULARIOS SOBRE LIBERTAD Y PRISIÓN PROVISIONAL

Escrito solicitando la Libertad Provisional

Escrito por el que se pide que a nuestro defendido se le conceda la Libertad Provisional 

Juzgado de Instrucción n.º ……….

Diligencias Previas ……………./……………

AL JUZGADO

DÑA. ………., Procuradora de los Tribunales y de D. ………., según tengo debidamente acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que mediante el presente escrito vengo a solicitar SE DECRETE LA LIBERTAD DE D. ………. en atención a las siguientes

PRIMERA. En primer lugar, ha de recordarse el carácter extraordinario y excepcional de la prisión provisional, frente a la normalidad de la libertad, con o sin fianza.

La excepcionalidad de la prisión provisional se establece expresamente en el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general …..), así como en el art. 9 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Esta misma excepcionalidad ha sido recogida por nuestro Tribunal Constitucional en una ya consolidada Doctrina al exigir el máximo celo en el análisis de los presupuestos que autorizan la imposición de tan grave medida cautelar. n este sentido tenemos las Sentencias 41/82, de 2 de julio y 32 y 34/87, de 12 de marzo, así como la Sentencia 128/1995 de 26 de julio que se refiere a la prisión provisional poniendo de manifiesto lo siguiente:

Es palmario que la adopción de una medida cautelar excepcional de esta trascendencia requiere la consideración de elementos subjetivos ……….. La constatación de razonables sospechas de responsabilidad criminal opera como conditio sine qua non de la adopción y del mantenimiento de tan drástica medida cautelar (Cfr. TEDH SS 28 Mar. 1990, 26 Jun. 1991, 27 Nov. 1991, 27 Ago. 1992 y 26 Ene. 1993) que, además, en cuanto particularmente gravosa para uno de los derechos fundamentales más preciados de la persona, queda supeditada en su aplicación a una estricta necesidad y subsidiariedad que se traduce tanto en la eficacia de la medida como en la ineficacia de otras de menor intensidad coactiva y queda también gobernada por los principios de provisionalidad (Cfr. TC Pleno S 71/1994 de 3 Mar.), en el sentido de que debe ser revisada si cambian las circunstancias que dieron origen a su adopción (Cfr. TC 1. S 8/1990 de 18 Ene.), y de proporcionalidad, como limitativo tanto de su duración máxima como de la gravedad de los delitos para cuya efectiva sanción y prevención pueda establecerse.Que un abogado me haga EScrito pidiendo la libertad Cierto es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus arts. 503 y 504, es extraordinariamente imprecisa en la definición de los elementos que han de tenerse en cuenta para decidir entre la prisión provisional o la libertad del imputado. Ahora bien, esta misma inconcreción obliga al juez, a la hora de valorar las circunstancias y elementos recogidos en los mencionados preceptos, a dar un valor prioritario a los que permiten acordar la libertad, con o sin fianza, y contemplar restrictivamente aquéllos que autorizan a decretar la prisión preventiva.

SEGUNDA. Pues bien, en el presente caso, el análisis de las circunstancias del mismo impide el mantenimiento por más tiempo de la situación de prisión provisional en que se halla mi patrocinado, por cuanto no consta en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de un delito cuya pena señalada sea superior a la de prisión menor, no existe riesgo alguno de que el D. ………. vaya a intentar eludir la acción de la Justicia y, finalmente, en modo alguno podemos hallarnos ante un delito de los que causan alarma social ni de los que se cometen con frecuencia en el territorio de esta Audiencia.

TERCERA. No existen en la causa hechos que presenten los caracteres de un delito con una pena señalada superior a la de prisión menor.

efecto, aun aceptando a efectos meramente dialécticos los hechos que se imputan a mi patrocinado (apoderamiento de un talonario ajeno, procediendo a rellenar uno de los cheques que se ingresa en una cuenta corriente de mi patrocinado), en ningún caso nos hallaríamos ante un delito con pena superior a la de prisión menor.

En este sentido, no cabe olvidar que no ha existido desplazamiento patrimonial alguno que haya causado perjuicio a persona alguna.

Según se comprueba del adeudo del Banco ………. que acompañamos como DOCUMENTO n.º 1, queda totalmente acreditado que el cheque por valor de ….. millones de pesetas no fue ingresado con carácter definitivo en la cuenta corriente que mi patrocinado tenía abierta en el Banco ………., sino que el citado cheque fue devuelto.

En este sentido, ha de destacarse también que mi patrocinado no habría presentado el referido cheque al cobro directamente en la oficina del Banco librado, sino que lo habría ingresado en su propia cuenta. Con ello, la idoneidad del engaño que se imputa a mi patrocinado resulta cuando menos discutible, dados los extremados controles que las entidades de crédito suelen adoptar ante cheques de tan elevados importes. Y a su vez, la antijuricidad de la conducta que se reprocha a mi representado, necesariamente ha de atemperarse ante la referida circunstancia.

Con ello también se colige que no ha habido desplazamiento patrimonial alguno por parte de tercero perjudicado a favor de mi mandante, acto dispositivo éste que, de facto, resultaba imposible que ocurriera. En consecuencia, como máximo (e insistimos, aceptando sólo a efectos dialécticos los hechos que se imputan a mi mandante), nos hallaríamos ante una tentativa (inidónea, incluso) de estafa del art. 248 del Código Penal, con lo que la pena resultante vid. art. 62 del Código Penal no justifica la situación de prisión provisional incondicional de mi patrocinado.

CUARTA. Por otro lado, tampoco hay motivo alguno para creer que mi representado va a intentar eludir la acción de la Justicia, concurriendo así el supuesto previsto en el párrafo segundo del art. 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En efecto, mi patrocinado es una persona joven (….. años de edad), sin medios de vida autónomos y que se encuentra completamente integrado en su vida familiar en ……….., tanto con sus padres como con sus cinco hermanos, todos ellos menores que él, por lo que es impensable que abandone todo su entorno para eludir la acción de la Justicia.

No podemos olvidar que mi patrocinado no sólo está integrado en su propio ambiente familiar, sino que lo necesita imperiosamente, puesto que es una persona que desde hace un año se halla bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Lo anterior queda corroborado por el informe emitido por el Dr. ………., que acompañamos al presente escrito como DOCUMENTO n.º 2. En el citado informe, el Dr. ………. explica la compleja personalidad de mi patrocinado, manifiesta que el mismo se encuentra en tratamiento desde ……….. con psicofármacos y psicoterapia, y en último lugar, propone como tratamiento imprescindible tanto sesiones de terapia, como el apoyo familiar y no apartarle del medio social en el que está integrado. Ante esta circunstancia, y aún con mayor motivo, se hace imprescindible la modificación de la situación personal de mi patrocinado, acordando su libertad con las cautelas que se estimen pertinentes por el Juzgado.

Finalmente, ………. carece de antecedentes penales, motivo éste que a mayor abundamiento y de conformidad con el citado art. 504, párrafo segundo, de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe motivar a nuestro entender la revocación de la medida de prisión adoptada y su sustitución por la de libertad provisional con la fianza y demás cautelas que el Juzgado estime necesarias.

En conclusión, el mantenimiento de la situación de prisión provisional para D. ………. carece de sentido, por cuanto éste está dispuesto a asegurar su puesta a disposición del Tribunal mediante la prestación de la fianza que se estime oportuna, la presentación periódica ante la autoridad que se determine, la aportación de su pasaporte o DNI, o cualesquiera otras medidas cautelares, por cuanto el único deseo de mi representado se encamina a poder seguir estudiando su carrera de económicas, desarrollar su vida normalmente con sus padres, hermanos y amigos, así como seguir recibiendo el tratamiento médico que tan urgentemente necesita.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con sus documentos y copias, lo admita y en atención a lo en él expuesto, se sirva decretar la LIBERTAD PROVISIONAL DE MI REPRESENTADO con las medidas cautelares que se estimen pertinentes.

Todo ello, por ser de justicia que pido en ………., a ……………….

Escrito solicitando la reducción de la fianza

ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN EN LA CUANTÍA DE LA FIANZA

AL JUZGADO

D. ………., Procurador de los Tribunales y de D. ………, según tengo acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que el pasado día ….. de ………., el Ilmo. Juzgado al que tengo el honor de dirigirme dictó auto de apertura del juicio oral contra mi patrocinado, al tiempo que acordaba imponerle una fianza de ………. de ptas. para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su día pudiesen acordarse.

Por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en los arts. 612 y 790.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo a solicitar que, o bien se deje sin efecto la antedicha fianza o bien se reduzca la misma hasta la cantidad que el Juzgado estime pertinente, todo ello con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

RIMERA. Con los debidos respetos hemos de manifestar nuestra sorpresa ante la fianza impuesta a mi patrocinado, al entender que la misma resulta carente de sentido y, en todo caso, absolutamente desproporcionada.

n este sentido, no puede olvidarse que la fianza cuya modificación solicitamos, como es obvio, sólo puede justificarse previa acreditación de la necesidad de asegurar la eventual responsabilidad civil que en su día pueda acordarse en sentencia en relación con mi patrocinado.

esde este punto de vista, dos son los datos que han de tenerse en cuenta a la hora de comprobar tanto la necesidad como la ponderación de la fianza impuesta:

.º Si en el hipotético caso de que mi patrocinado resultase condenado en la sentencia que en su día se dicte (lo que mencionamos sólo a efectos dialécticos), es previsible que la misma pueda establecer una indemnización por responsabilidad civil tan elevada como la que ahora se nos exige como fianza. Sólo en el supuesto de que tal eventualidad pudiese producirse, podría a su vez justificarse la necesidad de una fianza como la acordada en el auto de ….. de ………. pasado.

.º Si efectivamente existe un riesgo claramente previsible de que, caso de una eventual sentencia de condena, pudiese frustrarse la ejecución de la misma en lo relativo a la responsabilidad civil que en aquélla se acordase.

SEGUNDA. Pues bien, comenzando por el último de los dos elementos señalados (que no es otro que el que Jurisprudencia y Doctrina vienen denominando como periculum in mora, presupuesto cuya concurrencia como es bien conocido resulta imprescindible para la adopción de toda medida cautelar), puede colegirse con meridiana claridad que, en el presente caso, no existe riesgo alguno de que mi patrocinado pueda devenir insolvente y, en consecuencia, pueda dejar de satisfacer las responsabilidades pecuniarias que en su día pudiesen acordarse en sentencia.

Ciertamente, D. ………. es persona de notoria y reconocida solvencia, siendo su actividad profesional igualmente pública y notoria y siendo los ingresos que percibe por esa actividad profesional de fácil acreditación y persecución, motivos todos ellos que hacen inviable la posibilidad de que pueda ocultar su patrimonio a las resultas de este procedimiento, y que, por consiguiente, hacen innecesario asegurar, mediante una medida cautelar como la adoptada, tales eventuales responsabilidades pecuniarias.

En definitiva, no existiendo riesgo de elusión de la acción de la justicia en lo relativo al patrimonio de mi patrocinado, no concurre el antedicho presupuesto del periculum in mora (repetimos: absolutamente imprescindible para la adopción de cualquier medida cautelar, sea ésta real o personal), con la lógica consecuencia de que, bien debe dejarse sin efecto la solicitud de fianza a mi patrocinado, bien debe reducirse la cuantía de la misma hasta un importe que resulte más acorde con ese inexistente riesgo de ocultación patrimonial.

TERCERA. Por otra parte, y en lo relativo al primero de los elementos que antes señalábamos, ha de señalarse que resulta prácticamente descartable que la sentencia que en su día pudiera dictarse en la presente causa impusiese a mi patrocinado una responsabilidad civil de tan elevada cuantía.

 En este sentido, no ha de olvidarse que para la evaluación de la responsabilidad civil derivada de cualesquiera actos lesivos del honor de las personas (aunque se persigan en vía penal como es el presente caso), ha de atenderse al art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, de Protección Civil de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Si acudimos al meritado precepto, comprobaremos que el mismo viene a aportar una serie de bases o principios para la determinación del quantum del daño moral. En concreto, se han de tener en cuenta tanto el beneficio económico que haya podido obtener el causante de la lesión al honor, como la difusión del medio en el que ésta se haya podido producir y, sobre todo, la gravedad de la lesión efectivamente producida.

Pues bien, en atención a estos datos, resulta indudablemente excesiva y desproporcionada la fianza que se requiere ahora a mi patrocinado y ello por cuanto, aun admitiendo sólo a efectos dialécticos las imputaciones que se vierten contra el mismo, es evidente:

a) que D. ………. nunca habría obtenido un beneficio económico de tal importe por realizar las manifestaciones que se le atribuyen y que se califican de calumniosas

b) y que la gravedad de la lesión producida (insistimos, aceptando a efectos meramente dialécticos las imputaciones que se vierten), no justificaría tampoco tan importante responsabilidad civil.

Rompe así la fianza acordada el principio de proporcionalidad, esencial en nuestro Derecho y particularmente cuando de medidas cautelares se trata (arts. 589 y 612 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Y resulta desproporcionada la fianza que se exige no sólo en atención a las circunstancias del caso, sino incluso por comparación con cualesquiera otros supuestos de imputación de delitos de calumnias o injurias a particulares.

Todo ello sin olvidar tampoco que el Ministerio Fiscal, en el escrito de acusación que dirige contra D. ………., solicita una indemnización por responsabilidad civil para el querellante de ………. pesetas, cantidad ésta que con independencia de que nos parezca igualmente excesiva resulta sin duda más acorde y usual en relación con la imputación que se vierte contra mi patrocinado y muy alejada de los ………. de ptas. establecidos en el auto de apertura del juicio oral.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en atención a lo expuesto, se sirva:

1.º Dejar sin efecto la fianza impuesta a mi patrocinado por auto de ….. de ………. de ……

2.º Subsidiariamente, reducir el importe de la fianza impuesta a mi patrocinado para asegurar sus eventuales responsabilidades civiles a una cantidad más acorde con los presupuestos materiales y formales señalados en el cuerpo del presente escrito.

Todo ello por ser de Justicia que pido en ………., a ……….

Fdo. ………. Fdo. ……….

aColegiado n.º ……… Procurador

Escrito oponiéndose a las medidas cautelares solicitadas

Juzgado de Instrucción n.º ……….

Sumario ……………./……………

AL JUZGADO

DÑA. ………., Procuradora de los Tribunales y de D. ………., según tengo debidamente acreditado en las diligencias arriba referenciadas, ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que en fecha ……….. nos ha sido notificada resolución de ese Juzgado por la que se nos da traslado del escrito de la representación de D. ………. solicitando que se proceda a la adopción de medidas cautelares de tipo personal respecto de mi patrocinado para garantizar su comparecencia en la causa y en el juicio, interesándose la comparecencia prevista en el art. 504 bis 2, en relación con el art. 539, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en orden a resolver sobre su situación personal.

 Asimismo, en el citado escrito, la representación procesal de D. ………. solicita la adopción de medidas cautelares reales, con concreta petición de que se requiera a mi patrocinado para que preste fianza por importe de ………. de pesetas (……….), procediéndose al embargo de sus bienes en caso de no hacerlo en el tiempo que el Juez Instructor le señale.

Pues bien, en virtud del traslado conferido, venimos a oponernos a la adopción de las medidas cautelares arriba reseñadas, por cuanto ningún motivo existe para , en el momento actual de las actuaciones, se modifique tanto la situación personal, como real de nuestro patrocinado.

En este sentido, y a modo de sucinto resumen susceptible de posterior ampliación, podemos enumerar los siguientes datos, demostrativos de la improcedencia de las repetidas medidas:

1. El mismo transcurso del tiempo, en tanto los tres años desde que se incoaron las presentes actuaciones contra nuestro patrocinado sin que el mismo haya dado muestra alguna de obstaculización de la labor de ese digno Juzgado hacen absolutamente innecesario el cambio que se propugna de contrario.

2. El mismo devenir histórico del proceso, con la muy evidente colaboración que durante el mismo ha venido prestando D. ………. para que se esclarezcan los hechos investigados.

3. El hecho de que para tal colaboración no sea imprescindible el ingreso en prisión de mi patrocinado, siendo lo cierto que, antes al contrario, para seguir colaborando en esta tarea se hace imprescindible que D. ………. pueda tener acceso en igualdad de condiciones a las de las demás partes personadas, a toda aquella documentación y fuentes de las que se le quiere privar de contrario.

4. Inexistencia de riesgo de ocultación o desaparición de pruebas, por el importante material probatorio que obra unido a las actuaciones.

5. El indudable exceso de trabajo existente en ese digno Juzgado y en sus órganos de apoyo (básicamente, Ministerio Público), que, junto a la evidente complejidad de la causa, van a obligar a una dilatada instrucción del presente procedimiento.

6. El hecho de que esa prolongación necesaria de las investigaciones no quepa achacársela a mi patrocinado ni, por tanto, deba exigirse que permanezca privado de libertad hasta el completo fin de las indagaciones.

7. El hecho de que D. ………. no pudiera ejercitar con igualdad de derechos su defensa, por las mismas limitaciones que el instituto de la prisión lleva aparajedas, limitación ésta de sus derechos cuyo sacrificio no se justifica en aras a la consecución de otros fines u objetivos de más perentoria necesidad de protección.

8. Finalmente, aunque no con menor peso, el sufrimiento psíquico y físico que, trascendiendo de la persona de mi patrocinado, alcanzaría de modo alarmante a su familia y a sus dos hijos de corta edad, ajenos, como es obvio, a toda posible explicación respecto de la ausencia de su padre, máxime en estas fechas tan significativas.

En definitiva, todos los anteriores extremos entendemos obligan al Juzgado a denegar la pretendida prisión de mi patrocinado, dando cabida y adecuada proyección a los principios materiales y formales que rigen en tan delicada materia.

 Dicho de otro modo, lo que propugnamos es un adecuado ensamblaje entre los derechos de todas las partes del presente procedimiento, de modo que, una vez se constata que no existe periculum in mora (a saber, riesgo de elusión de la acción de la Justicia por parte de mi patrocinado y/o riesgo de ocultación de pruebas o perjuicios añadidos para los acusadores) y una vez apreciada la colaboración total prestada por mi patrocinado para el esclarecimiento de los hechos, sólo queda resaltar que la instrucción ya desarrollada permite comprobar que no existe tampoco responsabilidad penal ninguna en la actuación de mi patrocinado, motivos todos ellos que abogan por la denegación de las medidas cautelares, personales y reales, pedidas por la representación de D. ………..

Por todo ello,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y, previos los trámites legales pertinentes, nos tenga por opuestos al escrito presentado por la representación procesal de D. ………. y, en atención a lo expuesto, deniegue la petición de adopción de medidas cautelares de tipo personal respecto de mi patrocinado, sin que proceda, en consecuencia, la celebración de la comparecencia prevista en el art. 504 bis 2, en relación con el art. 539, ambos de la Ley rituaria penal, y declare, igualmente, que no ha lugar a la constitución de fianza civil por parte de mi mandante, ni embargo de sus bienes en el caso de no prestar aquella fianza en el tiempo fijado para ello.

Todo ello por ser de Justicia que pido en ………., a …………………..

Fdo. ………. Fdo. ……….

Colegiado n.º ………. Procuradora

Modelo Solicitando celebración de Vistilla, ingreso en prisión y fianza

Juzgado de Instrucción n.º ……….

Diligencias Previas ……………./……………

AL JUZGADO

DÑA. ………., Procuradora de los Tribunales y de D. ………., según tengo debidamente acreditado en las diligencias arriba referenciadas, ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que mediante el presente escrito venimos a solicitar que se proceda a la adopción de medidas cautelares de tipo personal respecto de los imputados D. ………. y D. ………., tendentes al aseguramiento de los mismos, para garantizar su comparecencia en la causa y en el juicio que en su día se celebre.

En este sentido, interesamos la comparecencia prevista en el art. 504 bis 2, en relación con el art. 539, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los mencionados querellados, en orden a resolver sobre su situación personal.

Asimismo, venimos a exigir la constitución de una fianza a cada uno de los querellados relacionados con estas actuaciones (con carácter solidario), por importe de ………. de pesetas (……….), para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse, procediéndose a la formación de pieza separada de responsabilidad civil y al embargo de sus respectivos bienes en caso de no prestarla en el tiempo que el Juez Instructor les señale.

Por todo ello,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y, previos los trámites legales pertinentes, se proceda a la adopción de medidas cautelares de tipo personal respecto de los encausados, llevándose a cabo, para tal efecto, la comparecencia prevista en el art. 504 bis 2, en relación con el art. 539, ambos de la Ley rituaria penal, e igualmente se sirva exigir a los imputados más arriba indicados la constitución de fianza, en la cuantía de ………. pesetas, para poder hacer frente a las futuras responsabilidades pecuniarias derivadas de los delitos que se imputan, procediéndose a la formación de la oportuna pieza separada de responsabilidad civil y al embargo de sus bienes en el caso de no prestar aquella fianza en el tiempo fijado para ello.

Todo ello por ser de Justicia que pido en ………., a …………………..

Fdo. ………. Fdo. ……….

Colegiado n.º ………. Procuradora

Escrito por el que se presenta aval para cubrir la cuantía de la fianza

Juzgado de Instrucción n.º ……….

Sumario ……………./……………

AL JUZGADO

D. ………., Procurador de los Tribunales y de D. ………., según tengo acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que por auto de ….. de ………… de ……, ese Juzgado requirió a mi patrocinado para que prestara fianza por importe de ….. millones de pesetas, con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su día pudieran declararse.

Pues bien, mediante este escrito, venimos a presentar el aval concedido a D. ………. por el Banco ………., hasta la cantidad requerida de ….. euros.

 Por todo lo expuesto

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, se sirva tener por prestado AVAL de ….. euros, para el afianzamiento de la responsabilidad pecuniaria.

Es Justicia que pido en ………., a ……………….

Fdo. ………. Fdo. ……….

Colegiado n.º ………. Procurador

Libertad provisional en la extradición

 

Sentencia de la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial en la que deniega la libertad provisional a una persona pendiente de extradición.

SALA DE LO PENAL SECCIÓN TERCERA Rollo de Sala n°.8/2014

Procedimiento de origen: Extradición nº .: x/2014 Órgano de origen Juzgado de Instrucción Central n°.: 1

RESIDENTE: ILtmo. SR.: D. Félix Alfonso Guevara Marcos

MAGISTRADOS Iftmos Srs.:

D.: Antonio Díaz Delgado

Da: Clara Eugenia Bayarri García (Ponente)

En Madrid a 1 de Julio de 2014

ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO.- En la presente causa, se decretó, por Auto de fecha 1  de junio de 2014 del Juzgado de Instrucción Central número 1 la PRISIÓN PROVISIONAL

INSTRUMENTAL, a efectos extradicionales, del cliente. Contra dicha resolución se interpuso por  su representación procesal, mediante escrito de fecha 23 de junio de 2014 recurso de reforma y subsidiario de apelación, siendo desestimado el de reforma por Auto de fecha 30 de junio de 2014 contra el que se interpone el presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- El CLIENTE se encuentra reclamado en extradición por las autoridades judiciales de Estados Unidos por delito de tráfico de drogas, habiendo solicitado el Ministerio Fiscal para él tal medida cautelar en informe de fecha 27 de junio de 2014.

TERCERO.- Observadas las normas del procedimiento.

FUNDAMENTOS     JURÍDICOS

La Sentencia argumenta el porqué el requerido en extradición debe permanecer en prisión provisional.

UNICO.- Alega el recurrente, como motivos de su recurso, que la solicitud de entrega por parte de EEUU lo ha sido a través de una OEDE, lo que determina la nulidad de pleno derecho de la solicitud. Que el auto recurrido no entra a valorar la inexistencia de indicios, alegado que  se está prejuzgando a su cliente. Se alega en tercer lugar que el reclamado nunca ha estado en los EEUU por lo que no puede haberse fugado de dicho país.

En cuarto lugar alega que su CLIENTE posee la nacionalidad alemana y tiene residencia en España, en Sant Adriá de besós, Barcelona, desde el 2012, que es socio y administrador de una empresa catalana con sede social el la calle de Barcelona, que acudió a España a fin de poder realizar inversiones inmobiliarias  y que su mujer e hijos viven asimismo con él en España en la población indicada, para alegar por último la excepcionalidad y la provisionalidad de la medida cautelar de prisión, interesando se declare la nulidad del Auto de prisión o subsidiariamente se revoque aquél dictándose otro por el que se revoque el auto de fecha 1 de junio de 2014 y se dicte otro por el que se acuerde su libertad provisional con cualesquiera otras medidas cautelares que se estimen oportunas .

Tales motivos no pueden prosperar. En cuanto a la nulidad interesada,  desconoce esta alzada cual sea el motivo por el que la recurrente manifiesta que la solicitud de extradición se ha interesado mediante una OEDE. El trámite procedimental es un expediente  de  extradición.

La Orden Internacional de Detención emitida por los EEUU lo es a los efectos de extradición.

Nada en todo el expediente sustenta el alegato de la parte, salvo que se haya incurrido en confusión, confundiendo la orden INTERNACIONAL de detención con la Orden Europea de Detención, por mor de la similitud de las siglas ( OID/OEDE), pero, en todo caso, el alegato de nulidad , huérfano de todo apoyo jurídico que lo sustente, ha de ser desestimado.

Por lo que respecta a la procedencia de la medida cautelar de prisión instrumental a los efectos de extradición, señala el articulo 502 de la Lecrim. que ” la prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional”.

El articulo 8.2 de la Ley de extradición Pasiva sería la que, puesto a disposición del

Juez de Instrucción Central el detenido, éste podrá decretar la prisión provisional si lo estima procedente, añadiendo el artículo 10, in fine de dicha Ley que el límite máximo de la prisión provisional del reclamado y los derechos que corresponden al detenido por causa de extradición se regirán en lo no previsto por esta Ley, por los preceptos correspondientes de la LECRim”

La especialidad de la prisión  provisional a efectos extradicionales viene siendo reconocida por el Tribunal Constitucional en SSTC 207/2000 de 24 de Julio,

71/2000 Y 511998 de 12 de enero que resaltan que” la privación cautelar de libertad en estos casos es, por sus efectos materiales, idéntica a la que cabe acordar en el proceso penal, pero mantiene puntos diferenciales que han de ser resaltado, así, se produce en un proceso judicial dirigido exclusivamente a resolver la petición de auxilio jurisdiccional internacional en que la extradición consiste, y por ello no se valora la implicación del detenido en los hechos que motivan la petición de extradición, ni sé exige la acreditación de indicios racionales de criminalidad, ni son aplicables en bloque las normas materiales y procesales sobre la prisión provisional previstas en la LECRim, aunque el párrafo tercero del artículo 10 de la L.E.P. se remita, subsidiariamente, a los preceptos correspondientes de la misma reguladores siendo el limite máximo de la prisión provisional y de los derechos que corresponden al detenido.

Además, su adopción, mantenimiento y duración se regula expresamente regulada en la L.E.P. y se dirige  exclusivamente  a evitar la fuga del sometido a extradición ( art’ 8.3 de la L.E.P.) y se decreta, por último! sobre quien no está dispuesto a comparecer ante los Tribunales que le reclaman sean o no de su nacionalidad, pues para ello ha huido de su territorio o se niega a ir a él ” En idéntico sentido SSTC 147/2000 de 29 de mayo, 207/2000 de 24 de julio y 305/2000 de 11 de Diciembre.

La solicitud de extradición objeto de este procedimiento lo es  por delitos graves ( tráfico de drogas y blanqueo de dinero ) y las circunstancias personales del extradendus, de nacionalidad alemana ( folio X del expediente), nacido en Karatchi (Pakistán), cuya alegada residencia en España se remonta a sólo dos años, insuficientes para estimar que dicha residencia circunstancial pueda ser bastante para minimizar el riesgo de fuga que la pendencia del procedimiento por el que es reclamado conlleva aparejada, hace que por esta alzada se aprecie que la adopción de la medida cautelar de prisión es la única que garantiza la sujeción del reclamado al resultado del presente procedimiento extradicional, por lo que procede confirmar la resolución impugnada por sus propios términos, por ser esta razonada, razonable y conforme a derecho.

VISTOS los artículos mencionados, y demás aplicables

ACORDAMOS : Que desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de fecha 18 de junio de 2014 del Juzgado de Instrucción Central número 1 por el que se acordó la prisión provisional respecto del CLIENTE  así como el Auto de fecha  30 de junio de 2014 que de aquél trae causa DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dichas resoluciones.

Notifíquese a las partes la presente resolución,  haciéndoles  saber  que contra la misma, no cabe recurso alguno

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