Allanamiento de morada

QUE ES EL ALLANAMIENTO DE MORADA

La definición de allanamiento de morada consiste en permanecer en un inmueble ajeno, tanto si fuera por la irrupción en el mismo o por la mera permanencia, siempre que se realice contra la voluntad expresa o tácita de su morador o propietario; esa voluntad contraria se presume, en tanto no se pruebe lo contrario. Es imprescindible que el ánimo que guíe al sujeto activo sea el de violentar el ámbito de privacidad propio del lugar.

Allanamiento de morada

EL ALLANAMIENTO DE MORADA EN EL CÓDIGO PENAL: TIPOS

Allanamiento de morada

El Artículo 202 del código penal dispone que:

1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses. “

Sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, con la única exigencia que sea particular ya que las autoridades o funcionarios públicos tienen un tipo especial.

Los parientes o familiares, incluso los cónyuges separados, pueden ser sujetos activos ya que el parentesco no funciona como excusa absolutoria.

Es necesario que el agresor no viva en esa misma morada. Como sujeto pasivo o víctima del delito lo será aquella persona titular de la morada en la que se ha entrado sin su consentimiento o la persona que tiene facultades de exclusión de la misma en ausencia de su titular (cónyuge o hijos por ejemplo).

Cuando la titularidad de la vivienda es compartida por varias personas puede darse el caso de que se produzca un conflicto entre los moradores sobre si dan o no autorización; en estos casos prima el interés del que no autoriza frente al que sí lo hace.

JURISPRUDENCIA ALLANAMIENTO DE MORADA

Número Sentencia: 1489/2018 Número Recurso: 282/2018
Numroj: AAP B 7306/2018
Ecli: ES:APB:2018:7306A

Allanamiento de morada domicilio de personas juridicas y stablecimientos. Delito leve de usurpacion de inmueble.

Los hechos, en este momento, no pueden ser calificados con seguridad o con altas dosis de la misma como una usurpación de bien inmueble.
Viene a sostener que el delito de allanamiento de morada viene a proteger la inviolabilidad domiciliaria que, al tratarse de personas físicas, garantiza la protección de la intimidad de las personas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
ÚNICO.- Se alza la parte recurrente contra Auto del Juzgado de Instrucción número 2 de VIC por el que continuar la tramitación conforme a las normas de la L.O. 5/1995, del Tribunal del Jurado.

Frente a ello se alza la parte recurrente señalando que no hay motivos para inferir que los hechos investigados integren el elemento objetivo del tipo de allanamiento de morada, en la medida en que la vivienda en cuestión no era ya una segunda residencia ni podía considerarse vivienda habitada toda vez que ya estaba a la venta y ofrecida públicamente a través de una plataforma de internet.

Y, además, que, una vez expuesta públicamente para la venta con la exhibición por fotografías del interior de la misma, incluidos mobiliario y enseres personales.

El recurso no debe ser estimado.

Discrepamos abiertamente de los argumentos esgrimidos por la parte recurrente.

Así, en lo que se refiere a la ausencia de indicios de los elementos objetivos del tipo que se concretaría en que la vivienda o inmueble “ocupado” no constituye morada de los denunciantes, ya el propio recurso avala la existencia de los señalados en el auto, si bien no los aprecia concurrente en atención a otras circunstancias.

Se dice en el auto, en congruencia con el contenido de las actuaciones, y se acepta en el recurso, que en la vivienda había muebles, enseres y hasta ropa de los propietarios, así como que el acceso fue forzado con el cambio de cerradura de la puerta principal.

Es más, el denunciante, tanto en la denuncia como en declaración en sede de instrucción, afirma que si bien su domicilio habitual está en Barcelona, se trata de una residencia en la que pasan los meses de verano y los fines de semana y que, incluso, habían estado allí hasta unos días antes de la fecha de la ocupación.

Y, por este motivo, guardan no sólo electrodomésticos de valor, si ropa y hasta el cepillo de dientes.

En el atestado levantado, Minuta policial de 28 de noviembre de 2017, agentes de policía recogen que en las estancias de la casa hay todo tipo de pertinencias de los denunciantes, tales como el comedor amueblado y en los baños secadores y cepillos de dientes.

Luego, es evidente la concurrencia de indicios objetivos de habitabilidad del inmueble en cuestión.

La afirmación de si fueron los propietarios o no quienes detectaron la presencia de “ocupas” y el tiempo concreto que hacía que no acudían a la vivienda (sostiene que hacía meses) no es por sí suficiente para anular la eficacia indiciaria de los datos antes referidos.

Luego, con los datos obrantes, no puede razonablemente inferirse que la vivienda estuviera abandonada o deshabitada, al menos con la seguridad necesaria como para descartar que estemos ante una vivienda habitada como elemento objetivo del delito de allanamiento.

Por lo tanto, los hechos, en este momento, no pueden ser calificados con seguridad o con altas dosis de la misma como una usurpación de bien inmueble.
El recurso introduce otro argumento que se relaciona con el principio de lesividad del bien jurídico protegido.

Con abundante y acertada cita jurisprudencial, viene a sostener que el delito de allanamiento de morada viene a proteger la inviolabilidad domiciliaria que, al tratarse de personas físicas, garantiza la protección de la intimidad de las personas.

Y, en la medida en que los denunciantes ya antes de producirse el hecho, habían puesto a la venta la vivienda y, más aún, publicitado la misma a través de una página de internet (de Solvia) y exhibiendo su interior con fotografías, habían ya renunciado a la intimidad de la misma, puesto que ellos mismos han facilitado las fotografías de sus muebles y enseres.

De donde concluye que la supuesta invasión de la intimidad por parte de los investigados no sería tal por haber prescindido previa y voluntariamente los propios denunciantes.
El argumento es hábil pero no puede ser compartido.

La mera puesta en venta de una vivienda por parte de su propietario y morador no es un hecho que en sí mismo implique el abandono o el inmediato cese de la residencia en el mismo sino que éste no se dará hasta el efectivo abandono material de la misma para la entrega al nuevo propietario.

No es admisible entender que una manifestación de voluntad de proceder a la venta en el futuro es ya una renuncia a mantener el domicilio y al ámbito de intimidad que este proporciona.
Tampoco que la exhibición del interior en fotografías suponga una renuncia a todo el ámbito de intimidad que proporciona el domicilio.

De la misma forma que una persona es dueña de su imagen, y de sus relaciones familiares y puede renunciar a parte de la misma para exhibirla, ejemplo colgando fotografías o vídeos, en redes sociales u otros medios de difusión, no por ello puede inferirse un consentimiento tácito de cualquier acceso por parte de terceros a todos los aspectos de su vida privada.

Porque el ciudadano es dueño por entero de su intimidad y tiene la capacidad de decidir el modo, forma y alcance en que consiente que otros la conozcan, y por ello el Tribunal Constitucional estima una vulneración de dicha garantía “los casos en que la actuación no se ajusta a los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la actuación que se realiza y el objetivo tolerado para el que fue recabado el consentimiento (en este sentido, SSTC 110/1984 , de 26 de noviembre, FJ 8 , y 70/2009 , de 23 de marzo , FJ 2)” (se cita en la STC 54/2015 , de 16 de marzo).

Finalmente, y para concluir, debemos señalar que la resolución judicial que se impugna es de naturaleza procesal y no material sobre el hecho investigado.

Se limita a constatar la concurrencia inicial en la instrucción de indicios objetivos de que el objeto de “ocupación” sea una vivienda o morada y no un inmueble no destinado a vivienda, lo que le lleva al deber de seguir el procedimiento adecuado que no es otro que el del Tribunal del Jurado.

Es decir, simple y llanamente ha incoado el procedimiento del Tribunal del Jurado por darse los presupuestos objetivos para ello.

Lo que no prejuzga el resultado final de la investigación y que, si finalmente, como sostiene el recurrente, no se concretara tal apariencia de ser una vivienda que constituye morada pueda finalmente resolverse el caso en otro cauce procesal.

No obstante, los elementos en que se apoya la decisión judicial son en este momento indiscutibles para sostener el cambio en la tramitación del proceso.
VISTOS los preceptos legales citados y los demás de aplicación.
FALLO DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por Eladio , representado por la Procuradora Dña. Silvia Galcerán Tubau y bajo la defensa letrada de D. Francesc Esquerdo Estalella, contra el Auto de fecha 6 de abril de 2018 dictado por el Iltmo.Sr Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de VIC; y, en consecuencia CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE DICHA RESOLUCIÓN.

ABOGADO PARA DEFENSA EN ALLANAMIENTO DE MORADA

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