Amenazas

CONCEPTO DE AMENAZAS

La amenaza se define como la expresión conferida por un sujeto contra otro u otros de causarle un mal con el fin de menoscabar su libertad. Este tipo penal, cuya estructura es bastante simple, tiene diversas formas delictivas y todas ellas tratan de proteger el mismo bien jurídico: la libertad.

El artículo que define penalmente el delito de amenazas mantiene en gran medida la configuración y redacción del código penal derogado, si bien introduce algunas novedades.  Amplía el objeto personal sobre el que recae la amenaza, que ya no es sólo la víctima (sujeto pasivo) o su familia sino que se extiende a otras personas con las que el sujeto pasivo esté “íntimamente vinculado”.

Esta expresión supone cierta incertidumbre jurídica ya que no se específica quiénes son esas personas con las que el sujeto pasivo puede estar unidas y sobre las que recaerá el mal amenazado.

Por ello, serán los jueces los que deberán ir fijando a través de sus sentencias qué sujetos tendrán cabida en esa expresión.

En último lugar, y también como novedad, se añaden en la figura agravada de las amenazas hechas por escrito “el teléfono y otros medios de comunicación”, y ello con el fin de adaptarse a las nuevas formas de comunicación que existe en la actualidad.

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ELEMENTOS DEL DELITO DE AMENAZAS

El delito de amenazas se caracteriza por los siguientes elementos:

1) una conducta del autor integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la comunicación de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata, que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo.
2) es un delito de simple actividad, de expresión o de peligro, y no de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se produce actuará como complemento del tipo.
3) que la expresión de dicho propósito por parte del autor sea serio, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes.
4) que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social, que fundamente razonablemente el juicio de la antijuricidad de la acción y la calificación como delictiva.

TIPOS DE AMENAZAS

Amenazas de un mal constitutivo de delito Este tipo penal se contempla en el artículo 169 del Código Penal, el cual dispone que:

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

 Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, en nombre de entidades o grupos reales supuestos.

 Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional. “

DELITO DE AMENAZAS Y SUS  PENAS

amenazasLa pena es distinta según la amenaza sea condicional o no.

En el supuesto que se nos presenta en primer lugar, aparece con un mayor reproche social en la conducta del reo, lo que justifica una mayor pena.

Es indiferente que esa cantidad objeto de la amenaza sea debida o no, puede darse el caso que alguien deba dinero a otro y éste para conseguido proceda a amenazar al deudor para ver satisfecho su crédito.

Nuestro ordenamiento jurídico prevé diferentes fórmulas para que una persona pueda cobrar sus deudas, sin necesidad de acudir a vías antijurídicas.

La existencia de un crédito no justifica que el acreedor pueda atentar contra los derechos de su deudor, como es el de la libertad.

Si el sujeto activo consigue su propósito la pena es mayor que si no lo consigue, lo que de por sí justifica una mayor penalidad de la conducta.

Los elementos que deben concurrir para apreciar este delito son los siguientes:

  1. Una conducta del agente integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la conminación de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata. Este es el núcleo esencial del tipo penal.
  2. Que la expresión o acto sea seria, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso.

No basta, por tanto, con que el sujeto profiera expresiones amenazantes si no que esas tengan la suficiente credibilidad como para que la persona que las reciba se sienta intimidado o violentado en su ánimo.

Es un delito meramente circunstancial en el que deberá valorarse la forma en que se lleva a cabo esas expresiones amenazantes, el lugar donde se desarrollan, el momento en el que se ejecutan y los actos anteriores, coetáneos y posteriores a la amenaza.

Con todos estos datos, se podrá saber si estas expresiones tienen la suficiente entidad y credibilidad como para condenar.

Que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social, que fundamente razonablemente el juicio de antijuridicidad de la acción y su calificación como delictiva.

No es suficiente, por tanto, sólo que esa acción o expresión haya provocado cierto miedo en la víctima sino que la misma sea socialmente reprobable y que a cualquier otra persona, en esa misma situación, se habría sentido amenazada.

El artículo 170 del Código Penal establece que:

 Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior

Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas”

Este es un subtipo agravado del 169, por lo que se puede aplicar los mismos criterios que los expuestos en dicho precepto. Se trata de una amenaza colectiva en el que el sujeto pasivo es plural, ampliándose a “grupos étnicos” o a un “amplio grupo de personas” y no sólo a los habitantes de una población, que es lo que contemplaba el anterior código penal.

Es una amenaza genérica, con la gravedad necesaria para conseguido y con indeterminación de la persona concreta en que pudiera materializarse el contenido de la amenaza.

Amenazas de un mal no constitutivo de delito

Este supuesto penal se regula en el artículo 171 del Código Penal, el cual dispone que:

 Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.

Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere.

Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito el ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. “

El apartado primero de este precepto contempla la amenaza genuina cuando ésta no consista en un mal que constituya delito. Este último aspecto es lo que lo diferencia del tipo delictivo del artículo 169 del Código Penal.

La reforma del Código Penal del año 2015 incorpora el punto séptimo al artículo 171:

7. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo”

Una de las diferencias con el delito del artículo 169, en el que la amenaza puede ser condicional o no, tal y como hemos visto anteriormente, mientras que en el artículo analizado se exige que siempre sea condicional.

La condición es lo que justifica la sanción penal de esa conducta. El adverbio de tiempo que el legislador estableció en el tipo penal “cuando la amenaza fuere condicional”, hace que la condición impuesta por el sujeto activo sea un requisito necesario para aplicar este tipo penal, por lo que si no se da la condición no habrá delito, al igual que tampoco lo habrá cuando la condición consista en una conducta debida.

El último inciso de este primer apartado establece una agravación de la pena cuando el sujeto consigue su propósito con la amenaza.

El apartado segundo recoge lo que tradicional y comúnmente se conoce como chantaje.

Para apreciar este delito es necesario que el sujeto exija una cantidad o recompensa para no difundir hechos que afectan a su intimidad o a la de su familia y que pueda perjudicar su fama.

Esa cantidad o recompensa debe tener una valoración económica. También castiga con mayor pena, al igual que en el apartado anterior, cuando se consigue el propósito que llevó al delincuente a realizar dicha conducta.

Los apartados número cuatro a seis han sido introducidos por el artículo 38 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, sobre los que se plantearon diversas cuestiones de constitucionalidad por considerarse que vulneran el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española.

El apartado cuarto eleva a la categoría de delito un simple delito leve de amenazas cuando el sujeto pasivo es una mujer que ha tenido una relación de convivencia sea o no conyugal. En estos casos el sujeto activo será el hombre y el pasivo siempre la mujer, mientras que en el caso contrario (cuando la mujer amenaza levemente al hombre) no sería delito.

El apartado quinto establece una agravación de la pena cuando la amenaza se realiza en presencia de menores y el apartado sexto dispone la posibilidad de que el juez pueda imponer una pena inferior cuando así lo estime oportuno, atendiendo a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho.

Se trata de un tipo atenuado abierto en el que el juez podrá rebajar la pena en un grado de forma motivada. Deberá el juez, por tanto, explicar en la sentencia cuáles son esas circunstancias personales o concurrentes al hecho que hacen merecedor al condenado de una rebaja de la pena a imponer.

AMENAZAS LEVES

El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y una a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

DELITO LEVE DE AMENAZAS

Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado por el delito leve de amenazas con la pena de multa de uno a tres meses.

Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

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