DELITO DE OBSTRUCCIÓN DE LABORES INSPECTORAS O SUPERVISORAS

DELITO DE OBSTRUCCIÓN DE LABORES INSPECTORAS O SUPERVISORAS

 El artículo 294 del Código Penal preceptúa que

Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisaras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.”

El precepto es de configuración sencilla, que vendría dado por los siguientes elementos:

Los sujetos activos vuelven a ser sólo los administradores de hecho o derecho.

  • El sujeto pasivo no es individual y particular sino la Administración Pública como ente público que ve impedida su actuación inspectora o supervisora.
  • La especialidad de este precepto está en el objeto material del delito que son las sociedades, constituidas o en formación (ya vimos qué significa este requisito al tratar el delito del artículo 290 del Código Penal), pero no cualquier sociedad sino aquellas sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa, normalmente por la trascendencia de su actuación en unos determinados intereses generales o sectores de la población o de la actividad socioeconómica. Habrá que estar a las normas administrativas que impongan estos controles en las sociedades de determinados tráficos mercantiles (seguros, valores, entidades de crédito etc.).
  • La acción es “negar o impedir” la actuación inspectora o supervisora. Es una acción de desobediencia que se comete tanto con la negativa abierta a la actuación, como, sin negado expresamente, impedir de hecho directa o indirectamente la actuación de los agentes o inspectores.
  • La actuación castigada es la realizada de forma maliciosa o intencional, es decir, dolosa.
  • No cabrá duda de la actuación con conocimiento de la obligación de permitir la actuación administrativa pues esta llevará previamente un requerimiento o notificación de dicha actuación que desvanecerá cualquier duda sobre su realidad y legalidad.

La pena es de prisión de seis meses a tres años o alternativamente multa de doce a veinticuatro meses. por consiguiente también un delito llamado, por ello, especial propio, pues no puede ser cometido por quien no tenga esas cara.ctertsncas.

Los sujetos pasivos de este delito van más allá de los socios, al incluirse a los depositarios (más bien querrá decir depositantes), cuenta partícipes o titulares de los bienes  o capital administrados.

Se trata, pues, de terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, que mantienen una relación con la sociedad en virtud de la cual han hecho depósitos dinerarios, de valores o de bienes o, en. general, son titulares de derechos poseídos por la mercantil.

Pero también puede traer como consecuencia alguna de las medidas del artículo 129 del Código Penal como en la clausura, disolución, suspensión, prohibición o intervención de la sociedad.

 

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