COSA JUZGADA

QUE ES COSA JUZGADA

La cosa juzgada, al igual que la litispendencia, figura con la que guarda gran paridad, supone en realidad una excepción procesal, mediante la cual se intenta poner de manifiesto la realidad de que un hecho que se está juzgando ya lo ha sido de modo definitivo en otro proceso anterior, por lo que al contenido de esa resolución definitiva habrá que estar.

La cosa juzgada es por tanto una consecuencia lógica de la sentencia o resolución definitiva de un proceso, y además una exigencia de los principios constitucionales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Tiene un fundamento objetivo y su razón de ser en los principios de seguridad jurídica y tutela efectiva que consagran los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución española que vedan a los jueces y Tribunales, fuera de los casos previstos por la ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto por reputarlo contrario a Derecho o a la’ realidad de los hechos enjuiciados pues, como advierte la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 1984, entre otras,

la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por sentencia firme en cualquier circunstancia”

efecto que sigue diciendo la citada sentencia- se produce no sólo con el desconocimiento por un órgano judicial
de lo resuelto por otro órgano en supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada, artículo 1252 del Código Civil, sino también cuando se desconoce lo resuelto por sentencia firme en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado en el referido artículo 1252 del Código Civil. Y es que por encima de la independencia y libertad interpretativa y valorativa de los órganos jurisdiccionales se halla la salvaguarda de la eficacia de una resolución judicial que, en palabras del Tribunal Constitucional

habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma cualificada que no puede desconocerse por otros órganos sin reducir a la nada la propia eficacia de aquélla” .

Una sentencia (o resolución) firme produce dos efectos: un efecto negativo, preclusivo y excluyente, al que se refiere por ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional 77/83, que impide que la misma cuestión debatida en el curso de un proceso requiera un nuevo pronunciamiento en otro posterior, y aun se replantee o reproduzca (ver Sentencias en igual sentido del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 1984 o 5 de julio de 1994); otro el positivo o prejudicial, que obliga al juez del proceso ulterior a aceptar la decisión del anterior en cuanto sea conexa con la pretensión ante él ejecutada, resolviendo las cuestiones suscitadas en el mismo sentido con lo que fueron en el precedente, respetando sus declaraciones (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1988) y si bien es cierto que la cosa juzgada material radica en las conclusiones decisorias y no en los razonamientos, siendo por ello mismo en principio las declaraciones contenidas en su parte dispositiva y no las consideraciones o argumentaciones insertas en su fundamentación jurídica las que producen, configuran y estructuran este efecto, no es menos cierto que la conclusión decisoria queda integrada no sólo por los explícitos pronunciamientos del fallo, sino también por las decisiones que, aún incardinadas en aquélla parte de la resolución, constituyen presupuesto determinante o necesario complemento suyo, al punto de definir con la parte dispositiva la cuestión efectivamente resuelta o, lo que es igual, la cosa realmente juzgada, no otra razón explica y justifica que, en cuanto determinantes del fallo y pese a no formar parte del mismo, sean tales declaraciones susceptibles de recurso.

El antiguo artículo 1252 del Código Civil venía a exponer que para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 1988 la situación de cosa juzgada material exige, además de las identidades de persona, cosas, acciones, causa o razón de pedir, la indefectible eficacia vinculante que entraña, evitando que la controversia se renueve, partiendo siempre de la resolución previa sobre idéntico conflicto, aún recaída en distinto proceso.

El alcance subjetivo (la identidad a este respecto exigido) llegará a las partes del primer proceso, a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos no litigantes, pero que sean titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes, esto es aquellos casos en que la ley faculte a otra persona distinta del titular del derecho u objeto litigioso, para actuar en juicio.

Además en este mismo orden la eficacia de la cosa juzgada afectará a todos, en lo relativo a sentencias recaídas sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad o maternidad, incapacitación o su reintegro a partir del momento de la inscripción de la resolución en el Registro Civil.

También las sentencias que recaigan sobre la impugnación de acuerdos societarios extenderán su eficacia frente a todos los socios aunque no hubieren litigado en el proceso.

En el ámbito objetivo afectará a todas las pretensiones debatidas en el curso del proceso.

LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE COSA JUZGADA Y FIGURAS SIMILARES

Lo anterior sirve con matices para la regulación más parca, contenida en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual.

Es precisa por tanto la concurrencia de las identidades de personas, cosa y causas, exigidas por el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la jurisprudencia ha venido entendiendo la indefectible eficacia vinculativa que entraña esta excepción, señalando la preclusión de todo juicio ulterior sobre el mismo objeto y la imposibilidad de decidir de manera distinta al fallo precedente, evitando que la controversia se renueve, o que actúen pretensiones que contradigan el sentido de la Sentencia firme.

Esa triple identidad que entre ambos procesos ha de concurrir debe determinarse entre el concreto tema o punto litigioso que ya quedó resuelto, en el proceso anterior, y el que nuevamente se trae a debate en el segundo proceso, aunque los objetos litigiosos de ambos sean distintos ya que si fueran exactamente los mismos, el efecto que produciría la cosa juzgada sería el negativo o preclusivo del proceso ulterior y no el positivo, vinculante o prejudicial.

De la triple identidad que se requiere la que más ha evolucionado ha sido la relativa a la pretensión, entendida como petición fundada, fáctica y jurídicamente, que se dirige a un órgano jurisdiccional frente a otra persona sobre un bien de la vida, y que se configura como objeto individualizado del proceso, y que se delimita e identifica por los dos siguientes elementos: la petición (Petitum) y la causa de pedir (Causa Petendi).

La petición es la solicitud que se dirige al tribunal reclamando su decisión o actuación jurisdiccional referida a uno de los tipos de tutela jurisdiccional contemplados en el artículo 5 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil: La condena a determinada prestación (de dar o entregar, de hacer o de no hacer), la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley.

La causa de pedir especifica, determina, particulariza y concreta la petición, configurándose, no por normas ni calificaciones jurídicas -pues ni unas ni otras pueden cumplir con la finalidad de individualizar un proceso con respecto a otros posibles-, sino por el conjunto de hechos, con trascendencia jurídica, que individualizan la petición dirigida al órgano jurisdiccional.

El artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndose eco, por otro lado de una ya consolidada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, no ha limitado el alcance objetivo de la cosa juzgada a las pretensiones de demanda y reconvención.

Por un lado se extiende a las alegaciones de compensación y nulidad de la obligación que sirve de base a la pretensión del actor (la del contrato o negocio jurídico) y que tienen un tratamiento procesal similar a la reconvención como se recoge en el artículo 408 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por otro lado en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se viene a establecer en el reseñado precepto que para apreciar la identidad de la causa de pedir han de ser tenidos en- cuenta no sólo los hechos invocados en el proceso precedente para individualizar la petición allí efectuada, sino también aquellos otros que pudieron ya invocarse entonces, incluso si los mismos configurasen un título jurídico distinto del expresamente invocado para fundar la petición. Esto es se impone al demandante que cuando lo que se pide en demanda pueda fundarse en diversos hechos o fundamentos, o títulos jurídicos, todos ellos deben determinarse en la demanda, y ventilarse en el mismo proceso, sin que pueda existir reserva para otro proceso posterior, de tal modo que a todos los efectos, los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se consideraran a efectos de cosa juzgada, los mismos que los alegados en el juicio anterior si hubiesen podido alegarse en aquél y no se hizo.

Por tanto si bien esta prescripción de alegación de hechos a la que aduce el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es propiamente cosa juzgada, tiene su mismo tratamiento y efectos.

Conviene igualmente diferenciar la cosa juzgada de la litispendencia, que viene a tener similar tratamiento en el artículo 421 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En realidad la litispendencia viene a tener el mismo fundamento y finalidad que la cosa juzgada, reuniendo sus mismas características y requisitos, solo que en un distinto plano temporal. En el caso de la cosa juzgada la finalidad es evitar que se dicte sentencia sobre un objeto ya resuelto, y en el tema de la litispendencia es evitar que se dicte sentencia cuando un proceso idéntico se está tramitando a la vez. Esta existencia simultánea de ambos procesos o sucesiva es lo que diferencia ambas excepciones.
La cosa juzgada, como se ha dicho, es una excepción procesal, y en tanto tal, puede ser alegada por la parte interesada, con la finalidad de evitar un nuevo pronunciamiento, quizás contradictorio, con lo ya resuelto, que tiene como fin último, la absolución en la instancia, esto es la falta de pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, esta vez porque éste ya se ha resuelto en un pleito anterior. Por tanto participa de los caracteres iniciales de toda excepción procesal, por lo que en su caso, como oposición a la demanda inicial o reconvencional la excepción debe obrar en el escrito de contestación u oposición correspondiente (por genérico puede citar- se el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y en su caso la prueba de su acreditación corresponde en ese caso al demandado, por ser quien alega la excepción.

La misma debe resolverse en el acto de la audiencia previa en caso de procesos ordinarios, si bien excepcionalmente se prevé en el artículo 421 de la ley procesal civil que en atención a la complejidad de la cuestión pueda resolverse por escrito por el Juez en el plazo de cinco días. En el caso de los juicios verbales se plantea si deberá resolverse esta excepción en el acto del juicio. En principio he de exponer que en la redacción del artículo 443 de la ley procesal civil no figura la misma como excepción procesal mencionada aunque no hay duda de que puede encuadrarse dentro de la expresión,”cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo”, por lo que conforme al párrafo tercero tras oír al demandante, procederá resolver lo que estime oportuno. Si bien puede igualmente resolverse en sentencia en atención al mismo carácter complejo que la cuestión pueda tener, más teniendo en cuenta que la alegación se producirá en ese momento mismo.

Pero las peculiaridades expuestas anteriormente al hablar de su alcance y fundamento, hacen que sea aplicable incluso de oficio (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1981, 6 de diciembre de 1982 y 2 de julio 1992 entre otras muchas.) Y por ello en el ámbito del proceso ordinario, el último párrafo del artículo 421 permite que de oficio si fuere necesario conocer alguna cuestión fáctica para resolver la excepción, el tribunal pueda ordenar las actuaciones oportunas a este respecto en el plazo de cinco días tras la audiencia previa.

Resuelta la misma, en caso de que en el curso del proceso ordinario se entienda que existe, por auto se acordará el sobreseimiento del expediente, toda vez que se trata de un obstáculo procesal no subsanable que impide volver a conocer el objeto planteado. Frente a esa resolución cabrá recurso de apelación.

Si se trata de otro tipo de procesos, la cosa juzgada generalmente se recogerá en la sentencia que impedirá entrar a conocer del asunto de fondo, por lo que se dará una sentencia absolutoria en la instancia, que igualmente será recurrible en apelación.

EXCEPCIONES A LA COSA JUZGADA MATERIAL

Algunas resoluciones, que recaen de modo definitivo, esto es que ponen fin a un proceso, sin embargo no alcanzan los efectos de la cosa juzgada material, por expresa referencia legal, lo cual tiene su fundamento, generalmente en el carácter de conocimiento limitado de ese tipo de procesos, que impiden por primar otro tipo de bien jurídico protegido (por ejemplo la rapidez en la respuesta judicial), tomar conocimiento de una realidad más prolija, y no impiden por tanto que en un proceso posterior pueda discutirse estos hechos.

Hay varios ejemplos de este tipo en las normas procesales civiles.

Por ejemplo el ámbito de las tercerías, las únicas pretensiones que pueden tener acogida dentro de tal cauce procesal son, según nuestro Tribunal Supremo: Por parte del tercerista, la dirigida a obtener el alzamiento del embargo. Y, por parte del ejecutante y, en su caso, del ejecutado en el proceso de ejecución antecedente, la dirigida al mantenimiento del embargo o sujeción a la ejecución del bien objeto de tercería.

Así lo establece, de forma clara, rotunda e imperativa, el artículo 601 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. Cualquier otra pretensión deberá hacerse valer en el correspondiente proceso declarativo, pues como establece el artículo 603 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la tercería de dominio el tribunal únicamente se pronunciará sobre la pertenencia del bien
y la procedencia de su embargo:

a los únicos efectos de la ejecución en curso, sin que produzca efectos de cosa juzgada en relación con la titularidad del bien”.

Igualmente son ejemplos de ello, los denominados juicios sumarios, que no producen la excepción de cosa juzgada.
Así por ejemplo lo recuerdan infinitas resoluciones judiciales, referidas a procesos como el juicio de desahucio o los procesos interdictales. Efectivamente, las resoluciones dictadas en estos procesos no gozan de fuerza de cosa juzgada, ya que en los mismos y por su carácter sumario no deberán de discutirse cuestiones más o menos controvertidas que excedan del propio marco del procedimiento.

En el supuesto en que se planteen cuestiones de mayor complejidad en torno al derecho del demandado la resolución que recaiga en el procedimiento sumario deberá ser desestimatoria para deferir el examen de la cuestión planteada al declarativo correspondiente por lo que los pronunciamientos contenidos en la resolución dictada en el procedimiento de desahucio por precario no producen efectos de cosa juzgada.

Característica aparte presenta el proceso cambiario, si bien expresamente el artículo 827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil expone que: “la sentencia firme ( .. ) producirá efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las restantes cuestiones en el juicio correspondiente”.

Ello viene de hecho a plasmar legalmente una doctrina del Tribunal Supremo que de manera correctora dijo que no era posible discutir en un juicio plenario posterior cuestiones que ya fueron planteadas y decididas en el incidente de oposición, pues, a pesar del tenor literal de aquél, lo que se decidió en la oposición del juicio ejecutivo tiene fuerza de cosa juzgada material (Sentencia de 6 de octubre de 1977), no admitiéndose la nueva discusión de excepciones que pudieron oponerse y resolverse en el juicio sumario o que efectivamente lo fueron (Sentencia de 30 de abril de 1991), pues cuando el Juez llegue a la conclusión de que así procede, debe estimarse la excepción de cosa juzgada, pese a lo que decía el artículo 1479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior de 1881 y aun cuando no hubiere sido alegada por los demandados, ya que, también en este caso, la cosa juzgada es apreciable de oficio (Sentencia de 23 de marzo de 1990).
Es decir, que la cosa juzgada se produce no solo en relación a las cuestiones ya discutidas en el ejecutivo, sino incluso si aquéllas pudiendo haber sido objeto de debate no lo fueron, y todo ello aun cuando no la haya alegado el demandado. Ello es trasladable al proceso cambia río ya que es lo que viene a recogerse en el artículo 827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

RELACIÓN ENTRE EL PROCESO PENAL Y CIVIL. LA APLlCABILlDAD DE LA COSA JUZGADA

No siempre es fácil la determinación de su incidencia, si bien puede exponerse que para el proceso civil los hechos declarados probados en la sentencia penal relativos a la culpabilidad del sujeto o su participación, y los relativos a la inexistencia del hecho, sí vienen a resultar vinculantes, pero no el resto. De ahí que las distintas situaciones de conexidad en ambos procesos hayan dado lugar a un sinfín de incidencias y resoluciones, si bien quizás de entre ellas puedan extraerse los siguientes puntos esenciales:

Una de la proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española consiste en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia querida por el ordenamiento, lo que significa tanto el derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios términos como el respecto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, sin perjuicio, naturalmente, de su revisión o modificación a través de los cauces extraordinarios. En otro caso, es decir, si se desconociera el efecto de la cosa juzgada material se privaría de eficacia a lo que se decidió con firmeza en el proceso, lesionándose así la paz y seguridad jurídica de quien se vio protegido judicialmente por una sentencia dictada en un proceso anterior entre las mismas partes (ver por ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional 15/2002)

En nuestro ordenamiento jurídico el proceso penal no queda limitado al ejercicio y conocimiento de la acción penal; por el contrario, en el proceso penal puede ejercitarse y decidirse también la acción civil dirigida a satisfacer la responsabilidad civil derivada del hecho ilícito que es constitutivo de delito o falta. Además, el legislador, por razones de economía o de oportunidad, considera que el ejercicio de la acción penal lleva aparejado el ejercicio de la acción civil, de forma que salvo que el perjudicado por el hecho delictivo haya renunciado a la acción civil o se haya reservado expresamente esta acción para ejercitada después de terminado el proceso penal en el correspondiente juicio civil (artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), la sentencia que ponga fin al proceso penal, en el caso de que sea condenatoria (y excepcionalmente, cuando sea absolutoria en los supuestos del artículo 118 del Código Penal) deberá pronunciarse también sobre la responsabilidad civil ex delicto. A este fin, el Ministerio Fiscal está obligado, haya o no acusador particular, a ejercer la acción civil, salvo que el perjudicado haya renunciado o se haya reservado las acciones civiles (artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). De este modo, el legislador ha querido que la sentencia penal decida definitivamente toda las consecuencias penales y civiles derivadas del hecho delictivo, salvo el supuesto de renuncia o de reserva de las acciones civiles por parte del perjudicado, pues no existiendo esta renuncia o reserva de acciones el Ministerio Fiscal ostenta una legitimación extraordinaria o por sustitución para ejercer, en nombre de los perjudicados, las acciones civiles que puedan corresponderles, por lo que, ejercitadas estas acciones por el Fiscal, el perjudicado no podrá ya volver a ejercitadas en un posterior proceso civil, salvo que se trate de cuestiones civiles no discutidas en la previa sentencia penal (ver entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 1993 y de 18 de junio de 2001)

La sentencia penal condenatoria que se haya pronunciado sobre la responsabilidad civil del condenado produce efectos de cosa juzgada en el ulterior proceso civil que pueda plantear el perjudicado, pues la Sentencia penal produce efectos consuntivos de cuantas acciones penales y civiles se ejercitaron y ventilaron en el proceso penal. Sólo aquellas acciones civiles que no fueron objeto de la Sentencia penal, ya sea porque la Sentencia fue absolutoria, ya sea porque el perjudicado se las reservó para ejercitadas en un posterior proceso civil, o porque no fueron ejercitadas en el proceso penal, son las que podrán ejercerse y ventilarse en un posterior proceso civil y no quedarán afectadas por la cosa juzgada que produce la Sentencia penal. Es decir, cuando la Sentencia penal, por haber sido absolutoria, no haya entrado a examinar ni se haya
pronunciado sobre las acciones civiles derivadas del hecho enjuiciado en el ámbito criminal, nunca podrá producir efectos de cosa juzgada en el posterior proceso civil, por la sencilla razón de que las acciones civiles quedaron imprejuzgadas (Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2002)

La citada regla sólo sufre una excepción en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual si la Sentencia penal resultó absolutoria precisamente por declarar que no existió el hecho que fue objeto de enjuiciamiento en el ámbito criminal, este pronunciamiento vinculará positivamente al juez civil que no podrá ya fundar ninguna responsabilidad civil en la existencia del hecho que fue declarado inexistente por la jurisdicción penal.

 

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