APELACIÓN ANTE AUDIENCIA PROVINCIAL

LA AUDIENCIA PROVINCIAL COMO ÓRGANOR CONOCEDOR DE LA SEGUNDA INSTANCIA

En el sistema de justicia diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, la apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia correspondía no a las Audiencias Provinciales, sino a las Audiencias Territoriales. Las Audiencias Provinciales eran, como decimos, órganos jurisdiccionales penales, encargados de decidir en primer y única instancia las causas por delitos: el proceso penal, en su conformación por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, se basada en el enjuiciamiento oral y de instancia única, en la que intervenían dos órganos jurisdiccionales: el juzgado de instrucción, competente para la fase de sumario, y la Audiencia Provincial, órgano encargado de decidir la causa y ante el que se seguía la fase de plenario. Contra la sentencia penal de la Audiencia no cabe apelación, sino recurso extraordinario de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero, como contrapartida, la decisión se dictaba por un órgano colegiado, no unipersonal, integrado por magistrados de experiencia suficiente dentro de la Carrera Judicial.

La atribución de competencia civil a las Audiencias Provinciales data de 1968 (por la Ley 10/1968, de 20 de junio, derogada por la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil), con la finalidad de racionalizar los recursos judiciales. Esta reforma legal significó que durante un par de décadas la competencia funcional para conocer del recurso de apelación civil fue compartida por las Audiencias Provinciales y las Audiencias Territoriales, hasta la definitiva supresión de éstas por la Ley 38/1988 de Demarcación y Planta Judicial (la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia no conoce de recursos de apelación, sino de causas en instancia única contra aforados y de recursos de casación por infracción del Derecho foral o especial propio de la Comunidad Autónoma).

En cuanto a la jurisdicción penal, el papel de las Audiencias Provinciales fue evolucionando con el tiempo.  En el año 1967, en que la creación de los procedimientos de urgencia penales (por la Ley 3/1967, de 8 de abril) determinó una ampliación de la competencia penal de las Audiencias Provinciales, pues se generalizó su competencia funcional para conocer de la segunda instancia contra las sentencias dictadas por los juzgados de instrucción penales en dichos procedimientos (esta competencia se consolidó con la Ley 10/1980, para el enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes). Esta posición de las Audiencias Provinciales como órgano de apelación penal fue potenciada con la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, de creación de los Juzgados de lo Penal y del procedimiento abreviado, en todas las causas penales decididas por el Juzgado de lo penal (causas por delitos con pena abstracta privativa de libertad de cinco años, pena de multa u otra pena no superior a diez años, de acuerdo con el Artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Written by José Martín García

José Martín es abogado

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