negarse a prueba de alcoholemia

 Delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia

El artículo 383 de Código Penal castiga al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negarse a prueba de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores.

Este artículo, en palabras de algún abogado penalista, se pretende sustituir por la coacción jurídica la imposición forzada de una prueba encaminada a comprobar la aptitud de un conductor.

Que es sospechoso de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, para la conducción de un vehículo de motor sin riesgo para las personas y bienes.

Este precepto ha sido objeto de polémica en la doctrina jurídica y el uso forense, lo que motivó distintas cuestiones de constitucionalidad que se plantearon por diferentes juzgados, toda vez que entendían que este artículo atentaba, por un lado, contra el derecho a no declarar contra sí mismo previsto en el artículo 24 de nuestra Constitución Española, en su párrafo segundo; y, por otro, al principio de proporcionalidad.

Estas cuestiones se sustentaban, de forma sintética, en lo siguiente: Si una persona estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y se sometía a la prueba de alcoholemia, él mismo estaba reconociendo la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico y se equiparaba ese acto a una declaración de culpabilidad, por lo que no estaba obligado a someterse a esa prueba en aras al artículo 24.2 de la Constitución Española, que confiere el derecho a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

Además, no existía proporcionalidad entre le hecho y la sanción, la cual debía ser más una cuestión administrativa que penal. de la conducción bajo los efectos del alcohol, y el artículo 28 para el caso de los estupefacientes y los reconocimientos médicos o análisis clínicos.

no hacer prueba alcohol

Negarse a soplar en control alcoholemia

Hemos de partir de la obligatoriedad que declara el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, de todos los conductores de vehículos a someterse a las pruebas que se establecen reglamentariamente para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, en concreto el artículo 21 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. Investigación de la alcoholemia que somete a dichas pruebas en los siguientes supuestos:

  • a) a cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación;
  • b) a quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas;
  • c) a los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este reglamento;
  • d) a los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad.

PRUEBA DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS

Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación del aire espirado mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico.

A petición del interesado o por orden de la Autoridad judicial se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.

Negarse a realizar la prueba de drogas

Estas pruebas han sido declaradas conformes con la Constitución en sentencias del Tribunal Constitucional (Sentencias números 161/1997 243/1997 Y 261/1997).

 Según se interpreta el delito por los Tribunales, el delito se comete no cuando se produce la negativa en cualquiera de los casos en que, como hemos visto, puede someterse un conductor a la realización de las pruebas, sino sólo cuando esa actuación lo sea para comprobar la existencia de uno de los delitos analizados en que la conducta sea conducir con una determinada tasa de alcohol, de modo que sólo cuando existen esos indicios de comisión de un delito de esa naturaleza y para su comprobación se exige la realización de la prueba, la negativa constituye este delito.

 En consecuencia, de los supuestos en que el conductor está obligado a someterse a las pruebas de determinación de alcohol no constituirá este delito, sino una mera infracción administrativa, negarse a someterse a una prueba de detección de alcohol en caso de control preventivo de alcoholemia en que no haya ningún indicio de estar afectado el conductor por el alcohol (sí lo habrá si llevaba una conducción irregular, si tiene síntomas externos o si ha cometido alguna infracción administrativa o se ha visto involucrado en un siniestro de tráfico).

Negarse a prueba de alcoholemia código penal

La negativa a someterse a una prueba de alcoholemia cuando se es requerido por la autoridad competente es merecedora de un reproche penal. Esta figura penal está contemplada en el título relativo a los delitos contra la seguridad del tráfico.

La seguridad del tráfico es un tema de cierta trascendencia no sólo por la concienciación social sino por el número incesante de víctimas que se producen cada año.

Entre todos hay que buscar soluciones que, aunque no se consiga evitar los siniestros, sí lo reduzcan al máximo posible.

Es por ello, por lo que el Código Penal contempla determinados supuestos de hecho como infracción penal, entre las que hay que destacar la negativa a someterse a esta prueba.

En principio, dicha negativa podía pensarse que es una situación más propia del derecho administrativo sancionador, en aplicación del principio de subsidiariedad, que del derecho penal, pero como consecuencia de la repercusión social que todo lo concerniente a la seguridad vial tiene, el legislador tipificó esta conducta como delito.

Consecuencias de negarse a realizar la prueba de alcoholemia

¿Qué busca nuestro legislador?

La seguridad del tráfico es crucial en nuestra sociedad no sólo por el coste personal que un accidente puede provocar en el seno de una familia, a causa del fallecimiento de un ser querido o con lesiones que dejan secuelas permanentes graves y serias, sino también por el coste económico que supone tanto para las arcas del Estado como para las aseguradoras, que al final repercute en los titulares de vehículos a motor o los tomadores del seguro.

No basta con afrontar políticas sociales de educación vial y convivencia cívica, ni siquiera medidas administrativas duras, si éstas no van acompañadas de una actuación penal o de medidas penales en casos necesarios.

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD VIAL

Por ello, el legislador abordó este problema y creó una Comisión de seguridad vial en el Congreso de los Diputados, que tenía como objetivo definir con mayor rigor todos los delitos contra la seguridad del tráfico y los relacionados con la seguridad vial, evitando que determinadas conductas calificadas como de violencia vial puedan quedar impunes.

Esta Comisión presentó al Congreso una reforma legal que contó con un amplio consenso de los grupos parlamentarios en torno a las propuestas formuladas, lo que desembocó en la Ley Orgánica 15/2007 de 30 de noviembre.

¿Cuál es el bien jurídico  protegido en el delito por negarse a prueba de alcoholemia?

En cuanto al bien jurídico protegido hay diversas posturas doctrinales en torno al mismo.

Hay autores que defienden que el bien objeto de tutela es la integridad física, la salud de las personas, el patrimonio, y muy especialmente la vida de las personas como el bien de mayor relevancia entre todos ellos que son objeto de protección.

En definitiva, entienden que son todos aquellos bienes puestos en peligro cuando se efectúa alguna de las conductas tipificadas como delitos.

Otro sector doctrinal entiende que la seguridad del tráfico es un mero instrumento para evitar riesgos a la vida e integridad física de las personas, por lo que ambos deben combinarse.

La mayoría de la doctrina entiende que el bien jurídico es la seguridad del tráfico, y no sólo por su propia ubicación sistemática en el Código Penal, sino por el contenido de cada tipo penal y su evolución histórica.

Ahora bien, sí es cierto que estos delitos también protegen, de forma indirecta, otros bienes jurídicos, pero esto es algo que en otros tipos penales también se produce.

Mención especial merece el delito aquí analizado; quizá éste sea el único que su sistemática no es muy acertada ya que es más propio de los delitos contra la autoridad u orden público, concretamente los delitos de desobediencia.

Hay que señalar que la ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, sustituye la rúbrica del título “seguridad del tráfico” por “seguridad vial”, con lo cual el bien jurídico sería éste último.

En el ámbito de la naturaleza de esta infracción penal se debe afirmar que es un delito de peligro abstracto.

NEGATIVA A PRUEBA DE ALCOHOL Y ACCIDENTE CON LESIONES

Se distingue entre delitos de lesión y delitos de peligro, dependiendo la incidencia que tenga el acto en el bien jurídico protegido, y según se conculque éste o sólo se ponga en peligro, respectivamente.

En lo delitos de peligro se divide a su vez en peligro concreto y peligro abstracto. En el primero, el peligro forma parte del tipo, por lo que es necesario demostrar su existencia para poder sancionar penal mente esa conducta.

En los segundos, el peligro no forma parte de las características del tipo, por lo que no es necesario demostrar que se ha producido esa situación peligrosa, sino que de una forma abstracta, y para el común de las personas, se entiende que ese comportamiento por sí mismo es generador de un riesgo.

CUANDO DEBEN CONDENAR

Se trata de una presunción, que, como tal, puede ser objeto de prueba en contrario, lo que una vez demostrado llevaría a absolver al acusado.

Algún autor ha entendido que este delito es más de prevención general, al igual que el de conducir bajos los efectos del alcohol, que de peligro abstracto.

En conclusión, y a pesar de la discusión jurídica entorno a su naturaleza jurídica, podemos sólo es posible aplicar este precepto cuando la autoridad exija el sometimiento a esta prueba por que hay indicios de que está conduciendo bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Si no existe esa mera sospecha, debería sancionarse administrativamente.

En el caso de que ese vehículo esté implicado en un accidente, o su conductor ha cometido una infracción de tráfico, el agente de la autoridad puede ordenar la práctica de la prueba y su incumplimiento es encuadrable en esta figura penal, ya que se puede considerar que está bajo los efectos del alcohol o, al menos, así lo puede entender el agente; existe, por tanto, un motivo que le haga deducir esa situación.

Sin embargo, si nos encontramos ante un control de prevención general y meramente aleatorio, la negativa debe sancionarse administrativamente.

QUIEN PUEDE COMETER ESTE DELITO

En cuanto al sujeto activo, se debe decir que sólo puede serlo el que conduzca el vehículo y no el resto de los ocupantes.

Es indiferente que tenga o no la licencia de conducir, que sea o no un profesional de la conducción o que lo haga durante su trabajo o fuera del mismo.

Antes estas cuestiones el Tribunal Constitucional resolvió lo siguiente:

.- En cuanto a la primera de ellas el Tribunal Constitucional argumentó que, en modo alguno puede considerarse inconstitucional la previsión normativa de una prueba tendente a determinar el grado de alcohol en sangre de los conductores de vehículos de motor, toda vez que esta obligación, de someterse a la prueba de alcoholemia, no es contrario al derecho a no declarar contra sí mismo ni al derecho a no confesarse culpable, pues no obliga al sujeto a emitir una declaración que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le practique una especial modalidad de prueba pericial, exigiéndose una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución Española.

.- En lo que se refiere a la segunda de las cuestiones (la proporcionalidad)

El Tribunal Constitucional también lo declaró constitucional, por entender que la prueba de alcoholemia viene impuesta legalmente y, por tanto, existe un deber de sometimiento a ella, sin que pueda obligarse por la fuerza a los conductores pero sí a través de la sanción jurídica por su negativa; agregó el referido Tribunal que es razonable que el legislador calificara como grave esta desobediencia ya que la misma se producía en un ámbito socialmente muy trascendente como es la seguridad del tráfico.

ELEMENTOS O REQUISITOS PARA EL DELITO POR NEGARSE A LA PRUEBA DE ALCOHOL

En lo que respecta a la conducta típica se exige un doble requisito:

.- El primero, consiste en que la orden de someterse a la prueba de alcoholemia proceda de un agente de la autoridad que esté de servicio.

No puede, por tanto, exigir esta prueba el agente que está fuera de las horas de trabajo aunque considere que alguien está conduciendo bajo los efectos del alcohol o de las drogas, aunque lo que sí podrá hacer es ponerlo en conocimiento de la policía a los efectos oportunos.

Además, cuando el agente que está de servicio exija esta prueba deberá identificarse como tal, salvo que esté de uniforme, en cuyo caso se entiende que tiene esa condición. En cualquier caso, si el sujeto solicita su identificación el agente estará obligado a hacerlo.

.- El segundo requisito que se exige es que se le haga el requerimiento de forma expresa, formal y directa, no es posible que se haga mediante insinuaciones o situaciones hipotéticas.

La orden debe ser clara y tajante, y además reiterada para que el sujeto no tenga ninguna duda de lo que debe hacer.

El Tribunal Constitucional dijo en las referidas sentencias que era una cuestión judicial y que deberían los tribunales en cada caso estudiar si se cumplen los requisitos para su sanción.

En este sentido la doctrina judicial ha ido perfilando este delito y lo han diferenciado de la sanción administrativa.

Por ello, consideran que La norma legal que ampara y da cobertura a esta prueba está contemplada en el Reglamento general de circulación, concretamente en su artículo 21.

Ahora bien, esto no obsta para que si el agente entiende que, a pesar de ser un control aleatorio, el conductor está bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, pueda proceder a inmovilizar el vehículo y denunciarlo por un delito de conducción bajo la influencia de aquellas sustancias.

¿SI DOY NEGATIVO EN ALCOHOLEMIA  NO ME PUEDEN CONDENAR?

Hay que recordar que la prueba de alcoholemia es una prueba más, que no es necesaria en sí misma, ni excluye otras pruebas que puedan acreditar el delito de conducción bajo los efectos del alcohol (como por ejemplo la declaración de los agentes), aunque sí es una prueba determinante e influyente en la acusación penal.

Cuando el conductor de un vehículo se somete a esta prueba y da un grado de impregnación alcohólica superior a las tasas legal y reglamentariamente permitidas es obligatorio que los agentes le sometan a una segunda prueba.

¿ES OBLIGATORIA LA SEGUNDA PRUEBA DE ALCOHOL?

Pues bien, esta segunda prueba es igualmente exigible, por lo que la negativa a su práctica conlleva a su sanción penal conforme al artículo 383 del Código Penal, siempre que se den los requisitos anteriormente señalados.

Incluso, podría incurrir en un concurso de delitos: Negativa a someterse a la prueba de alcoholemia y conducción bajo los efectos del alcohol.

CUANDO SE CONSUMA ESTE DELITO

El delito se consuma cuando el sujeto activo, que ha sido requerido por un agente de la autoridad plenamente identificado como tal, se niega a someterse a la prueba exigida, desacata la orden y se pone en una situación de rebeldía.

La pena a imponer por este delito es la de prisión y privación del permiso de conducir.

Además, el Reglamento de circulación posibilita al agente de la autoridad a inmovilizar el vehículo de forma inmediata o, incluso retener el permiso de conducir cuando compruebe que el infractor está involucrado en un accidente de circulación y tiene síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Esta medida fue introducida por la Ley 62/2003 de 30 de diciembre sobre medidas fiscales, administrativas y sociales que modificó el Texto refundido de la ley sobre tráfico.

DELITO POR CONDUCIR

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