Delito contra la salud publica

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

La Constitución reconoce el “derecho a la protección de la salud”, en su artículo 43, añadiendo que

compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública”.

Pero qué es la salud pública? Podemos definirla como las condiciones que permiten el bienestar de las personas.

Lo cual es algo más que una cuestión estrictamente médica resumible en la ausencia de enfermedades para referirse a estándares que posibilitan una vida sana y equilibrada. Por eso, no es de extrañar, que la Constitución española, sitúe al lado de la salud, la educación física, el deporte e incluso el ocio, todo lo cual da una idea de que estamos ante un concepto más amplio que la mera salud física, para incluir la salud integral, fisíco-psíquica como base para aspirar a disfrutar de una calidad de vida. Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 1701/2000, de 7 de noviembre, da una definición muy interesante para el ámbito penal, en que nos encontramos:

la salud pública, como tal, no constituye una entidad real de naturaleza biológica, sino una manera verbal de señalar un peligro no permitido dentro del orden social”.

 

EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA CODIGO PENAL

Para poder sancionar penalmente las conductas que atacan este bien jurídico, es preciso delimitadas bien y tratándose de infracciones de tipo administrativo especialmente graves quiere ello decir que infracciones similares, en concreto que no ponen en peligro la vida o la salud pública, son castigadas por las autoridades administrativas- es preciso conocer bien cuáles son las normas administrativas que regulan esta materia. De ahí que se trate de normas penales en blanco, que necesitan ser completadas con la regulación administrativa que explica que es un medicamento o un alimento, por ejemplo. Por eso, se hace necesario, ‘tener a mano la Ley del Medicamento de 1990, la Ley General de Sanidad de 1986, el Código Alimentario español aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, etc. Como se verá, se incluye dentro de la amplia rúbrica de “Delitos contra la Salud Pública”, conductas tan variadas como la elaboración o comercialización no autorizada de sustancias nocivas o que causan estragos en la salud, el despacho de sustancias nocivas de modo ilegal, el delito farmacológico, el “dopaje” o alteración de las competiciones deportivas recurriendo a métodos prohibidos o sustancias médicas o farmacológicas que pueden poner en peligro la vida o salud de los deportistas, el delito alimentario y el narcotráfico.

 El establecimiento de un capítulo en el Código Penal que proteja los ataques a la salud pública, proviene de qué ésta es un elemento básico de las personas, unido a la idea de seguridad colectiva.
Por eso, además de la protección de bienes estrictamente individuales como la vida, la salud, el honor y las distintas manifestaciones de la libertad personal, es preciso tutelar bienes abstractos o colectivos, con los que proteger intereses difusos pero reales, como el derecho a la salud pública, que incluye la salud individual, el derecho a una alimentación sana, a consumir sustancias, bebidas y alimentos saludables y beneficiosos.

La defensa de la Salud Pública, supraconcepto que va más allá de la salud individua! de cada ciudadano. Pero, junto a ello, se protegen bienes propios de las’ personas físicas en concreto, como su vida o salud individuales.

Su regulación se halla en los artículos 359 a 378, ambos inclusive, Capitulo III del Título XVII, que alberga los delitos contra la seguridad colectiva. El mencionado Título consta de 4 Capítulos: el  1º) se ocupa de los delitos de riesgo catastrófico, el 2°) de los incendios, el 3°) -corno se dijo- de los delitos contra la Salud Pública y el 4°) de los delitos contra la seguridad del tráfico.

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

En cuanto al Capítulo III, suele distinguirse dos grandes grupos: delitos contra la salud pública, derivados de actividades económicas y delitos de tráfico de drogas.
Delitos contra la salud pública, derivados de actividades económicas (artículos 359 a 367).
Delitos de tráfico de drogas (artículos 368 a 378).

Se trata de una serie de delitos cuya naturaleza es “de peligro”, es decir, que sancionan penalmente conductas que ponen en riesgo la vida o salud de los ciudadanos.

Son delitos que cumplen con el mandato constitucional, en esta materia, de establecer medidas preventivas por lo que, en consecuencia, no esperan a que se produzcan resultados dañinos para las personas sino que adelantan la barrera de protección para tutelar actividades de riesgo indudable como la elaboración de un medicamento fraudulento o un producto alimenticio nocivo para la salud.
Estos delitos, por la importancia de la vida y salud de las personas, son castigados incluso aunque las conductas infractoras sean imprudentes, siempre que se trate de imprudencia grave, es decir, de un nivel de negligencia y descuido imperdonable, que no puede permitirse a una persona normal.
Con todo, la prueba pericial aparece como fundamental en estos delitos, a fin de que técnicos y especialistas en la materia informen sobre requerimientos técnicos, niveles de riesgo producidos y consecuencias económicas a evaluar, en caso de que se rebasen los delitos de riesgo y aparezcan resultados dañosos concretos (muertes, lesionados, etc.).
Los autores de estos delitos, que tienen la condición de delitos especiales, la mayoría, no son personas corrientes sino aquellas que se dedican a las actividades contenidas en los tipos penales aplicados (farmacéuticos, directores de laboratorios, comerciantes, fabricantes, ganaderos y los que con ellos colaboran).
Las penas que se prevén son penas de prisión de hasta tres años, además de multas, si bien pueden llegar hasta los seis años en los casos de envenenamientos de agua, o alimentos.
Además, está prevista la imposición de la pena de inhabilitación especial, que puede llegar a los diez años, para el ejercicio de la profesión cuando los autores sean profesionales relacionados con el sector.
Para evitar la perpetuación de estos delitos, se prevé la clausura del establecimiento, fábrica, laboratorio o local en el que se realizara el hecho delictivo, por tiempo de hasta cinco años, pudiendo decretarse el cierre definitivo en los supuestos de extrema gravedad.
No hay reglas especiales sobre responsabilidad civil, esto es, consecuencias económicas de estos delitos, pero sin duda conviene tener presente que en estos delitos los daños que pueden ocasionarse pueden llegar a ser de gran magnitud, así por “responsabilidad por producto defectuosos” o “alimentos adulterados”, originando reclamaciones económicas importantes. De ahí que esas cuestiones hagan entrar en esta problemática, de un lado a las asociaciones de consumidores de un lado, y a la Administración Pública, normalmente las Comunidades Autónomas y las propias empresas, de otro.

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA, PENAS

Respecto a los delitos contra la salud pública derivados de actividades económicas, el Código regula diversas conductas delictivas relacionadas con el comercio, la fabricación de alimentos y la elaboración y distribución de sustancias nocivas  En concreto:
Sustancias nocivas o productos químicos estragantes (que pueden provocar estragos, esto es, daños muy graves). Castigándose tanto la elaboración, como el despacho, suministro o comercio de los mismos.
Despacho de las sustancias o productos anteriores, por quien posee licencia para ello, pero sin cumplir las formalidades legales.
Despacho de medicamentos peligrosos para la salud (deteriorados, caducados o manipulados).
Dopaje deportivo (introducido en 2006, supone poner en peligro la vida o la salud de los deportistas, tratando de modificar sus capacidades físicas o los resultados de las competiciones en que participen, mediante la prescripción de sustancias, grupos farmacológicos prohibidos o métodos no reglamentarios). Alteración o simulación de medicamentos (tanto al fabricados, despacharlas, anunciarlos o facilitados), modificando su composición, cantidad, dosis o haciéndolos pasar por beneficiosos, dándoles apariencia de verdaderos, a sabiendas de su imitación y poniendo con ello en peligro la vida o salud de las personas. Realizar actividades alimentarías que pongan en peligro la salud de los consumidores (incluyendo la oferta, fabricación, venta, comercialización de género no apto para el consumo o escamoteo de efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados para comerciar con ellos).
Adulteración de alimentos, bebidas y comercialización de carne no apta para el consumo humano (a lo que se añade administrar sustancias prohibidas a los animales cuya carne o productos se destinen al consumo humano).
Envenenamiento del agua o de alimentos destinados al uso público o consumo humanos.

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