cotejo del letrado de la Administraci贸n de Justicia

QUE ES EL COTEJO DE DOCUMENTOS

cotejo de letras聽Siguiendo al diccionario de la Lengua Espa帽ola el cotejo es la acci贸n o efecto de cotejar y cotejar es confrontar algo con otra u otras cosas comparadas teni茅ndolas a la vista.

Este es exactamente el significado que utiliza la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando se refiere al cotejo de los documentos.

LA INTERVENCI脫N DEL LETRADO DE LA ADMINSITRACI脫N DE JUSTICIA EN EL COTEJO DE DOCUMENTOS, COMO MENSAJES, WHATSAPP, MAILS

La intervenci贸n del Secretario Judicial en relaci贸n con el cotejo es doble, as铆 por un lado coadyuvar谩 a la prueba pericial del cotejo de letras y por otro lado el mismo cotejar谩 un documento con otro si fuera posible cuando un documento haya sido impugnado.

En cuanto a la primera participaci贸n del Secretario, ahora llamado Letrado de la Administraci贸n de Justicia de asistir o contribuir con el perito en la pr谩ctica de la prueba pericial, dicha participaci贸n viene recogida en distintos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el primero de ellos es el apartado tercero del art铆culo 289 que al regular la pr谩ctica de la prueba dispone que la formaci贸n del cuerpo de escritura para el cotejo de letras se realizar谩 ante el Secretario Judicial.

El segundo de ellos lo encontramos en el art铆culo 350 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al hablar de los documentos indubitados que dispone que:

La parte que solicite el cotejo de letras designar谩 el documento o documentos indubitados con que deba hacerse. Se considerar谩n documentos indubitados a los efectos de cotejar las letras.

1掳) Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que pueda afectar esta prueba .

2潞) Las escrituras p煤blicas y los que consten en los archivos p煤blicos relativos al Documento Nacional de Identidad.
3掳) Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa.
4掳) El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique. A falta de los documentos enumerados en el apartado anterior, la parte a la que se atribuya el documento impugnado o la firma que lo autorice podr谩 ser requerida, a instancia de la contraria, para que forme un cuerpo de escritura que le dictar谩 el tribunal o el Secretario Judicial. Si el requerido se negase, el documento impugnado se considerar谩 reconocido. Si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo con un cuerpo de escritura por fallecimiento o ausencia de quien debiera formarlo, el tribunal apreciar谩 el valor del documento impugnado conforme a las reglas de la sana cr铆tica”.

Lo cierto es que en la pr谩ctica en el caso en que el perito est茅 presente, al ser 茅l, el que tiene que realizar el dictamen sobre le cotejo de letras, y saber en que letras, modo de escritura etc. se ha de fijar, es el que designa el texto que la parte ha de escribir o el n煤mero de firmas o r煤bricas que ha de practicar.

A parte de coadyuvar con el perito en la pr谩ctica de la prueba pericial, como ya hemos dicho el Secretario Judicial como fedatario p煤blico interviene en el cotejo de los documentos.

El cotejo de documentos por el Letrado de la Administraci贸n de Justicia se efectuar谩 cuando una de las partes en el proceso haya impugnado la autenticidad de un documento. En este caso, tenemos que distinguir si estamos en presencia de un documento p煤blico o privado.

Si estamos en presencia de la impugnaci贸n de la autenticidad de un documento p煤blico, se cotejara la copia, certificaci贸n o testimonio impugnado con su original.

Este cotejo se practicar谩 por el Secretario Judicial en el archivo o local donde se halle el original del documento impugnado, siendo citados para dicho acto las partes del proceso.

Las consecuencias del cotejo vienen previstas en el apartado tercero del art铆culo 320 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, as铆 cuando de un cotejo o comprobaci贸n resulte la autenticidad o exactitud de la copia o testimonio impugnados, las costas, gastos y derechos que origine el cotejo o comprobaci贸n ser谩n exclusivamente de cargo de quien hubiese formulado la impugnaci贸n. Y a parte de las costas si, a juicio del tribunal, la impugnaci贸n hubiese sido temeraria, podr谩 imponerle, adem谩s, una multa de 120 a 600 euros.

En el caso que no sea susceptible de cotejo se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que Har谩n prueba plena en juicio, sin necesidad de comprobaci贸n o cotejo y salvo prueba en contrario y la facultad de solicitar el cotejo de letras cuando sea posible:

1掳) Las escrituras p煤blicas antiguas que carezcan de protocolo y todas aquellas cuyo protocolo o matriz hubiese desaparecido.

2掳) Cualquier otro documento p煤blico que, por su 铆ndole, carezca de original o registro con el que pueda cotejarse o comprobarse. En los casos de desaparici贸n del protocolo, la matriz o los expedientes originales, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 1221 del C贸digo Civil.

Por su parte el art铆culo 1221 del C贸digo Civil dispone que Cuando hayan desaparecido la escritura matriz, el protocolo, o los expedientes originales, har谩n prueba:
1掳) Las primeras copias, sacadas por el funcionario p煤blico que las autorizara.
2掳) Las copias ulteriores, libradas por mandato judicial, con citaci贸n de los interesados.
3掳) Las que, sin mandato judicial, se hubiesen sacado en presencia de los interesados y con su conformidad. A falta de las copias mencionadas, har谩n prueba cualesquiera otras que tengan la antig眉edad de treinta o m谩s a帽os, siempre que hubiesen sido tomadas del original por el funcionario que lo autoriz贸 u otro encargado de su custodia. Las copias de menor antig眉edad, o que estuviesen autorizadas por funcionario p煤blico en quien no concurran las circunstancias mencionadas en el p谩rrafo anterior, s贸lo servir谩n como un principio de prueba por escrito. La fuerza probatoria de las copias ser谩 apreciada por los Tribunales seg煤n las circunstancias.

Por lo que respecta a los documentos privados al no existir un original custodiado por un funcionario p煤blico con el que cotejarlo la impugnaci贸n de la autenticidad del documento privado llevar谩 como regla general a la pr谩ctica de la prueba pericial del cotejo de letras en los t茅rminos que anteriormente hemos mencionado.

Al igual que en los documentos p煤blicos cuando de la prueba pericial resulta la autenticidad del documento privado, las costas, gastos y derechos que origine el cotejo ser谩n exclusivamente a cargo de quien hubiere formulado la impugnaci贸n. Pudiendo tambi茅n el tribunal si entendiere que la impugnaci贸n es temeraria imponerle adem谩s una multa de 120 a 600 euros.

EL COTEJO Y LA FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS

Lo anteriormente dicho sobre el cotejo de los documentos va dirigido a determinar el valor probatorio de los mismos. Seg煤n una doctrina constante, el documento privado reconocido por la persona a quien perjudica, tendr铆a el mismo valor que el art铆culo 1218 atribuye al documento p煤blico; falto de tal reconocimiento, no queda necesariamente privado de todo efecto probatorio.

Examinaremos la jurisprudencia sobre el particular:

A) Trat谩ndose de un documento privado reconocido, su autenticidad, esto es, la correspondencia entre su autor real y su autor figurado o aparente, es presupuesto que condiciona la eficacia del mismo: si se desconoce su autor铆a, no es posible referir a sujeto alguno el dato o datos que el documento contiene.

Las desventajas, en este particular, del documento privado frente al p煤blico son bien conocidas: 茅ste es aut茅ntico, por cuanto que la presencia de fedatario p煤blico en su otorgamiento garantiza la verdad de su procedencia subjetiva; falto aqu茅l de tal mediaci贸n, carece de esa, virtualidad por s铆 mismo, adquiri茅ndola tan s贸lo cuando es reconocido por el sujeto a quien se atribuye o a sus causahabientes.

El reconocimiento puede ser espont谩neo o provocado: el primero se produce cuando la parte a quien perjudica lo anticipa en sus escritos alegatorios; el segundo es provocado por la parte contraria en defecto del anterior. Entre una y otra modalidad existen diferencias no s贸lo de tiempo y forma, sino tambi茅n de efecto: la admisi贸n, a m谩s de espont谩nea, ha de ser expresa, sin que el silencio en los actos de alegaci贸n deba valorarse como ”ficta confessio”; en cambio, la “resistencia sin justa causa” de otorgante o causahabientes frente al requerimiento de reconocimiento -en los t茅rminos referenciados para uno y otros de los p谩rrafos 1 y 2 del art铆culo 1226 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- puede ser estimada

como una confesi贸n de la autenticidad del documento”.

En el supuesto excepcional de aportaci贸n fuera del tiempo ordinario, al amparo del art铆culo 506, dispone el art铆culo 508 un traslado espec铆fico que posibilita la impugnaci贸n de la admisibilidad y legitimidad – autenticidad- del documento en t茅rminos que el silencio se valora como conformidad.

Entre las partes, el documento privado admitido o reconocido adquiere la condici贸n de aut茅ntico y queda equiparado al documento p煤blico en expresi贸n del art铆culo 1225 del C贸digo Civil. En la jurisprudencia son frecuentes los pronunciamientos en que se confirma expresamente tal equiparaci贸n. El reconocimiento de la firma es la prueba end贸gena de lo que contiene, porque, al integrarse en el documento, lo autentifica en cuanto lo finaliza, cierra y ratifica en lo que expresa.

Como se recordar谩, a tenor del art铆culo 1218 del C贸digo Civil hace prueba aqu茅l frente a todos del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de 茅ste; frente a otorgantes y causahabientes, de las declaraciones hechas por los primeros: lo primero constituye un claro efecto de prueba tasada, sustra铆do a la apreciaci贸n judicial, que s贸lo desvirt煤a la declaraci贸n de falsedad en sentencia firme, preferentemente penal; lo segundo expresa un efecto, no tanto probatorio, cuanto sustantivo: el correspondiente al negocio jur铆dico que las declaraciones acreditadas por el documento pueden entra帽ar; puesto que 茅ste hace prueba de que las mismas han sido vertidas por unos sujetos, en unas circunstancias y con un contenido determinados, si son de naturaleza negocial, esto es, consisten en declaraciones de voluntad, el precepto les reconoce -con valor presuntivo “iuris tantum”- los efectos correspondientes, desvirtuables 煤nicamente mediante prueba de ser simulados o m谩s gen茅ricamente, de carecer de alguno de los elementos esenciales, subjetivos, objetivos y causales, que condicionan su validez y eficacia. Si consisten en declaraciones de conocimiento, con un contenido meramente confesorio o testimonial, al efecto probatorio de haber sido vertidas no se suma el segundo sustantivo, visto en el caso anterior, pues obviamente el documento no acredita la verdad de los hechos narrados, que aprecia libremente el juez en funci贸n de 茅sta y otras posibles pruebas.

Finalmente, no se refiere el precepto, ni por tanto est谩n comprometidas en el 谩mbito de la privilegiada eficacia del documento p煤blico, las calificaciones o valoraciones que fedatario u otorgantes hayan podido consignar en 茅l, sin perjuicio del valor que el juez pueda discrecionalmente otorgarlas en funci贸n de su fundamento y circunstancias.

Pero tan fundado y di谩fano r茅gimen legal ha sufrido por parte de la jurisprudencia la importante devaluaci贸n que comporta el expediente de la apreciaci贸n conjunta de la prueba, que es contrario no s贸lo a ley y continua si茅ndolo a pesar de las reformas casacionales que ha propiciado, sino tambi茅n al derecho fundamental de defensa: seg煤n aqu茅lla, la eficacia frente a otorgantes y causahabientes de las declaraciones negociales acreditadas por el documento puede destruirse, no ya mediante impugnaci贸n y prueba desvirtadoras directas, seg煤n corresponde frente a toda presunci贸n “iuris tantum”, sino a trav茅s de la inexpresiva y descomprometida apelaci贸n al conjunto de las pruebas practicadas, que prescinde del enjuiciamiento singularizado y contrastando de 茅stas y, a la postre, del mismo juicio de hecho.

La equiparaci贸n “inter partes” documento p煤blico-documento privado reconocido sit煤a a uno y otro en pie de igualdad probatoria, sin prevalencias aprior铆sticas del primero sobre el segundo, de modo que la jurisprudencia salva las posibles contradicciones entre ellos en funci贸n de la particularidad de cada caso: as铆 la Sentencia de 25 de marzo 1988 atiende a la cuant铆a del precio y forma de pago en compraventa figurados en documento privado reconocido frente a lo consignado en escritura p煤blica; la Sentencia de 14 de junio de 1989 considera que el documento privado completa en el caso la escritura p煤blica otorgada en la misma fecha y fija los exactos t茅rminos del v铆nculo obligatorio entre las partes; la Sentencia de 3 de julio de 1992 prima a documento privado sobre otro p煤blico; la Sentencia de 31 de diciembre de 1992 rechaza la preeminencia de borrador sin firma sobre documento p煤blico.

Frente a terceros, el evidente riesgo de fraude de que 茅stos pueden ser objeto justifica que no se extienda al documento privado reconocido el efecto de probar frente a tercero el hecho que motiva su otorgamiento y la fecha de 茅ste, que los p煤blicos s铆 producen: 煤nicamente esta 煤ltima se tendr谩 por cierta a partir de uno u otro de los eventos que previene el art铆culo 1227; son ellos, pues, los que aportan una certidumbre cronol贸gica, de dataci贸n, que el documento por s铆 solo no tiene. Pero, fijada la fecha de acuerdo con el precepto, la veracidad del contenido del documento frente a terceros queda sometida a la libre apreciaci贸n del juzgador de instancia: Sentencia de 3 de marzo de 1990. Todo ello significa en definitiva que frente a terceros el documento privado por s铆 solo carece de valor de prueba legal: Sentencia de 26 de septiembre de 1991.

Si el documento no ha sido reconocido el documento privado no adquiere -conforme al dise帽o legal- la condici贸n de autenticidad y no produce efecto de prueba tasada ni frente a las partes o sus causahabientes ni frente a terceros, pues los mecanismos supletorios de adveraci贸n (cotejo de letras u otros id贸neos) es claro que conduce a resultados de apreciaci贸n por el juez conforme a las reglas de la sana cr铆tica, seg煤n corresponde a toda prueba pericial.

Sin embargo, es criterio jurisprudencial un谩nime que la falta de reconocimiento no le priva de todo valor, pues, de otro modo, seg煤n argumento que reitera constantemente la Sala, quedar铆a en manos de las partes y al servicio de sus privativos intereses la eficacia de tal prueba: la jurisprudencia, superando en este punto las previsiones legales reducidas al cotejo pericial de firmas mencionado, permite que la autenticidad del documento privado quede acreditada por otros medios e incluso que sea obtenida por el juzgador en valoraci贸n conjunta del mismo con las restantes pruebas practicadas.

Afirmaciones de que el documento privado produce efecto a pesar de no ser reconocido, o de que el art铆culo 1225 no impide su relevancia aun no adverado, se encuentran en muy numerosas Sentencias: 29 de mayo de 1987, 1 de febrero de 1989, 16 de noviembre de 1992, etc. La Sentencia de 11 de mayo de 1987 precisa que ha de atenderse a su espec铆fico grado de credibilidad; e incluso la Sentencia de 29 de octubre de 1992 exige que sea valorado el no reconocido.

Son relativamente frecuentes las sentencias que permiten medios distintos del reconocimiento para acreditar la autenticidad del documento privado: Sentencias de 12 de julio de 1988, 30 de noviembre de 1989, 1 de febrero de 1989, 25 de febrero de 1991, 6 de febrero de 1992, llegando a afirmar la Sentencia de 5 de junio de 1985 que opera la falta de reconocimiento cuando debe ser el 煤nico medio de autenticaci贸n posible en el caso; y la Sentencia de 23 de febrero de 1991 permite que:

聽… negada la autenticidad de un documento puede la parte a quien interese utilizar cuantos medios de prueba estime adecuados para demostrarla”.

Tampoco escasean las sentencias en que la autenticidad es resultado de la apreciaci贸n conjunta de la prueba practicada:
as铆 en Sentencias de 2 de octubre de 1985, 30 de diciembre de 1988, 21 de septiembre de 1991. Justamente, la ausencia de otros elementos probatorios determina la denegaci贸n de efecto de prueba para documento no reconocido en Sentencias de 17 de febrero de 1992 y 29 de octubre de 1991. En alg煤n caso, como el de las Sentencias de 4 de marzo de 1987 y 24 de
septiembre de 1990; el apoyo en que se funda la atribuci贸n de eficacia probatoria es tan tenue que se reduce a la falta de impugnaci贸n del documento por la parte a quien se atribuye, poniendo de cargo a 茅sta una iniciativa impugnatoria que contradice abiertamente el dise帽o legal, en que se reduce su actuaci贸n a contestar en sentido afirmativo o negativo al requerimiento de reconocimiento.

En efecto, es incontrovertible y reiterada doctrina jurisprudencial la que estatuye que si, como regla, para la existencia de un documento privado se requiere que lleve la firma del que en el mismo contraiga o reconozca alguna obligaci贸n, la falta de reconocimiento del documento no puede provocar su ineficacia a efectos del art铆culo 1226 del C贸digo Civil siempre y cuando haya sido adverado por cualquiera de los otros medios de prueba [Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1968]; m谩xime si no se acredita, como acaece en el caso enjuiciado, su inexactitud por cuanto quien alega que el contenido de un documento no es el exacto debe probarlo, por enervar la presunci贸n “iuris taruum” rese帽ada [Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1990]. A su vez, respecto a la eficacia o valor probatorio de los documentos privados, la jurisprudencia viene interpretando el art铆culo 1225 del C贸digo Civil, en el sentido de que, si bien no impone el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado por aquellos a quienes afecta como el 煤nico medio de acreditar su legalidad, lo que equivaldr铆a a dejar al exclusivo arbitrio de la parte a quien perjudique la validez y eficacia del documento por ella suscrito, pudiendo, en definitiva, darse la debida relevancia probatoria a un documento privado siempre que en el proceso existan otros elementos de juicio susceptibles de ser valorados junto con aqu茅l, conjugando as铆 su contenido con el resto de la prueba [Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1981, 16 de julio de 1982, 30 de diciembre de 1988, 1 de febrero de 1989, 18 de diciembre de 1990 y 6 de febrero de 1992, entre otras].

En el r茅gimen de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, la fuerza probatoria de los documentos privados ser谩 la misma del documento p煤blico, si no hay impugnaci贸n (art铆culo 326,1). Si media impugnaci贸n, el que lo present贸 podr谩 pedir cotejo de letras, o proponer cualquier Otro medio 煤til y pertinente al efecto. Naturalmente, si de la prueba resulta la autenticidad, har谩 prueba plena. Y si el resultado del cotejo es la autenticidad, las costas, gastos y derechos que origine el cotejo ser谩n de cargo del impugnan te. En cambio, si la impugnaci贸n hubiere sido temeraria, el tribunal tiene facultades para imponerle una multa. Cuando no resulte posible concluir la autenticidad, o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorar谩 conforme a las reglas de la sana cr铆tica (libre valoraci贸n).

Es decir, tambi茅n puede continuar la constante doctrina jurisprudencial a prop贸sito de que no es que el documento privado no reconocido legalmente carezca en absoluto de valor probatorio, ya que ello supondr铆a tanto como dejar al arbitrio de una parte la eficacia probatoria del documento (Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1987 y 25 de marzo de 1988). As铆, pues, podr谩 valorarse mediante su apreciaci贸n con otros elementos de juicio (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1986), pues en definitiva, los documentos privados, a煤n impugnados, poseen un valor probatorio deducido de las circunstancias del debate (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1992 y 10 de febrero de 1995).

COTEJO PERICIAL DE LETRAS

Se proceder谩 al cotejo de letras siempre que se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento privado o de un documento p煤blico que carezca de matriz y no pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiere expedido (art铆culo 349 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

El cotejo de letras lo realizar谩 el perito cal铆grafo designado por el Tribunal conforme a lo dispuesto en los art铆culos 341 y 342 de nuestra ley rituaria.

Se considerar谩n documentos indubitados (que no admiten duda) a los efectos de cotejar las letras:

Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que pueda afectar esta prueba pericial.

Las escrituras p煤blicas y los que consten en los archivos p煤blicos relativos al Documento Nacional de Identidad.

Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa. El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique.
Se conoce como cuerpo de escritura el texto que se elabora en el 贸rgano judicial, a instancia de una de las partes en el proceso, y que dictar谩 el tribunal o el Secretario Judicial. Se proceder谩 a su formaci贸n cuando la parte que lo solicite haya impugnado la autenticidad de un documento aportado por la parte contraria y no exista documento indubitado para llevar a cabo el cotejo de letras. En este caso, la parte a la que se le atribuya el documento impugnado, o la firma que lo autorice, podr谩 ser requerida, a instancia de la parte contraria, para que forme un cuerpo de escritura, de manera que, si se negase, el documento impugnado se considerar谩 reconocido.

Written by Jos茅 Mart铆n Garc铆a

Jos茅 Mart铆n Garc铆a es abogado penalista. Ha colaborado e intervenido entre otras con: Televi贸n espa帽ola, La Sexta, Telemadrid. Ha participado en numerosos cursos y ponencias.

Website: https://abogadomartin.es/

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