Procedimiento Abreviado

 PROCEDIMIENTO ABREVIADO PENAL

 El primer objetivo fue acomodar la organización judicial en el orden penal al derecho constitucional a un proceso público con todas las garantías, entre las que, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 145/1988, figura el derecho a un juez imparcial (artículo 24.2 de la Constitución), y para ello era preciso residenciar funcionalmente en dos órganos distintos la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos, de modo que la Ley Orgánica 7/1988 optó por seguir atribuyendo la instrucción a un órgano judicial, desoyendo algunas indicaciones que propugnaban encarjuicio en procedimiento abreviadogar al Ministerio Fiscal de la investigación de los delitos. Se creó así una nueva clase de tribunales unipersonales (los juzgados de lo Penal), evitando que la imparcialidad objetiva quedara comprometida por una anterior actuación como instructor de la causa penal.

DENOMINACIÓN, ANTECEDENTES Y NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Conocemos como procedimiento abreviado el proceso penal español de naturaleza ordinaria con determinadas especialidades, destinado a la instrucción, enjuiciamiento Y fallo de aquellas infracciones penales castigadas con pena de prisión inferior a nueve años o con cualesquiera otra penas no privativas de libertad.

Fue a partir de la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia número° 145/1988, de 12 de julio), inspirada en las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1 de octubre de 1982 (caso Piersack) y 26 de octubre de 1984 (caso De Cubre), y en las orientaciones de la Resolución número 75 y de la Recomendación número R18, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que incidió en uno de los pilares. Pero además se pretendió lograr en el seno del proceso penal una mayor simplicidad y una mejor protección de las garantías del imputado, ampliando notablemente el ámbito de aplicación de proceso, suprimiéndose el criterio de la flagrancia para su aplicabilidad y la distinción entre delitos dolosos y culposos. Entre las novedades del procedimiento destacan un tímido impulso de las funciones investigadoras autónomas del Ministerio Fiscal y de la Policía judicial; la eventualidad de la instrucción judicial; la modificación del sistema de conformidad; la posibilidad del enjuiciamiento en ausencia del acusado, y la atribución de la competencia para la fase intermedia al órgano instructor.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO CONCEPTO

La Ley Orgánica 7/1988 diseñó un nuevo modelo de proceso penal como alternativa al tipo de proceso más formal y dilatado que se sigue por delitos muy graves, regulado en los Libros II y III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como tal alternativa, sus normas no regulan la totalidad de este procedimiento, sino que ha de ser complementadas por las del proceso común y por las generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto no resulten específicamente modificadas por las del proceso abreviado o aparezcan como incompatibles con él (artículo 758).

 Sin embargo, probablemente por la premura en su redacción, la Ley Orgánica 7/1988 se aprobó con una notable falta de estructura, diseñando unos preceptos oscuros e inconexos, que finalmente se reordenaron en la Ley 38/2002, de 24 de octubre, que entrañó la modificación de algunos aspectos, que son sin duda importantes, del enjuiciamiento criminal, alcanzando a reordenar el proceso abreviado, a instaurar el enjuiciamiento rápido de delitos y a modificar la regulación del juicio de faltas, pretendiendo una decisión inmediata sobre algunas infracciones menores. Se distribuye así la regulación del proceso abreviado en siete capítulos: un primer Capítulo, que contiene las disposiciones generales; un segundo, sobre las actuaciones de la Policía judicial y del Ministerio Fiscal; un tercer capítulo, que regula las Diligencias Previas; el cuarto capítulo, sobre la preparación del juicio oral; el quinto, que regula el juicio oral y la sentencia; el sexto, sobre la impugnación de la sentencia, y el séptimo, que contiene algunas disposiciones especiales sobre la ejecución de sentencias.

Con posterioridad se han llevado a cabo sucesivas modificaciones, que van desde la inmediata redacción del último párrafo del artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento criminal por la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre hasta la Ley 3/2003, que regula la euro-orden, o la Ley 27/2003, reguladora de la orden de protección, la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre por la que reforma la prisión provisional y, después de ella, otras numerosas modificaciones -la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre junto con la reforma del Código Penal, y otras modificaciones con la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y reforma del Código Penal en la Ley Orgánica 20/2003, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pese a su ubicación dentro del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está dedicado a los procedimientos especiales, no puede con propiedad calificarse como de naturaleza especial a un proceso que representa el de más general aplicación en nuestro ordenamiento, al quedar sometidas a sus disposiciones el mayor número de las causas por delito, y cuando carece de toda especialidad tanto en lo que se refiere al órgano que ha de conocer del proceso como en el tipo o clase de pretensiones punitivas que se ventilan por sus trámites. En conclusión, a pesar de aparecer ubicado sistemáticamente entre los procesos especiales, el proceso abreviado es sin duda un proceso ordinario, destinado a colmar la laguna originaria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que omitió la regulación de un proceso para el enjuiciamiento de los delitos menos graves. En relación con la naturaleza ordinaria del proceso abreviado no es indiferente que en la nueva redacción del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 38/2002 se haya suprimido la anterior alusión a los “demás procesos especiales” -como si el abreviado también lo fuera-, de modo que el precepto empieza disponiendo ahora que “sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales … “, con lo que claramente está señalando que los especiales serían una especie distinta de procesos, dentro de la que no se comprendería por supuesto el proceso abreviado.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIA

El ámbito de aplicación del proceso abreviado viene determinado por el criterio de la entidad y naturaleza de la pena prevenida para el delito a enjuiciar. Conforme a este parámetro dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el proceso abreviado se aplicará para la instrucción y enjuiciamiento “de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración” (artículo 757).

El ámbito de aplicación del proceso abreviado instaurado en 1988 resulta definido genéricamente por la gravedad de la pena, sin embargo, llama poderosamente la atención que hasta la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, nuestro ordenamiento no haya acompasado las normas procesales con las materiales. En efecto, el Código de 1995, introdujo como categoría penal la de las penas menos graves y, por consiguiente, los delitos menos graves, al disponer el artículo 13.2 que “son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave“.

Según con lo dispuesto en los artículos 14 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la instrucción de los procesos abreviados estará siempre encomendada a los Juzgados de Instrucción o Centrales de Instrucción, en los casos que corresponda), excepción hecha de los supuestos previstos en los artículos 57.2,60.2 Y 73.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en que corresponderá a un Magistrado de la Sala. El enjuiciamiento en los procesos abreviados corresponde a los Juzgados de lo Penal o al Juzgado Central de lo Penal, en su específico ámbito de competencia cuando el delito en abstracto, de acuerdo con la jurisprudencia aunque se trata de un criterio contingente, lleve aparejada pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años, o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que duración no exceda de diez años (artículo 14.3 Ley de Enjuiciamiento Criminal); todo ello sin perjuicio de que el juez de instrucción pueda dictar sentencia de conformidad. En los restantes casos (pena privativa de libertad superior a cinco años sin sobrepasar los nueve, o pena distinta de la prisión por tiempo superior a diez) el enjuiciamiento por los trámites del proceso abreviado corresponde a la Audiencia Provincial (o a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en los casos previstos en el artículo 65 Ley Orgánica del Poder Judicial). También las causas que se sigan ante los restantes tribunales (Tribunales Superiores de Justicia o Tribunal Supremo) en las causas contra aforados se acomodarán a los cauces del proceso abreviado cuando las penas previstas se incluyan dentro de las anteriores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Las características principales del procedimiento abreviado pueden sistematizarse de la Siguiente forma:

1. La agilización del procedimiento Esta característica se aprecia en un conjunto de medidas que aparecen a lo largo de los preceptos que regulan el proceso abreviado, llegando incluso a reducir o suprimir actuaciones. Podemos destacar las siguientes:

a)         El auxilio judicial, que habrá de solicitarse directamente del juez, de la autoridad o del funcionario encargado de su realización, y utilizando siempre el medio más rápido (artículo 762.1 y 2 Ley de Enjuiciamiento Criminal), sin tomar en consideración las categorías judiciales.

b)         Las cuestiones de competencia reciben un tratamiento más ágil, de modo que cuando no resulte acuerdo a la primera comunicación, se habrá de poner el hecho, sin dilación, en conocimiento del superior jerárquico, quien oyendo “in voce” al Fiscal y a la partes personadas, decidirá en el acto lo que estime procedente, sin ulterior recurso (artículo 759.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

c)        La supresión de determinados trámites o actuaciones, que fueron consideradas desde la Ley Orgánica 7/1988 inútiles o reiterativas de las ya realizadas con la asistencia de abogado: los informes y declaraciones sobre la preexistencia de las cosas sólo se exigirán cuando el instructor los considere imprescindibles (artículo 762.9 Ley de Enjuiciamiento Criminal); cuando por el DNI del imputado o por cualquier otra circunstancia no existiese duda acerca de su identidad y mayoría de edad, no será preciso traer a la causa el certificado de nacimiento (artículo 762.7), pero, de ser necesario, su falta no demorará la conclusión de la instrucción, pudiendo aportarse a las actuaciones en el momento en que se reciba; la autopsia no se practicará cuando el médico forense o quien haga sus veces dictaminen la causa y circunstancias de la muerte (artículo 778.4); los informes sobre la conducta y moralidad del imputado sólo se recabarán cuando el instructor los considere imprescindibles (artículo 762.10); aunque la disposición poco añade al sentido facultativo que se regulan estos informes en los artículos 377 y 378 para el proceso común; en los casos de lesiones no será preciso esperar la sanidad del lesionado, cuando sea procedente el archivo o sobreseimiento; tampoco lo será cuando, de proseguirse la tramitación, fuere posible formular sin él escrito de acusación (artículo 778.2); cuando sea preciso utilizar intérpretes no se requiere que el designado tenga título oficial (artículo 762.8); el informe pericial puede ser prestado por un solo perito (artículo 778.1); se evita asimismo que los ofendidos o perjudicados tengan que formular querella para mostrarse parte e intervenir en el procedimiento (artículo 771.1); el artículo 778.6 permite al Instructor no asistir al levantamiento del cadáver, autorizando al médico forense para que asista en su lugar; y por último, como medida de agilización del proceso abreviado puede entenderse también la potenciación de la sentencia oralmente en el acto del juicio, cuando la competencia corresponda al juez de lo penal (artículo 789.2) en los casos de sentencia de conformidad (artículo 787.6).

d)        Se autoriza la formación de piezas separadas para el enjuiciamiento de delitos conexos, cuando existan elementos para hacerla con independencia, y para juzgar a cada no de los imputados (artículo 762.6).

e)         En relación con el régimen de suspensión de la vista, en el proceso abreviado se fija un plazo máximo de la suspensión que, de modo excepcional puede acordar el juzgador, en treinta días, en cuyo caso conservarán plena validez los actos realizados (artículo 788.1). Por otra parte, se suprime alguna causa de suspensión, como la falta de acreditación de la sanidad de la víctima, de la tasación de daños o de la verificación de otra circunstancia de análoga significación cuando no sean un requisito imprescindible para la calificación (artículo 788.I.II), y por el contrario se admite como causa suficiente para la suspensión del juicio por diez días, o el simple aplazamiento de la sesión, la petición de la defensa para preparar alegaciones o practicar pruebas complementarias cuando la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución, o circunstancias de agravación de la pena (artículo 788.4).

f)         La posibilidad de celebrar el juicio oral en ausencia del acusado cuando haya sido citado en forma, cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad (o de seis si es de otra naturaleza), lo pida así la acusación y sea oída la defensa (artículo 786.1).

g)         El establecimiento de un trámite de intervenciones al comienzo de las sesiones del juicio oral para depurar cuestiones relativas a la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, artículos de previo pronunciamiento, o causas de suspensión del juicio oral (artículo 786.2).

h)         La potenciación de la sentencia “in voce”, cuando la competencia corresponda al Juez de lo penal (artículo 789.2).

2. El reforzamiento de las garantías de las víctimas y del imputado Que podemos sintetizar del siguiente modo:

a)         La reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 38/2002 recoge la atención dispensada a las víctimas en el proceso penal, preocupándose de hacer partícipe a la víctima de las distintas contingencias y avatares que puede sufrir el desarrollo del proceso. Como regla general, el Ministerio Fiscal deberá velar por la protección de los derechos de la víctima (artículo 773.1), y el ofendido o perjudicado deben ser instruidos de sus derechos y pueden mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella (artículo 761). Más explícitamente, el deber de información a las víctimas ya se recuerda en las actuaciones de la Policía Judicial, ordenándole informar por escrito al ofendido y al perjudicado de los derechos que le asisten, para mostrarse parte en el procedimiento y para nombrar Abogado o solicitar que se le designe de oficio, y se le informará asimismo de que si no personan ni renuncian a la acción civil, el Ministerio Fiscal la ejercitará (artículo 771.1). Incoado el procedimiento penal, el Secretario deberá informar de sus derechos en la primera comparecencia al ofendido y al perjudicado, cuando no lo hubiera hecho ya la Policía Judicial, en especial de las medidas de asistencia a las víctimas que prevé la legislación vigente (artículo 776; es decir, de los derechos previstos en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, o en otras normas sectoriales, como cuando se trate de delitos de terrorismo, así como de las medidas asistenciales que proporcionan las diferentes Administraciones Públicas). Asimismo, cuando el juez instructor considera que los hechos no son constitutivos de infracción penal o no aparece suficientemente justificada su perpetración y acuerda el sobreseimiento, debe notificar esta resolución a quienes pudiera causar perjuicio, aunque no se hayan mostrado parte en la causa (artículo 779.1.1). En caso de que el Ministerio Fiscal solicite el sobreseimiento y no se haya personado ninguna acusación el instructor, antes de acordar el sobreseimiento, podrá notificar esta petición a los ofendidos o perjudicados para que puedan comparecer en el proceso a presentar acusación (artículo 782.2.a). El juez de lo penal o la Audiencia deberán informar a la víctima de la fecha y lugar de la celebración del juicio, aunque no sea parte en el proceso ni deba intervenir (artículo 785.3). Por último, exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la sentencia, tanto de primera instancia, como la que se dicte si se hubiera interpuesto recurso de apelación, habrá de notificarse a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no sean parte en el proceso (artículos 789.4 y 792.4).

 b)         La Ley de Enjuiciamiento Criminal presta especial protección a las víctimas cuando se trata de hechos derivados de accidentes de circulación. Junto con las medidas cautelares generales (aseguramientos, fianzas, embargos) la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé en el procedimiento abreviado varias medidas de protección específicas:

 1 ° Cuando se trate de un hecho cubierto total o parcialmente por un seguro obligatorio de responsabilidad civil, el Juez requerirá a la entidad aseguradora o al Consorcio de Compensación de Seguros, en su caso para que afiancen la responsabilidad civil hasta el límite del seguro obligatorio y, de ser la fianza exigida superior al límite de éste, corresponderá al responsable directo prestar fianza o aval por la diferencia. La Entidad responsable del seguro obligatorio sólo podrá intervenir en el proceso para defenderse de su obligación de afianzar (artículo 764.3).

 2° cuando fuere necesario practicar alguna investigación, o para asegurar las responsabilidades pecuniarias en tanto no conste acreditada la solvencia del imputado del tercero responsable civil, se podrá acordar la intervención del vehículo y la retención tanto del permiso de circulación del mismo como del permiso de conducción, comunicándolo a los organismos administrativos correspondientes (artículo 764.4).

3º el Juez o Tribunal pueden señalar y ordenar el pago de una pensión provisional, en la cuantía y duración que se estimen necesarias, para atender a la víctima y a la personas que tuvieren a su cargo, cuyo pago se hará por anticipado, sin que la obligación de pago de la pensión se suspenda por la interposición de recursos (artículo 765.1).

c)         En lo que se refiere a las garantías del imputado también se ven reforzadas en el procedimiento abreviado, con varias medidas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en la regulación de este tipo de proceso, sobre todo tras la Ley 38/2002, y que afectan esencialmente a las diligencias pre-procesales:

  1.  Ahora expresamente se obliga a la Policía Judicial a informar al imputado no detenido de los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten (artículo 772.2). El sistema que se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 38/2002 es notablemente distinto, y exige con carácter obligatorio la presencia de un abogado defensor junto al imputado no sólo desde la detención, sino desde que resultare la imputación de un delito contra persona determinada (artículo 767), es decir, cuando de cualquier modo la presunta responsabilidad penal se haya logrado individualizar, incluso en actuaciones pre-procesales.
  2.   Por otro lado, el abogado defensor, que viene asistiendo al imputado desde las diligencias policiales o ante el Ministerio Fiscal, si éstas han tenido lugar, debe luego seguir prestando asistencia cuando se abre el procedimiento judicial, así el artículo 784.1 dispone que, abierto el juicio oral, se emplace por tres días al acusado para que comparezca en la causa con abogado que le defienda y procurador que le represente, pero tal norma sólo traduce la noticia del instructor al acusado para que use de su derecho ante el órgano del enjuiciamiento, que en ese momento queda determinado, pero no que la designación de abogado vaya a hacerse entonces por primera vez. Por esa razón, cuando el acusado no ejerce su derecho a designar a los profesionales, la ley sólo alude a la designación de oficio de procurador, en el sobreentendido que el abogado ya había sido designado con anterioridad, sin perjuicio de la revocabilidad del nombramiento, y su sustitución por el profesional que prefiera el defendido.
  3.  El abogado defensor asume también durante la instrucción las funciones propias de la representación lo que le exige hacer la designación de un domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos hasta la apertura del juicio oral (artículo 768), y el imputado podrá entrevistarse con él tanto antes como después de prestar declaración ante el juez instructor (artículo 775).

d) Los imputados por delitos derivados del uso y circulación de vehículos a motor, podrán ser autorizados, previa audiencia del Fiscal, a ausentarse del territorio español. Para ello es preciso que no estén en situación de prisión preventiva; que tuvieran con anterioridad su domicilio o residencia habitual en el extranjero y dejen suficientemente garantizadas las responsabilidades pecuniarias de todo orden derivadas del hecho a enjuiciar; que designen persona con domicilio fijo en España que reciba las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se le hubieren de hacer; que se le advierta de la posibilidad de celebración del juicio en su ausencia (y, en su caso, de la declaración de rebeldía, artículos 843 y siguientes.); y que preste caución no personal, cuando no esté ya acordada fianza de la misma clase (artículo 765.2).

3. El aumento de las funciones de la Policía Judicial

 En el proceso penal abreviado se otorga un mayor protagonismo a la Policía Judicial, atribuyéndole en particular la realización de ciertas diligencias de investigación que suponen un reconocimiento de su capacitación profesional en las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, según expresión constitucional (artículo 126 de la Constitución.), que adquieren en este procedimiento singular importancia (artículos 770 a 772 Ley de Enjuiciamiento Criminal:

  • a)         Se atribuyen a la Policía Judicial facultades en relación con los fallecidos y con los lesionados por los hechos delictivos, de tal manera que podrá trasladar el cadáver que se encontrara en la vía pública, en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, reseñando previamente la posición de la víctima, obteniendo fotografías y señalando sobre el lugar la posición exacta que ocupaba, dando cuenta de inmediato a la autoridad judicial (artículo 770.4), y asimismo, la policía está facultada para requerir el concurso de cualquier médico o personal sanitario para prestar los oportunos auxilios al ofendido (artículo 770.1).
  • b)         También se atribuye a la Policía Judicial el deber de tomar los datos personales de quienes se encontraran en el lugar de los hechos y los datos que permitan identificados y localizados (artículo 770.5), así como el deber de identificar y recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro (artículo 770.3), acompañando al acta de constancia fotografías u otro soporte de reproducción de imágenes cuando sea pertinente para esclarecer los hechos (artículo 770.2); además deberá intervenir el vehículo y retener el permiso de circulación del mismo y el permiso de conducción de la persona a quien se impute el hecho (artículo 770.6).
  • c)         Por último, la Policía Judicial debe también informar a las víctimas de sus derechos (artículo 771.1), y debe asimismo informar al imputado no detenido de los hechos que se le imputan y de los derechos que le asisten, en especial, del derecho a guardar silencio: del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; del derecho a designar abogado o a que se le designe de oficio, y del derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o que no hable el castellano (artículo 771.2).
4 El aumento de las funciones del Ministerio Fiscal Característica sobresaliente del procedimiento abreviado fue la de haber impulsado las competencias del Ministerio Fiscal para lograr una mayor consolidación del sistema acusatorio y acelerar la tramitación de la fase de instrucción. La ampliación de las facultades del Ministerio Fiscal se ha realizado fundamentalmente en tres materias:

a) En el ámbito de las medidas cautelares y actos de prueba. Aunque no es posible sustraer a la autoridad judicial las resoluciones limitativas de derechos fundamentales como la prisión provisional, las entradas y registros domiciliarios, la intervención de las comunicaciones, etc, ello no significa que el Ministerio Fiscal no pueda disponer otras medidas limitativas del derecho a la libertad como la detención (que tendrá carácter gubernativo y no judicial, artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) o la citación para comparecencia (artículo 773.2). Por otra parte, dispone el artículo 773.1 que el Ministerio Fiscal podrá intervenir en las actuaciones aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando su aportación del juez de instrucción. Ello en ningún caso significa que el Fiscal pueda generar durante la instrucción actos de prueba, que requieren la intervención de un órgano jurisdiccional y la garantía del contradictorio; pero podrá asegurar las futuras fuentes de prueba, siquiera sea a título provisional. De ahí que el artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal disponga que todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección, gozarán de presunción de autenticidad. Además, tendrá el Ministerio Fiscal la facultad de obtener la revocación de la conclusión de las diligencias previas para realizar nuevos actos de investigación, cuando manifieste la imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos (artículo 780.2). En tales casos podrá instar, con carácter previo, la práctica de las diligencias indispensables para formular acusación, debiendo acceder el juez a lo solicitado (si la misma petición es realizada por la acusación particular carece de efecto vinculante). Sin embargo, este “poder” del Ministerio Fiscal no es absoluto, pues la revocación tan sólo procede por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos y no por otros motivos.

b)         En el marco de los derechos de defensa y de tutela, el artículo 773.1.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reitera la declaración genérica del artículo 3.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, disponiendo que el Ministerio Fiscal

velará por el respeto de las garantías procesales del imputado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito”.

Particularmente en materia de ejercicio del derecho de defensa el Ministerio Fiscal habrá de cuidar que no se retrase poner en conocimiento del imputado la imputación; que no se le tome declaración en calidad de testigo y promover las actuaciones pertinentes para que se le provea de abogado cuando no lo hubiere designado de su confianza.

c)         Finalmente, en relación con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, sobre todo en la fase instructora, se tratan de remediar en la ley tales dilaciones convirtiendo al Ministerio Fiscal en un elemento de aceleración del procedimiento, disponiendo el artículo 773.1.1 que corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial, impulsar y simplificar su tramitación e instar del juez la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal. La intervención del Ministerio Fiscal para obtener la rapidez y economía procesal resulta decisiva ya que:

  1. Podrá ordenar el archivo de las actuaciones practicadas, de oficio o mediante denuncia, cuando el hecho no revista los caracteres de delito (artículo 773.2), si bien la virtualidad práctica de este “archivo” no será excesivamente importante, pues no alcanza a las querellas que habrán de presentarse siempre ante el juez; tan sólo procede por falta de tipicidad del hecho, y el perjudicado puede reiterar su denuncia ante el juez de Instrucción y exacto cumplimiento de la nueva regulación, oponiéndose a cuantos trámites, por rutina o por excesivo celo documental, supongan innecesarias repeticiones de diligencias o aportaciones sumariales impropias.
  2.  Podrá estimular las fórmulas autocompositivas que se recogen en la ley (artículos 79.1.5 y 787), y renunciar al uso de los medios de impugnación que correspondan cuando la sentencia se dicte oralmente (artículo 789.2).

                LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Con independencia de la investigación oficial que puede realizar la Policía Judicial (artículos 769 a 772 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) o el Ministerio Fiscal (artículo 773) can carácter previo a la incoación del procedimiento abreviado, éste se estructura en tres fases.

1. La fase de instrucción preparatoria o diligencias previas (artículo 774)

De naturaleza jurisdiccional, cuya competencia corresponde al Juez de Instrucción, y en la que la Ley prevé una activa intervención del Ministerio Fiscal, que tiene por objeto practicar o completar en los supuestos en los que haya habido una investigación oficial preliminar las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento. En esta primera fase de instrucción jurisdiccional también pueden llevarse a cabo, claro está, determinadas actividades preventivas de conservación de las fuentes probatorias (artículo 762), cautelares (artículo 763) e incluso asistenciales (artículo 765), expresamente previstas en la Ley.

El contenido de la instrucción judicial (o diligencias previas) ha de responder a la finalidad perseguida, que no es otra que la prevista en el artículo, 777.1, esto es, la realización de las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, entre las que hay que incluir no solo las necesarias para formular la acusación, sino también las que, apreciada su pertinencia por el Juez, puedan favorecer al imputado a los efectos de acordar luego alguna de las resoluciones contempladas en el propio artículo 779, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 760 de la misma Ley. Pero esta primera fase jurisdiccional prevista en la Ley no siempre tiene el mismo alcance y contenido instructorio antes dicho, puesto que el mencionado artículo 779.4 restringe siguiendo las tendencias que se observan al respecto en el Derecho procesal penal comparado el desarrollo de esta concreta fase solo a aquellos supuestos en los que el procedimiento se inicie por denuncia presentada en el Juzgado o por querella, esto es, cuando no ha habido antes investigación preliminar, o cuando las diligencias practicadas en el atestado no fuesen suficientes para formular acusación; e incluso cabe la posibilidad de que, no obstante la procedencia de la instrucción, el imputado, asistido de su Abogado, reconozca los hechos, en cuyo caso también habrá el Juez de obviar la realización de la fase instructora (artículo 779.5 en relación con los artículos 784.3 y 787). Esta primera fase de instrucción concluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 779 Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se hayan practicado sin demora las diligencias instructoras pertinentes, momento en que el Juez Instructor deberá adoptar alguna de las resoluciones que contemplan los cinco apartados de dicho precepto (sobreseimiento libre o provisional, reputar falta los hechos, inhibición a favor de la jurisdicción militar o de la Fiscalía de Menores o acordar la continuación del procedimiento).

2. La fase de preparación del juicio oral.

Es la segunda fase del procedimiento abreviado que también se desarrolla ante el juez de Instrucción. Esta fase de preparación del juicio, técnicamente conocida por ”fase intermedia” o del ”juicio de acusacion”, comienza desde el momento en el que el Juez dicta resolución acordando seguir los trámites del procedimiento abreviado (artículo 779.4 Ley de Enjuiciamiento Criminal) y tiene por finalidad, como se deduce de su misma denominación, la de resolver, tras la tramitación pertinente:

1)         Sobre la procedencia de abrir o no el juicio oral.

2)         La fijación, en su caso, del procedimiento adecuado y órgano competente para el posterior enjuiciamiento.

La adopción de dicho juicio de relevancia acerca de la apertura del juicio oral competente, con limitaciones, al propio juez Instructor a diferencia de lo que ocurre en el llamado procedimiento común por delito que corresponde al órgano de enjuiciamiento como claramente se deduce de lo ordenado en los distintos apartados del artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 782 cuando el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que previenen los artículos 637 (sobreseimiento libre) y 641 (sobreseimiento provisional), lo acordará el Juez, excepto en los supuestos de los núms. 1.°,2.0,3.0, 5.0 y 6.0 del artículo 20 del Código Penal, en que devolverá las actuaciones a las acusaciones para la calificación, continuando e! juicio hasta Sentencia, a los efectos, en su caso, de la imposición de medidas de seguridad y del enjuiciamiento de la acción civil, en los supuestos previstos en el Código Penal. De otra parte, según el artículo 783.1, “solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el juez de instrucción la acordará, salvo que estimase que concurre el supuesto del núm. 2 del artículo 637 de esta Ley o que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda conforme a los artículos 637 y 641”. Es evidente, por tanto, que la apertura o no del juicio oral resolución esencial en esta fase del proceso corresponde hacerla al Juez de instrucción con las vinculaciones y excepciones previstas en la Ley. Es claro, igualmente, que la decisión de abrir el juicio oral, dando así después paso a la fase de enjuiciamiento, exige necesariamente la previa solicitud de apertura por alguna de las partes acusadoras, solicitud ésta que si bien constituye un acto distinto del de la formulación de la acusación, ha de hacerse en e! mismo escrito de acusación (artículo 781.1). Es indudable, por ello, que en el procedimiento abreviado la decisión judicial acerca de la apertura o no del juicio oral se adopta después de que se haya formulado acusación, como una manifestación más del sistema acusatorio al que responde el nuevo proceso, por lo que no puede atribuírsele al Auto de apertura del juicio naturaleza inculpatoria similar a la del Auto de procesamiento en el procedimiento común. Es cierto que la Ley concede al Juez de instrucción no al órgano de enjuiciamiento la facultad de controlar la consistencia o solidez de la acusación que se formula, pues, como antes quedó dicho, el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras enunciar la regla general de la vinculación del Instructor con la petición de apertura del juicio permite al juez denegar la apertura del juicio en dos supuestos, a saber: cuando el hecho no sea constitutivo de delito o ante la inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyos casos acordará el sobreseimiento que corresponda.

Pero este juicio acerca de la improcedencia de abrir el juicio oral en definitiva de la improcedencia de la acusación formulada, de existir, es un juicio negativo

en virtud del cual el Juez cumple funciones de garantía jurisdiccional, no de acusación. En esta fase de preparación del juicio oral, el artículo 780.1 ordena dar traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones persona das, para que, en el plazo común de cinco días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias en el caso de imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos. Y, una vez abierto el juicio oral, el Juez dará traslado de las actuaciones a los acusados y terceros responsables para que, en el plazo común de cinco días, presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas (artículo 784). Con la formulación del escrito de defensa o, en su caso, la declaración de rebeldía del acusado (artículo 784.4), y la puesta de las actuaciones a disposición del órgano jurisdiccional competente para el juicio oral, concluye la fase preparatoria del juicio.

3. La fase del juicio oral Constituye la tercera y última fase del procedimiento abreviado y se desarrolla ante el Juez o Tribunal competente para el enjuiciamiento fallo (juez de lo Penal Juez Central de lo Penal o Audiencia Provincial Audiencia Nacional, y en la misma se lleva a cabo la actividad probatoria y el juicio en virtud del cual se dicta Sentencia.

procedimiento abraviado

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