AN en Madrid

ORIGEN HIST脫RICO Y CUESTIONES POL脡MICAS

Antigua audiencia nacional聽A pesar de tener jurisdicci贸n en tres de los cuatro 贸rdenes de la jurisdicci贸n ordinaria, la Audiencia Nacional es conocida, ante todo, por su faceta de tribunal penal. En su origen, la Audiencia Nacional ten铆a jurisdicci贸n penal y contencioso administrativa, posteriormente ampliada en 1985 con la Ley Org谩nica del Poder Judicial al orden social, como consecuencia de la reorganizaci贸n global de la Administraci贸n de Justicia espa帽ola tras la promulgaci贸n de la Constituci贸n de 1978 y la desaparici贸n del Tribunal Central de Trabajo.

HISTORIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Desde un punto de vista hist贸rico, la Audiencia Nacional es un tribunal relativamente reciente (pues es creado en 1977).
Su existencia no ha estado ajena a la pol茅mica (principalmente por su consideraci贸n como tribunal especial, como luego veremos), aunque hoy se la debe considerar plenamente integrada en la jurisdicci贸n ordinaria. Gran parte de esa pol茅mica se debe al hecho de ser entendida como la sucesora en el tiempo del Tribunal de Orden P煤blico, un 贸rgano jurisdiccional de car谩cter pol铆tico nacido en tiempos del R茅gimen de Franco, hecho que a juicio de algunos autores constituye un vicio que deslegitima a la Audiencia Nacional como 贸rgano jurisdiccional propio de un sistema de justicia de un Estado democr谩tico.
El Tribunal de Orden P煤blico ejerci贸 jurisdicci贸n, como tribunal especial, entre 1963 y 1977 Nacido el 2 de diciembre de 1963 con el nombre de Tribunal Especial de Represi贸n de la Masoner铆a y el Comunismo, se encarg贸 del conocimiento de las causas judiciales por delitos pol铆ticos, hasta entonces de la competencia de la jurisdicci贸n militar, el Tribunal de Orden P煤blico desarroll贸 una gran actividad durante su existencia y hasta su definitiva desaparici贸n, contempor谩nea del Real Decreto Ley 1/1977, de 4 de enero, por el que se cre贸 la Audiencia Nacional. En el Pre谩mbulo del Real Decreto Ley聽 1/1977 no se vincula la creaci贸n de la Audiencia Nacional con la supresi贸n del Tribunal de Orden P煤blico. De otro modo, se justifica en la necesidad de dar respuesta a otra serie de exigencias jur铆dicas:

  • En el plano penal, se trataba de dar seguridad jur铆dica a los ciudadanos, ante la necesidad de una respuesta 煤nica y eficaz estatal contra las nuevas modalidades de delincuencia, para lo cual en ocasiones las condiciones de los tribunales penales tradicionales (juzgados de instrucci贸n y Audiencias Provinciales), planteaba dificultades serias de actuaci贸n, “acumulaci贸n de asuntos y retrasos inevitables, en perjuicio de las exigencias mismas de justicia”.聽 Partiendo de esa premisa fue creada la Audiencia Nacional, seg煤n el modelo cl谩sico de las Audiencias con la 煤nica diferencia de su demarcaci贸n territorial, atribuy茅ndosele en lo penal el conocimiento de causas por delitos “en que por el modo y 谩mbito de actuaci贸n de sus autores o por la difusi贸n de sus efectos se exceden de los l铆mites de la provincia”
  • En lo contencioso-administrativo, se le encomendaba la revisi贸n de actos emanados de las autoridades administrativas con competencia en todo el territorio nacional.
  • En lo penal, la creaci贸n de la Audiencia Nacional implicaba, por la singular configuraci贸n del proceso penal espa帽ol que exige la intervenci贸n de dos 贸rganos jurisdiccionales (uno competente para la fase de instrucci贸n, el otro para la fase de plenario o de enjuiciamiento), la creaci贸n de juzgados nuevos encargados de la instrucci贸n sumarial previa al juicio penal del que deb铆a conocer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de Instrucci贸n.

Entre las competencias espec铆ficas de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se inclu铆an los delitos monetarios (cancelando as铆 la jurisdicci贸n especial administrativa, por estimar que la mayor eficacia en la defensa de la sociedad y la mejor garant铆a ciudadana exig铆an la plena judicializaci贸n de la materia y su incorporaci贸n a la jurisdicci贸n ordinaria), delitos econ贸micos de grave repercusi贸n para la econom铆a nacional y delitos de tr谩fico il铆cito de estupefacientes, fraudes alimenticios y de sustancias farmac茅uticas o medicinales, los relativos a la corrupci贸n y prostituci贸n, as铆 como los de esc谩ndalo p煤blico, cuando se realizasen por medio de publicaciones, pel铆culas u objetos pornogr谩ficos, siempre que todos ellos se hubieran cometido por bandas o grupos organizados y produjeran efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias Provinciales. Tambi茅n, de los casos de extradici贸n pasiva, los delitos cometidos fuera del territorio nacional de la competencia de los tribunales espa帽oles y de los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Peligrosidad y Rehabilitaci贸n Social.

CR脥TICAS A LA AUDIENCIA NACIONAL

La consideraci贸n de la Audiencia Nacional como sucesora de la jurisdicci贸n del Tribunal de Orden P煤blico fue su primera cr铆tica pero no la 煤nica. A ella se sumaron, al menos, dos cr铆ticas m谩s:

  • La primera, el hecho de que fuera creada por Real Decreto Ley, una norma jur铆dica que no emana del Parlamento sino del Poder Ejecutivo y prevista para supuestos de urgencia o necesidad, lo que no se compadece bien con la trascendencia de la creaci贸n de 贸rganos jurisdiccionales.
  • La segunda, la forma de regular la competencia de los tres Juzgados Centrales de Instrucci贸n creados por el Real Decreto Ley 1/1977, que si bien, en la mayor铆a de los casos se determinaba conforme a criterios de predeterminaci贸n legal, no siempre era as铆, pues su conocimiento, en determinados supuestos, no deven铆a de la aplicaci贸n de reglas legales objetivas, generales y preexistentes, sino de la decisi贸n discrecional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por aplicaci贸n del art铆culo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta 煤ltima previsi贸n mereci贸 severas cr铆ticas, pues constitu铆a una vulneraci贸n de una garant铆a b谩sica de tutela judicial, que serv铆a de cauce para evitar el juez ad hoc o excepcional: de hecho, con posterioridad, el art铆culo 24.2 de la Constituci贸n de 1978 reconoci贸 entre los derechos fundamentales de los ciudadanos el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el art铆culo 117 de la Carta Magna proscribi贸 expresamente los jueces excepcionales. La Exposici贸n de Motivos del Real Decreto Ley 1/1977 justificaba esta f贸rmula mixta de determinaci贸n de la competencia objetiva como forma de evitar el casuismo en la definici贸n de los delitos de los que conoc铆a la Audiencia Nacional: de acuerdo con ella,

Por una parte, se enuncian una serie de delitos cuya naturaleza entra帽a ya de por s铆 la concurrencia de las caracter铆sticas generales que definen la competencia de la audiencia nacional y, por otra, se utiliza una expresi贸n gen茅rica comprensiva de todos los dem谩s casos en los que, por raz贸n de su extraordinaria complejidad o de sus graves efectos en el 谩mbito nacional, acuerde la sala de Gobierno del Tribunal Supremo el nombramiento de juez Especial, que, como se ha dicho, habr谩 de recaer en uno de los Jueces Centrales de Instrucci贸n”.

El resultado era que, en determinadas ocasiones, la competencia del juez se fijaba discrecionalmente por la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, pero estrechando el c铆rculo de los posibles jueces competentes a los tres Juzgados Centrales de Instrucci贸n, una facultad que, pese a que el art铆culo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permanece vigente (aun a pesar de su m谩s que probable inconstitucionalidad), rara vez se ha utilizado.
Otras cr铆ticas a la Audiencia Nacional (en especial, en materia penal) se centraban en la quiebra que supon铆a del derecho al juez natural, en la medida en que los hechos presuntamente delictivos ya no ser铆an juzgados, en determinados casos, por el juez penal m谩s cercano, sino por un tribunal geogr谩ficamente alejado de los mismos.

Con respecto a las cr铆ticas anteriores debe decirse que, superando las desconfianzas iniciales en cuanto a la consideraci贸n de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como tribunal pol铆tico, la Audiencia Nacional es hoy, sin lugar a suspicacia alguna, un tribunal plenamente integrado dentro de la jurisdicci贸n ordinaria, servido por magistrados juristas profesionales de alta competencia profesional y con todas las garant铆as procesales para los imputados (m谩s aun tras la definitiva desaparici贸n de la jurisdicci贸n de orden p煤blico).

Por cuanto a su car谩cter de tribunal excepcional (contrario, por tanto, al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley), ha de concluirse hoy que la Audiencia Nacional no es un tribunal excepcional en los t茅rminos del art铆culo 117 de la Constituci贸n, sino en todo caso un tribunal ordinario, pues se integra dentro de la jurisdicci贸n ordinaria, si bien con competencia objetiva especializada al conocimiento de determinados delitos, los enumerados en el art铆culo 65 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, y alguno m谩s, como veremos, de donde desaparece cualquier facultad espec铆fica de determinaci贸n ad hoc del instructor diferente de la general reconocida, en toda la jurisdicci贸n penal, por el art铆culo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: esta consideraci贸n de la Audiencia Nacional como tribunal ordinario, a los efectos del respeto de las garant铆as constitucionales de justicia, ha sido reconocida por la Comisi贸n Europea de Derechos Humanos en su informe de 16 de octubre de 1986 (caso Barber谩 y otros contra Espa帽a), en el que se sostiene que “la Comisi贸n comprueba que la Audiencia Nacional es un Tribunal ordinario instituido por un Real Decreto Ley y compuesto de Magistrados nombrados por el Consejo General del Poder Judicial”.

En cuanto a la quiebra del derecho al juez natural, debe decirse que, quiz谩, ese es uno de los principales aciertos y de los mayores justificantes de la existencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la medida en que, con el alejamiento de la jurisdicci贸n del lugar de los hechos se pueda garantizar con mayor eficacia la Independencia e imparcialidad del tribunal, en los casos de fen贸menos delictivos de especial arraigo en determinados territorios (narcotr谩fico, crimen organizado, terrorismo), adem谩s de contribuir a una respuesta unitaria contra dichas modalidades delictivas. Lo que no puede evitar la concentraci贸n de la competencia objetiva para el conocimiento de tales hechos en los Juzgados Centrales de Instrucci贸n es la notoriedad p煤blica que con ello se otorga a sus titulares, un hecho que ha dado, en los a帽os de existencia de la Audiencia Nacional, un protagonismo a ciertos jueces quiz谩 incompatible con la discreci贸n deseable para el correcto ejercicio de los quehaceres jurisdiccionales.
Otro de los aspectos favorables de la Audiencia Nacional fue la asunci贸n de la competencia para el conocimiento de los delitos de terrorismo o cometidos por bandas armadas, reconocida por el Real Decreto Ley 3/1977, de 4 de enero: con ello se detra铆a el conocimiento de estas causas delictivas de la jurisdicci贸n especial militar, hecho que implicaba la normalizaci贸n democr谩tica en la respuesta del Estado contra esta grave modalidad delictiva.

Written by Jos茅 Mart铆n Garc铆a

Jos茅 Mart铆n Garc铆a es abogado penalista. Ha colaborado e intervenido entre otras con: Televi贸n espa帽ola, La Sexta, Telemadrid. Ha participado en numerosos cursos y ponencias.

Website: https://abogadomartin.es/

Deja un comentario

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende c贸mo se procesan los datos de tus comentarios.

Aviso legal|Pol铆tica de Cockies
VISTO EN:
La Sexta Telemadrid y rtrve europa press
abogado garantizado
LLAME Y CONSULTE 918287132