el juez

La expresión “Jueces y Magistrados” alude, en una primera aproximación, a los integrantes de la Carrera judicial, a los que atribuye, en los términos del artículo (17.1 de la Constitución de 1978, la potestad de administrar justicia.

En un sentido más amplio, la voz designa a todos quellos que ejercen la jurisdicción, sean no miembros de la Carrera Judicial, lo cual no es una posibilidad extravagante dentro de nuestro ordenamiento jurídico jueces de paz, jurados).

Diferencia entre juez y magistrado

jueces famososEl Título VI constitucional no utiliza la opresión “Jueces y Magistrados” de manera uniforme: El propio artículo 117, en su párrafo 3, dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional “corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales (no a los Jueces y Magistrados), mientras que, por ejemplo, el artículo 118 habla de la obligación de cumplir las resoluciones firmes de los “Jueces y Tribunales.

La Constitución maneja, como se ve, expresiones diferentes cuando se refiere a los Jueces y Magistrados, y no siempre con la precisión deseable de una norma jurídica de su trascendencia.

Así, su artículo 117.1 dispone que los Jueces y Magistrados “integran” el Poder Judicial, inciso legal que ha sido fuente de viva discusión sobre su sentido.

Lo que quizá fue tan sólo mera imprecisión del legislador (puesto que las funciones se ejercen, no se integran), definitivamente elevada a rango de Ley en nuestra Carta Magna, ha dado lugar a la construcción de variadas teorías sobre el Estatuto de los Jueces y Magistrados y sobre el papel de la Jurisdicción dentro de las funciones jurídicas del Estado.

Entre ellas, por ejemplo, las que entienden que el poder judicial al que se refiere, con minúsculas, el artículo 117.1 de la Constitución es una suerte de fuente de poder colegiada en la que se integran, en los términos del precepto, todos aquellos que merecen la consideración de jueces y magistrados.
A nuestro entender, sin embargo, esta consideración alude, más que al

poder judicial como poder autónomo y diferenciado de los poderes legislativo y ejecutivo, al Poder Judicial (con mayúsculas) en cuanto que organización pública y compleja en la que se integrarían los titulares de la potestad jurisdiccional: con todo, sin embargo, tampoco es plenamente plausible esta solución, puesto que la organización jurisdiccional “

Se integra, según entienden pacíficamente los autores, no por los jueces y magistrados, sino por los Juzgados y Tribunales, esto es, por los órganos públicos en donde los Jueces y Magistrados ejercen sus funciones soberanas.

Por otra parte, no es, en nuestra opinión, conforme con la realidad de las cosas el entendimiento de los Jueces y Magistrados como miembros integrantes de un poder estatal más, de carácter colectivo en todo caso, lo que son es titulares de un poder, individualmente o de forma colegiada cuando se integran en las Secciones o Salas de Justicia de los Tribunales y Audiencias, que aplican en sus resoluciones.

En resumidas cuentas, el poder judicial se ejerce legítimamente porque se ostenta, no porque se integre y, además, se ostenta particularmente por el personal juzgador dentro de cada Tribunal de justicia, y no como emanación o delegación de una suerte de poder judicial colectivo.

Otra cosa es que, por razón de la necesaria garantía de la independencia, todo lo referente al gobierno y estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados se someta a un régimen autónomo del poder ejecutivo, como garantía formal de la separación de poderes: esa es la razón de su regulación autónoma en el Título VI de la Constitución, así como de la creación de órganos de gobierno diferenciados del ejecutivo: el Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno de los respectivos Tribunales.

Sentado lo anterior, debe señalarse que la voz “Jueces y Magistrados” designa no a los órganos jurisdiccionales en sentido estricto, sino a quienes dentro de su organigrama de personal, por ser titulares de la función (o de la potestad, si respetamos la terminología que emplea el artículo 117.3 de la Constitución) jurisdiccional, dicen o hacen el Derecho en el caso concreto, de forma exclusiva y excluyente: es decir, al personal jurisdicente.

Nos encontramos ante la concreción en la esfera jurisdiccional de la teoría administrativa de los órganos públicos: la función crea el órgano, lo que en la esfera del proceso significa que el desempeño de la jurisdicción, como función pública, requiere la creación de órganos públicos que la ejerzan.

Dentro de cada órgano es preciso distinguir al personal juzgador (los jueces y magistrados) del personal no juzgador: e secretario judicial y el personal asimilado (antigüos oficiales, auxiliares y agentes judiciales, y actuales miembros de los cuerpos de gestión procesal y administrar de tramitación procesal y administración de auxilio procesal).

La anterior distinción presenta no obstante, zonas de incertidumbre. Partiendo del hecho de que en el proceso – sólo se ejerce jurisdicción cuando se resuelve la causa, sino en cada decisión como se dicte en su seno, la actual regulación del proceso en el Derecho español admite los puestos en los que personal diferente los Jueces y Magistrados posee poder decisor dentro del proceso (es decir, jurisdicción, si bien en resoluciones de escasa importancia): es el caso de los secretarios judiciales (llamados ahora Letrados de la Administración de Justicia), a los que corresponde desde 1985, dictar las diligencias de ordenación -resoluciones judiciales formales del proceso que sustituyeron, por Ley Orgánica del Poder Judicial, a las vieja providencias de mera tramitación-.

En el plan diseñado por la Ley Orgánica 19/2003, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Secretarios judiciales les adquieren mayor protagonismo  pues pueden dictar resoluciones de ir pulso del proceso en los términos marcados por las leyes procesales (diligencias con ordenación y decretos, cuando deban ser motivadas) y dirigen en el aspecto técnico procesal al personal del órgano (artículo 457 de la Ley orgánica del Poder Judicial con la pretensión de reservar a los Jueces y Magistrados para la decisión de la cause se trata, en resumen, de convertir a los secretarios judiciales en los “jueces de lo procesal”, dejando a los jueces y magistardos la condición de “jueces del fondo del asunto”.

Lo cual, aunque encuentra acomodo en el artículo 117.3 de la Constitución que, como se ha expuesto, reserve la función jurisdiccional a los juzgados tribunales, no a los jueces y magistrados no deja de plantear un cambio sustancia en el modo de trabajo de los órganos jurisdiccionales cuya incidencia real está por ver, hasta tanto no tenga desarrollo en la leyes procesales.

JUECES Y MAGISTRADOS, COMO CATEGORÍAS DENTRO DE LA CARRERA JUDICIAL

Con carácter más restringido, las expresiones “Jueces” y “Magistrados” aluden, por separado, a dos de las tres categorías posibles en las que se clasifican los miembros de la Carrera Judicial. De conformidad con el artículo 299 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las tres categorías de que consta la Carrera Judicial son:

  • Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez. La categoría de Juez es la de ingreso ordinario en la Carrera judicial por el sistema di oposición libre (artículos 301 y siguiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
  • Al Magistrado -a la que pertenece la mayoría de la Carrera Judicial-, constituye un: categoría de ascenso dentro de la judica tura para jueces con tres años de servicio efectivos como jueces, sin perjuicio de la posibilidad de entrada directa en la carrera judicial en la categoría de Magistrado ; través del sistema de concurso para juristas con más de diez años de ejercicio profesional conocido con el nombre di cuarto tumo, puesto que se reserva un de cada cuatro vacantes de la categoría pa ra esta forma de acceso a la judicatur (artículo 311 de la Ley Orgánica del pode Judicial).
  • En tercer lugar, la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo la ostenta quienes estén destinados en él y efecti vamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de ese Tribunal: eso significa que se pierde la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo si se pasa a desempeñar cualquier actividad pública o privada diferente de las enumeradas en el articulo 348 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • Además, tienen categoría de miembros del Tribunal Supremo, aunque no estén destinados en ninguna de sus cinco Salas, el Presidente de la Audiencia Nacional (como Presidente de Sala) y el jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (artículo 335.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial): hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, esa categoría de Magistrados del Tribunal Supremo era ostentada también por los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional.

COMO SE ADQUIERE LA CONDICIÓN DE JUEZ O MAGISTRADO

1. Adquisición de la condición de Juez
El medio ordinario de ingreso en la Carrera Judicial es, como decimos, el sistema consistente en la superación de una oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial, por la categoría de Juez.

Este sistema no es el único.

De acuerdo con el artículo 301 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este ingreso estará basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional y garantizará, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional de las personas seleccionadas para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras Judicial y Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.

Para concurrir a la oposición libre de acceso a la Escuela Judicial, que se convoca bienalmente, se requiere ser español, mayor de edad y licenciado en Derecho, así como no estar incurso en alguna de las causas de incapacidad que establece la ley. Los que superen la oposición como aspirantes al ingreso en la Carrera Judicial, tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, y con ella ingresarán en la Escuela Judicial para desarrollar el curso teórico y práctico de formación: en ningún caso la duración del curso teórico de formación será inferior a nueve meses ni la del práctico inferior a seis meses.

Los alumnos que superen el curso, ingresarán en la Carrera Judicial por la categoría de Juez por el orden establecido en la Escuela Judicial y obtendrán los destinos correspondientes según las vacantes que se oferten, y los que no puedan obtener un destino en propiedad ingresan en la Carrera Judicial como jueces adjuntos, ejerciendo sus funciones a la espera de disponer de un destino propio. Los que no superen el curso pueden repetirlo un año incorporándose a la promoción siguiente y si tampoco lo superasen quedarán defininitivamente excluidos y decaídos de expectativa de ingreso en la Carrera Judicial (artículo 309 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Los destinos que ocupan los Jueces de acceso son Juzgados de Primera Instancia

El ascenso a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo se realiza por acuerdo plenario del Consejo General del Poder Judicial, dentro de los aspirantes contenidos en la propuesta elaborada por su Comisión de Calificación (artículo 125-5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial): no podrán participar de este concurso quienes •;ean Vocales del Consejo General del Poder Judicial (artículo 120).

El acuerdo es en realidad una propuesta de nombramiento, puesto que la forma jurídica del mismo es la de Real Decreto, y para el mismo se requiere, desde el año 2004, una mayoría en el pleno de tres quintos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (artículo 127.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La selección de los Magistrados del Tribunal Supremo pertenece a las competencias discrecionales del pleno, lo cual no significa que no esté sujeta a límites de discrecionalidad técnica, tal como en los últimos tiempos ha venido a reconocer la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia del Pleno de la Sala de 27 de noviembre de 2007 (número de recurso 407/2006).

OTRAS FORMAS DE INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL

Por la categoría de Magistrado

Además del sistema ordinario de ingreso en la Carrera Judicial y de ascenso por promoción en ella, la Ley Orgánica del Poder Judicial regula, desde su promulgación en 1985, otras formas de acceso a la Carrera Judicial, por la categoría de Magistrado o por la de Magistrado del Tribunal Supremo.

Por la categoría de Juez durante mucho tiempo se reservó una de cada tres vacantes para juristas de reconocido prestigio con seis años de ejercicio profesional (artículo 301.2, en su versión original), en lo que se conoció como el tercer tumo de ingreso en la Carrera: en la Ley 16/1994 se redujo la proporción y la exigencia de reconocido prestigio (ante la dificultad de encontrar juristas de reconocido prestigio forjados sólo en seis años o que deseasen ingresar en la Carrera Judicial por la categoría de Juez de partido), de una de cada tres a una de cada cuatro (de un 33% a un 25%), pero fue derogado por la Ley Orgánica 19/2003, de suerte que hoy sólo es posible acceder a la categoría de Juez de ingreso por el sistema de oposición libre.

 Se mantienen, sin embargo, otras formas de acceso directo por la categoría de Magistrado.

Está, en primer lugar, el caso previsto en el artículo 312 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el cual una de cada cuatro vacantes en los concurso de acceso a la categoría de magistrado se reservan a juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional (de ahí que se le denomine cuarto tumo)-, durante mucho tiempo la superación del concurso implicaba el desempeño inmediato de jurisdiccción desde la toma de posesión pero desde la Ley Orgánica 19/2003 es preciso que los concursantes superen el curso de formación para aspirantes a ingresar en la Carrera Judicial, a seguirse en la Escuela Judicial.

En segundo lugar, pueden ingresar en la Carrera Judicial, como especialistas en lo contencioso-administrativo o en lo social, miembros de la Carrera Fiscal con al menos un año de antigüedad (artículo 312.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

En tercer lugar, una de cada tres vacantes en la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia se cubre entre juristas de reconocida competencia con al menos diez años de ejercicio profesional, de entre una terna de candidatos presentada por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma correspondiente (artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial): se trata de una manifestación del hecho autonómico en la Administración de Justicia que ha sido tenida también como una intromisión del poder legislativo en la independencia del Poder Judicial.

  Por La categoría de Magistrado del Tribunal Supremo

En las distintas Salas del Tribunal, de cada cinco plazas de sus Magistrados, cuatro se proveerán entre miembros de la Carrera Judicial con 10 años, al menos, de servicios en la categoría de Magistrado y no menos de quince en la Carrera, y la quinta entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia.

 Los que hayan accedido a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado-especialista sólo pueden concursar a otras vacantes dentro de la Carrera reservadas para especialistas en su especialidad (artículo 311.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); los que lo hayan hecho por el turno autonómico de los tribunales Superiores de Justicia no pueden concursar a otras vacantes, sin perjuicio de acceder al Tribunal Supremo como juristas de reconocido prestigio, (artículo 331 en relación con el artículo 343 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

De conformidad con el artículo 316 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces son nombrados por el Consejo General del Poderjudicial, mediante orden de Magistrados y los Presidentes serán nombrados por Real Decreto del Ministro de Justicia, a propuesta del Consejo. Los nombramientos se remitirán al Presidente del Tribunal o Audiencia a quien corresponda dar o mandar dar posesión a los nombrados y a los Presidentes del Tribunal o Audiencia de su destino anterior.
Cuando los Presidentes de la Sala y Sección o Jueces cesen en su destino, por ser nombrados para otro cargo, elaborarán un alarde o relación de los asuntos que queden pendientes en el respectivo órgano, consignando la fecha de su iniciación y el estado en que se hallen, remitiendo copia al Presidente del Tribunal o de la Audiencia.

 Los miembros de la Carrera Judicial prestan, antes de posesionarse del primer destino o al posesionarse de destino que implique ascenso de categoría, el siguiente juramento o promesa: “Juro o prometo guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial jussticia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos”.

El plazo para la toma de posesión es de veinte días naturales siguientes al de la fecha de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

Para los destinados a la misma población en que hubieran servido el cargo, el plazo será de ocho días.

Los que hayan de jurar o prometer el cargo tomarán posesión dentro de los tres días siguientes al del juramento o promesa. El Consejo General del Poder Judicial podrá prorrogar.

  NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

De conformidad con el artículo 316 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces son nombrados por el Consejo General del Poderjudicial, mediante orden de Magistrados y los Presidentes serán nombrados por Real Decreto del Ministro de Justicia, a propuesta del Consejo.

Los nombramientos se remitirán al Presidente del Tribunal o Audiencia a quien corresponda dar o mandar dar posesión a los nombrados y a los Presidentes del Tribunal o Audiencia de su destino anterior.
Cuando los Presidentes de la Sala y Sección o Jueces cesen en su destino, por ser nombrados para otro cargo, elaborarán un alarde o relación de los asuntos que queden pendientes en el respectivo órgano, consignando la fecha de su iniciación y el estado en que se hallen, remitiendo copia al Presidente del Tribunal o de la Audiencia.

 El que se negare a prestar juramento o promesa o sin justa causa dejare de tomar posesión se entenderá que renuncia al cargo y a la Carrera Judicial.

RÉGIMEN JURÍDICO Y CESE DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

Una vez tomada posesión, los Jueces y, en su caso, los Magistrados, ingresan en la Carrera Judicial, momento a partir del cual se encuentran sometidos al régimen estatutario que define la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese régimen viene impuesto en gran medida por la propia Constitución, en este punto muy garantista con la figura del juez, como corresponde al momento histórico en el que fue promulgada.

De este modo, el artículo 117.2 de la Constitución prohíbe la separación, suspensión o traslado de los jueces sino es por las causas y con las garantías establecidas en la ley; el párrafo 4 del mismo artículo prohíbe la atribución a los jueces de más funciones que las expresamente reconocidas legalmente.

Asimismo, se establece la reserva de ley orgánica para la regulación de su Estatuto y se crea un órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) autónomo del Ejecutivo: por último, el artículo 127 establece el régimen de prohibiciones, incompatibilidades así como el derecho de asociación.

 Eso significa que les son de aplicación las reglas de inamovilidad, independencia e imparcialidad que les corresponde en honor a su condición judicial y que les diferencia del resto de los funcionarios públicos (artículos 378 y siguientes).

Ingresar en la Carrera Judicial implica dotarles de un régimen de permanencia en el desempeño de sus funciones, del que sólo pueden ser privados voluntariamente o por cumplimiento de cualquiera de las causas legales que implican la pérdida de la condición judicial, que son (artículo 379): la renuncia voluntaria, la pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaria de separación de la Carrera judicial, condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso, superior a seis meses, concurrencia de causa de incapacidad o jubilación.

Cualquiera de estas causas implica la pérdida de la condición de Juez o Magistrado.

Además, la condición de Magistrado del Tribunal Supremo se pierde cuando se desempeñan otras funciones fuera del Alto Tribunal salvo las de vocal del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, miembro de Altos Tribunales de Justicia Internacionales, Fiscal General del Estado o jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (artículo 348 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

 Las situaciones administrativas en que puede hallarse un Juez o Magistrado son: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria, suspensión de funciones y excedencia por razón de violencia sobre la mujer: de ellas, la situación de servicios especiales implica la reserva de destino, así como la excedencia voluntaria anual para el cuidado de los hijos o de familiar (artículo 358 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La suspensión de funciones sólo implica pérdida de destino cuando se eleva a definitiva y es superior a seis meses.

Por otra parte, los Jueces y Magistrados están sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades y prohibiciones (artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), que les impide desempeñar cargos representativos de elección popular o designación política, pertenecer a partidos políticos o sindicatos, ostentar empleos o cargos dotados o retribuidos por el Estado o en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional, cualquier empleo retribuido salvo la docencia e investigación jurídica o la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, con el ejercicio de la abogacía o la procuraduría, con cualquier asesoramiento jurídico, con el ejercicio de toda actividad mercantil o con puestos directivos o de consejero en sociedades y empresas mercantiles, públicas o privadas.

Las incompatibilidades se refieren a situaciones de parentesco o vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente dentro del segundo grado.
Entre los deberes que se les reconoce, además de los derivados del régimen de incompatibilidades se encuentran el de guardar secreto sobre noticias o hechos referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento además de los que, por vía negativa, se establecen en su régimen disciplinario.

Entre los derechos, se encuentran, en primer lugar, el derecho a ejercer sus funciones sin interferencias ni obstáculos de los poderes públicos ni de los particulares, y también el derecho de asociación, el derecho a gozar de independencia económica, el derecho a no ser detenido salvo por orden de Juez competente o en caso de flagrante delito, a no ser intimados a su presencia por las autoridades civiles y militares, entre otros.

Asimismo, los Jueces y Magistrados están sujetos a un régimen de responsabilidad civil, penal y disciplinaria, por los delitos, faltas y daños producidos en el ejercicio de sus funciones, en los casos previstos en la ley (artículos 405 a 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); la responsabilidad civil directa exige la concurrencia de dolo o culpa, sin perjuicio de la que corresponde al Estado-juez por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o error judicial.

CLASES DE JUECES Y MAGISTRADOS

En función de diferentes criterios es posible clasificar a los jueces y magistrados en distintas categorías. De este modo, en función de la formación jurídica que requiera la ley es posible hablar de jueces juristas (los que requieren la licenciatura o el grado en Derecho) de los jueces legos o no juristas (en el caso de los jueces de paz).

Según el grado de permanencia en el ejercicio de sus funciones hay jueces permanentes y jueces ocasionales (por ejemplo, los ciudadanos que forman parte del Tribunal del Jurado).

Es posible hablar también de jueces de carrera (los que han ingresado en la carrera judicial por los medios anteriormente señalados) y de jueces no de catrera (jueces sustitutos y magistrados suplentes, que son licenciados en Derecho contratados anualmente para cubrir de forma permanente u ocasional determinados destinos judiciales vacantes o para cubrir el quorum en las Salas).

Dentro de los jueces de carrera en activo, se puede hablar de jueces en comisión de servicios, (cuando se les asigna un determinado destino en apoyo del titular en situaciones de sobrecarga de trabajo o de pendencia de asuntos), con o sin relevación de funciones; de jueces adjuntos (que son los que habiendo ingresado en la Carrera Judicial no disponen aún de destino en propiedad, quedando a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo); los jueces en prácticas (que son los alumnos de la Escuela Judicial, antes de su ingreso en la Carrera, durante su periodo de formación); y los magistrados eméritos (que son los jubilados que continúan ejerciendo sus funciones en apoyo de los órganos jurisdiccionales).

Magistrados especialistas son los que han adquirido esa condición por concurso en los órdenes contencioso-administrativo y social.

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