Absolución

QUE ES LA ABSOLUCIÓN

Pues siguiendo a Don Francisco Manuel Oliver Egea en su obra en La Ley, podemos afirmar de la absolución:

1.- CONCEPTO

La absolución es aquella resolución judicial que pone fin al procedimiento penal en virtud de la cual se declara la no responsabilidad del acusado de los hechos que ha sido objeto de acusación.

El concepto “procedimiento penal” hay que entenderlo en un sentido amplio, que abarcaría tanto a aquellos procedimientos iniciados por razón de la existencia de un delito como los iniciados por hechos tipificados como falta.

El motivo por el que se puede absolver a una persona que ha sido acusada por el Ministerio Fiscal o por la acusación (particular o popular) puede ser doble: primero porque esa persona no haya intervenido en los hechos enjuiciados ni como autor, ni como cómplice o encubridor; es decir, que no haya participado en el delito o falta. y en segundo lugar, porque no haya existido infracción penal.

En este último caso puede ser porque no se haya producido el hecho que ha dado lugar a la causa o porque no reúna los elementos típicos de la norma penal para poder ser aplicada.

En cualquiera de estos casos el pronunciamiento debe ser absolutorio.

Es necesario para una mejor comprensión de los principios procesales y procedimentales, así como las consecuencias que una sentencia absolutoria pueda tener, explicar la diferencia que existe entre el hecho punible y el delito. Lo que provoca el inicio de un proceso penal no es el delito, es el hecho acaecido, el cual en un momento determinado de la vida de ese proceso, debe ser calificado penalmente, lo que se conoce como “delito”.

El hecho es el objeto del proceso y el delito es la calificación de ese hecho.

Por ejemplo, la muerte de una persona a manos de otra, este supuesto tiene un hecho, que es el fallecimiento, lo que provoca el inicio del proceso penal, cuestión distinta es la calificación que posteriormente se le pueda dar: podrá ser un delito de asesinato o de homicidio.

Como se puede ver, lo que verdaderamente delimita el objeto del proceso es la muerte de la persona.

El centro operativo en el que se mueve la sentencia es en una doble esfera: la penal, y además en la órbita de la responsabilidad civil.

La comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito o falta conlleva no sólo una responsabilidad penal del delincuente por el hecho cometido, sino también una responsabilidad civil por los daños o perjuicios que ese hecho ha podido provocar, debiendo resarcir al perjudicado lo sufrido por ese comportamiento delictivo (daño moral o material).

Sólo cabe la responsabilidad civil cuando se ha declarado previamente la penal, de ahí la importancia de la sentencia, tal y como se explicará posteriormente.

2.- FASES DE LA ABSOLUCIÓN

En nuestro procedimiento penal, por hechos tipificados como delito, existen dos fases muy bien diferenciadas:

Una primera, de instrucción o investigación judicial de los hechos supuestamente delictivos y que han sido objeto de denuncia.

Y, una segunda, de enjuiciamiento.

En la primera fase, la cual se da inicio en el momento que la autoridad judicial tiene conocimiento de un hecho que puede revestir los elementos típicos de un delito, el juez recaba toda la información que es necesaria para determinar la imputación del presunto responsable de los hechos y preparar así el futuro juicio oral.

En este momento procesal el juez debe determinar la participación que el denunciado ha podido tener en e! hecho objeto de instrucción, asegurar su presencia en el juicio, si fuere necesario, y asegurar las posibles responsabilidades civiles que ese mismo hecho pudiera originar.

Una vez concluida esta fase, el juez instructor dicta auto de apertura de juicio oral y el imputado pasa a tener la condición de acusado, remitiéndose a otro órgano judicial las actuaciones para que proceda a su enjuiciamiento.

Recibido el expediente penal con las piezas de convicción, es cuando se da inicio a la segunda fase, que tiene por finalidad determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.

Es en esta fase donde se van a practicar todas las pruebas necesarias para que el juez o tribunal dicte sentencia, que podrá ser condenatoria o absolutoria.

No cabe un pronunciamiento distinto de éstos, ni resolución judicial diferente que la de sentencia (no puede dictarse auto de sobreseimiento por ejemplo).

Sin embargo, en las infracciones calificadas como faltas sólo existe una fase que es la del juicio, sin que exista instrucción previa, aunque se aplican los mismos principios que para el enjuiciamiento por delito. Así el artículo 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que:

En la sentencia se resolverán todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, condenando o absolviendo a los procesados, no sólo por el delito principal y sus conexos, sino también por las faltas incidentales de que se haya conocido en la causa, sin que pueda el Tribunal emplear en este estado la fórmula del sobreseimiento respecto de los acusados a quienes crea que no debe condenar.

También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil que hayan sido objeto del juicio.

Lo dispuesto en el párr. 5° artículo 635 sobre el destino de las piezas de convicción que entrañen, por su naturaleza, algún peligro grave para los intereses que en el mismo se expresan, será aplicable a las sentencias absolutorias. ”

En cuanto al contenido de la sentencia, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que

El Tribunal, apreciando, según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta ley.

Siempre que el Tribunal haga uso del libre arbitrio que para la calificación del delito o para la imposición de la pena le otorga el Código Penal, deberá consignar si ha tomado en consideración los elementos de juicio que el precepto aplicable de aquél obligue a tener en cuenta”

Sobre la base de este artículo el tribunal sentenciador sólo puede fundamentar su sentencia valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral yen aras al principio de contradicción e-inmediación. Ambos principios exigen que todas las pruebas puedan ser debatidas por las partes procesales y con cierta inmediatez, lo que facilita la labor de enjuiciamiento del tribunal.

Existen contadas excepciones en las que el juez o tribunal puede tener en cuenta pruebas realizadas en la fase de instrucción, y ante el juez instructor, como sería el caso de las pruebas preconstituidas (declaración de un testigo con enfermedad grave que puede morir antes de celebrarse el juicio, o el testigo que prevea que en esa fechas presumiblemente hará un viaje que le impida acudir al juicio, entre otros supuestos).

En cualquier caso, esa prueba se debe documentar y hacerse de la misma forma y manera que se realizaría ante el tribunal sentenciador; es decir, en presencia del acusado, su abogado y el Ministerio Fiscal y acusación si estuviese personada.

No obstante lo cual, las partes acusadoras deben hacer valer nuevamente esta prueba en el acto del juicio, aunque se hace como prueba documental.

En la sentencia, sea condenatoria o absolutoria, el juez debe explicar las razones que le han llevado a absolver o a condenar al acusado sobre la base de las pruebas practicadas en el acto del juicio; a esto se le llama el razonamiento jurídico de la absolución o condena.

3.- EFECTOS DE LA ABSOLUCIÓN

Cuando se dicta una sentencia absolutoria, ésta tiene unas consecuencias de diversa índole, que puede afectar a dos esferas bien diferentes: la penal y la civil.

En cuanto a la penal, si el acusado está en situación de prisión provisional será puesto inmediatamente en libertad, así el artículo. 983 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que:

Todo procesado absuelto por la sentencia será puesto en libertad inmediatamente, a menos que el ejercicio de un recurso que produzca efectos suspensivos o la existencia de otros motivos legales hagan necesario el aplazamiento de la excarcelación, lo cual se ordenará por auto motivado. ”
Cuando la sentencia es firme; es decir, que no es objeto de recurso, produce un efecto de cosa juzgada formal y material.

El primer caso puede ser, o bien porque la resolución no sea susceptible de recurso alguno, o bien porque se hayan agotado todos los recursos previstos por la ley.

Y, en cuanto a la segunda, la cosa juzgada material impide que se pueda iniciar un segundo proceso por el mismo hecho (siguiendo el ejemplo que se exponía al principio de la exposición de la voz sobre diferencia entre hecho y delito: la muerte una persona, aunque se le califique forma diferente: asesinato en vez de homicidio) y contra el mismo acusado, penada impediría que se iniciara otro proceso por ese mismo hecho contra otro sujeto distinto del que ha sido absuelto.

Por ello, tal y como se dijo anteriormente, lo verdaderamente importante es el hecho no el delito, que puede ser calificado de forma diferente.

EJEMPLO:

Absolución por no estar presente el letrado en la primera declaración

A continuación reproducimos una sentencia en la que se absuelve a un imputado por violencia de género, porque en su primera declaración en fase judicial, no se observaron todas las garantías.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Formula el Ministerio Fiscal sendas acusaciones dirigidas respectivamente contra UNO y OTRA  con fundamento en la prueba practicada, singularmente e informe forense de ELLA obrante en las actuaciones y en la declaración prestada por la misma, en su condición de perjudicada, en sede de instrucción, y ello al amparo del art. 730 LEer.

A este respecto, conviene recordar que el artículo 24 de la Constitución Española establece el principio de presunción de inocencia, exigiendo la existencia de una suficiente prueba de cargo para desvirtuar la presunción iuris tantum que supone el manifestaba así como del estado en el que se encontraba y las lesiones que a simple vista se le apreciaban.

Tan solo se cuenta con la lectura interesada por el Ministerio Fiscal al amparo del art. 730 LECr y ante su incomparecencia, de la declaración que ELLA prestó en sede de instrucción en calidad de perjudicada (puesto que posteriormente, como acusada, se acogió a su derecho a no declarar). Ahora bien, a los fines pretendidos de considerar acreditados los hechos por los que se acusa, dicha declaración no puede ser tomada en consideración y ello debido a que la misma no se prestó debidamente sometida al principio de contradicción.

Así, debe recordarse que la Sala Segunda del Tribunal Supremo en relación a dicha cuestión, siendo de una especial trascendencia la STS 806/2012, señala lo siguiente: ” Como dijimos en STS 383/2010, de 5 de mayo, entre las garantías que comprende el arto 24 CE para todo proceso penal destaca, por ser principios consustanciales del mismo, los de contradicción e igualdad.

El principio de contradicción en el proceso penal hace posible el enfrentamiento dialéctico entre las partes, permitiendo así el conocimiento de los argumentos de la contraria y la manifestación ante el Juez o Tribunal de los propios, constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso público con todas las garantías, para cuya observancia se requiere el deber de los órganos judiciales de posibilitarlo. Y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del arto 24.1CE, produciendo indefensión, cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar sus derechos en el proceso, los ve finalmente afectados por las resoluciones recaídas en el mismo.

Del principio de igualdad de armas, lógico corolario del principio de contradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales, ni que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en fase de instrucción (o sumarial) por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla encaminada a asegurar el éxito de la investigación y en definitiva  la protección del valor constitucional de la justicia.

En el mismo sentido las SSTS 1238/2009, de 11 de diciembre y 1080/2006, de 2 de noviembre, en la que hemos destacado que la vigencia efectiva del principio de contradicción tiene directa relación con el derecho a un proceso equitativo, o a un proceso con todas las garantías en términos del art. 24.2 de la Constitución.

El debate contradictorio sobre las pruebas permite a las partes intervenir activamente en la práctica, y en lo que se refiere concretamente a la defensa le facilita la oportunidad de actuar poniendo de relieve los aspectos que a un juicio anulan, alteran o debilitan su valor probatorio, lo que contribuye a su valoración por parte del tribunal.

Cuando el citado derecho, prueba que debe realizarse con todas las garantías y ser practicada ante el juez, con contradicción de las partes y publicidad, habiéndose conseguido además los medios probatorios llevados al proceso sin lesionar derechos o libertades fundamentales. Conforme reiterada doctrina del

Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 24.2 de la CE se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuarla a los Jueces y Tribunales por imperativo del art. 117.3 Y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla, Para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible, como en todo a lo atinente a la participación y responsabilidad que en el mismo tuvo el acusado.

Por lo que respecta a la segunda de las exigencias apuntadas, ésto es, a los actos o medios de prueba, es doctrina consolidada de dicho Tribunal, desde la Sentencia 31/81, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el acto del juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los medios aportados a tal fin por las partes.

Así, no basta tampoco que se haya practicado prueba o incluso que se haya practicado con gran amplitud, sino que el resultado de la misma ha de ser tal que racionalmente pueda determinarse de cargo, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la comisión del hecho imputado y la culpabilidad del acusado.

SEGUNDO.– Pues bien, partiendo de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, y por lo que se refiere a los hechos imputados a EL, lo cierto es que no puede sino dictarse respecto del acusado una sentencia de contenido absolutorio y ello por considerar que no se ha practicado prueba bastante para enervar la presunción de inocencia.

Así  aun cuando se tuviera por reproducida la prueba documental obrante en las actuaciones, fundamentalmente el informe de sanidad forense que refleja las lesiones que la facultativa apreció a  ELLA  en su exploración, así como el informe de la asistencia inicial, y la diligencia de exposición de hechos de la Policía Local de Las Rozas que acudió al Centro de Salud, lo cierto es que en el acto del juicio oral no se ha practicado ninguna prueba que desvirtúe el principio de presunción de inocencia del acusado.

Así, no se ha interesado la declaración testifical de los citados agentes de Policía Local ni tampoco del médico que asistió a ELLA en el Centro de Salud, quienes podrían haber dado cuenta, como testigos de referencia.

José Martín es abogado penalista

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