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ORIGEN HISTÓRICO Y CUESTIONES POLÉMICAS

Antigua audiencia nacional A pesar de tener jurisdicción en tres de los cuatro órdenes de la jurisdicción ordinaria, la Audiencia Nacional es conocida, ante todo, por su faceta de tribunal penal. En su origen, la Audiencia Nacional tenía jurisdicción penal y contencioso administrativa, posteriormente ampliada en 1985 con la Ley Orgánica del Poder Judicial al orden social, como consecuencia de la reorganización global de la Administración de Justicia española tras la promulgación de la Constitución de 1978 y la desaparición del Tribunal Central de Trabajo.

HISTORIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Desde un punto de vista histórico, la Audiencia Nacional es un tribunal relativamente reciente (pues es creado en 1977).
Su existencia no ha estado ajena a la polémica (principalmente por su consideración como tribunal especial, como luego veremos), aunque hoy se la debe considerar plenamente integrada en la jurisdicción ordinaria. Gran parte de esa polémica se debe al hecho de ser entendida como la sucesora en el tiempo del Tribunal de Orden Público, un órgano jurisdiccional de carácter político nacido en tiempos del Régimen de Franco, hecho que a juicio de algunos autores constituye un vicio que deslegitima a la Audiencia Nacional como órgano jurisdiccional propio de un sistema de justicia de un Estado democrático.
El Tribunal de Orden Público ejerció jurisdicción, como tribunal especial, entre 1963 y 1977 Nacido el 2 de diciembre de 1963 con el nombre de Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, se encargó del conocimiento de las causas judiciales por delitos políticos, hasta entonces de la competencia de la jurisdicción militar, el Tribunal de Orden Público desarrolló una gran actividad durante su existencia y hasta su definitiva desaparición, contemporánea del Real Decreto Ley 1/1977, de 4 de enero, por el que se creó la Audiencia Nacional. En el Preámbulo del Real Decreto Ley  1/1977 no se vincula la creación de la Audiencia Nacional con la supresión del Tribunal de Orden Público. De otro modo, se justifica en la necesidad de dar respuesta a otra serie de exigencias jurídicas:

  • En el plano penal, se trataba de dar seguridad jurídica a los ciudadanos, ante la necesidad de una respuesta única y eficaz estatal contra las nuevas modalidades de delincuencia, para lo cual en ocasiones las condiciones de los tribunales penales tradicionales (juzgados de instrucción y Audiencias Provinciales), planteaba dificultades serias de actuación, “acumulación de asuntos y retrasos inevitables, en perjuicio de las exigencias mismas de justicia”.  Partiendo de esa premisa fue creada la Audiencia Nacional, según el modelo clásico de las Audiencias con la única diferencia de su demarcación territorial, atribuyéndosele en lo penal el conocimiento de causas por delitos “en que por el modo y ámbito de actuación de sus autores o por la difusión de sus efectos se exceden de los límites de la provincia”
  • En lo contencioso-administrativo, se le encomendaba la revisión de actos emanados de las autoridades administrativas con competencia en todo el territorio nacional. En lo penal, la creación de la Audiencia Nacional implicaba, por la singular configuración del proceso penal español que exige la intervención de dos órganos jurisdiccionales (uno competente para la fase de instrucción, el otro para la fase de plenario o de enjuiciamiento), la creación de juzgados nuevos encargados de la instrucción sumarial previa al juicio penal del que debía conocer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de Instrucción.

Entre las competencias específicas de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se incluían los delitos monetarios (cancelando así la jurisdicción especial administrativa, por estimar que la mayor eficacia en la defensa de la sociedad y la mejor garantía ciudadana exigían la plena judicialización de la materia y su incorporación a la jurisdicción ordinaria), delitos económicos de grave repercusión para la economía nacional y delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, fraudes alimenticios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, los relativos a la corrupción y prostitución, así como los de escándalo público, cuando se realizasen por medio de publicaciones, películas u objetos pornográficos, siempre que todos ellos se hubieran cometido por bandas o grupos organizados y produjeran efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias Provinciales. También, de los casos de extradición pasiva, los delitos cometidos fuera del territorio nacional de la competencia de los tribunales españoles y de los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

CRÍTICAS A LA AUDIENCIA NACIONAL

La consideración de la Audiencia Nacional como sucesora de la jurisdicción del Tribunal de Orden Público fue su primera crítica pero no la única. A ella se sumaron, al menos, dos críticas más:

  • La primera, el hecho de que fuera creada por Real Decreto Ley, una norma jurídica que no emana del Parlamento sino del Poder Ejecutivo y prevista para supuestos de urgencia o necesidad, lo que no se compadece bien con la trascendencia de la creación de órganos jurisdiccionales.
  • La segunda, la forma de regular la competencia de los tres Juzgados Centrales de Instrucción creados por el Real Decreto Ley 1/1977, que si bien, en la mayoría de los casos se determinaba conforme a criterios de predeterminación legal, no siempre era así, pues su conocimiento, en determinados supuestos, no devenía de la aplicación de reglas legales objetivas, generales y preexistentes, sino de la decisión discrecional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por aplicación del artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta última previsión mereció severas críticas, pues constituía una vulneración de una garantía básica de tutela judicial, que servía de cauce para evitar el juez ad hoc o excepcional: de hecho, con posterioridad, el artículo 24.2 de la Constitución de 1978 reconoció entre los derechos fundamentales de los ciudadanos el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el artículo 117 de la Carta Magna proscribió expresamente los jueces excepcionales. La Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 1/1977 justificaba esta fórmula mixta de determinación de la competencia objetiva como forma de evitar el casuismo en la definición de los delitos de los que conocía la Audiencia Nacional: de acuerdo con ella,

Por una parte, se enuncian una serie de delitos cuya naturaleza entraña ya de por sí la concurrencia de las características generales que definen la competencia de la audiencia nacional y, por otra, se utiliza una expresión genérica comprensiva de todos los demás casos en los que, por razón de su extraordinaria complejidad o de sus graves efectos en el ámbito nacional, acuerde la sala de Gobierno del Tribunal Supremo el nombramiento de juez Especial, que, como se ha dicho, habrá de recaer en uno de los Jueces Centrales de Instrucción”.

El resultado era que, en determinadas ocasiones, la competencia del juez se fijaba discrecionalmente por la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, pero estrechando el círculo de los posibles jueces competentes a los tres Juzgados Centrales de Instrucción, una facultad que, pese a que el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permanece vigente (aun a pesar de su más que probable inconstitucionalidad), rara vez se ha utilizado.
Otras críticas a la Audiencia Nacional (en especial, en materia penal) se centraban en la quiebra que suponía del derecho al juez natural, en la medida en que los hechos presuntamente delictivos ya no serían juzgados, en determinados casos, por el juez penal más cercano, sino por un tribunal geográficamente alejado de los mismos.

Con respecto a las críticas anteriores debe decirse que, superando las desconfianzas iniciales en cuanto a la consideración de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como tribunal político, la Audiencia Nacional es hoy, sin lugar a suspicacia alguna, un tribunal plenamente integrado dentro de la jurisdicción ordinaria, servido por magistrados juristas profesionales de alta competencia profesional y con todas las garantías procesales para los imputados (más aun tras la definitiva desaparición de la jurisdicción de orden público).

Por cuanto a su carácter de tribunal excepcional (contrario, por tanto, al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley), ha de concluirse hoy que la Audiencia Nacional no es un tribunal excepcional en los términos del artículo 117 de la Constitución, sino en todo caso un tribunal ordinario, pues se integra dentro de la jurisdicción ordinaria, si bien con competencia objetiva especializada al conocimiento de determinados delitos, los enumerados en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y alguno más, como veremos, de donde desaparece cualquier facultad específica de determinación ad hoc del instructor diferente de la general reconocida, en toda la jurisdicción penal, por el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: esta consideración de la Audiencia Nacional como tribunal ordinario, a los efectos del respeto de las garantías constitucionales de justicia, ha sido reconocida por la Comisión Europea de Derechos Humanos en su informe de 16 de octubre de 1986 (caso Barberá y otros contra España), en el que se sostiene que “la Comisión comprueba que la Audiencia Nacional es un Tribunal ordinario instituido por un Real Decreto Ley y compuesto de Magistrados nombrados por el Consejo General del Poder Judicial”.

En cuanto a la quiebra del derecho al juez natural, debe decirse que, quizá, ese es uno de los principales aciertos y de los mayores justificantes de la existencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la medida en que, con el alejamiento de la jurisdicción del lugar de los hechos se pueda garantizar con mayor eficacia la Independencia e imparcialidad del tribunal, en los casos de fenómenos delictivos de especial arraigo en determinados territorios (narcotráfico, crimen organizado, terrorismo), además de contribuir a una respuesta unitaria contra dichas modalidades delictivas. Lo que no puede evitar la concentración de la competencia objetiva para el conocimiento de tales hechos en los Juzgados Centrales de Instrucción es la notoriedad pública que con ello se otorga a sus titulares, un hecho que ha dado, en los años de existencia de la Audiencia Nacional, un protagonismo a ciertos jueces quizá incompatible con la discreción deseable para el correcto ejercicio de los quehaceres jurisdiccionales.
Otro de los aspectos favorables de la Audiencia Nacional fue la asunción de la competencia para el conocimiento de los delitos de terrorismo o cometidos por bandas armadas, reconocida por el Real Decreto Ley 3/1977, de 4 de enero: con ello se detraía el conocimiento de estas causas delictivas de la jurisdicción especial militar, hecho que implicaba la normalización democrática en la respuesta del Estado contra esta grave modalidad delictiva.

Written by José Martín García

José Martín es abogado

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