Derecho de defensa

DERECHO DE DEFENSA

El Derecho de defensa parte de la previsión constitucional

defensa defechoDe modo que cuando se produce una imputación policial que acarrea la privación de libertad debe garantizarse la defensa a través de Abogado, y así se reconoce en el arto 520.2.c) Lecrim como un derecho del detenido.

El derecho de defensa nace con la imputación y finaliza con la producción de una decisión firme de extinción del proceso penal.

Esto es lo que nos viene a indicar con meridiana claridad el arto 24.2 de la Constitución española cuando dispone -hay que saber que en el marco de las diligencias realizadas ante los Tribunales de justicia- que todos tienen «derecho a la defensa».

Sin embargo, antes de ese momento en que se abre un proceso penal, el derecho a defenderse en una de sus más características manifestaciones, como es el derecho a la protección de Abogado, aparece reconocido y garantizado en la propia Constitución cuando un órgano público como es la policía hubiera imputado a una persona aceptación penal y, por esa razón, le hubiera detenido preventivamente, incluso cuando la notitia criminis no haya llegado todavía a conocimiento del Juez instructor.

La Constitución garantiza así la «asistencia de Abogado al detenido en las diligencias policiales, en los términos que la ley establezca» (art. 17.3).derecho de defensa

No obstante, en la Lecrim se ha ofrecido un paso más y ya se garantiza el derecho de defensa, incluso por medio de la designación de defensor, desde que se produce la imputación de una persona por cualquier órgano público de búsqueda penal, sea por la policía, por el Ministerio Fiscal o por el Juez una vez iniciado el proceso penal, con independencia de la posición personal del imputado, y pero no se encuentre detenido.

La más reciente legislación constitucional ha reconocido que el derecho a la asistencia de Abogado debe garantizarse además en los procedimientos en que no es preceptiva siempre que el imputado lo solicite.

La doctrina constitucional ha consolidado la extensión del derecho a la asistencia de Abogado inclusive en los procedimientos en que no resulta obligatoria, -considerando que «el hecho de que la intervención de Letrado no sea preceptiva en un proceso determinado, con arreglo a las reglas defensa ante acusacionprocesales, no priva al justiciable del derecho a la protección y asistencia letrada que le reconoce el artículo 24.2 Ce, ya que el carácter no preceptivo o preciso de la intervención del Abogado en ciertos  procedimientos, no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa regla, no obstante permaneciendo, en consecuencia, el derecho de concurrencia letrada incólume en comparables hechos, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes, lo cual conlleva, en empiece, el derecho del demandante que carece de recursos económicos para sufragar un Letrado de su selección, a que se le provea de Abogado de puesto, si así lo considera conveniente a la mejor defensa de sus derechos, siendo procedente el nombramiento de Abogado de oficio cuando se solicite y resulte necesario» (Sentencias 130/2003, de 30 de junio, 215/2002, de 25 de noviembre, 145/2002, de 15 de julio, 22/2001, de 29 de enero y 92/1996, 27 de mayo).

La reforma de 1978

La reforma del artículo 118 de la Lecrim por la Ley 53/1978, de 4 de diciembre, produjo un cambio radical en la concepción del proceso penal, y bastante especialmente de la instrucción, al reconocer a todo aquel a quien se imputara un acto punible el derecho de defensa desde el preciso término en que en el intervalo de un expediente penal apareciera una imputación pudiendo desde entonces intervenir en él.

La norma, que se había tramitado en paralelo con la discusión parlamentaria de la propia Constitución, supuso un revulsivo en el trabajo de los instructores e hizo desaparecer la anterior concepción, proveniente del «code de Procédure Pénale» napoleónico de 1808, según la cual la defensa penal aparecía en tres estadios: la defensa restringida en la detención, consentida en la instrucción judicial desde un determinado tiempo y obligatoria a partir de la apertura del juicio oral.

Sin embargo, este reconocimiento a la defensa y a la asistencia de Abogado, que se extiende desde las diligencias policiales hasta el procedimiento judicial, resultaba en veces cuestionada en sede policial, exactamente cuando por causa de la detención el ejercicio del derecho de defensa aparecía más perentorio.

Ello dio sitio a incriminaciones de coacciones a los detenidos para que renunciaran a su derecho (acusación que hizo pública en su día el Colegio de Abogados de Madrid), lo que determinó finalmente la reforma de los arts. 520 y 527 de la Lecrim en 1983, en el sentido de convertir en obligatoria siempre la asistencia del Abogado cuando se hubiera practicado una detención, estableciendo para ello el correspondiente turno de oficio en los Colegios de Abogados.

Aparecieron entonces varias defensas de oficio: la de la detención, la del juicio vocal y las demás solicitudes, con Abogados diferentes en cada una de ellas.

Luego, con la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal de 1992, y el art. 31 de la Ley 1/l996, de Asistencia Jurídica Gratuita (donde se establece que los Abogados y procuradores designados desempeñarán sus actuaciones de presencia y representación de manera real y efectiva hasta la extinción del proceso en la instancia judicial de que se trate), han terminado con todos los antiguos turnos de oficio y se han refundido en uno solo, de práctica que el Abogado asignado al detenido ha de encargarse su protección, no tan solo en la detención, sino a lo largo de todo el pleito inclusive la producción de un auto de archivo, de sobreseimiento o una resolución firme.

Así dado que, aun la entrada en vigor de la Ley 38/2002, el 28 de abril de 2003, el régimen del derecho de defensa en nuestro proceso penal ha sustentado una primordial diferencia según la sede en que se encontraba el imputado, partiendo siempre del escrupuloso respeto y de la garantía del derecho a defenderse e intervenir en las actuaciones -generalmente mediante Abogado

En efecto, el art. 118. de la Lecrim conecta el nacimiento del derecho de defensa con la imputación, al decretar que «toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercer el derecho de defensa», pasando a definir, a continuación, cómo se manifiesta la inculpación: admisiblemente desde el primer hecho de apertura del enjuiciamiento en el que se determine al imputado (póngase en relación la expresión

desde que se le comunique su existencia»

del art. 118.1 con el número 2 del mismo precepto que obliga a alcanzar traslado inmediato al imputado de la denuncia o querella), aceptablemente desde la detención o admisión de cualquier otra medida cautelar (las cuales siempre tienen como «fumus boni iuris» la efectividad de una imputación), acertadamente desde su procesamiento.

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