Delito de Sedición

QUE ES EL DELITO DE SEDICION

La sedición puede ser definida como un alzamiento público para impedir el ejercicio de determinadas funciones públicas.

Tiene relación con el delito de rebelión regulado en los artículos 472 y siguientes del Código Penal dentro de los delitos contra la Constitución, habiendo sido la sedición de una rebelión en pequeño, si bien las diferencias son sustanciales, pues aunque en ambos delitos hay un alzamiento, las características e intensidad del mismo es muy inferior en la sedición y además los fines de ambas acciones son distintos.

CONTRA QUIEN SE PRODUCE LA SEDICIÓN

La sedición es un delito que atenta gravemente al orden público, y por ello se encuadra dentro de los delitos contra el orden público. Título XXII, en un primer capítulo  que dedica a este delito los artículos 544 a 549.

¿Ha cometido delito de sedición Puigdemont?

¿Ha cometido delito de sedición Puigdemont?

El bien jurídico que se protege con este delito es, pues, el orden público, entendido como la paz tranquilidad en las manifestaciones externas de la convivencia ciudadana, situación en la que se ejercitan de forma normal los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Pero también se protege con este delito el principio de autoridad entendido como la que la ciudadanía deposita en las instituciones para el ejercicio adecuado de las funciones que desempeñan al servicio de una sociedad democrática y por tanto de la colectividad, funciones que quedarían en entredicho, en perjuicio de la sociedad, si las ordenes, determinaciones y fundones legítimas de las autoridades e instituciones democráticamente constituidas fueran impedidas por la fuerza.

Con el delito se trata, pues, de proteger la aplicación de las leyes, de los acuerdos y resoluciones administrativas o judiciales por parte de las autoridades titulares legitimas de las competencias propias de la función pública.

QUIENES SON AUTORES DE SEDICIÓN

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, aunque tiene ser plural o colectivo.

El Código Penal hace unas diferenciaciones de sujetos activos según el grado de participación para imponer mayor o menor pena.

EN QUE GRADOS SE COMETE SEDICIÓN

Podemos distinguir las siguientes categorías:

a) Inductores, sostenedores, directores o principales autores Este grupo de partícipes los considera el artículo 545 del Código Penal merecedores de la misma pena.

Sobre el significado de cada uno de ellos podemos decir lo siguiente:

Inductor.

La inducción es la autoría mocil realizada por aquél que no actúa materialmente pero por su persuasión eficaz. directa, concreta y suficinete impulsa a otra u otrsa personas a la realización material del delito, personas que sin dicho estímulo no hubiese realizado la acción.

Sostenedor.

No es un concepto jurídico penal típico, tratándose de un término que indica colaboración o auxilio, pero al asimilarle en pena al autor, ha de interpretarse restrictivamente y equipararlo a la cooperación necesaria, es decir, a la realización de una labor de cooperación sin la cual el delito no se hubiese cometido , bien por aportar una actividad de la que entodo momento dependía la realización del delito (es lo que se denomina tener el dominio del hecho) o bien por aportar materiales o bienes directos para la consecución del delito que son de escasa o difícil obtención.

Director.

Tampoco es un concepto jurídico penal típico. Ese carácter de director que hace referencia al responsable principal, puede coincidir con el concepto de inductor como autor moral, en el supuesto de la dirección intelectual de los hechos, o bien con el de autor principal, que sería quien realiza los actos de ejecución material principales que se prevén como delictivos, en los que llevaría el protagonismo ejecutor.

En cualquier caso, por disposición de los artículos 546 y 474 del Código Penal, cuando la sedición no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación.

Autor principal.

Trataremos este concepto en el siguiente punto.

b) Autores no principales,

El artículo 545 del Código Penal, después de hacer la enumeración tratada en el apartado anterior, se refiere a otro grupo de partícipes con la expresión “fuera de estos casos”, pero no los identifica.

Los autores que han estudiado este precepto se dividen entre los que opinan que esos otros casos son los de aquellos que hayan colaborado en la sedición de otra forma que no fuera la autoría material, la cooperación necesaria y la inducción, que en definitiva serían los cómplices por haber aportado un auxilio no esencial como para ser un cooperador necesario.

Pero la mayoría de la doctrina entiende que al incluirse en el anterior apartado a “autores principales” consideran que en este supuesto residual de “fuera de estos casos” se está aludiendo a los autores no principales, de modo que a los cómplices, de existir , se les castigaría conforme a las reglas generales establecidas en el artículo 63 del Código Penal cuando preceptúa que “a los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito”.

Pero ahí no acaba la discusión doctrinal, pues luego se plantea qué quiere decir “autor principal”, siendo las posturas mantenidas fundamentalmente dos:

Una la de quienes defienden que el autor principal es quien utiliza en el alzamiento una mayor carga subjetiva (hostilidad) y objetiva (violencia), que no tiene el autor no principal;

Otra la de quienes rechazan esa diferenciación al entender que carece de base legal, postulando que la diferencia hay que marcarla entre el ca rác ter esencial de los autores principales, sin cuyo concurso el alzamiento no se hubiese produ­cido, y el resto de autores que no tendrían este protagonismo.

c) Conspiradores, proponedores o provocadores

Conforme al artículo 548 del Código Penal, se castigan las llamadas resoluciones manifestadas, es decir, estadios de preparación del delito anteriores a la ejecución que sólo se castigan cuando el Código Penal expresamente lo prevea, y sólo lo hace ante delitos considerados muy graves en que la barrera de protección del derecho penal tiene que anticiparse a la ejecución.

Estos supuestos, regulados en los artículos 17 y 18 del Código Penal, son los siguientes:

  • Conspiración. Existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito de sedición y resuelven ejecutarlo.
  • Proposición. Existe cuando el que ha resuelto cometer el delito de sedición imita a otra u otras personas a ejecutado.
  • Provocación. Existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración del delito de sedición.

CUANDO HAY SEDICIÓN

La acción que se castiga viene descrita en el art 544 del Código Penal como la de que, los que sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente, por la fuerza o fuera de las vias legales, para conseguir los fines ilícitos.

Alzamiento

El alzamiento es un levantamiento público o colectivo, es decir, la actuación de varias personas. Dicho de otro modo es una sublevación, un levantamiento o insurrección.

b) Público y tumultuario

El alzamiento en la sedición ha de ser público y tumultuario.

— Público porque ha de hacerse de forma exteriorizada, evidentiable y notorio para la sociedad, alterando la tranquilidad y el normal discurrir ciudadano.

—Tumultuario. Este concepto, estrictamente, hace referencia a una actuación plural sin orden ni concierto.

Pero no es razonable considerar que sólo la actuación sin orden y concieno sea la penada por la Ley y no lo sea la actuación organizada y ordenada, que puede ser más peligrosa para el bien jurídico protegido. Parece que el legislador con este concepto ha querido poner de manifiesto de forma intensa la necesidad de una actuación que precisa la, concurrencia de numerosas personas y en vez de fijar un nº mínimo determinado de ellas (en el Código Penal de 1822 se requerían al menos cuarenta) utilizó, erróneamente, este vocablo para Indicar esa exigencia, cuya concreción quedaría al arbitrio del intérprete. Lo que caracteriza al tumulto es, pues, la concurrencia de un gran número de personas apasionadas y alborotadas en pos de la finalidad que les une, sea de ma ordenada o desordenada.

Por lo tanto el margen de la modalidad de actuar “fuera de las vías legales” sin hacerlo por la fuerza es pequeño. Si pensamos en una actuación en que no se emplee la fuerza, estaríamos ante un alzamiento público y tumultuario por ejemplo para convencer a la población sobre lo improcedente de una determinada actuación judicial, legal o administrativa que se pretende impedir. El delito se situaría en este caso en el estrecho margen que hay entre esta actuación y el ejercicio del legítimo derecho de manifestación y petición previsto en los artículos 21 y 29 de la Constitución Española.

Es evidente que actuar por la fuerza engloba actuar fuera de la vía legal. Actuar por la fuerza implica el empleo de violencia, es decir, empleo de fuerza física como acción o ímpetu de fuerza que se realiza sobre las personas, o empleo de intimidación, es decir el anuncio o conminación de un mal inmediato, grave, personal y posible que despierte o inspire en el ofendido un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego ante la contingencia de un daño real o imaginario.

CUANDO SE CONSUMA EL DELITO DE SEDICIÓN

El delito se consuma con el alzamiento, con las características descritas, tendente a conseguir los fines que lo motivan, no siendo necesario para que esté consumado que esos fines se consigan.

La actuación de los responsables ha de ser dolosa, es decir, han de obrar a sabiendas, intencionalmente, que en este caso tiene una particular dimensión dado que su conducta ha de estar guiada por la consecución de un fin ilícito como es impedir la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o impedir la aplicación de las resoluciones administrativas o judiciales.
En el delito de rebelión la finalidad es más concreta y peligrosa para el Estado pues se trata de subvertir el orden constitucional atacando instituciones del Estado como es la constitución, la monarquía parlamentaria o la integridad territorial del Estado.

PENAS DEL DELITO DE SEDICIÓN EN EL CÓDIGO PENAL

Las penas son las siguientes:

— Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años y además la pena de inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, que, según el artículo 41 del Código Penal, produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena.

— Si los autores mencionados fuesen autoridad, es decir, según define este término a efectos penales el artículo 24 del Código Penal, el que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia (en todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo y los miembros del Ministerio Fiscal), la pena es de prisión de diez a quince años y además la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. — Para otros autores no principales, la pena es de prisión de cuatro a ocho años y además la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo, pena que, por disposición del artículo 42 del Código Penal, produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena.

— En el caso de la provocación, la conspiración y la proposición para la sedición el castigo sería a las penas inferiores de uno o dos grados a las respectivamente previstas. Es decirlas penas de ocho a diez años pasan a ser de cuatro a ocho años -un grado menos- o de dos a cuatro años -dos grados menos-. Las penas de diez a quince años pasa a ser de cinco a diez años -un grado menos, o de dos años y medio a cinco años- dos grados menos. Y la pena de cuatro a ocho años pasa a ser de dos a cuatro años -un grado menos- o de uno a dos años – dos grados menos-.

Pero si llega a tener efecto la sedición, las penas serán las del apartado anterior. — Sedición que no llega a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito al que la ley señale penas graves. En este caso los Jueces o Tribunales rebajarán en uno o dos grados las penas señaladas en este capítulo, es decir, las mismas posibilidades de penas que en el apartado anterior.

OTRAS CONSECUENCIAS DEL DELITO DE SEDICIÓN

El artículo 549 del Código Penal declara aplicables al delito de sedición determinadas normas previstas para el delito de rebelión, que se contienen en los artículos 479 a 484 del mismo texto legal.

Sin embargo muchas de estas normas están previstas para cuando se utiliza el uso de armas y la violencia, que no es requisito de la sedición, y que no tienen que concurrir para estar ante un delito de sedición, y otras parten de que los sublevados hayan tomado las riendas del Estado y sustituido el poder legítimamente establecido, algo que no puede producirse con el delito de sedición con el que en momento alguno se pretende sustituir al poder legítimamente constituido. En consecuencia, las normas que podrían ser aprovechables para el delito de sedición son las siguientes:

— Respuesta ante los sedicentes. Luego que se manifieste la sedición, la autoridad gubernativa intimará a los alzados a que inmediatamente se disuelvan y retiren. Si los alzados no depusieran su actitud inmediatamente después de la intimación, la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos.

— Excusa absolutoria. Con el fin de favorecer el descubrimiento y erradicación de una acción sedicente, el Código Penal prevé que quedará exento de pena el que, implicado en un delito de sedición, lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias.

— Desistimiento. Si los sedicentes se disolvieran o sometieran a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella, las penas serán las inferiores en grado a las previstas.

— Concurso con otros delitos.

Los delitos particulares cometidos en una rebelión o con motivo de ella serán castigados, respectivamente, según las disposiciones del Código Penal. Es decir, que a parte de este delito se castigarían hechos que en el curso de la comisión de los hechos sedicentes, pudieran encuadrarse en otros tipos penales (por ejemplo un homicidio, lesiones, daños, etc.)

JURISPRUDENCIA EN LA QUE EL TSJ DE CATALUÑA SE DECLARA IMCOMPETENTE PARA CONOCER EL DELITO DE SEDICIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA CIVIL Y PENAL
QUERELLA NÚM. 26/17  A U T O núm. 59
Excmo. Sr. Presidente : D. Jesús María Barrientos Pacho
Ilmos. Sres. Magistrados: D. José Francisco Valls Gombau, D. Carlos Ramos Rubio
En Barcelona, a 31 de julio de 2017

H E C H O S

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de escrito de querella presentado por el
procurador D. Antonio Nicolas Vallellano en nombre y representación de Asociación Libertad y Justicia contra el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Muy Honorable Anton , así como contra todos los miembros de su Gobierno, Hbles Sres/as Casimiro, Dimas, Delia, Everardo, Felisa, Gervasio, Justa, Jacinto, Leovigildo , Narciso , Nicolasa , Raúl y Serafin además de D. Jose Carlos . Si bien por escrito de ampliación presentado en fecha 20 de julio del año en curso se solicitaba apartar del procedimiento a los consellers Dª María Luisa , D. Agapito y Dª Bibiana , a la vez que se incoporará la acción contra D. Narciso, Dª Nicolasa y D. Raúl , así como el Director de los Mossos D. Jose Carlos .

SEGUNDO.- Por Diligencia de fecha 14 de junio del año en curso, se incoó el presente procedimiento penal y se designó Ponente. Y una vez solventadas diversas incidencias procesales y emitido el correspondiente informe por parte del Ministerio Fiscal en fecha 28 de julio, quedaron las actuaciones para resolver.
Ha sido ponente el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a D. José Francisco Valls Gombau.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO (sic).- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es competente para la instrucción y el fallo de las causas penales seguidas contra el Presidente o Presidenta de la Generalitat y sus Consejeros, así como los Diputados del Parlamento Catalán, en virtud de lo dispuesto en los arts. 57. 2 y 70.2 del Estatuto de Autonomía de Catalunya en relación con el art. 73. 3. a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre que se trate de delitos cometidos en el territorio de esta Comunidad Autónoma.
Por tanto, cometidos los hechos narrados en la querella en esta Comunidad Autónoma, procede declarar la
competencia de esta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como ha declarado, entre
otros, el ATS – S. 2ª- 12 de Noviembre de 2014 , ya que ” … las conductas objeto de la querella … y posteriores ampliaciones se han desarrollado en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana. Las repercusiones o trascendencia más allá de esa circunscripción no alteran esa realidad ….”.
En su consecuencia, procede declarar la competencia de esta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para conocer del presente procedimiento penal.
SEGUNDO .- En orden a decidir sobre la admisión de la mencionada querella y sus sucesivas ampliaciones, conviene recordar que conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional quien ejercita la acción penal en forma de querella no tiene, en el marco del art. 24.1 CE , un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal, sino sólo a un pronunciamiento motivado del Juez o Tribunal sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando las razones por las que, en su caso, inadmite su tramitación ( AATC, 740/86 , 64/87 , 419/87 , 464/87 y SSTC. 36/89 de 14.2 , 191/89 de 16.11 )
Por ende, toda querella puede y debe ser rechazada, reunidos los requisitos del art. 277 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim , en lo sucesivo), en todo o en parte de acuerdo con lo establecido en el artículo 313 de dicho Cuerpo Legal cuando los hechos en que se funde no constituyan delito. Así, para poder apreciar la existencia de los ilícitos penales denunciados en la querella se debe realizar una inicial valoración jurídica de la misma en función de los términos del escrito presentado, a los efectos de determinar si de ello se desprende o resulta el carácter delictivo de los hechos imputados.
Solo si los hechos alegados, en su concreta formulación colman las exigencias de algún tipo penal debe
admitirse la querella sin perjuicio, lógicamente de la presunción de inocencia que a todos corresponde y de
las decisiones que posteriormente procedan en función de las diligencias practicadas en el procedimiento.
La valoración debe limitarse pues a un juicio de verosimilitud sobre la calificación delictiva de los hechos
denunciados y su presunta atribución a los querellados/as, sin que en este momento procesal puedan ni deban ofrecerse mayores explicaciones ni probanzas, en tanto dicha resolución judicial es precisamente la que abre la investigación judicial siempre que los hechos descritos en la querella constituyen delito, conforme lo dispuesto en el Código Penal. Solo en dicho caso existe un ” ius ut procedatur “, conforme al cual deben abrirse diligencias penales y practicarse las actuaciones necesarias de investigación ( SSTC 148/1987 , 111/1995 , 138/1997, de 22 de julio y 163/2001, de 11 de julio entre otras).
Téngase presente que el proceso penal tiene como fin ejercer el « ius puniendi » del Estado para el
restablecimiento del orden jurídico de naturaleza pública quebrantado. Y en el proceso penal se diferencia,
como sostiene la mejor doctrina, el derecho a castigar el delito, « ius puniendi », de la acción penal que
conforma el denominado « ius ut procedatur ». Este derecho al proceso sólo comprende un pronunciamiento motivado del Juez sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos y la apertura del proceso siempre que aparentemente los hechos narrados en la querella sean constitutivos de un ilícito penal.
TERCERO .- En la querella interpuesta por la ASOCIACION LIBERTAD Y JUSTIFICA se exponen los hechos que se dirán seguidamente y se tipifican como constitutivos de los delitos de desobediencia grave cometido por Autoridades públicas, previsto y penado en el art. 410 del Código Penal (en adelante CP), de un delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP , de los delitos de rebelión y sedición, contemplados respectivamente en los artículos 472 en relación con los arts. 473 CP , y 544 en relación con el art. 545 CP o alternativamente por la provocación, conspiración y proposición para la sedición en el art. 548 CP y de un un delito de malversación de caudales públicos.
La relación circunstanciada de hechos expuestos en la querella y en su sucesiva ampliación son, en síntesis, los siguientes:
1 ) La querella en cuestión, como dictamina el Ministerio Fiscal reproduce prácticamente en su integridad
la presentada el 1 de octubre de 2014 por el “Sindicato Manos Limpias” y así se aprecia que, en la parte
correspondiente a los hechos, en los párrafos 1º al 8º, sólo se hace mención a conductas realizadas por D.
Ramón , por hechos sucedidos en el año 2014 y que ya fueron enjuiciados por la Sala Penal del Tribunal
Supremo y de este Tribunal Superior de Justicia. Se adjuntan a la querella como doc. Num. 18 y 19 las
sentencias condenatorias dictadas por la Sala Penal de este Tribunal Superior de Justicia con fecha 13 de
marzo de 2017 y la dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo con fecha de 22 de marzo de 2017 .
2) Es a partir del hecho noveno de la querella y en el décimo cuando se exponen otros hechos distintos a los ya enjuiciados en las citadas resoluciones dictadas por esta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
En el noveno y en el undécimo, se exponen exclusivamente valoraciones sobre la acción política del gobierno de la Nación (noveno) y la voluntad de convocar un referéndum.
Y en el hecho décimo se afirma que con fecha 9 de julio de 2017 se celebró una reunión extraordinaria del
Consejo Ejecutivo de la Generalidad con la asistencia de todos los consejeros y se aprobó por unanimidad del Gobierno de Catalunya la convocatoria de un referéndum uniteral “.. esto es, no pactado con el Estado Español, para decidir sobre la independencia de Cataluña, liquidando el precepto constitucional de nuestra Carta Magna, que en su art. 1 , consagra la soberanía nacional al conjunto de todos los españoles ..”. A dichos efectos se adjunta la referida declaración pública, para la convocatoria del referéndum en fecha de 1 de octubre de 2017, como doc. Núm. 20 a la querella.
Dicho documento núm. 20 es una declaración institucional del M. Hble Presidente de la Generalitat de
Catalunya ( f. 265) en cuyo último párrafo, tras exponer un iter histórico y una valoración resumida de lo
acaecido desde el día 27 de junio de 2.010, cuando se dictó sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatut de Catalunya, concluye que ” El Govern se conjura a ofrecer todas las garantías y a velar por la rectitud del proceso de convocatoria, organización y celebración del referéndum, y hace un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas a asumir colectivamente, con la máxima dignidad y exigencia, el ejercicio de un derecho inalienable sobre el cual descansa el edificio de la democracia: el derecho de las personas a decidir libremente el futuro de su país. Visca Catalunya. Anton . President de la Generalitat de Catalunya “.
CUARTO .- Hemos de rechazar que los hechos que se describen en la querella inicial y en la ampliación de
la misma presentada en 24 de julio de 2017, referidos a las actuaciones que se atribuyen a los querellados/
as sean constitutivas de delito. Nótese, como afirma el Ministerio Fiscal en su informe, que en esta primera
ampliación se desiste de la acción frente a los Consellers cesados el 14 de julio y se incluye como querellados a los recién nombrados, con alguna excepción, como añade el Ministerio Fiscal como ” si el hecho delictivo se hubiese consumado por la mera aceptación del cargo y, lo que es peor, que el cese constituya una suerte de excusa absolutoria que liberase de responsabilidad por los hechos supuestamente cometidos durante el desempeño de la titularidad de la Consejería “.
Al respecto, hemos de tener presente como dijimos en los Autos TSJC de 30 de abril de 2013 y 24 de marzo 2014 que determinados actos realizados por organismos públicos participan de la naturaleza de un acto político y, acorde con esa naturaleza no constituyen ” per se ” un ilícito penal, puesto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Entre otras, SSTS 8 de junio de 2006 y 30 de abril de 2012 ) ha excluido, a los efectos del tipo penal, los actos políticos o de gobierno del concepto de resolución.
Es por ello que la sola expresión pública de la voluntad de convocar un referéndum inconstitucional, no puede integrar un ilícito penal.
En definitiva, como concluye el dictamen del Ministerio Fiscal, el contenido de los dos escritos de querella
(inicial y primera ampliación, formuladas con fechas de 3 y 24 de julio de 2017) no revisten los caracteres de delito. En principio, se sitúan en 2014 y reproducen la querella que presentó el Sindicato “Manos Limpias” y respecto a los descritos en el hecho décimo no constituyen un ilícito penal ni conforman mediante un somero juicio de verosimilitud una posible conducta penal, procediendo, por ende, la desestimación de la querella en su integridad.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSITICIA DE CATALUNYA HA DECIDIDO:
A) DECLARAR su competencia para el conocimiento de la presente causa, y
B) INADMITIR la querella interpuesta por la representación de la ASOCIACION LIBERTAD Y JUSTICIA, contra el Molt Honorable Anton , Hbles Sres/as Casimiro , Dimas , Delia , Everardo , Felisa , Gervasio , Justa , Jacinto , Leovigildo , Narciso , Nicolasa , Raúl y Serafin además de D. Jose Carlos .
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y al querellante. Contra la presente resolución podrán
interponer recurso de súplica ante esta misma Sala en el plazo de los tres días siguientes a su notificación.
Así lo acuerda la Sala y firma el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados indicados en el
encabezamiento. Doy fe.

Otras fuentes:

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/04/actualidad/1507105818_632614.html

http://www.rtve.es/noticias/20171004/audiencia-nacional-cita-declarar-jefe-mossos-trapero-presunto-delito-sedicion/1625781.shtml

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