demandas y denuncias

Con carácter general, el procedimiento de investigación de los delitos por un Juzgado Instructor, pueden iniciarse por una triple vía:

  • Denuncia.
  • Querella, bajo la asistencia de un abogado penalista
  • De oficio por el propio Juez Instructor.

I.LA DENUNCIA

La denuncia es el acto por el que se da conocimiento a la autoridad competente de la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción criminal.

La investigaci√≥n de los delitos p√ļblicos podr√° comenzar por cualquiera de las tres v√≠as que anteriormente he citado. Los denominados delitos semip√ļblicos requieren denuncia o querella de la parte ofendida, pudiendo en determinados delitos iniciarse el procedimiento a instancia del Ministerio Fiscal (generalmente cuando los perjudicados son menores, incapaces, personas desvalidas o cuando el delito afecte a una pluralidad de personas). En el caso de los delitos privados (injuria y calumnia contra particulares) se exige la querella del ofendido (art√≠culo 215.1 C√≥digo Penal).

II. EL DENUNCIANTE

denuncia y querella1. Deber de denunciar

Nuestro ordenamiento establece, como principio, el deber de todo ciudadano que tiene conocimiento de la perpetración de un delito de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente o de sus agentes.

Así, de forma taxativa manifiesta el artículo 259 Ley Enjuiciamiento Criminal que:

El que presenciarE la perpetraci√≥n de cualquier delito p√ļblico est√° obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento deL juez de instrucci√≥n, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal m√°s pr√≥ximo al sitio en que se hallare.”

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2001 desarrolla el concepto de denunciante:

Por denunciante, ha de entenderse quien cumpliendo la obligaci√≥n, -que para los perjudicados por el delito es tambi√©n derecho, especialmente si de delitos semip√ļblicos se trata-, que impone a todos los que presenciasen la comisi√≥n de un delito el art√≠culo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en especial a los que por su profesi√≥n u oficio tuviesen noticia de la existencia de un delito p√ļblico, lo que refuerza el art√≠culo 262 de dicha ley, de participar a la autoridad judicial o policial m√°s pr√≥xima la “noticia criminis” -Sentencia de febrero 1993-“.

El art√≠culo 262 Ley Enjuiciamiento Criminal prev√© una obligaci√≥n espec√≠fica de denunciar a: “los que por raz√≥n de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de alg√ļn delito p√ļblico”.

2. Quienes no est√°n obligadas a denunciar

La Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye a determinadas personas de la obligación de denunciar, por razón de su capacidad, relación con el presunto sujeto activo del delito o profesión.

a) Los imp√ļberes o los que no gozaren de pleno uso de raz√≥n

El t√©rmino imp√ļber es ciertamente impreciso. Habitualmente se entiende por tal la persona menor de catorce a√Īos. As√≠, se viene entendiendo por los Tribunales con relaci√≥n al art√≠culo 433 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligaci√≥n del imp√ļber de declarar como testigo en el plenario, pero sin requerirle para que preste juramento.

Esta opción se acepta en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 febrero 2001:

Es de resaltar que los art√≠culos 259 y 260 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligan a quien presenciar√© un hecho delictivo, a ponerlo en conocimiento de la Autoridad, salvo que fuera imp√ļber pudiendo entenderse como tal a los menores de 14 a√Īos”.

Tambi√©n resulta muy imprecisa la referencia a las personas que “no gozaren de pleno uso de raz√≥n”. Creo que lo m√°s l√≥gico es integrar dicho concepto con el contenido del art√≠culo 25 del C√≥digo Penal:

A los efectos de este C√≥digo se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su incapacitaci√≥n, que padezca una enfermedad de car√°cter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por s√≠ misma”.denuncia ante la polic√≠a

b) Determinados familiares del presunto autor del hecho denunciado

En concreto el artículo 261 de la Ley Enjuiciamiento Criminal exime de la obligación general de denunciar a:

.- El cónyuge del delincuente.

En este ámbito debe equipararse al matrimonio la unión estable no matrimonial (homosexual o heterosexual) con convivencia y vocación de permanencia.

El Tribunal Constitucional ha admitido el tratamiento distinto del matrimonio y la uni√≥n extramatrimonial, especialmente en el √°mbito del Derecho Civil, sobre la base de que quien se casa adquiere una serie de derechos y obligaciones que, en principio, no se asumen en su integridad por quien ha optado por una relaci√≥n estable al margen de la instituci√≥n matrimonial. Ahora bien, este tratamiento diferente nunca puede constituir una violaci√≥n del principio de igualdad previsto en el art√≠culo 14 de la Constituci√≥n Espa√Īola, o, en otras palabras, no puede amparar una privaci√≥n de derechos sin causa justificada (Esta doctrina aparece especialmente elaborada en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 11 de diciembre de 1992, reiteradamente citada en las posteriores).

  1. .- Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delincuente y sus colaterales consanguíneos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive.
  2. .- Los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, así como la madre y el padre en iguales casos.
    Tanto la posibilidad de no denunciar como de no testificar en el plenario determinados parientes del presunto responsable (art√≠culo 416.1 Ley Enjuiciamiento Criminal), constituyen un derecho reconocido a determinadas personas por su especial v√≠nculo con el acusado, teniendo por objeto el intentar no perturbar la “paz familiar”.

Se trata de un derecho (exención de la obligación de denunciar) que supone al mismo tiempo una ventaja para el acusado. Cuando comparezca una persona a presentar una denuncia, en su caso, debe ser informada de esa posibilidad. En su defecto, posteriormente se puede invocar la nulidad de las declaraciones efectuadas sin esa prevención.

Una corriente Jurisprudencial, estima que quien renuncia a ese derecho e interpone denuncia contra un familiar, luego no puede negarse a declarar invocando la relaci√≥n familiar que le une al acusado (art√≠culo 416.1 Ley Enjuiciamiento Criminal), ya que la “paz familiar” que se pretende proteger ya se ha visto alterada por la presentaci√≥n de la denuncia. Esta posici√≥n se est√° extendiendo con relaci√≥n a los delitos de violencia familiar.

En ese sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2007:

La Sala estima que cuando la propia denuncia en forma espont√°nea y para obtener protecci√≥n personal no es aplicable el articulo 4161¬į LECr, que contiene una causa de justificaci√≥n para aquellos que nieguen su testimonio respecto de hechos que se imputan a personas con las que est√° vinculados paralelamente, pero de cuyos hechos no son v√≠ctimas. Dicho de otra manera: el art√≠culo 4161¬į establece un derecho renunciable en beneficio de los testigos, pero no de los denunciantes espont√°neos respecto de hechos que los han perjudicado y que acuden a la Polic√≠a en busca de protecci√≥n”.

La Jurisprudencia también ha declarado que en determinados supuestos este derecho a no denunciar cede ante intereses prevalentes, como puede ser el deber de evitar determinados delitos, precisamente por los vínculos familiares con la víctima (deber de garante que determina la autoría del delito por comisión por omisión).

As√≠ la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2005 conden√≥ a una madre por consentir los delitos cometidos por su esposo contra la hija com√ļn, en concepto de autora por comisi√≥n por omisi√≥n (art√≠culo 11 C√≥digo penal), manifestando:

En el caso presente, el articulo 154.1¬į C. C. impone a los padres el deber de velar por sus hijos, alimentarlos, educarlos y procurarles una formaci√≥n integral. Hab√≠a una obligaci√≥n legal para la madre de impedir lo que el padre estaba haciendo.

No puede servir de excusa para esta obligaci√≥n lo dispuesto en el art√≠culo 261,1¬į LECr que excluye del deber gen√©rico de denunciar al c√≥nyuge del delincuente, pues por encima de esta norma procesal se encuentra esa obligaci√≥n legal de velar por sus hijos, educ√°ndolos y procur√°ndoles una formaci√≥n adecuada, m√°xime cuando se halla en juego la continuaci√≥n de una actividad delictiva en perjuicio de una hija menor y, como tal, sometida a la patria potestad de la madre, que tiene un deber positivo de actuar para impedir la repetici√≥n de esta clase de comportamientos criminales”.

3, Determinadas personas por razón de su profesión u oficio El artículo 263 Ley Enjuiciamiento Criminal contempla dos excepciones a la obligación de declarar por razón de la actividad desarrollada:

 

Los Abogados y los Procuradores con respecto a las instrucciones o explicaciones que recibieran de sus clientes.

Con relación a estos profesionales más que un derecho se trata de una obligación de no desvelar los secretos comunicados por el cliente, cuya infracción puede tener trascendencia penal (artículos 199.2 y 466 Código Penal).

Los eclesi√°sticos o ministros de cultos disidentes (hoy debe integrarse este concepto con las religiones reconocidas) respecto a las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de sus ministerios.

¬ŅC√≥mo puedo poner una denuncia y que me salga gratis?

Denuncia gratis
Vamos a ver la manera de iniciar un procedimiento de forma que sea gratuito para mí.
Lo primero que tenemos que hacer es consultar en el Colegio de Abogados de la ciudad en la que se han producido los hechos sobre los que queremos reclamar o contestar.

Importante, debe tratarse de un asunto judicial, ya sea penal o civil, quiero decir que no es suficiente cuando el problema que tenemos es por ejemplo un asunto de consumo que deber√° enfocarse hacia las oficinas de consumo u organizaciones similares.

Buscando por Google, no es posible, lo mejor, lo que recomiendo es acercarse al Colegio de Abogados correspondiente y explicar la situación y nuestra pretensión, si cumplimos los criterios

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Written by José Martín García

Jos√© Mart√≠n Garc√≠a es abogado penalista. Ha colaborado e intervenido entre otras con: Televi√≥n espa√Īola, La Sexta, Telemadrid. Ha participado en numerosos cursos y ponencias.

Website: https://abogadomartin.es/

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