HISTORIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

audiencia zaragoza Aunque la voz Audiencia es genuinamente española, sin parangón en otros ordenamientos jurídicos (en los que los tribunales colegiados reciben comúnmente otras denominaciones, como “Corte” o simplemente, “Tribunal”), la Audiencia Provincial, con ese nomen iuris, tiene poco más de un siglo de existencia, por mucho que con anterioridad existieran ya tribunales provinciales que ejercieran funciones similares a las que se reconoce en la actualidad a la Audiencia Nacional. De hecho, son numerosos los documentos históricos españoles que hacen referencia  a las Audiencias como órganos jurisdiccionales, voz trasvasada al Derecho nuevo hispánico tras el descubrimiento de América; Real Audiencia se llamaba el órgano máximo de justicia de Castilla, creado por el Rey Enrique II de Trastámara en 1369, el mismo año en que venció a Pedro 1 el Cruel en la batalla de Montiel, cuya primera sede se situó en Valladolid. En 1494, la Reina Isabel la Católica divide la Audiencia en dos, una con competencia al norte del Tajo, que mantendría su sede original, y otra con competencia al sur con sede en Ciudad Real, más adelante trasladada a Granada (1505): estas dos Reales Audiencias recibirían la consideración de Reales Chancillerías, nombre que las distinguían, en razón a su mayor importancia de las demás (más adelante se unirían  a esta denominación las de Aragón y Valencia, en 1707, y las de Cataluña y Mallorca, en 1715). Este nombre también se aplicó, en el ámbito americano a las Audiencias depositarias del sello de Indias.

A partir de ahí, surgen paulatinamente diferentes Audiencias: los reyes Carlos 1 Felipe II multiplicaron su número en España y en los territorios del Imperio español En España, en 1494 se creó la Real Audiencia de Galicia, a la que pertenecía el gobernador, y encargada de asuntos judiciales, políticos, administrativos y militares; en 1526, bajo el reinado de Carlos I, se creó la, Real Audiencia de Canarias (que se sumaba en las Islas al tribunal de la Inquisición, la sede episcopal y los cabildos insulares): Con anterioridad en 1525 creo a Audiencia de los Grados de Sevilla, como órgano de la Corona de Castilla que, a diferencia de la Audiencia de Galicia, no tenía funciones administrativas sino exclusivamente jurisdiccionales en materia civil y penal, tenía competencia de segunda instancia y se situaba administrativamente por encima del gobernador (sus atribuciones serían ampliadas en 1790, reservándose a partir de entonces a la Audiencia de Granada para cuestiones civiles de elevada cuantía). La Audiencia de Aragón se instaló en Zaragoza en 1528, pero con anterioridad existía ya una Real Audiencia de Valencia, creada por el rey Fernando el Católico por real pragmática de 1506 sobre la base de instituciones de justicia preexistentes, formada con Salas y Auditores y como tribunal permanente. También hubo Reales Audiencias de Cataluña (cuyas ordenanzas datan de 1741), Mallorca, Asturias y Extremadura: en el Reino de Navarra no había audiencia, pues la jurisdicción era ejercida por el Consejo de Castilla.

En el Imperio se crearon Reales Audiencias en Cerdeña (1564) y Sicilia (1569), y en la América española en Santo Domingo (1511); más adelante, en otros territorios como Nueva España (1527), con sede en ciudad de México, que tendría un papel esencial en los procesos contra Hernán Cortés, Panamá (1538), Lima y Guatemala (1543), Guadalajara y Santa Fe de Bogotá (1548), Charcas (Perú, 1559), Quito (1563), y, más adelante, en Santiago de Chile (1606), Buenos aires, 1661 (en su primer establecimiento) y Caracas y Cuzco (en 1686 y 1687). En Filipinas, se había creado la Real Audiencia de Manila en 1583. Las Reales Audiencias de Indias tenían la consideración de tribunales superiores de justicia en materia civil y criminal, con la excepción de asuntos mercantiles, militares y eclesiásticos, sus decisiones eran apelables al Consejo de Indias y se dividían en tres categorías, según que estuvieran presididas por un Virrey (virreinales), por un gobernador Por otra parte, se establecían dos tipos de Tribunales de Partido, según fueran de ingreso o de ascenso (Artículo 34), de carácter colegiado, siendo estos segundos los radicados en capitales de provincias o en ciudades de más de veinte mil habitantes, pero como se ha puesto de manifiesto (Montero Aroca) no llegaron a constituirse por dificultades económicas, de manera tal que la Ley Adicional a la Ley provisional del Poder Judicial, de 1882, los redujo a noventa y cinco Audiencias de lo Criminal, algunas de las cuales serían suprimidas, de nuevo por dificultades presupuestarias, en la Ley de Presupuestos del Estado para 1892-1893, una medida que afectaría a todas las no ubicadas en capitales de provincia (en total, cuarenta y seis), en virtud del Real Decreto de 16 de julio de 1892: ese es el primer vestigio de las Audiencias Provinciales, nombre que se mantiene hasta nuestros días.

Written by José Martín García

José Martín es abogado

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