CORRUPCIÓN DE MENORES

QUE ES EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE MENORES

delito de pornografía infantil El delito de corrupción de menores es en el antigüo Código penal.  El delito de corrupción de menores se contemplaba en el 452 bis.b)  (según redacción dada por la reforma introducida por la Ley Orgánica 3/1989) de la siguiente forma:

promover, favorecer o facilitar la prostitución o la corrupción de persona menor de dieciocho años”.

INTERPRETACIÓN

La interpretación de este tipo era difícil por dos razones principales; por un lado, por la abstracción del propio término “corrupción”.

Además se asocia frecuentemente con la moral; y, por otra parte, porque aparecía en el tipo junto con la prostitución, por lo que en ocasiones se tendía a definir el primer concepto como ligado al segundo.

Este delito desapareció en el Código Penal de 1995, atendiendo a las dificultades de interpretación citadas y entendiéndose que este tipo de conductas podían ser penadas a través de otras figuras delictivas (delitos de abusos sexuales sobre menores de edad).

Sin embargo, tal desaparición levantó una gran polémica por la escasa pena contemplada para el delito de abusos sexuales cometido con abuso de superioridad.

Delito éste con el que se podían castigar algunos supuestos que antes se integraban dentro del delito de corrupción de menores.

EN EL CÓDIGO PENAL

Por ello la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación de Título VIII del Libro II del Código penal, vuelve a introducir el delito de corrupción de menores.

Como afirmaba la Exposición de Motivos de la citada Ley Orgánica, se trata de:

reintroducir el delito de corrupción de menores o incapaces por considerar insuficientes las normas relativas a la prostitución, definiendo auténticamente ambos conceptos”.

Esta modificación se encuadra dentro de una reforma que afecta a los llamados delitos contra la libertad sexual, que pasan a denominarse “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”.

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES

En la actualidad, el artículo 189.4 del Código Penal disponía que “el que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año”.

Bien jurídico protegido. Cuando se trata de comportamientos sexuales contra los menores o incapaces, no puede hablarse de libertad sexual sino de indemnidad sexual o intangibilidad sexual, de tal manera que se brinda una especial protección legal a personas que, estando incapacitadas para ejercer la libertad sexual, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto de la comunidad.

El artículo 189.4 imponía pena a las personas que perturben el proceso de formación de menores (personas que todavía no tienen propiamente libertad sexual por carecer de la capacidad imprescindible para ejercerla), garantizando de esta forma su desarrollo sin interferencias nocivas en el proceso maduración personal.

Sobre el sujeto activo, resulta problemático determinar si se trata desde el punto de vista del sujeto activo de una actividad de tercería o celestinaje o puede ser autor del mismo el sujeto que directamente participa con el menor en el comportamiento sexual. El Pleno no Jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo de fecha 9 de febrero de 2005 resolvió que “en principio sólo será sujeto activo del tipo de corrupción de menores previsto en el artículo 189.4 del Código Penal el que realice una actividad de tercería respecto de la conducta típica prevista en el mismo”.

REFORMA DEL DELITO DE CORRUPCIÓN DE MENORES

Con la reforma en 2015 el delito de corrupción de menores ha quedado así:

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil:

o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.
2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.
b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de violencia física o sexual.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier otro miembro de su familia que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.

3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las previstas en los apartados anteriores.

4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión.

5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.

La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.

8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de Internet que se encuentren en territorio español.

Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio Fiscal.

Capítulo V del Título VIII del Libro II redactado por el artículo segundo de la L.O. 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por L.O. 10/1995, de 23 de noviembre («B.O.E.» 1 mayo).Vigencia: 21 mayo 1999
Artículo 189 redactado por el número ciento cuatro del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015
Artículo 189 bis

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el anterior inciso.
c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

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