Derecho Penal

En España, al ser nuestro Derecho Penal dinámico y cambiante y por tanto el proceso criminal (la última Reforma del Código Penal entra en vigor el 1 de junio de 2015) provoca que el sistema judicial también lo sea, modificándose en los últimos años significativamente tanto leyes constitutivas o

reconocedoras de derechos como  también bastantes procedimientos, con sus diversos tipos de juicios procesos plazos etc, lo que provoca un cambio en el desarrollo de la actividad de jueces, Letrados de la Administración de Justicia, personal de los juzgados , abogados penalistas

Qué decir de la figura del procurador que tras siglos, se encuentra ahora en entredicho o punto de la desaparición, según se cuenta de los Colegios de Abogados o al menos la no obligatoriedad de adscripción.

NUESTRO DERECHO PENAL

sede del Consejo General del Poder JudicialLa Justicia en España, y por lo tanto el Derecho, no está bien vista por la ciudadanía, en el incluyo, por supuesto, la desconfianza en la Justicia, la impresión de que no todos somos iguales ante la Ley.

LA CONFIANZA EN NUESTRO DERECHO

Ya en el barómetro del Consejo General del Poder Judicial del año dos mil cinco, por cierto; no se han realizado más o al menos yo no los encuentro, se indicaba que los tribunales de justicia no conseguían un aprobado en cuanto a la opinión de los españoles en su confianza en la Justicia, se decía que “casi” se llegaba al cinco de nota sobre diez, puede que aquí esté la explicación de porqué no se han llevado a acabo más barómetros o si se han llevado a acabo el porqué no se han publicado.

En el mismo resultado se decía al mismo tiempo que la figura del Rey era la figura institucional que más confianza generaba.

Desde ese último barómetro hasta hoy han pasado muchas cosas en las que se han visto inmersas esas dos instituciones, en las que se ven involucradas unas veces por separado y otras, ambas en los mismos asuntos.

Si preguntáramos ahora, en el año 2014, los datos, de buen seguro serían muy distintos.

También se señalaba en aquel estudio, todo sea de paso; un poco a modo de justificación, que los españoles manifestaban crearse una opinión acerca de la justicia: por los contenidos televisivos un 79% y por los periódicos (en aquel entonces de papel su inmensa mayoría) un 77%.

Se indicaba  además en éste estudio que más de un tercio habría tenido contacto directo con la justicia, en los Juzgados y Tribunales, y que en los últimos 17 años, se había incrementado el número de personas que tuvieron la necesidad de visitar a un letrado del 36 al 51% y  el aumento es aún mayor en el caso de las consultas a un profesional.

UN POCO DE HISTORIA DE NUESTRO DERECHO PENAL

En un primer momento histórico la jurisdicción penal, entendida como aquella en la que se residenciaba la sustanciación del proceso penal, se caracterizó por una identidad ciertamente significativa con la jurisdicción civil o, al menos, por unas muy difuminadas y escasas diferencias con el proceso civil

En Grecia, el Tribunal del Areópago era el más antiguo de los Tribunales de Atenas, limitándose su competencia a los homicidios premeditados, así como a los envenenamientos y a otros delitos que se castigaban con la pena de muerte.

Por su parte, el Tribunal de los Efetas era el competente para enjuiciar los homicidios involuntarios, mientras que el Tribunal de los Heliastas conocía de delitos menos graves, estando integrado por miembros a los que únicamente se exigían tres requisitos:

  1. ser mayores de treinta años.
  2. Tener una conducta intachable.
  3. No ser deudores del tesoro público.

En Roma, la jurisdicción penal fue evolucionando con los tres tipos de procesos penales más relevantes: el privado, que se basaba en la actio doli, el público, que se articulaba por medio de la cognitia (conocimiento) y de la acusatio(acusación), y el extraordinario, en el que la investigación criminal corría a cargo, no de particulares, sino de funcionarios públicos, como los  nunciatores*(*acusadores, denunciadores). Posteriormente surgen en Roma los praefectus (prefectos).

En el Derecho germánico, son de diferenciar las siguientes etapas:

La germánica propiamente dicha, basada en la idea de ruptura por parte del autor de un hecho ilícito bien con respecto a la víctima de aquel hecho, bien con la comunidad en su conjunto; la etapa franca, en la que se introduce la fase del interrogatorio;

La etapa del imperio hasta el siglo XV, en la que se extiende la institución de los nocivi terrae con respecto a los autores de robos, hurtos e incendios, así como para los autores de delitos que llevaban aparejada la pena de muerte; y, en fin, la etapa de recepción de los Derechos extranjeros.

Durante la Edad media, el proceso penal se basó en una mezcla de elementos romanos, germánicos y canónicos, concurriendo la circunstancia de que hasta finales del siglo XVIII una de las más destacadas características del sistema procesal criminal fue el de la extremada dureza física, tanto en lo relativo a la fase de investigación como en lo referente a la fase de ejecución de la pena impuesta, manteniéndose en Europa el tormento hasta esa misma época.

Va a ser con la entrada del siglo IXX cuando los principales países de Europa van a introducir importantes reformas en los diferentes sistemas reguladores de la jurisdicción penal.

Es el caso, entre otros, de los Ordenamientos inglés y francés, con la implantación de jurados y el reconocimiento de las acciones públicas para la persecución de delitos.

LA JURISDICCIÓN PENAL

De conformidad con 10 previsto en el artículo 23 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, en el orden penal corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas (ahora delitos leves) cometidos en territorio española cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte. Y conocerá también de los hechos previstos en las Leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

  • Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito.
  • Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles.
  • Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

Además, la jurisdicción penal española debe conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

  • Rebelión y sedición.
  • Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.
  • Falsificación de moneda española y su expedición.
  • Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
  • Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
  • Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española. Los relativos al control de cambios.

De igual modo, corresponde a la jurisdicción penal española conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

  • De traición y contra la paz o la independencia del estado.
  • Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.
  • Terrorismo.
  • Genocidio.
  • Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
  • Falsificación de moneda extranjera.
  • Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.
  • Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, toxicas y estupefacientes.
  • Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
  • Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
  • Cualquier otro que, según los Tratados o Convenios internacionales, deba ser perseguido en España.
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Written by José Martín García

José Martín es abogado

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